Quito. 31 ago 97. (Editorial) La iniciativa de convocar una
Asamblea Nacional surgió de los movimientos sociales y tomó
cuerpo durante esos días memorables de la revocatoria del
mandato de Bucaram.

Era una idea expuesta a muchos riesgos. Pero se concretó y
conviene ahora al interés nacional que la Asamblea cumpla
plenamente sus fines, depurando un ordenamiento jurídico
constitucional que requiere de una reforma. Es una instancia
trascendental y sería muy desafortunado que malográramos esta
oportunidad de sanear los fundamentos de nuestra endeble
democracia.

Si se atiende a todas las reivindicaciones que se han
planteado, en estos años, por parte de sectores importantes
de la sociedad ecuatoriana, sin discriminar entre ellos por
prejuicios o posiciones personales, la agenda de la Asamblea
recogería alrededor de 30 temas. Estos se registran en el
documento "Consulta Popular: reflexiones y propuestas" del
Proyecto de Gobernabilidad de CORDES.

Pero si nos limitamos a las cuestiones de importancia crítica
para la reforma cosntitucional, creemos que las siguientes
deben ser parte de la agenda mínima:

1.- Reivindicaciones de los pueblos indígenas y negros: Debe
hacerse un esfuerzo de concertación para una reforma
constitucional que incorpore cuanto es lógico y equitativo en
sus demandas. Las reformas probablemente afectarían los Arts.
1o (Estado pluricultural y multiétnico) y 22 (igualdad ante
la Ley).

2.- Derecho a elegir y legitimidad de la representación: la
Asamblea debe normar diversos aspectos decididos por la
consulta popular: revocatoria del mandato y límites y
controles del gasto electoral.

Además, en una parte de la sociedad hay una justificada
inquietud respecto a la posibilidad de reelección indefinida
de las autoridades distintas a presidente o vicepresidente de
la República. Se cree que debe haber limitaciones, como la de
que transcurra un período luego de la reelección, para
postular nuevamente como candidato.

3.- De los sectores de la economía y las áreas de explotación
económica reservadas al Estado: entrarán a debate aspectos
importantes de la concepción misma del Estado, que debe
cambiar, sin duda; pero ninguna de las tesis extremas: ni el
Estado empresario ni el Estado neoliberal, reflejan lo que es
funcional según la experiencia internacional, ni lo que
conviene a un país como el Ecuador. Es un tema en que no cabe
otra alternativa que la búsqueda racional y tolerante del
consenso.

4.- Reformas para cerrar el paso y castigar la corrupción: no
prescripción de delitos contra el erario, que se refiere sobre
todo a la impunidad actual de quienes escapan del país y así
evitan que sus juicios concluyan con sentencia; modificación
de las inhabilidades e inmunidades parlamentarias; evitar el
oportunismo del "camisetazo"; manejo de fondos del Presupuesto
del Estado por parte de los legisladores; y, por último, las
incompatibilidades para ser elegido presidente o
vicepresidente o designado como ministro el haber servido
condenas penales o haber sido sindicado en juicios penales
que no han podido llegar a su término por ausencia del
acusado, inclusive si el Congreso declarase una amnistía a
favor de éste.

5.- Modificaciones en el régimen político para propiciar una
mayor estabilidad en el funcionamiento institucional:
necesidad de hacer más selectivo y objetivo el juicio político
y el tema de la elección intermedia de los legisladores
provinciales, y otros que pueden derivarse de las respuestas
de la Consulta.

6.- Reformas a la Función Judicial: La Asamblea tendrá que
hacer su mejor esfuerzo para dejarnos un Poder Judicial
ecuánime, honesto y eficiente.

Sería óptimo que la Asamblea encontrara soluciones
constitucionales para todos estos planteamientos. Podrá
hacerlo en la medida en que su conformación refleje realmente
la diversidad de la sociedad ecuatoriana - que no está
representada en nuestro Congreso - y en cuanto disponga del
tiempo y el ambiente para deliberar con sosiego sobre su
difícil agenda. La composición de la Asamblea decidida por el
Congreso no es la más adecuada: reproduciría, en gran medida,
la estructura de la clase política tradicional y, por esa
misma razón, debe evitarse el sistema de votación por mayoría
simple. Si se quiere que la Asamblea cumpla su función de
darnos una Carta Polítca cohesionante y, por ello, duradera,
no hay otro camino que la transacción y el consenso. Para eso,
una mayoría calificada sería la única válida.

*Director del Proyecto Gobernabilidad de CORDES (DIARIO HOY)
(P. 5-A)

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