El tráfico de armas, municiones y explosivos es uno de los principales delitos que se registra a través de la frontera colombo-ecuatoriana, en donde operan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares.
La prensa colombiana coincide en que la noticia de que armamento ecuatoriano va a parar a manos de la guerrilla de ese país no es nueva.
En un informe del año pasado, el Departamento de Estado de EEUU criticó a Ecuador por tener fronteras porosas, por su reputación de ser un corredor estratégico para armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas", y por convertirse en este tema en una especie de "vecino alcahuete" de Colombia.
En 2003, una organización que monitorea conflictos, el International Crisis Group (ICG), insistió en el tema: la Policía y el Ejército ecuatorianos han establecido un peligroso modus vivendi tanto con la guerrilla como con los paramilitares (...) no los confrontan cuando se quedan en Ecuador durante períodos breves para descansar y recuperarse o cuando están huyendo de las Fuerzas Armadas colombianas.
Klaus Nyholm, jefe de la Oficina de Crimen y Drogas de la ONU para los dos países, dijo, en marzo de este año, que el 50% de las armas y explosivos que utilizan los grupos ilegales colombianos ingresan desde Ecuador.
El viernes, la ministra colombiana de Defensa, Marta Lucía Ramírez, propuso a su homólogo Nelson Herrera, la colaboración de oficiales de Inteligencia de sus respectivos países en la lucha contra el tráfico de armas y drogas.
En una carta enviada a Herrera, ella dijo que es importante trabajar en equipo para lograr mayor eficacia en el combate a los delitos que se cometen en la frontera común.
Sin embargo, según el diario bogotano El Tiempo, en las fuerzas colombianas hay desconfianza en compartir información, por los escándalos en los que se han visto envueltos algunos militares ecuatorianos por presunto tráfico de armas para la guerrilla. (PBM)
Sistemas vulnerables de seguridad
El robo de seis ametralladoras MAG de 7,26 mm de las bodegas de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25 del Ejército (Quito), evidencia cierta vulnerabilidad en los sistemas de custodia, control y manejo de armas militares.
La versión de la cúpula de las FFAA es que solo esas armas pertecían al Ejército, aunque formaban parte del arsenal de 4 000 tacos del explosivo pentolita, rollos de cordón detonante, ocho ametralladoras, pistolas Pietro Beretta, granadas de 40 mm, alimentadoras, decenas de cajas de municiones de 7,62 mm y decenas de iniciadores de explosivos, hallados por la Policía, el pasado lunes, en una vivienda del barrio Gatazo, al sur de Quito.
Aunque la desaparición de ese tipo de material en las unidades castrenses no es una constante, en los últimos años se han registrado algunos casos en los que personal militar se ha visto involucrado en esta clase de delitos.
El ex ministro de Defensa, José Gallardo, y el ex comandante del Ejército, René Vargas, dicen que deben cambiarse los sistemas de control de los rastrillos y bodegas, sobre todo, si se toma en cuenta la conflictividad que se vive en la frontera norte por la incidencia del problema colombiano. (PACH)
Una larga lista de "pérdidas" en los cuarteles
Septiembre de 2002. Se sustraen de la BAL No. 25, al Sur de Quito, 10 proyectiles M-60 para mortero, dos cargamentos de granadas tipo piña, 300 metros de cordón detonante y 50 libras de pentolita. Fueron detenidos Carlos Seas (suboficial de Ejército) Julio Briones (sargento), Jorge Patiño (sargento retirado), y los civiles Luis Yandún, Clara Yandún y Víctor Vega. El caso se ventila en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha.
1999. Brigada de Artillería Bolívar (El Oro), 40 mil municiones. El proceso se ventila en el Juzgado Militar Tercero, en Cuenca.
Año 2000. Desaparecieron varios fusiles Fal del Batallón Montúfar (Esmeraldas). El juicio está en el Juzgado Militar Segundo de Guayaquil.
21 de agosto de 2003. En San Lorenzo (Esmeraldas) fueron detenidos Darío Zúñiga y Fermín Ortiz, que transportaban 2 000 municiones calibre 7,62 mm utilizadas en los fusiles Fal. Fue involucrado el sargento de Marina, Charlie Acosta.
Ellos esperaban obtener al menos $1 500 por la venta de los proyectiles, pero un operativo montado por la Marina desbarató el negocio, cuando Zuñiga y Ortiz iban a venderlos en la estación del ferrocarril de esa localidad. (PACH)
Armamento sale del país sin problemas
Los pagos no solo se harían en efectivo sino con drogas
Informes de Inteligencia Militar señalan que los centros de provisión ecuatorianos están localizados en Lago Agrio, Santo Domingo de los Colorados y Guayaquil.
Desde ahí las armas son transportadas a Quito y luego se las distribuye a los puntos de frontera de donde salen del país por Esmeraldas (vía marítima).
La entrega se efectúa en Tumaco (Esmeraldas); en Carchi, por el puente Rumichaca hasta Ipiales o por pasos alternos como Tufiño; y en Sucumbíos, por General Farfán o Puerto el Carmen.
El jueves pasado, en el programa 30 Minutos de Teleamazonas, el coronel (r) Jorge Brito, quien participó en el golpe del 21 de enero de 2000, no descartó que parte del armamento hallado al sur de Quito, pudiera ser de FFAA y otra parte que habría ingresado por los puertos ecuatorianos.
También reveló que las operaciones de tráfico de armas empiezan con algunos miembros del personal militar, que se encargan de obtener o robar el armamento dentro de las instalaciones de las FFAA.
Una vez que estas salen de los cuarteles serían entregadas a intermediarios civiles, quienes toman contacto con los compradores y las transportan hasta el lugar acordado para la entrega.
Según Brito existe un doble negocio porque muchas veces los pagos no se hacen solo en dinero en efectivo sino con drogas. (MAR)
"La prensa sobredimensiona los hechos"
Ex jefes de las FFAA dicen que no hay tráfico de material bélico
El ex comandante del Ejército, René Vargas, se muestra preocupado por el escándalo surgido en torno al robo de ametralladoras de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25.
Cree que este tipo de hechos "y la sobredimensión que se hace de ellos", como las declaraciones del periodista Gonzalo Guillén del Diario estadounidense el Nuevo Herald, en el sentido de que la explosión de la Brigada Galápagos (20 de noviembre de 2002) fue provocada para ocultar un gran faltante de armas, podrían servir para que Colombia y EEUU justifiquen la tesis de que nuestro país debe involucrarse en el combate a la guerrilla.
Vargas afirma que "antes de pensar ciegamente en que esas ametralladoras eran para las FARC, debemos esperar que concluyan las investigaciones, porque ese material bien podría estar destinado a grupos delincuenciales de Colombia.
Asimismo, el ex ministro de Defensa, José Gallardo, no cree que exista una red de tráfico de armas al interior de las FFAA, aunque considera que dadas las condiciones del conflicto colombiano es indispensable que se corrijan las fallas que facilitan el robo de armamento militar.
Asegura que la substracción de armas de las FFAA "no es un hecho que se repita a diario ni a gran escala" pero reconoce que durante su carrera en la institución armada (más de 30 años) conoció de varios casos. (PACH)
Juicios se mueven con "pies de plomo"
Lenta investigación del estallido en la Base Naval Sur
Un proceso Civil que se tramita en la Corte Superior de Guayaquil y uno penal en los Juzgados Navales continúan sin resolverse, en el marco de las investigaciones por la explosión en la bodega de armamento menor de la Base Naval Sur de Guayaquil, ocurrida el pasado 23 de marzo.
Una persona falleció, 23 resultaron heridas y decenas de viviendas civiles y militares fueron semidestruidas.
Aún no concluyen las diligencias a cargo de la jueza de instrucción de la Zona Naval, Elizabeth Zea, quien tramita la denuncia por homicidio contra autores, cómplices y encubridores, presentada por Manuel Peñafiel.
Asimismo, medio centenar de perjudiciados tramita un caso en el juzgado 28º de lo Civil, cuyo titular, Jorge Luzarraga, debe pedir a la Marina que certifique si posee o no una póliza de seguro para terceros. (SCQ)
Un robo que se descubre por casualidad
El acusado del hurto en el batallón Montúfar fue hallado muerto
El 9 julio de 2000 se produjo un robo de 48 fusiles AUG de 5,56 mm, 68 alimentadoras y explosivos, en el batallón Montúfar de Esmeraldas.
La operación fue descubierta por casualidad. Se cree que los fusiles iban destinados a las FARC, puesto que tiempo después militares colombianos hallaron en poder de rebeldes nueve fusiles y dos ametralladoras marcadas con las insignias del Ejército ecuatoriano.
Pese a que el jefe del batallón, Luis Espín, se negó a informar, miembros de esa Unidad y de la Policía revelaron el atraco. El sargento Jorge Lemos fue acusado de comandar el robo. El fue detenido, luego fugó y fue encontrado muerto en Guayaquil.
Entre tanto, el 21 de agosto de este año, Charlie Acosta fue detenido en San Lorenzo, portando un saco de yute con 2 000 municiones calibre 7,62 para fusiles Fal. (AM)
La prensa colombiana coincide en que la noticia de que armamento ecuatoriano va a parar a manos de la guerrilla de ese país no es nueva.
En un informe del año pasado, el Departamento de Estado de EEUU criticó a Ecuador por tener fronteras porosas, por su reputación de ser un corredor estratégico para armas, municiones y explosivos destinados a los grupos terroristas", y por convertirse en este tema en una especie de "vecino alcahuete" de Colombia.
En 2003, una organización que monitorea conflictos, el International Crisis Group (ICG), insistió en el tema: la Policía y el Ejército ecuatorianos han establecido un peligroso modus vivendi tanto con la guerrilla como con los paramilitares (...) no los confrontan cuando se quedan en Ecuador durante períodos breves para descansar y recuperarse o cuando están huyendo de las Fuerzas Armadas colombianas.
Klaus Nyholm, jefe de la Oficina de Crimen y Drogas de la ONU para los dos países, dijo, en marzo de este año, que el 50% de las armas y explosivos que utilizan los grupos ilegales colombianos ingresan desde Ecuador.
El viernes, la ministra colombiana de Defensa, Marta Lucía Ramírez, propuso a su homólogo Nelson Herrera, la colaboración de oficiales de Inteligencia de sus respectivos países en la lucha contra el tráfico de armas y drogas.
En una carta enviada a Herrera, ella dijo que es importante trabajar en equipo para lograr mayor eficacia en el combate a los delitos que se cometen en la frontera común.
Sin embargo, según el diario bogotano El Tiempo, en las fuerzas colombianas hay desconfianza en compartir información, por los escándalos en los que se han visto envueltos algunos militares ecuatorianos por presunto tráfico de armas para la guerrilla. (PBM)
Sistemas vulnerables de seguridad
El robo de seis ametralladoras MAG de 7,26 mm de las bodegas de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25 del Ejército (Quito), evidencia cierta vulnerabilidad en los sistemas de custodia, control y manejo de armas militares.
La versión de la cúpula de las FFAA es que solo esas armas pertecían al Ejército, aunque formaban parte del arsenal de 4 000 tacos del explosivo pentolita, rollos de cordón detonante, ocho ametralladoras, pistolas Pietro Beretta, granadas de 40 mm, alimentadoras, decenas de cajas de municiones de 7,62 mm y decenas de iniciadores de explosivos, hallados por la Policía, el pasado lunes, en una vivienda del barrio Gatazo, al sur de Quito.
Aunque la desaparición de ese tipo de material en las unidades castrenses no es una constante, en los últimos años se han registrado algunos casos en los que personal militar se ha visto involucrado en esta clase de delitos.
El ex ministro de Defensa, José Gallardo, y el ex comandante del Ejército, René Vargas, dicen que deben cambiarse los sistemas de control de los rastrillos y bodegas, sobre todo, si se toma en cuenta la conflictividad que se vive en la frontera norte por la incidencia del problema colombiano. (PACH)
Una larga lista de "pérdidas" en los cuarteles
Septiembre de 2002. Se sustraen de la BAL No. 25, al Sur de Quito, 10 proyectiles M-60 para mortero, dos cargamentos de granadas tipo piña, 300 metros de cordón detonante y 50 libras de pentolita. Fueron detenidos Carlos Seas (suboficial de Ejército) Julio Briones (sargento), Jorge Patiño (sargento retirado), y los civiles Luis Yandún, Clara Yandún y Víctor Vega. El caso se ventila en el Juzgado Quinto de lo Penal de Pichincha.
1999. Brigada de Artillería Bolívar (El Oro), 40 mil municiones. El proceso se ventila en el Juzgado Militar Tercero, en Cuenca.
Año 2000. Desaparecieron varios fusiles Fal del Batallón Montúfar (Esmeraldas). El juicio está en el Juzgado Militar Segundo de Guayaquil.
21 de agosto de 2003. En San Lorenzo (Esmeraldas) fueron detenidos Darío Zúñiga y Fermín Ortiz, que transportaban 2 000 municiones calibre 7,62 mm utilizadas en los fusiles Fal. Fue involucrado el sargento de Marina, Charlie Acosta.
Ellos esperaban obtener al menos $1 500 por la venta de los proyectiles, pero un operativo montado por la Marina desbarató el negocio, cuando Zuñiga y Ortiz iban a venderlos en la estación del ferrocarril de esa localidad. (PACH)
Armamento sale del país sin problemas
Los pagos no solo se harían en efectivo sino con drogas
Informes de Inteligencia Militar señalan que los centros de provisión ecuatorianos están localizados en Lago Agrio, Santo Domingo de los Colorados y Guayaquil.
Desde ahí las armas son transportadas a Quito y luego se las distribuye a los puntos de frontera de donde salen del país por Esmeraldas (vía marítima).
La entrega se efectúa en Tumaco (Esmeraldas); en Carchi, por el puente Rumichaca hasta Ipiales o por pasos alternos como Tufiño; y en Sucumbíos, por General Farfán o Puerto el Carmen.
El jueves pasado, en el programa 30 Minutos de Teleamazonas, el coronel (r) Jorge Brito, quien participó en el golpe del 21 de enero de 2000, no descartó que parte del armamento hallado al sur de Quito, pudiera ser de FFAA y otra parte que habría ingresado por los puertos ecuatorianos.
También reveló que las operaciones de tráfico de armas empiezan con algunos miembros del personal militar, que se encargan de obtener o robar el armamento dentro de las instalaciones de las FFAA.
Una vez que estas salen de los cuarteles serían entregadas a intermediarios civiles, quienes toman contacto con los compradores y las transportan hasta el lugar acordado para la entrega.
Según Brito existe un doble negocio porque muchas veces los pagos no se hacen solo en dinero en efectivo sino con drogas. (MAR)
"La prensa sobredimensiona los hechos"
Ex jefes de las FFAA dicen que no hay tráfico de material bélico
El ex comandante del Ejército, René Vargas, se muestra preocupado por el escándalo surgido en torno al robo de ametralladoras de la Brigada de Apoyo Logístico No. 25.
Cree que este tipo de hechos "y la sobredimensión que se hace de ellos", como las declaraciones del periodista Gonzalo Guillén del Diario estadounidense el Nuevo Herald, en el sentido de que la explosión de la Brigada Galápagos (20 de noviembre de 2002) fue provocada para ocultar un gran faltante de armas, podrían servir para que Colombia y EEUU justifiquen la tesis de que nuestro país debe involucrarse en el combate a la guerrilla.
Vargas afirma que "antes de pensar ciegamente en que esas ametralladoras eran para las FARC, debemos esperar que concluyan las investigaciones, porque ese material bien podría estar destinado a grupos delincuenciales de Colombia.
Asimismo, el ex ministro de Defensa, José Gallardo, no cree que exista una red de tráfico de armas al interior de las FFAA, aunque considera que dadas las condiciones del conflicto colombiano es indispensable que se corrijan las fallas que facilitan el robo de armamento militar.
Asegura que la substracción de armas de las FFAA "no es un hecho que se repita a diario ni a gran escala" pero reconoce que durante su carrera en la institución armada (más de 30 años) conoció de varios casos. (PACH)
Juicios se mueven con "pies de plomo"
Lenta investigación del estallido en la Base Naval Sur
Un proceso Civil que se tramita en la Corte Superior de Guayaquil y uno penal en los Juzgados Navales continúan sin resolverse, en el marco de las investigaciones por la explosión en la bodega de armamento menor de la Base Naval Sur de Guayaquil, ocurrida el pasado 23 de marzo.
Una persona falleció, 23 resultaron heridas y decenas de viviendas civiles y militares fueron semidestruidas.
Aún no concluyen las diligencias a cargo de la jueza de instrucción de la Zona Naval, Elizabeth Zea, quien tramita la denuncia por homicidio contra autores, cómplices y encubridores, presentada por Manuel Peñafiel.
Asimismo, medio centenar de perjudiciados tramita un caso en el juzgado 28º de lo Civil, cuyo titular, Jorge Luzarraga, debe pedir a la Marina que certifique si posee o no una póliza de seguro para terceros. (SCQ)
Un robo que se descubre por casualidad
El acusado del hurto en el batallón Montúfar fue hallado muerto
El 9 julio de 2000 se produjo un robo de 48 fusiles AUG de 5,56 mm, 68 alimentadoras y explosivos, en el batallón Montúfar de Esmeraldas.
La operación fue descubierta por casualidad. Se cree que los fusiles iban destinados a las FARC, puesto que tiempo después militares colombianos hallaron en poder de rebeldes nueve fusiles y dos ametralladoras marcadas con las insignias del Ejército ecuatoriano.
Pese a que el jefe del batallón, Luis Espín, se negó a informar, miembros de esa Unidad y de la Policía revelaron el atraco. El sargento Jorge Lemos fue acusado de comandar el robo. El fue detenido, luego fugó y fue encontrado muerto en Guayaquil.
Entre tanto, el 21 de agosto de este año, Charlie Acosta fue detenido en San Lorenzo, portando un saco de yute con 2 000 municiones calibre 7,62 para fusiles Fal. (AM)
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