Quito. 25.02.94. La compañía Texaco espera el pronunciamiento del
Gobierno ecuatoriano sobre la auditoría ambiental que se
encuentra en una etapa de consultas. Se trata de acelerar el
proceso mediante discusiones entre las partes interesadas,
directamente en Canadá, con la firma auditora HBT.

En declaraciones a HOY, el vicepresidente de Texaco Petroleum
Company, Ricardo Reis Veiga, urgió al Gobierno a proseguir las
negociaciones y anticipó que no participará en un nuevo examen
que sería pedido por el ministerio de Energía y Minas.

Reis Veiga, quien se halla en Quito, dijo que la compañía no
estaría dispuesta a pagar una tercera auditoría, pero que el
gobierno tiene la libertad de solicitar los análisis que sean
necesarios.

Sin embargo, advirtió que ello generaría posibles problemas por
el remanente que se le adeuda a la HBT por el trabajo ejecutado,
cuyo monto total asciende a 700 mil dólares. Ese costo fue
asumido tanto por Petroamazonas como por Texaco en el 50 por
ciento cada una.

Al momento se tiene cancelado el 60 por ciento y falta por pagar
el 40 por ciento restante que debe hacerse efectivo el momento en
que la compañía entregue el informe final.

A continuación el diálogo mantenido entre HOY y el representante
de Texaco:

- ¿Cuál es la disposición de la compañía en esta etapa de la
auditoría?

Nuestra disposición es la de terminar la revisión del informe
preliminar a cargo de los miembros del comité técnico conformado
para el efecto. Solicitamos que ellos viajen al Canadá, sede de
la compañía auditora, para las discusiones finales. Estamos
esperando la resolución del Gobierno para saber cuál es el
próximo paso a darse.

- Ustedes tienen previsto hacer público las dos auditorías
hechas.

Queremos traer a la gente que realizó la auditoría independiente
y de la HBT para que puedan conversar aquí con las autoridades.
Vamos a realizar un seminario el 7 de marzo. La intención de
Texaco es demostrar, mediante la información disponible, que no
hubo daños flagrantes al medio ambiente. Creemos que las dos
empresas auditoras deberían dar a conocer al Gobierno,
congresistas y pueblo en general, los resultados para demostrar
lo que hemos hecho y remediar los pequeños daños ocasionados al
medio ambiente, de acuerdo con la tecnología actual.

- ¿Por qué no dieron a conocer oportunamente su auditoría?

Porque no quisimos dar lugar a que se diga que Texaco estaba
tratando de influenciar en los resultados de la auditoría que el
Gobierno había solicitado realizar. Ahora que el borrador del
informe se ha hecho público, vamos a empezar a dar las
explicaciones necesarias.

- El informe de la HBT señala daños que deben ser repuestos por
algo más de 13 millones de dólares.

El monto de 13 millones debe ser compartido entre Petroecuador y
Texaco con el 62,5 y 37,5 por ciento, respectivamente, en virtud
de la participación dentro del consorcio. No es verdad que los 13
millones vaya a pagar sola Texaco.

- El Gobierno anunció que pediría una nueva auditoría.

Nosotros sabemos que el Gobierno está interesado en terminar el
proceso. Las aclaraciones que fueron solicitadas son de orden
técnico. Tenemos un contrato que creemos será cumplido por el
Gobierno, por Petroecuador, Texaco y la compañía auditora.

- Ustedes insisten que no hubo daños, pero la misma HBT señala
que Texaco sí ocasionó daños, pues no se cumplieron normas
ambientales.

Se cumplieron estrictamente por parte de Texaco, por eso es que
los gastos de reparación son relativamente modestos, porque no se
ha podido demostrar que hemos violado las normas vigentes.

-Tal como están las cosas ¿en qué creen ustedes va a parar toda
esta situación?

Esperamos el informe final y Texaco estará de acuerdo en pagar su
participación de 37,5 por ciento de acuerdo al plan de
restauración que la compañía auditora está recomendando.

- En todo caso, según la participación, el Ecuador va a llevarse
la peor parte.

Este afán de inflar la auditoría no tiene sentido, porque el
tratar de satisfacer a los grupos ecologistas o indígenas y
darles gusto en las cifras que ellos están pensando, se quiere
sobredimensionar el valor establecido. Cualquier cosa que se
decida, el mayor porcentaje le toca asumir al propio Estado
ecuatoriano.

- Pero Texaco fue la operadora del consorcio.

En todas las partes del mundo, una operadora petrolera no gana
una tasa para operar, es gratis su operación y por tanto no debe
asumir el cien por ciento de la responsabilidad. Pero a más de
ser un principio universal, la corresponsabilidad consta en los
contratos celebrados con Petroecuador y ratificados en 1990
cuando Petroamazonas asumió las operaciones.

Nosotros aceptamos participar voluntariamente y de buena fe en la
auditoría. Estamos aquí para negociar, para decir que vamos a
pagar lo que es debido.

Acosta atento al Congreso

El ministro de Energía, Francisco Acosta, espera el
pronunciamiento de la Comisión de Fiscalización del Congreso para
dar una respuesta a Texaco en torno a la auditoría ambiental
practicada por la compañía HBT.

Asimismo, está a la espera de que la firma auditora le entregue
las ampliaciones que pidió el Gobierno ecuatoriano al informe
preliminar y que hasta la fecha no han sido contestadas.

Acosta entregó la auditoría a la Comisión de Fiscalización hace
tres semanas por pedido de la diputada María Eugenia Lima, quien
expresó el deseo del Congreso de formar parte de este proceso
dentro de su tarea de fiscalización. "Yo debo tomar una
determinación, espero saber qué opina el Congreso, mientras tanto
no puedo hacer nada, no se me ha citado ni se me ha informado
nada al respecto", dijo.

El ministro manifestó que si la auditoría de la HBT no está
completa y no cumple con todos los requisitos necesarios, la
impugnará y pedirá la realización de una nueva a través de otro
proceso.

La auditoría de la HBT

El proceso de auditoría ambiental a Texaco se inició en 1990
cuando el gobierno del presidente Rodrigo Borja decidió que
Petroecuador asuma soberanamente las operaciones, tanto del
oleoducto transecuatoriano como de los campos del ex consorcio
que eran operados por la empresa extranjera.

El contrato por 700 mil de dólares se suscribió con la compañía
HBT Agra Limited del Canadá en febrero de 1992, para que realice
la auditoría ambiental en las provincias de Sucumbíos y Napo de
la región Amazónica en una extensión aproximada de 400 mil
hectáreas, donde operan 15 campos petroleros y 22 estaciones de
producción y que formaban parte del área de concesión a Texaco.

En el contrato se estipulaba que HBT tenía que realizar el
estudio de los ecosistemas de la amazonia ecuatoriana que
pudieron haber sufrido impactos directos e indirectos, tal es el
caso de los recursos físicos (agua, aire y suelo), bióticos
(flora y fauna), socioeconómicos y otros que debían ser evaluados
y valorados.

El informe final tenía que estar listo en un plazo no mayor de 90
días, según señala el contrato, esto es, mayo de 1992, un mes
antes de que finalice el contrato de operación de Texaco en el
Ecuador.

Sin embargo, recién en abril de 1993 se impulsa el proceso y los
resultados preliminares se acaban de conocer. El Gobierno está a
la espera de que la HBT entregue el informe final con las
ampliaciones pedidas, que hasta la fecha no han sido absueltas
por la compañía canadiense.

Auditoría viciada, dicen ecologistas

Organizaciones ecológicas dijeron a HOY que el proceso de
auditoría ambiental a Texaco practicada por la compañía HBT Agra
Limited de Canadá, se halla viciado y sus resultados,
parcializados con la empresa extranjera.

Yolanda Kakabadse, presidenta de Fundación Natura, restó validez
al examen, una vez que durante el proceso se cerró la posibilidad
a la consulta y participación de los distintos grupos
interesados.

"El petróleo no es un recurso del Gobierno sino del Estado y por
tanto de los ecuatorianos, entonces el plan debió haberse abierto
a todas las personas que querían participar en la evaluación",
enfatizó Kakabadse, quien dijo que cuando se cierran las puertas,
"quiere decir que algo al interior se está cocinando".

Manifestó que es ilógico que al momento se estén dando tantas
contradicciones en torno al tema, a lo que calificó "como un
rebrote de un proceso que no fue transparente, ni claro, ni
abierto al público".

Frente a los pronunciamientos de Texaco de que sus actividades en
el Ecuador no generaron impactos en el medio ambiente por
negligencia o mala voluntad, la representante de Fundación Natura
dijo que se trata de una falacia porque toda actividad humana
tiene impacto ambiental y en mayor escala, tratándose de la
exploración petrolera.

Pero siempre se "necesita dos para bailar; no es culpa ni de la
Texaco ni del Gobierno ecuatoriano, exclusivamente; los dos como
socios debían haberse preocupado de esto muchísimo tiempo atrás",
dijo.

Según Kakabadse, si bien hace 20 años no existían regulaciones ni
leyes precisas en materia ambiental, la Texaco contaba con la
tecnología necesaria para aplicarla como parte de su
responsabilidad en calidad de contratista y operadora del
consorcio con Petroecuador.

Sin embargo, tampoco deslindó responsabilidades al Estado
ecuatoriano y dijo que igualmente es culpable porque no exigió a
tiempo ciertos comportamientos y normas.

Yolanda Kakabadse opinó que a estas alturas el Gobierno no puede
desconocer la auditoría ambiental porque se dilataría el proceso
y sugirió basarse en los resultados obtenidos y efectuar una
discusión nacional en la que participen todos los sectores de la
comunidad ecuatoriana.

Por su parte Paulina Garzón, de Acción Ecológica, hizo notar que
la auditoría se encuentra llena de errores, como decir que la
deforestación afectó a 2.600 hectáreas, cuando en verdad fueron
un millón porque tuvieron que construirse helipuertos, carreteras
y otras facilidades.

Asimismo hay datos curiosos el momento en que menciona a diez
especies de aves, de las cuales la mitad son de origen
Centroamericano, como el Quetzal de Guatemala, o el cóndor que es
una ave típica de los andes y no de la amazonía. También utiliza
un atlas mundial y no emplea mapas especializados de la región.

Según Paulina Garzón los resultados están parcializados con la
Texaco, debido a que los comités técnico y de alto nivel hicieron
el seguimiento quincenal a la auditoría y tanto Petroecuador como
el ministerio de Energía estaban conscientes de lo que pasaba con
el estudio ambiental.

Lo contrario a Yolanda Kakabadse, Paulina Garzón señaló que
Texaco es la única responsable por ser la operadora del
consorcio, que si bien trabajó en corresponsabilidad con
Petroecuador, fue la compañía extranjera la que diseñó el modelo
tecnológico y aplicó una política petrolera decidida en la sede
de la empresa en Nueva York. (5A)
EXPLORED
en Ciudad N/D

Otras Noticias del día 25/Febrero/1994

Revisar otros años 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 -2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 1993 - 1992 - 1991 - 1990
  Más en el