Quito. 08 ago 2001.(Editorial) En las últimas semanas el país ha estado
discutiendo algunos temas entre los cuales uno de los más importantes
probablemente fue el del los sueldos de los servidores públicos de la
salud.
Más allá de que probablemente los salarios que servían de base para las
negociaciones no fueron los reales al no incorporar ciertos beneficios
extras, nadie en el país podrá objetar que se tratan de salarios
absolutamente insuficientes, no solo para el nivel de escolaridad de
estos profesionales sino en función inclusive de la canasta básica. No
debemos olvidar que de conformidad con las estadísticas oficiales, la
remuneración mínima que debería recibir un trabajador para cubrir sus
necesidades fundamentales no debería ser inferior a los US$ 285
mensuales.
Lastimosamente, centrar la discusión en el tema estrictamente salarial
descuida aspectos de fondo que son los que deben atenderse si se
pretenden decisiones que al tiempo de cubrir deficiencias en las
remuneraciones ataquen los problemas de fondo. Caso contrario, problemas
estructurales como la calidad de los servicios seguirá siendo deficiente
y los perjudicados continuarán siendo los más pobres.
En cualquier institución privada que tenga entre sus objetivos la calidad
en el servicio, lema que es casi un denominador común, los sueldos y
salarios se fijan en función de la productividad del trabajador. Esto
significa que las negociaciones se fundamenten en determinados principios
básicos como es el aporte que realiza cada trabajador a la producción
total de la empresa.
Si no existe este criterio, los ajustes salariales carecen de sustento
técnico y la estructura salarial de la empresa se convierte en un
galimatías sin fondo ni forma.
Estos principios son los que también deben ser aplicados al sector
público, pues ajustes salariales a ciegas no mejoran el servicio y el
país no se beneficia. Seguramente es necesario que los funcionarios
públicos tengan salarios muy superiores a los actuales, pero aumentos sin
compromisos explícitos y formales de cada una de las partes resultan
ociosos. Si por ejemplo sigue existiendo un excesivo número de burócratas
ineficientes jamás podremos pagar dignamente a los empleados públicos
eficientes.
Adicionalmente al problema de una todavía excesiva burocracia con
diferenciales salariales abismales entre las distintas entidades públicas
y sin desconocer la presencia de abusos e irresponsabilidades de ciertos
segmentos del sindicalismo público, es fundamental establecer índices
mínimos de productividad a los servidores públicos por debajo de los
cuáles el ineficaz debe ser legalmente separado del sector. ¿Qué control
de calidad en el servicio tenemos los ecuatorianos?, ¿Pasa algo cuando un
burócrata trata mal al usuario del servicio público? ¿No son acaso los de
poncho los que reciben el peor trato en las dependencias públicas?
No creo sean temas fáciles de resolver a corto plazo, pero lo que sí es
cierto es que si no se empiezan a resolver estos puntos neurálgicos,
nunca mejoraremos la tan reiterada productividad, que no solo debe
abarcar el campo privado sino también el público.
Es necesario robustecer las entidades públicas con profesionales
debidamente capacitados y con personas de intachable moral y ética. Hay
muchos ecuatorianos jóvenes recién salidos de las universidades que
hastiados de la corrupción podrían hacer grandes cambios en la actividad
pública, sin embargo, se les debe dar la oportunidad y ofrecerles
salarios decentes en un ambiente de cambio de las viejas y caducas
estructuras burocráticas. Si no atacamos los problemas de fondo
seguiremos en el atraso tratando de "tapar el sol con un dedo". Dando y
dando.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
discutiendo algunos temas entre los cuales uno de los más importantes
probablemente fue el del los sueldos de los servidores públicos de la
salud.
Más allá de que probablemente los salarios que servían de base para las
negociaciones no fueron los reales al no incorporar ciertos beneficios
extras, nadie en el país podrá objetar que se tratan de salarios
absolutamente insuficientes, no solo para el nivel de escolaridad de
estos profesionales sino en función inclusive de la canasta básica. No
debemos olvidar que de conformidad con las estadísticas oficiales, la
remuneración mínima que debería recibir un trabajador para cubrir sus
necesidades fundamentales no debería ser inferior a los US$ 285
mensuales.
Lastimosamente, centrar la discusión en el tema estrictamente salarial
descuida aspectos de fondo que son los que deben atenderse si se
pretenden decisiones que al tiempo de cubrir deficiencias en las
remuneraciones ataquen los problemas de fondo. Caso contrario, problemas
estructurales como la calidad de los servicios seguirá siendo deficiente
y los perjudicados continuarán siendo los más pobres.
En cualquier institución privada que tenga entre sus objetivos la calidad
en el servicio, lema que es casi un denominador común, los sueldos y
salarios se fijan en función de la productividad del trabajador. Esto
significa que las negociaciones se fundamenten en determinados principios
básicos como es el aporte que realiza cada trabajador a la producción
total de la empresa.
Si no existe este criterio, los ajustes salariales carecen de sustento
técnico y la estructura salarial de la empresa se convierte en un
galimatías sin fondo ni forma.
Estos principios son los que también deben ser aplicados al sector
público, pues ajustes salariales a ciegas no mejoran el servicio y el
país no se beneficia. Seguramente es necesario que los funcionarios
públicos tengan salarios muy superiores a los actuales, pero aumentos sin
compromisos explícitos y formales de cada una de las partes resultan
ociosos. Si por ejemplo sigue existiendo un excesivo número de burócratas
ineficientes jamás podremos pagar dignamente a los empleados públicos
eficientes.
Adicionalmente al problema de una todavía excesiva burocracia con
diferenciales salariales abismales entre las distintas entidades públicas
y sin desconocer la presencia de abusos e irresponsabilidades de ciertos
segmentos del sindicalismo público, es fundamental establecer índices
mínimos de productividad a los servidores públicos por debajo de los
cuáles el ineficaz debe ser legalmente separado del sector. ¿Qué control
de calidad en el servicio tenemos los ecuatorianos?, ¿Pasa algo cuando un
burócrata trata mal al usuario del servicio público? ¿No son acaso los de
poncho los que reciben el peor trato en las dependencias públicas?
No creo sean temas fáciles de resolver a corto plazo, pero lo que sí es
cierto es que si no se empiezan a resolver estos puntos neurálgicos,
nunca mejoraremos la tan reiterada productividad, que no solo debe
abarcar el campo privado sino también el público.
Es necesario robustecer las entidades públicas con profesionales
debidamente capacitados y con personas de intachable moral y ética. Hay
muchos ecuatorianos jóvenes recién salidos de las universidades que
hastiados de la corrupción podrían hacer grandes cambios en la actividad
pública, sin embargo, se les debe dar la oportunidad y ofrecerles
salarios decentes en un ambiente de cambio de las viejas y caducas
estructuras burocráticas. Si no atacamos los problemas de fondo
seguiremos en el atraso tratando de "tapar el sol con un dedo". Dando y
dando.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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