Quito. 7 abr 97. La Comisión de Fiscalización tuvo acceso a
las copias de los cheques del Banco Sudamericano, que Luis
Peñaranda giró a varios diputados, para que gestionen la
compra de computadoras y demás equipos para diferentes centros
educativos y municipios de sus respectivas provincias.
Según las investigaciones que ha realizado la Comisión
Anticorrupción, Peñaranda operaba directamente con el
legislador del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Santiago
Bucaram, quien conseguía a municipios y centros educativos
partidas extrapresupuestarias para adquirir diversos equipos y
materiales. Todo se tramitaba en empresas fantasmas creadas
por Peñaranda, que no solo inflaba los precios de las
cotizaciones, sino que también proporcionaba la respectiva
"comisión" para los gestionadores.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Napoleón
Saltos, informó que durante el fin de semana trabajaron los
miembros del organismo para verificar si las copias de los
cheques del Banco Sudamericano coinciden con la información
que consta en el disco duro de las computadoras de las
oficinas de Peñaranda, que fueron confiscadas en un operativo
policial, solicitado por la Comisión Anticorrupción.
La información que obtenga la Comisión de Fiscalización será
clave para elaborar el informe que se presentará al Congreso
en pleno el próximo 15 de abril, fecha en la que se iniciará
el Congreso extra, con la discusión de la descalificación de
los legisladores que se hayan beneficiado del trámite de
partidas extrapresupuestarias.
Saltos no quiso proporcionar nombres de los legisladores que
estarán en la lista; no obstante, reconoció que la información
que proporcionó la Comisión Anticorrupción es bastante
acertada.
La Comisión denunció que en el período del 10 de agosto de
1996 a enero de 1997, Santiago Bucaram recibió cheques por
1.324 millones de sucres; Marcelo Saltos (PCE), 116 millones;
Eduardo Veliz, 210 millones y Carlos Vidal, 330 millones de
sucres.
Además se confirmó que la red de Peñaranda operaba desde fines
del Gobierno de Sixto Durán Ballén. Así durante el período de
enero a julio 1996, Peñaranda entregó cheques a los diputados
Marcelo Saltos, 114 millones, y Fabara (el nombre está por
confirmarse debido a que existían dos legisladores con el
mismo apellido, Milton y Fabián) , 124 millones.
En el período anterior Santiago Bucaram también habría
colaborado, pues fue el presidente de la Comisión de
Presupuesto del Congreso durante dos años.
"Quieren desprestigiarnos" dice Movimiento Pachakutik
Miguel Lluco no se paró en mientes hasta desvanecer las
sospechas del Contralor Benjamín Terán. Este había dejado
"resbalar" en una rueda de prensa que el representante de
Chimborazo por Pachakutik algo habría tenido que ver con
trámite de fondos extra presupuestarios. Lo dijo
fundamentándose en un agradecimiento verbal de un legislador
al apoyo de Lluco para concretar recursos para la provincia.
En efecto, en un discurso con ocasión de las fiestas de
Riobamba, en noviembre de 1996, el diputado Estuardo Gavilánez
agradece a Lluco por sus gestiones.
Sin embargo, en una posterior declaración juramentada del
mismo Gavilanez, éste excluye a Lluco de dicho agradecimiento
y señala que, de todos modos, fue el pagador de la presidencia
el que directamente entregó a las autoridades de Chimborazo
los aportes financieros gubernamentales.
Además, una certificación del secretario del Concejo Cantonal
de Riobamba, subraya que "en la sesión solemne del 11 de
noviembre de 1996, ni antes ni después, hasta la presente
fecha, la Ilustre Municipalidad de Riobamba ha recibido aporte
alguno del Gobierno Nacional gestionado por el diputado de
Chimborazo Miguel Lluco."
En el mismo sentido certifica el alcalde de Riobamba, Abraham
Romero, militante del partido PUR.
Es el efecto perverso del rumor, señalan los representantes de
Pachakutik, al tiempo que subrayan la sospecha de que existe
una consigna para desprestigiar a los representantes indios en
el Parlamento, a causa del importante espacio político que van
conquistando en el país.
Polémica sobre fondos: Conatel
El dinero que pagó la compañía Otecel por el pago anticipado
de su gestión se encuentra en cuentas de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones, nunca estuvieron en una cuenta
particular, tal como lo anunció el ministro de Finanzas. La
aclaración viene del Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) y la Secretaría de Telecomunicaciones; sin embargo,
no se precisa la cantidad que está depositada en la citada
cuenta. Dávalos habló de 51 millones 400 mil dólares.
La información proporcionada tampoco se refiere a por qué ese
dinero no fue entregado al Ministerio de Finanzas, cuando en
el decreto que autorizaba el cobro anticipado, se establecía
que esa cartera de Estado "requiere de los recursos de otros
organismos del Estado que mantengan improductivamente, a fin
de incorporarlos al Presupuesto General del Estado y
destinarlos a obras de carácter social".
El presidente del CONATEL, Mario Burbano de Lara, lamenta "las
versiones desautorizadas e inexactas que se han producido
respecto a este pago y al trámite de los fondos y comunica a
la opinión pública que el ente regulador tomará todos los
pasos para que en forma transparente se dilucide el legítimo
beneficiario de estos recursos de conformidad con la ley y los
reglamentos vigentes".
Sostiene, Burbano de Lara, que el Consejo de
Telecomunicaciones, en sesión del 4 de abril, determinó
ordenar que se estudie si procede la entrega de esos recursos
al Fondo de Solidaridad o si por el contrario son fondos que
pertenecen al ente de regulación.
También se determinó pedir a la Secretaría de
Telecomunicaciones que transfiriera los recursos a cuentas del
Banco Central, donde deberán permanecer hasta tanto se
determine el destino de los fondos y solicitar a la
Contraloría para que audite todo el proceso de pago anticipado
de las concesiones de las operadoras de telefonía móvil
celular y determine cualquier responsabilidad si la hubiere.
(DIARIO HOY) (P. 3-A)
las copias de los cheques del Banco Sudamericano, que Luis
Peñaranda giró a varios diputados, para que gestionen la
compra de computadoras y demás equipos para diferentes centros
educativos y municipios de sus respectivas provincias.
Según las investigaciones que ha realizado la Comisión
Anticorrupción, Peñaranda operaba directamente con el
legislador del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), Santiago
Bucaram, quien conseguía a municipios y centros educativos
partidas extrapresupuestarias para adquirir diversos equipos y
materiales. Todo se tramitaba en empresas fantasmas creadas
por Peñaranda, que no solo inflaba los precios de las
cotizaciones, sino que también proporcionaba la respectiva
"comisión" para los gestionadores.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Napoleón
Saltos, informó que durante el fin de semana trabajaron los
miembros del organismo para verificar si las copias de los
cheques del Banco Sudamericano coinciden con la información
que consta en el disco duro de las computadoras de las
oficinas de Peñaranda, que fueron confiscadas en un operativo
policial, solicitado por la Comisión Anticorrupción.
La información que obtenga la Comisión de Fiscalización será
clave para elaborar el informe que se presentará al Congreso
en pleno el próximo 15 de abril, fecha en la que se iniciará
el Congreso extra, con la discusión de la descalificación de
los legisladores que se hayan beneficiado del trámite de
partidas extrapresupuestarias.
Saltos no quiso proporcionar nombres de los legisladores que
estarán en la lista; no obstante, reconoció que la información
que proporcionó la Comisión Anticorrupción es bastante
acertada.
La Comisión denunció que en el período del 10 de agosto de
1996 a enero de 1997, Santiago Bucaram recibió cheques por
1.324 millones de sucres; Marcelo Saltos (PCE), 116 millones;
Eduardo Veliz, 210 millones y Carlos Vidal, 330 millones de
sucres.
Además se confirmó que la red de Peñaranda operaba desde fines
del Gobierno de Sixto Durán Ballén. Así durante el período de
enero a julio 1996, Peñaranda entregó cheques a los diputados
Marcelo Saltos, 114 millones, y Fabara (el nombre está por
confirmarse debido a que existían dos legisladores con el
mismo apellido, Milton y Fabián) , 124 millones.
En el período anterior Santiago Bucaram también habría
colaborado, pues fue el presidente de la Comisión de
Presupuesto del Congreso durante dos años.
"Quieren desprestigiarnos" dice Movimiento Pachakutik
Miguel Lluco no se paró en mientes hasta desvanecer las
sospechas del Contralor Benjamín Terán. Este había dejado
"resbalar" en una rueda de prensa que el representante de
Chimborazo por Pachakutik algo habría tenido que ver con
trámite de fondos extra presupuestarios. Lo dijo
fundamentándose en un agradecimiento verbal de un legislador
al apoyo de Lluco para concretar recursos para la provincia.
En efecto, en un discurso con ocasión de las fiestas de
Riobamba, en noviembre de 1996, el diputado Estuardo Gavilánez
agradece a Lluco por sus gestiones.
Sin embargo, en una posterior declaración juramentada del
mismo Gavilanez, éste excluye a Lluco de dicho agradecimiento
y señala que, de todos modos, fue el pagador de la presidencia
el que directamente entregó a las autoridades de Chimborazo
los aportes financieros gubernamentales.
Además, una certificación del secretario del Concejo Cantonal
de Riobamba, subraya que "en la sesión solemne del 11 de
noviembre de 1996, ni antes ni después, hasta la presente
fecha, la Ilustre Municipalidad de Riobamba ha recibido aporte
alguno del Gobierno Nacional gestionado por el diputado de
Chimborazo Miguel Lluco."
En el mismo sentido certifica el alcalde de Riobamba, Abraham
Romero, militante del partido PUR.
Es el efecto perverso del rumor, señalan los representantes de
Pachakutik, al tiempo que subrayan la sospecha de que existe
una consigna para desprestigiar a los representantes indios en
el Parlamento, a causa del importante espacio político que van
conquistando en el país.
Polémica sobre fondos: Conatel
El dinero que pagó la compañía Otecel por el pago anticipado
de su gestión se encuentra en cuentas de la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones, nunca estuvieron en una cuenta
particular, tal como lo anunció el ministro de Finanzas. La
aclaración viene del Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) y la Secretaría de Telecomunicaciones; sin embargo,
no se precisa la cantidad que está depositada en la citada
cuenta. Dávalos habló de 51 millones 400 mil dólares.
La información proporcionada tampoco se refiere a por qué ese
dinero no fue entregado al Ministerio de Finanzas, cuando en
el decreto que autorizaba el cobro anticipado, se establecía
que esa cartera de Estado "requiere de los recursos de otros
organismos del Estado que mantengan improductivamente, a fin
de incorporarlos al Presupuesto General del Estado y
destinarlos a obras de carácter social".
El presidente del CONATEL, Mario Burbano de Lara, lamenta "las
versiones desautorizadas e inexactas que se han producido
respecto a este pago y al trámite de los fondos y comunica a
la opinión pública que el ente regulador tomará todos los
pasos para que en forma transparente se dilucide el legítimo
beneficiario de estos recursos de conformidad con la ley y los
reglamentos vigentes".
Sostiene, Burbano de Lara, que el Consejo de
Telecomunicaciones, en sesión del 4 de abril, determinó
ordenar que se estudie si procede la entrega de esos recursos
al Fondo de Solidaridad o si por el contrario son fondos que
pertenecen al ente de regulación.
También se determinó pedir a la Secretaría de
Telecomunicaciones que transfiriera los recursos a cuentas del
Banco Central, donde deberán permanecer hasta tanto se
determine el destino de los fondos y solicitar a la
Contraloría para que audite todo el proceso de pago anticipado
de las concesiones de las operadoras de telefonía móvil
celular y determine cualquier responsabilidad si la hubiere.
(DIARIO HOY) (P. 3-A)
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