SANDINISTAS PARTICIPARAN EN DEBATE SOBRE LA TIERRA
MANAGUA. 17.08.91. Los diputados sandinistas retornarán el
martes al parlamento nicaragense, del que se ausentaron hace
dos meses, para participar en un debate sobre las leyes de
propiedad estimado crucial para el futuro de las relaciones
entre la oposición y el gobierno de la Presidenta Violeta
Chamorro. El ex presidente Daniel Ortega dijo la noche del
jueves que los parlamentarios sandinistas "regresarán para
respaldar con toda la fuerza que sea necesaria" los acuerdos
de concertación socio-económica logrados entre el gobierno y
los sindicatos sobre el tema de la propiedad.
Los acuerdos no fueron suscritos por el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) y sólo parcialmente por la agrupación
sindical oficialista, el Congreso Permanente de los
Trabajadores (CPT). Ortega habló tras la clausura el jueves de
la segunda fase de la concertación, convocada por el gobierno
para buscar soluciones a la crisis económico-social, acto al
que asistió la Presidenta Chamorro, el jefe del ejército,
general Humberto Ortega, y el cardenal Miguel Obando.
Como resultado del diálogo, las partes decidieron proponer al
congreso respetar la reforma agraria y la entrega de viviendas
y tierras hecha durante el gobierno sandinista (1979-90), y
que a la hora de privatizar empresas estatales, se conceda
hasta un 25 por ciento de participación a los trabajadores.
Las demandas para que se reviertan las propiedades a los
antiguos dueños han encendido un debate entre sectores del
gobierno de Chamorro y la oposición sandinista, cuyos líderes
han llamado a sus seguidores a cerrar filas con este motivo y
defender las "conquistas" de la revolución. En este contexto,
el presidente del Congreso Alfredo César, acusó al ex
presidente Ortega de amenazar a los diputados que apoyaran la
derogación de las leyes que propiciaron el reparto de bienes.
Los sandinistas, que controlan 39 de los 92 escaños del
congreso, se habían retirado en junio de la Asamblea en
protesta por que el oficialista Partido Conservador introdujo
un anteproyecto de ley para derogar las leyes 85 y 86, bajo
cuyo amparo el gobierno de Ortega realizó la entrega de bienes
antes de traspasar el poder en abril de 1990.
El jueves la Presidenta Chamorro elogió los acuerdos de la
concertación, mientras que su ministro de la Presidencia,
Antonio Lacayo, opinó que el congreso "no puede obviar este
consenso", y dijo confiar que los diputados legislen "con
madurez". Según Chamorro, las decisiones de los concertantes
"garantizan el afianzamiento de la democracia" en Nicaragua, y
se declaró esperanzada en que el congreso sabrá dictar leyes
que fijen el "orden y equilibrio" en el régimen de
propiedad.
Los concertantes decidieron recomendar al parlamento que una
comisión especial y la Presidencia examinen y resuelvan las
expropiaciones o confiscaciones injustas para que se ordene su
devolución o se pague indemnización.
Propusieron asimismo respetar la entrega de tierras que se
hicieron al 25 de febrero de 1990, fecha de la derrota
electoral sandinista, y que se estima suman en total 1.642
hectáreas.
Asimismo, que se respeten las tierras afectadas entre febrero
y el 25 de abril de 1990 (día del traspado de poder), con base
en una "relación racional tierra-cabeza de familia" y la falta
de más medios de sobrevivencia, entre otros criterios.
También piden privatizar a favor de ex militares y ex contras,
trabajadores y antiguos dueños, las tierras que estén en poder
del Estado y sean aptas para la ganadería, cultivo de café y
algodón.
El excedente de las tierras "se revertirá al Estado para
atender necesidades de reforma agraria", mientras que los
dueños anteriores "que hubiesen obtenido resolución favorable
de devolución" deben ser indemnizados, de acuerdo a las
posibilidades del Estado.
En el caso de las propiedades urbanas en disputa, piden una
revisión de la concesión, a fin de "determinar si se ajustan a
los requisitos legales", pero enfatizan en la necesidad de
entregar "automáticamente y de forma gratuita" las que tengan
un área menor o igual a 100 metros cuadrados.
En cuanto a las empresas expropiadas o confiscadas por el
pasado gobierno y que están en manos del Estado, sugieren que
sean "privatizadas mediante licitación pública o negociación
directa".
También recomiendan la devolución de empresas, salvo cuando
los dueños hayan sido confiscados mediante la aplicación de
los decretos 3 y 38, que se refieren a connotados ex
seguidores del dictador Anastasio Somoza --derrocado en
1979--, que hayan perdido su propiedad en juicio por
descapitalización. Tampoco podría devolverse una empresa si
el propietario hubiera recibido indemnización total, pero si
esta fue parcial, podría devolver el valor actualizado y
recuperar la propiedad. (AFP) (5-A).
MANAGUA. 17.08.91. Los diputados sandinistas retornarán el
martes al parlamento nicaragense, del que se ausentaron hace
dos meses, para participar en un debate sobre las leyes de
propiedad estimado crucial para el futuro de las relaciones
entre la oposición y el gobierno de la Presidenta Violeta
Chamorro. El ex presidente Daniel Ortega dijo la noche del
jueves que los parlamentarios sandinistas "regresarán para
respaldar con toda la fuerza que sea necesaria" los acuerdos
de concertación socio-económica logrados entre el gobierno y
los sindicatos sobre el tema de la propiedad.
Los acuerdos no fueron suscritos por el Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP) y sólo parcialmente por la agrupación
sindical oficialista, el Congreso Permanente de los
Trabajadores (CPT). Ortega habló tras la clausura el jueves de
la segunda fase de la concertación, convocada por el gobierno
para buscar soluciones a la crisis económico-social, acto al
que asistió la Presidenta Chamorro, el jefe del ejército,
general Humberto Ortega, y el cardenal Miguel Obando.
Como resultado del diálogo, las partes decidieron proponer al
congreso respetar la reforma agraria y la entrega de viviendas
y tierras hecha durante el gobierno sandinista (1979-90), y
que a la hora de privatizar empresas estatales, se conceda
hasta un 25 por ciento de participación a los trabajadores.
Las demandas para que se reviertan las propiedades a los
antiguos dueños han encendido un debate entre sectores del
gobierno de Chamorro y la oposición sandinista, cuyos líderes
han llamado a sus seguidores a cerrar filas con este motivo y
defender las "conquistas" de la revolución. En este contexto,
el presidente del Congreso Alfredo César, acusó al ex
presidente Ortega de amenazar a los diputados que apoyaran la
derogación de las leyes que propiciaron el reparto de bienes.
Los sandinistas, que controlan 39 de los 92 escaños del
congreso, se habían retirado en junio de la Asamblea en
protesta por que el oficialista Partido Conservador introdujo
un anteproyecto de ley para derogar las leyes 85 y 86, bajo
cuyo amparo el gobierno de Ortega realizó la entrega de bienes
antes de traspasar el poder en abril de 1990.
El jueves la Presidenta Chamorro elogió los acuerdos de la
concertación, mientras que su ministro de la Presidencia,
Antonio Lacayo, opinó que el congreso "no puede obviar este
consenso", y dijo confiar que los diputados legislen "con
madurez". Según Chamorro, las decisiones de los concertantes
"garantizan el afianzamiento de la democracia" en Nicaragua, y
se declaró esperanzada en que el congreso sabrá dictar leyes
que fijen el "orden y equilibrio" en el régimen de
propiedad.
Los concertantes decidieron recomendar al parlamento que una
comisión especial y la Presidencia examinen y resuelvan las
expropiaciones o confiscaciones injustas para que se ordene su
devolución o se pague indemnización.
Propusieron asimismo respetar la entrega de tierras que se
hicieron al 25 de febrero de 1990, fecha de la derrota
electoral sandinista, y que se estima suman en total 1.642
hectáreas.
Asimismo, que se respeten las tierras afectadas entre febrero
y el 25 de abril de 1990 (día del traspado de poder), con base
en una "relación racional tierra-cabeza de familia" y la falta
de más medios de sobrevivencia, entre otros criterios.
También piden privatizar a favor de ex militares y ex contras,
trabajadores y antiguos dueños, las tierras que estén en poder
del Estado y sean aptas para la ganadería, cultivo de café y
algodón.
El excedente de las tierras "se revertirá al Estado para
atender necesidades de reforma agraria", mientras que los
dueños anteriores "que hubiesen obtenido resolución favorable
de devolución" deben ser indemnizados, de acuerdo a las
posibilidades del Estado.
En el caso de las propiedades urbanas en disputa, piden una
revisión de la concesión, a fin de "determinar si se ajustan a
los requisitos legales", pero enfatizan en la necesidad de
entregar "automáticamente y de forma gratuita" las que tengan
un área menor o igual a 100 metros cuadrados.
En cuanto a las empresas expropiadas o confiscadas por el
pasado gobierno y que están en manos del Estado, sugieren que
sean "privatizadas mediante licitación pública o negociación
directa".
También recomiendan la devolución de empresas, salvo cuando
los dueños hayan sido confiscados mediante la aplicación de
los decretos 3 y 38, que se refieren a connotados ex
seguidores del dictador Anastasio Somoza --derrocado en
1979--, que hayan perdido su propiedad en juicio por
descapitalización. Tampoco podría devolverse una empresa si
el propietario hubiera recibido indemnización total, pero si
esta fue parcial, podría devolver el valor actualizado y
recuperar la propiedad. (AFP) (5-A).
Más en el