Quito. 10 sep 97. Mucho antes de nacer, el Servicio Nacional
de Rentas Internas (Senri), entidad que según la propuesta del
Consejo Nacional de Modernización (Conam) se crearía para
ejecutar la política tributaria en el Ecuador, garantizar una
efectiva recaudación de impuestos y evitar la corrupción en
este campo, ya es blanco de una serie de observaciones no solo
por parte de los funcionarios de la actual administración,
sino por asesores y gremios involucrados en materia
tributaria.
El proyecto que daría vida a la nueva institución en reemplazo
de la actual Dirección General de Rentas (DGR), aún se
encuentra en manos del Ejecutivo y en los próximos días será
enviado con carácter de económico urgente al Congreso
Nacional, ya que la idea es que el Senri empiece a operar
desde enero de 1998.
Sería ente burocrático
Para Luis Yturralde, asesor tributario de la Cámara de
Industrias de Guayaquil, aunque la ley como concepto para
reformar el funcionamiento del ente actual es necesaria, "el
proyecto del Conam debe complementarse porque en la forma en
que está diseñado lo único que se está haciendo es crear otro
ente burocrático", recalcó.
Comenta que pese a que las observaciones que realizó el sector
productivo de la Costa, al principio fueron acogidas por la
comisión del Conam, no fueron invitados a participar en la
sesión plenaria donde se decidió la redacción final, "el
proyecto que analiza el Ejecutivo no recoge el 100% de nuestra
posición", señala.
Como ejemplo, dijo, la Cámara manifestó que el Presidente del
Directorio del Senri, debía ser un profesional especializado
en el área tributaria, la comisión insistía en que debía ser
el Ministro de Finanzas y así lo redactó en el proyecto.
"De igual forma se había acordado que el Director y el
Presidente del Servicio de Rentas deberían tener una
experiencia en este campo de al menos cinco años y ¡oh
sorpresa! en la redacción final se cambió a diez años, lo que
reduce el campo de selección y se corre el riesgo de llevar a
la misma gente que ha estado en el proceso tributario", agregó
Yturralde.
Tampoco acepta que en el directorio participen los
Superintendentes de Bancos y de Compañías, con el
justificativo de facilitar el suministro de información sobre
los contribuyentes, porque la ley actual establece esta
obligación.
Sumado a ello, el proyecto señala que los miembros del
directorio podrán designar delegados pero si estos cambian no
se garantiza una continuidad en las decisiones adoptadas por
el organismo.
Iturralde plantea entonces que dentro de este directorio se dé
cabida a los sectores involucrados como son contadores,
economistas, administradores, para que actúen como miembros
que al menos tengan voz en las sesiones del directorio,
mientras que la presidencia del organismo debería adoptarla.
Junto a orgánico funcional
A criterio del experto el nuevo proyecto debe salir en
conjunto con el orgánico funcional de la nueva institución,
para que se definan detalles que este no aclara tales como:
número, selección, función y remuneración del personal,
concesiones a auditores externos, entre otros.
Manifestó que es importante el mejoramiento de los ingresos de
los funcionarios de la administración, ya que actualmente no
pasan del millón de sucres al mes, pese a que son
profesionales capacitados, lo que provoca que a veces por
necesidad sean objeto de coimas por parte de los
contribuyentes a quienes fiscalizan.
Sobre la participación de los auditores externos para que
realicen trabajos de determinación tributaria, afirmó que este
tema no es nada nuevo porque la ley actual contempla que la
DGR puede contratar abogados, auditores o contadores para
efectuar trabajos de control tributario y de defensa legal.
Sin embargo, advirtió que lo que no se debe hacer es contratar
a la misma firma auditora que asesora a una empresa para que
realice su fiscalización, "debe descartarla en el proceso de
selección, para garantizar el trabajo".
Por último manifestó su oposición a que al Senri se le asigne
un porcentaje de las recaudaciones (en el proyecto se
contempla el 2% de lo recaudado), ya que opina que es amoral
porque "si la administración quiere mejorar sus ingresos
simplemente se dedicará a cobrar impuestos adeudados".
A su criterio debería destinarse una partida presupuestaria
cinco veces mayor a la actual con el fin de mejorar los
salarios de los funcionarios que deberían bordear los 10
millones de sucres.
Asimismo no critica que en el proyecto se haya contemplado
como parte de su financiamiento cualquier otro recurso que se
le asignare porque existe la posibilidad de conseguir
financiamientos externos para el equipamiento de la nueva
institución que en la actualidad no dispone de las suficientes
computadoras, máquinas de escribir o sumadoras que les
permitan realizar un trabajo más técnico, concluyó Yturralde.
Es inconstitucional
Por su parte la Asociación Nacional de Auditores Tributarios
del Ecuador (Anate), a través de su Presidente, José Bermeo,
insistió en que el permitir a las firmas auditoras participen
en el proceso tributario es inconstitucional porque "en ningún
país del mundo se presenta este caso en que el sujeto activo
que es el Estado no intervenga en el sujeto pasivo que es el
contribuyente".
Toda persona que ejerce una actividad económica debe someterse
a la ley tributaria. Mediante el sometimiento a esta norma se
encuentra el cumplimiento de sus deberes y quien se encarga de
su control es el Estado, cuyo derecho es irrenunciable.
Este cuestionamiento se contempla en un proyecto alternativo
que el gremio conjuntamente con la Asociación de Servidores
Públicos del Ministerio de Finanzas, presidida por Jaime
Villacís, proponen en reemplazo del proyecto del Conam.
Según ambas dirigencias el proyecto del Conam pretende además
la reducción del personal de la administración tributaria en
un 70%, cuando en la actualidad los 386 auditores no cubren ni
el 10% del universo de contribuyentes.
Sostienen que en lugar de realizar despidos masivos se debería
efectuar programas de capacitación para el grupo de auditores
y mejorar sus ingresos Bermeo considera fundamental que al
menos se equiparen los sueldos con los auditores tributarios
de los países vecinos como Perú y Colombia, donde se llega a
una remuneración mensual de 2.000 dólares, mientras que en el
Ecuador apenas se sobrepasan los 413 dólares mensuales.
Aclaró que no se oponen a la selección del personal, siempre y
cuando aquellos trabajadores que por edad o por eficiencia
necesiten ser separados reciban una indemnización decorosa y
justa.
En la actualidad, los auditores que salen de la
administración, por acogerse a la Ley de Derecho Civil y
Carrera Administrativa solo tienen derecho a una indemnización
de 20 millones de sucres y con la Ley de Presupuesto, esta
subiría a los 38 millones de sucres, cuando hay algunos
empleados que han acumulado más de 20 años de labores en la
entidad.
Unico camino
"Es importante hacer un cambio para incentivar la recaudación,
para ampliar la base de contribuyentes, el proyecto es un
camino no es el único, porque otra alternativa podría
consistir en reforzar la actual dirección", comentó Luciano
Almeida, asesor tributario de la Cámara de Comercio de
Guayaquil.
Coincidió con Yturralde en la necesidad de soportar el
proyecto con todos los reglamentos adicionales, para analizar
cómo funciona en su conjunto, de lo contrario "hablar solo con
un proyecto de ley es muy arriesgado porque no se tienen todos
los elementos de juicio".
En relación a la participación de auditores externos aseguró
que este sector está capacitado para emitir una opinión sobre
temas contables y el reglamento de la ley deberá definir
específicamente en qué áreas y con qué alcance.
No obstante, continuó Almeida, no se lo puede poner como juez
y parte en el análisis de cuentas de los contribuyentes, "esta
es una función que el Estado no puede delegar a nadie".
Al tiempo de manifestar su complacencia por la creación de un
organismo independiente y técnico, destacó la importancia de
que los delegados que conformen el directorio sean específicos
para esta función, que sean técnicos y estén dispuestos a
aportar con ideas, "que no vayan con la intención solo de
figurar, sino de tomar decisiones concretas, de poner el dedo
en la llaga para resolver los problemas, porque si no no se
estaría cumpliendo con el objetivo propuesto".
Sobre el presupuesto del Senri, comentó que el porcentaje del
2% de las recaudaciones ha sido decidido muy al azar y debería
realizarse un estudio para determinar el monto que realmente
necesita la institución para subsistir.
En este análisis debe definirse además el monto necesario para
los gastos operacionales y para infraestructura, durante los
primeros años de funcionamiento.
Spurrier: Ley es necesaria
Según Walter Spurrier, Director de la Revista Análisis
Semanal, si se quiere crear una institución autónoma que pueda
pagar sueldos más altos a sus funcionarios, con el objetivo de
evitar la corrupción, sí se necesita crear una ley.
No obstante comentó que si bien en el proyecto se busca que
los nombramientos de los trabajadores de la administración no
sean políticos, esto es "un saludo a la bandera", porque el
organismo sigue siendo parte del sector público y habrá
ingerencia política.
Respecto al tema de la contratación de auditores externos,
afirmó que debe ser objeto de una consulta entre los grupos
interesados para que hagan sugerencias en cuanto a la
reglamentación.
En cuanto a financiamiento se refiere, señaló que pese a no
ser partidario de ataduras de presupuesto señalando
determinados ingresos para fines específicos, comentó que de
esta forma quiere asegurarse que el personal del nuevo
Servicio de Rentas, tenga una capacitación y sueldos
adecuados; "simplemente se busca darle cierta autonomía".
Paralelamente señaló que sea cual fuere la institución que se
cree se debe poner énfasis en los procesos de modernización,
en especial en el área aduanera para que a través de sistemas
de informática se pueda cruzar información y saber con certeza
si lo que viene en un embarque es lo que realmente se declaró.
Profesión contable
"El proyecto de ley de la creación del Servicio Nacional de
Rentas Internas (Senri), en el que se contempla la posibilidad
de que sean los contadores públicos como también los auditores
externos, los que se encarguen de la determinación del
impuesto y control tributario de los contribuyentes, es un
reconocimiento a la profesión contable", fue el criterio del
Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Contables
del Ecuador (IICE), Jorge Maestre Delgado.
El contador público con su firma da mayor confianza a los
hechos económicos que contienen los estados financieros, los
que siempre serán responsabilidad del contribuyente, comentó
Maestre.
Agrega que la participación del contador como auditor
independiente no se contrapone a su rol de asesor tributario;
todo lo contrario, es una afirmación de la labor que
actualmente realizan, pues las leyes actuales ya contemplan la
obligación de emitir el dictamen para efectos fiscales.
Maestre desmintió que la independencia del auditor se ponga en
peligro al emitir un dictamen fiscal, si evita "implicarse o
asumir responsabilidades en las decisiones que son propias del
contribuyente, por lo que no es juez y parte", aclara el
dirigente. (Texto tomado de El Universo)
de Rentas Internas (Senri), entidad que según la propuesta del
Consejo Nacional de Modernización (Conam) se crearía para
ejecutar la política tributaria en el Ecuador, garantizar una
efectiva recaudación de impuestos y evitar la corrupción en
este campo, ya es blanco de una serie de observaciones no solo
por parte de los funcionarios de la actual administración,
sino por asesores y gremios involucrados en materia
tributaria.
El proyecto que daría vida a la nueva institución en reemplazo
de la actual Dirección General de Rentas (DGR), aún se
encuentra en manos del Ejecutivo y en los próximos días será
enviado con carácter de económico urgente al Congreso
Nacional, ya que la idea es que el Senri empiece a operar
desde enero de 1998.
Sería ente burocrático
Para Luis Yturralde, asesor tributario de la Cámara de
Industrias de Guayaquil, aunque la ley como concepto para
reformar el funcionamiento del ente actual es necesaria, "el
proyecto del Conam debe complementarse porque en la forma en
que está diseñado lo único que se está haciendo es crear otro
ente burocrático", recalcó.
Comenta que pese a que las observaciones que realizó el sector
productivo de la Costa, al principio fueron acogidas por la
comisión del Conam, no fueron invitados a participar en la
sesión plenaria donde se decidió la redacción final, "el
proyecto que analiza el Ejecutivo no recoge el 100% de nuestra
posición", señala.
Como ejemplo, dijo, la Cámara manifestó que el Presidente del
Directorio del Senri, debía ser un profesional especializado
en el área tributaria, la comisión insistía en que debía ser
el Ministro de Finanzas y así lo redactó en el proyecto.
"De igual forma se había acordado que el Director y el
Presidente del Servicio de Rentas deberían tener una
experiencia en este campo de al menos cinco años y ¡oh
sorpresa! en la redacción final se cambió a diez años, lo que
reduce el campo de selección y se corre el riesgo de llevar a
la misma gente que ha estado en el proceso tributario", agregó
Yturralde.
Tampoco acepta que en el directorio participen los
Superintendentes de Bancos y de Compañías, con el
justificativo de facilitar el suministro de información sobre
los contribuyentes, porque la ley actual establece esta
obligación.
Sumado a ello, el proyecto señala que los miembros del
directorio podrán designar delegados pero si estos cambian no
se garantiza una continuidad en las decisiones adoptadas por
el organismo.
Iturralde plantea entonces que dentro de este directorio se dé
cabida a los sectores involucrados como son contadores,
economistas, administradores, para que actúen como miembros
que al menos tengan voz en las sesiones del directorio,
mientras que la presidencia del organismo debería adoptarla.
Junto a orgánico funcional
A criterio del experto el nuevo proyecto debe salir en
conjunto con el orgánico funcional de la nueva institución,
para que se definan detalles que este no aclara tales como:
número, selección, función y remuneración del personal,
concesiones a auditores externos, entre otros.
Manifestó que es importante el mejoramiento de los ingresos de
los funcionarios de la administración, ya que actualmente no
pasan del millón de sucres al mes, pese a que son
profesionales capacitados, lo que provoca que a veces por
necesidad sean objeto de coimas por parte de los
contribuyentes a quienes fiscalizan.
Sobre la participación de los auditores externos para que
realicen trabajos de determinación tributaria, afirmó que este
tema no es nada nuevo porque la ley actual contempla que la
DGR puede contratar abogados, auditores o contadores para
efectuar trabajos de control tributario y de defensa legal.
Sin embargo, advirtió que lo que no se debe hacer es contratar
a la misma firma auditora que asesora a una empresa para que
realice su fiscalización, "debe descartarla en el proceso de
selección, para garantizar el trabajo".
Por último manifestó su oposición a que al Senri se le asigne
un porcentaje de las recaudaciones (en el proyecto se
contempla el 2% de lo recaudado), ya que opina que es amoral
porque "si la administración quiere mejorar sus ingresos
simplemente se dedicará a cobrar impuestos adeudados".
A su criterio debería destinarse una partida presupuestaria
cinco veces mayor a la actual con el fin de mejorar los
salarios de los funcionarios que deberían bordear los 10
millones de sucres.
Asimismo no critica que en el proyecto se haya contemplado
como parte de su financiamiento cualquier otro recurso que se
le asignare porque existe la posibilidad de conseguir
financiamientos externos para el equipamiento de la nueva
institución que en la actualidad no dispone de las suficientes
computadoras, máquinas de escribir o sumadoras que les
permitan realizar un trabajo más técnico, concluyó Yturralde.
Es inconstitucional
Por su parte la Asociación Nacional de Auditores Tributarios
del Ecuador (Anate), a través de su Presidente, José Bermeo,
insistió en que el permitir a las firmas auditoras participen
en el proceso tributario es inconstitucional porque "en ningún
país del mundo se presenta este caso en que el sujeto activo
que es el Estado no intervenga en el sujeto pasivo que es el
contribuyente".
Toda persona que ejerce una actividad económica debe someterse
a la ley tributaria. Mediante el sometimiento a esta norma se
encuentra el cumplimiento de sus deberes y quien se encarga de
su control es el Estado, cuyo derecho es irrenunciable.
Este cuestionamiento se contempla en un proyecto alternativo
que el gremio conjuntamente con la Asociación de Servidores
Públicos del Ministerio de Finanzas, presidida por Jaime
Villacís, proponen en reemplazo del proyecto del Conam.
Según ambas dirigencias el proyecto del Conam pretende además
la reducción del personal de la administración tributaria en
un 70%, cuando en la actualidad los 386 auditores no cubren ni
el 10% del universo de contribuyentes.
Sostienen que en lugar de realizar despidos masivos se debería
efectuar programas de capacitación para el grupo de auditores
y mejorar sus ingresos Bermeo considera fundamental que al
menos se equiparen los sueldos con los auditores tributarios
de los países vecinos como Perú y Colombia, donde se llega a
una remuneración mensual de 2.000 dólares, mientras que en el
Ecuador apenas se sobrepasan los 413 dólares mensuales.
Aclaró que no se oponen a la selección del personal, siempre y
cuando aquellos trabajadores que por edad o por eficiencia
necesiten ser separados reciban una indemnización decorosa y
justa.
En la actualidad, los auditores que salen de la
administración, por acogerse a la Ley de Derecho Civil y
Carrera Administrativa solo tienen derecho a una indemnización
de 20 millones de sucres y con la Ley de Presupuesto, esta
subiría a los 38 millones de sucres, cuando hay algunos
empleados que han acumulado más de 20 años de labores en la
entidad.
Unico camino
"Es importante hacer un cambio para incentivar la recaudación,
para ampliar la base de contribuyentes, el proyecto es un
camino no es el único, porque otra alternativa podría
consistir en reforzar la actual dirección", comentó Luciano
Almeida, asesor tributario de la Cámara de Comercio de
Guayaquil.
Coincidió con Yturralde en la necesidad de soportar el
proyecto con todos los reglamentos adicionales, para analizar
cómo funciona en su conjunto, de lo contrario "hablar solo con
un proyecto de ley es muy arriesgado porque no se tienen todos
los elementos de juicio".
En relación a la participación de auditores externos aseguró
que este sector está capacitado para emitir una opinión sobre
temas contables y el reglamento de la ley deberá definir
específicamente en qué áreas y con qué alcance.
No obstante, continuó Almeida, no se lo puede poner como juez
y parte en el análisis de cuentas de los contribuyentes, "esta
es una función que el Estado no puede delegar a nadie".
Al tiempo de manifestar su complacencia por la creación de un
organismo independiente y técnico, destacó la importancia de
que los delegados que conformen el directorio sean específicos
para esta función, que sean técnicos y estén dispuestos a
aportar con ideas, "que no vayan con la intención solo de
figurar, sino de tomar decisiones concretas, de poner el dedo
en la llaga para resolver los problemas, porque si no no se
estaría cumpliendo con el objetivo propuesto".
Sobre el presupuesto del Senri, comentó que el porcentaje del
2% de las recaudaciones ha sido decidido muy al azar y debería
realizarse un estudio para determinar el monto que realmente
necesita la institución para subsistir.
En este análisis debe definirse además el monto necesario para
los gastos operacionales y para infraestructura, durante los
primeros años de funcionamiento.
Spurrier: Ley es necesaria
Según Walter Spurrier, Director de la Revista Análisis
Semanal, si se quiere crear una institución autónoma que pueda
pagar sueldos más altos a sus funcionarios, con el objetivo de
evitar la corrupción, sí se necesita crear una ley.
No obstante comentó que si bien en el proyecto se busca que
los nombramientos de los trabajadores de la administración no
sean políticos, esto es "un saludo a la bandera", porque el
organismo sigue siendo parte del sector público y habrá
ingerencia política.
Respecto al tema de la contratación de auditores externos,
afirmó que debe ser objeto de una consulta entre los grupos
interesados para que hagan sugerencias en cuanto a la
reglamentación.
En cuanto a financiamiento se refiere, señaló que pese a no
ser partidario de ataduras de presupuesto señalando
determinados ingresos para fines específicos, comentó que de
esta forma quiere asegurarse que el personal del nuevo
Servicio de Rentas, tenga una capacitación y sueldos
adecuados; "simplemente se busca darle cierta autonomía".
Paralelamente señaló que sea cual fuere la institución que se
cree se debe poner énfasis en los procesos de modernización,
en especial en el área aduanera para que a través de sistemas
de informática se pueda cruzar información y saber con certeza
si lo que viene en un embarque es lo que realmente se declaró.
Profesión contable
"El proyecto de ley de la creación del Servicio Nacional de
Rentas Internas (Senri), en el que se contempla la posibilidad
de que sean los contadores públicos como también los auditores
externos, los que se encarguen de la determinación del
impuesto y control tributario de los contribuyentes, es un
reconocimiento a la profesión contable", fue el criterio del
Director Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Contables
del Ecuador (IICE), Jorge Maestre Delgado.
El contador público con su firma da mayor confianza a los
hechos económicos que contienen los estados financieros, los
que siempre serán responsabilidad del contribuyente, comentó
Maestre.
Agrega que la participación del contador como auditor
independiente no se contrapone a su rol de asesor tributario;
todo lo contrario, es una afirmación de la labor que
actualmente realizan, pues las leyes actuales ya contemplan la
obligación de emitir el dictamen para efectos fiscales.
Maestre desmintió que la independencia del auditor se ponga en
peligro al emitir un dictamen fiscal, si evita "implicarse o
asumir responsabilidades en las decisiones que son propias del
contribuyente, por lo que no es juez y parte", aclara el
dirigente. (Texto tomado de El Universo)
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