Plan de modernización tiene como propósito frenar la corrupción en las aduanas.
El lunes pasado se dieron las primeras notificaciones para que un grupo de empleados de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) dejara sus funciones.
El grupo de apoyo de las Fuerzas Armadas, encabezado por el contralmirante Héctor Coba, entregó la mayoría de notificaciones en el área de Fiscalización de la gerencia general.
Durante la primera etapa del plan deben salir 63 personas, explicó Coba. Por ahora se ha notificado a quienes tenían contratos, grupo que según datos de la CAE, conforma el 39% del total.
El 50% del personal de la Corporación tiene nombramiento, el 9% trabaja a través de tercerizadoras y un 2% tiene contratos a prueba.
Los militares están en la aduana desde inicios de abril y permanecerán allí durante 180 días. El principal objetivo de los 65 efectivos que están distribuidos en el país es frenar la corrupción que se ha denunciado en las aduanas.
Esta disposición presidencial no convence a los agentes afianzados de aduana, quienes se encargan de realizar los trámites para la importación y exportación.
El presidente de la Federación Nacional de Agentes Afianzados de Aduana, Aparicio Vega, comentó que la sola presencia del uniforme militar en la Aduana, no es una solución, no se complementa con el personal adecuado que tenga la misma idea de combatir la corrupción y facilitar los trámites del comercio exterior.
La presencia militar se da más en las áreas administrativas de la Aduana. Hasta el mes pasado dos uniformados controlaban la salida de mercadería en el puerto de Guayaquil, y ayer solo estaban miembros de la vigilancia aduanera.
Pero la administración actual del distrito de Guayaquil, por donde se maneja más del 60% de los trámites del país, ha colocado un letrero que advierte a los usuarios para que eviten dar coimas a cualquier funcionario que intente cobrar por algún trámite y recuerda que el movimiento de papeles es gratuito.
A pesar de que el objetivo de las Fuerzas Armadas es combatir la corrupción, en el distrito aduanero de Quito solo hay dos militares en servicio de apoyo desde hace dos semanas, dijo el gerente de esa oficina, coronel en servicio pasivo y militante de Sociedad Patriótica, Ernesto Freire.
De este distrito surgió el último escándalo aduanero, sobre las denuncias de una supuesta red de corrupción encabezada por el padre Carlos Flores, ex gerente distrital.
ACCIONES
PLAN
Los militares no han proporcionado mayores detalles sobre el plan de modernización. Hoy habrá una reunión definitiva para pulirlo, pues el próximo 19 de mayo el documento debe quedar listo para su aplicación.
EN GUAYAQUIL
Los diferentes departamentos del distrito aduanero de Guayaquil están a cargo de militares en servicio activo (de las tres ramas de las Fuerzas Armadas).
ÁREAS
En el distrito de Guayaquil los militares están en las áreas de arribo de mercadería, en facturación, liquidación e incluso en los patios del puerto, en donde se realiza la verificación de la carga.
CUIDADO
Los agentes de Aduana sugieren a las Fuerzas Armadas que ejerzan un mayor control en las zonas fronterizas y que revisen con más atención las mercaderías que llegan desde puertos con ventajas arancelarias.
Cronología
14 de agosto de 1996
El presidente de la República, Abdalá Bucaram, firmó el decreto de movilización aduanera por el cual el control del sector pasó a la fuerza pública, a fin de supervisar las áreas portuarias y aeroportuarias. El 20 de agosto se hace efectiva la militarización en los distritos de Guayaquil, Quito y Manta.
14 de febrero de 1997
Tras la denuncia de corrupción en las Aduanas, realizada por el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Leslie Alexander, el presidente interino Fabián Alarcón, declaró como primer objetivo sanear esas dependencias. Para el efecto dispuso que los militares permanecieran durante 60 días allí.
18 de julio de 1997
Las Fuerzas Armadas entregaron un informe a la Comisión de Fiscalización del Congreso en el que manifestaron la serie de irregularidades detectadas en la administración aduanera. El informe cuestionó el sistema de verificación.
19 de febrero de 1998
Como una medida temporal hasta que el Congreso tramitara la Ley de Transformación de las Aduanas, el Gobierno ordenó la militarización total de las Aduanas, lo que incluyó vigilancia y administración.
24 de agosto de 1998
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) asume el manejo de las Aduanas en reemplazo de la Dirección Nacional de Aduanas, que era adscrita al Ministerio de Finanzas. Tras siete meses de gestión los militares aumentaron las recaudaciones y dispusieron que las verificadoras unificaran el banco de datos que sirve para que coincidan con el valor de las mercancías que se importan.
1 de junio de 1999
Los militares transfieren la administración aduanera a los civiles. En enero del 2001, el presidente de la República, Gustavo Noboa, solicitó, al ministro de Defensa, Hugo Unda, la custodia militar para las Aduanas de Guayaquil.
7 de abril del 2003
El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, se reunió con el directorio de la CAE y expidió el decreto que confirmó la presencia de los militares en la Aduana por 180 días.
Cantos: Tres distritos con más denuncias
La vicepresidenta de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Alejandra Cantos, dijo que desde su creación la entidad ha investigado lo que sucede en las aduanas del país.
PREGUNTA: ¿De qué distrito aduanero tienen más quejas sobre irregularidades?
RESPUESTA: De todos, lamentablemente un gran porcentaje de dinero que se diluye por corrupción es por la evasión tributaria, pero el problema tiene más trascendencia en Guayaquil (Guayas), en Quito (Pichincha) y en Macará (Loja).
P: ¿Quiénes propician la corrupción?
R: Es el sistema el corrupto. La corrupción es estructural. Las países más desarrollados del mundo también la generan y la propician.
P: Los empresarios se quejan de la politización de las Aduanas, ¿quiénes tienen esa influencia?
R: Yo no quisiera hacer juicios de valor. No nos corresponde a nosotros eso. Las autoridades deben determinar las responsabilidades.
P: ¿La Comisión conoce en qué consiste la modernización que se busca para las aduanas?
R: Hemos pedido la información al Ejecutivo y hasta el momento no la tenemos. El control de la corrupción debe venir desde una decisión del Gobierno que debe transparentar la información.
Reformas contemplan capacitación y sanciones a funcionarios
Los funcionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), del Banco Central del Ecuador (BCE) y de otras entidades públicas que no entreguen la información aduanera serán destituidos de sus cargos. Esta es otra de las disposiciones que constan en las nuevas reformas a la ley del sector publicadas el viernes 2 de mayo pasado.
Dentro de este grupo de posibles sancionados también están los importadores, exportadores, transportadores de la carga. Ellos serán sancionados por la CAE con multas que van desde 1.000 hasta 5.000 dólares por cada vez que se nieguen a entregar la información solicitada.
Las reformas también establecen que durante los primeros 180 días de vigencia de la Ley, el Ministerio de Defensa asumirá, transitoriamente, la administración y control del Servicio de Vigilancia Aduanera.
En un plazo de 30 días, el Ministerio de Defensa y la CAE firmarán un convenio que contendrá las condiciones, el plazo y el dinero para la capacitación.
La cesación de los cargos de los funcionarios de la Corporación también consta en la reforma. Ellos deberán pasar por una evaluación para saber si salen o no.
Los cambios también incluyen que las mercaderías importadas por el sector público deben tener certificado de inspección en el sitio de origen.
El presidente de la Asociación de Despachadores de Aduana del Guayas, Jaime Lanata, expresó que se debería esperar 15 días para esta aplicación hasta que los proveedores lo conozcan y cumplan la medida.
Las mercancías que llegan a los depósitos industriales, también requieren inspección en origen. Estas son materia prima para la fabricación de productos de exportación. Con esta exigencia habría que recargar costos, indicó.
Dos detenidos más por supuesta corrupción en Aduana de
Las investigaciones sobre los ilícitos aduaneros, que inició la Fiscalía a propósito de las irregularidades detectadas en la gestión del ex gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en Quito, sacerdote Carlos Flores, se ampliaron a la gestión de las actuales autoridades de la aduana capitalina.
En un operativo preparado por la Policía Judicial y la Fiscalía, ayer se dieron dos nuevas detenciones de presuntos involucrados en delitos aduaneros.
Ellos son funcionarios de la verificadora SGS: el inspector Álvaro Toledo y el supervisor Tayron Armiño. La diligencia se efectuó en la terminal de esa empresa, ubicada en el aeropuerto Mariscal Sucre.
Ambos funcionarios, según las investigaciones del fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros del Ministerio Público, Fernando Lara, permitieron el ingreso al país de repuestos usados de prohibida importación, sin cumplir requisitos tributarios y con documentación falsa.
El supuesto delito, que no tiene relación con la gestión de Flores, según Lara, fue detectado por la almacenera privada Extecomexsa y se dio en la actual administración de las aduanas.
El gerente general de Extecomexsa, Saúl Castillo, dijo que el ilícito se descubrió gracias a la conexión del sistema informático de la almacenera con la terminal de la CAE.
La alteración documental, agregó, quedó comprobada al comparar la documentación de ingreso de la mercadería con la que consta en la almacenera.
En los documentos alterados, señaló el oficial investigador de la Policía Judicial, Pedro Cadena, se determinó la subfacturación del precio de la maquinaria importada, cuyo costo declarado fue de 3.800 dólares, cuando en realidad estaba valorado entre 10 mil y 12 mil dólares.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación inspeccionó la almacenera privada Coimpexa, en cuyas bodegas se guardaron por más de un año, 18 bultos de mercadería declarada en abandono, cuyo estado supuestamente corresponde a un nuevo caso que se investiga y en el que estaría involucrado el sacerdote Carlos Flores.
Dicha mercancía, valorada en 100 mil dólares, procedía de los Estados Unidos. En total fueron 38 bultos. De ellos, 20 (valorados en 20 mil dólares) fueron devueltos a su lugar de origen.
Diputado Serrano: Sacerdote Flores quiere hablar
Entre hoy y mañana, el ex gerente de la Aduana de Quito, padre Carlos Flores, hablará vía telefónica sobre las denuncias en su contra de supuesta corrupción, informó ayer el diputado socialista Segundo Serrano, quien dijo que Flores fue su compañero en el colegio en Déleg (Cañar) y que hace poco dialogó con un primo del cura.
Mientras, el diputado socialcristiano Alfonso Harb denunció que la directora de Rentas, Elsa de Mena; el ex gerente general de la CAE, Jaime Santillán; y miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) conocían de las irregularidades. Afirmó que el 4 de septiembre del 2002, el auditor interno de la CAE, Carlos Murrieta, informó de actos administrativos irregulares.
El contralor subrogante, Genaro Peña, anunció ante el Congreso un enjuiciamiento penal por injurias en contra de Juan Francisco Morales, funcionario de la Contraloría, quien denunció que habría una vinculación con servidores de ese organismo.
El fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros, Fernando Lara, expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la CAE no envió la información relacionada con supuestas irregularidades. El presidente de esa comisión, Vicente Taiano, notificó que serían llamados al Congreso el ex contralor; el contralor; miembros de la CCCC; auditores internos de la CAE; Ricardo Noboa, hermano del ex presidente Gustavo Noboa, y Mena.
El lunes pasado se dieron las primeras notificaciones para que un grupo de empleados de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) dejara sus funciones.
El grupo de apoyo de las Fuerzas Armadas, encabezado por el contralmirante Héctor Coba, entregó la mayoría de notificaciones en el área de Fiscalización de la gerencia general.
Durante la primera etapa del plan deben salir 63 personas, explicó Coba. Por ahora se ha notificado a quienes tenían contratos, grupo que según datos de la CAE, conforma el 39% del total.
El 50% del personal de la Corporación tiene nombramiento, el 9% trabaja a través de tercerizadoras y un 2% tiene contratos a prueba.
Los militares están en la aduana desde inicios de abril y permanecerán allí durante 180 días. El principal objetivo de los 65 efectivos que están distribuidos en el país es frenar la corrupción que se ha denunciado en las aduanas.
Esta disposición presidencial no convence a los agentes afianzados de aduana, quienes se encargan de realizar los trámites para la importación y exportación.
El presidente de la Federación Nacional de Agentes Afianzados de Aduana, Aparicio Vega, comentó que la sola presencia del uniforme militar en la Aduana, no es una solución, no se complementa con el personal adecuado que tenga la misma idea de combatir la corrupción y facilitar los trámites del comercio exterior.
La presencia militar se da más en las áreas administrativas de la Aduana. Hasta el mes pasado dos uniformados controlaban la salida de mercadería en el puerto de Guayaquil, y ayer solo estaban miembros de la vigilancia aduanera.
Pero la administración actual del distrito de Guayaquil, por donde se maneja más del 60% de los trámites del país, ha colocado un letrero que advierte a los usuarios para que eviten dar coimas a cualquier funcionario que intente cobrar por algún trámite y recuerda que el movimiento de papeles es gratuito.
A pesar de que el objetivo de las Fuerzas Armadas es combatir la corrupción, en el distrito aduanero de Quito solo hay dos militares en servicio de apoyo desde hace dos semanas, dijo el gerente de esa oficina, coronel en servicio pasivo y militante de Sociedad Patriótica, Ernesto Freire.
De este distrito surgió el último escándalo aduanero, sobre las denuncias de una supuesta red de corrupción encabezada por el padre Carlos Flores, ex gerente distrital.
ACCIONES
PLAN
Los militares no han proporcionado mayores detalles sobre el plan de modernización. Hoy habrá una reunión definitiva para pulirlo, pues el próximo 19 de mayo el documento debe quedar listo para su aplicación.
EN GUAYAQUIL
Los diferentes departamentos del distrito aduanero de Guayaquil están a cargo de militares en servicio activo (de las tres ramas de las Fuerzas Armadas).
ÁREAS
En el distrito de Guayaquil los militares están en las áreas de arribo de mercadería, en facturación, liquidación e incluso en los patios del puerto, en donde se realiza la verificación de la carga.
CUIDADO
Los agentes de Aduana sugieren a las Fuerzas Armadas que ejerzan un mayor control en las zonas fronterizas y que revisen con más atención las mercaderías que llegan desde puertos con ventajas arancelarias.
Cronología
14 de agosto de 1996
El presidente de la República, Abdalá Bucaram, firmó el decreto de movilización aduanera por el cual el control del sector pasó a la fuerza pública, a fin de supervisar las áreas portuarias y aeroportuarias. El 20 de agosto se hace efectiva la militarización en los distritos de Guayaquil, Quito y Manta.
14 de febrero de 1997
Tras la denuncia de corrupción en las Aduanas, realizada por el embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Leslie Alexander, el presidente interino Fabián Alarcón, declaró como primer objetivo sanear esas dependencias. Para el efecto dispuso que los militares permanecieran durante 60 días allí.
18 de julio de 1997
Las Fuerzas Armadas entregaron un informe a la Comisión de Fiscalización del Congreso en el que manifestaron la serie de irregularidades detectadas en la administración aduanera. El informe cuestionó el sistema de verificación.
19 de febrero de 1998
Como una medida temporal hasta que el Congreso tramitara la Ley de Transformación de las Aduanas, el Gobierno ordenó la militarización total de las Aduanas, lo que incluyó vigilancia y administración.
24 de agosto de 1998
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) asume el manejo de las Aduanas en reemplazo de la Dirección Nacional de Aduanas, que era adscrita al Ministerio de Finanzas. Tras siete meses de gestión los militares aumentaron las recaudaciones y dispusieron que las verificadoras unificaran el banco de datos que sirve para que coincidan con el valor de las mercancías que se importan.
1 de junio de 1999
Los militares transfieren la administración aduanera a los civiles. En enero del 2001, el presidente de la República, Gustavo Noboa, solicitó, al ministro de Defensa, Hugo Unda, la custodia militar para las Aduanas de Guayaquil.
7 de abril del 2003
El presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, se reunió con el directorio de la CAE y expidió el decreto que confirmó la presencia de los militares en la Aduana por 180 días.
Cantos: Tres distritos con más denuncias
La vicepresidenta de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Alejandra Cantos, dijo que desde su creación la entidad ha investigado lo que sucede en las aduanas del país.
PREGUNTA: ¿De qué distrito aduanero tienen más quejas sobre irregularidades?
RESPUESTA: De todos, lamentablemente un gran porcentaje de dinero que se diluye por corrupción es por la evasión tributaria, pero el problema tiene más trascendencia en Guayaquil (Guayas), en Quito (Pichincha) y en Macará (Loja).
P: ¿Quiénes propician la corrupción?
R: Es el sistema el corrupto. La corrupción es estructural. Las países más desarrollados del mundo también la generan y la propician.
P: Los empresarios se quejan de la politización de las Aduanas, ¿quiénes tienen esa influencia?
R: Yo no quisiera hacer juicios de valor. No nos corresponde a nosotros eso. Las autoridades deben determinar las responsabilidades.
P: ¿La Comisión conoce en qué consiste la modernización que se busca para las aduanas?
R: Hemos pedido la información al Ejecutivo y hasta el momento no la tenemos. El control de la corrupción debe venir desde una decisión del Gobierno que debe transparentar la información.
Reformas contemplan capacitación y sanciones a funcionarios
Los funcionarios de la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE), del Banco Central del Ecuador (BCE) y de otras entidades públicas que no entreguen la información aduanera serán destituidos de sus cargos. Esta es otra de las disposiciones que constan en las nuevas reformas a la ley del sector publicadas el viernes 2 de mayo pasado.
Dentro de este grupo de posibles sancionados también están los importadores, exportadores, transportadores de la carga. Ellos serán sancionados por la CAE con multas que van desde 1.000 hasta 5.000 dólares por cada vez que se nieguen a entregar la información solicitada.
Las reformas también establecen que durante los primeros 180 días de vigencia de la Ley, el Ministerio de Defensa asumirá, transitoriamente, la administración y control del Servicio de Vigilancia Aduanera.
En un plazo de 30 días, el Ministerio de Defensa y la CAE firmarán un convenio que contendrá las condiciones, el plazo y el dinero para la capacitación.
La cesación de los cargos de los funcionarios de la Corporación también consta en la reforma. Ellos deberán pasar por una evaluación para saber si salen o no.
Los cambios también incluyen que las mercaderías importadas por el sector público deben tener certificado de inspección en el sitio de origen.
El presidente de la Asociación de Despachadores de Aduana del Guayas, Jaime Lanata, expresó que se debería esperar 15 días para esta aplicación hasta que los proveedores lo conozcan y cumplan la medida.
Las mercancías que llegan a los depósitos industriales, también requieren inspección en origen. Estas son materia prima para la fabricación de productos de exportación. Con esta exigencia habría que recargar costos, indicó.
Dos detenidos más por supuesta corrupción en Aduana de
Las investigaciones sobre los ilícitos aduaneros, que inició la Fiscalía a propósito de las irregularidades detectadas en la gestión del ex gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana en Quito, sacerdote Carlos Flores, se ampliaron a la gestión de las actuales autoridades de la aduana capitalina.
En un operativo preparado por la Policía Judicial y la Fiscalía, ayer se dieron dos nuevas detenciones de presuntos involucrados en delitos aduaneros.
Ellos son funcionarios de la verificadora SGS: el inspector Álvaro Toledo y el supervisor Tayron Armiño. La diligencia se efectuó en la terminal de esa empresa, ubicada en el aeropuerto Mariscal Sucre.
Ambos funcionarios, según las investigaciones del fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros del Ministerio Público, Fernando Lara, permitieron el ingreso al país de repuestos usados de prohibida importación, sin cumplir requisitos tributarios y con documentación falsa.
El supuesto delito, que no tiene relación con la gestión de Flores, según Lara, fue detectado por la almacenera privada Extecomexsa y se dio en la actual administración de las aduanas.
El gerente general de Extecomexsa, Saúl Castillo, dijo que el ilícito se descubrió gracias a la conexión del sistema informático de la almacenera con la terminal de la CAE.
La alteración documental, agregó, quedó comprobada al comparar la documentación de ingreso de la mercadería con la que consta en la almacenera.
En los documentos alterados, señaló el oficial investigador de la Policía Judicial, Pedro Cadena, se determinó la subfacturación del precio de la maquinaria importada, cuyo costo declarado fue de 3.800 dólares, cuando en realidad estaba valorado entre 10 mil y 12 mil dólares.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación inspeccionó la almacenera privada Coimpexa, en cuyas bodegas se guardaron por más de un año, 18 bultos de mercadería declarada en abandono, cuyo estado supuestamente corresponde a un nuevo caso que se investiga y en el que estaría involucrado el sacerdote Carlos Flores.
Dicha mercancía, valorada en 100 mil dólares, procedía de los Estados Unidos. En total fueron 38 bultos. De ellos, 20 (valorados en 20 mil dólares) fueron devueltos a su lugar de origen.
Diputado Serrano: Sacerdote Flores quiere hablar
Entre hoy y mañana, el ex gerente de la Aduana de Quito, padre Carlos Flores, hablará vía telefónica sobre las denuncias en su contra de supuesta corrupción, informó ayer el diputado socialista Segundo Serrano, quien dijo que Flores fue su compañero en el colegio en Déleg (Cañar) y que hace poco dialogó con un primo del cura.
Mientras, el diputado socialcristiano Alfonso Harb denunció que la directora de Rentas, Elsa de Mena; el ex gerente general de la CAE, Jaime Santillán; y miembros de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) conocían de las irregularidades. Afirmó que el 4 de septiembre del 2002, el auditor interno de la CAE, Carlos Murrieta, informó de actos administrativos irregulares.
El contralor subrogante, Genaro Peña, anunció ante el Congreso un enjuiciamiento penal por injurias en contra de Juan Francisco Morales, funcionario de la Contraloría, quien denunció que habría una vinculación con servidores de ese organismo.
El fiscal de la Unidad de Delitos Aduaneros, Fernando Lara, expresó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la CAE no envió la información relacionada con supuestas irregularidades. El presidente de esa comisión, Vicente Taiano, notificó que serían llamados al Congreso el ex contralor; el contralor; miembros de la CCCC; auditores internos de la CAE; Ricardo Noboa, hermano del ex presidente Gustavo Noboa, y Mena.
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