Quito. 3 feb 97. En 1993, tres reclusos de la Penitenciaría del
Litoral (Johnny Game Guerrero, Carlos Suárez Reyes y William
Suárez) murieron a manos de agentes del orden cuando habrían
intentado huir.

Al año siguiente, otros dos reclusos (Luis Vargas Martillo y
Alfredo Medina Balseca) murieron en circunstancias similares.

Las mismas en las que, el pasado 26 de enero, se produjo la
muerte de otros tres delincuentes que intentaban escapar de la
Penitenciaría: Vicente Vargas Jácome, Carlos Alberto Obregón
Estacio y Juan Manuel Jiménez González. Según el Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, solo durante
los últimos cuatro años, diez reclusos de la Penitenciaría del
Litoral han muerto en manos de la Policía Nacional bajo la
modalidad descrita como "ley de fuga".

Según la versión policial de los hechos ocurridos el 26 de enero,
los reclusos no respetaron la orden de alto dada por los guías
penitenciarios mientras intentaban huir aprovechando que era día
de visitas. Pero los ciudadanos pudieron observar en las tomas
captadas por la televisión local, cómo los guardias capturaban
con vida a quienes escapaban e, incluso, cómo llevaban a Vicente
Vargas hacia los matorrales donde poco después se encontró su
cadáver.

El caso de Juan Jiménez fue algo distinto: aunque los informes
oficiales relatan que murió mientras era trasladado a un hospital
después de ser herido en el intento de fuga, las imágenes
muestran cómo fue lanzado al balde de una camioneta blanca, en
cuyo interior fue golpeado con puños y puntapiés. Aunque el
informe médico de la Policía no ha sido dado a conocer, se supo
que la causa de la muerte fue un edema pleural. Lo extraño es que
no se conocía que el reo sufriera problemas pulmonares.

Se impone al pena de muerte

"Lo que conozco es que los reos intentaron escapar y fueron
impedidos por la Policía", dice la Juez Novena de lo Penal, Luz
Pico Díaz, quien se encontraba de turno. "Pero se debe partir de
que creemos en la Policía, por lo que la institución significa",
agregó ella.

"En la práctica, lo que se está imponiendo es la pena de muerte",
analiza Billy Navarrete, coordinador del Comité de los Derechos
Humanos.

Según Navarrete, solo en Guayaquil el ambiente de marcada
inseguridad ciudadana ha provocado una respuesta violenta, que
se refleja en más de 20 casos de linchamiento y de asesinatos de
presuntos delincuentes, cuyas muertes han quedado en la
impunidad. "Hemos conocido varios casos a través de nuestras
investigaciones, hemos acudido a los jueces, al mismo Gobierno,
sin obtener nunca una sentencia justa", enfatizó.

Mientras tanto, la jueza Pico ha iniciado una investigación.

Por lo pronto, ha designado dos peritos para realizar un
reconocimiento del video exhibido por Telesistema. Luego se
espera el informe policial. "En este país no existe ninguna ley
de fuga", djo tajante.

No hubo castigo para los asesinos

Para el encargado de la Dirección Nacional de la Rehabilitación
Social, Iván del Pozo, el asesinato de los tres internos
mostrados por el noticiero no solo es algo insólito sino atroz;
algo que violenta la dignidad humana y el más elemental de los
derechos: el derecho a la vida.

El director ordenó una investigación exhaustiva en lo que le
corresponde al personal administrativo y de guías penitenciarios,
porque el perímetro en el que aparentemente ocurren los
asesinatos es de exclusiva responsabilidad de la Policía.

De llegarse a probar la veracidad de las imágenes, dijo que darán
toda la colaboración a los jueces para que castiguen a los
responsables con todo el rigor de la ley.

Aclaró que en la investigación también se esclarecerán posibles
complicidades de los guías penitenciarios.

Para la autoridad de la rehabilitación, los hechos ocurridos en
la Penitenciaría del Litoral rebasan la jurisdicción de la
Dirección de Rehabilitación porque ocurrieron fuera de los muros
de la penitenciaría.

No existen casos comprobados de la aplicación de la "ley de
fuga", pero que siempre se quieren ocultar algunas cosas con el
asesinato de los internos. Por lo que no existe un solo
sentenciado por matar presos.

En Quito también se habrían recibido denuncias de la aplicación
de la "ley de fuga", pero nunca se llegaron a comprobar.

Las denuncias existen, sobre todo en los organismos de derechos
humanos, pero, en opinión de Iván del Pozo, éstos deberían
preocuparse por estar atrás hasta crear un precedente con el
juzgamiento de algún caso.

CEDHU condena ejecuciones

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos reclama el respeto a
la dignidad de los internos de las cárceles del país y límites
al ejercicio del poder con respecto de las personas detenidas.
Hace un apremiante llamado al Gobierno para que al interior del
sistema penitenciario no se consienta la aplicación de la
llamada "ley de fuga", que es la aplicación de facto de la pena
de muerte. Lamenta que funcionarios carcelarios utilicen las
ejecuciones de reclusos como una "advertencia" intimidatoria
contra los demás internos.

La Policía de Ecuador y los funcionarios penitenciarios deberán
responder por la ejecución de Carlos Obregón, Vicente Vargas y
Juan Jiménez, quienes el domingo pasado fueron victimados por los
efectivos de la guardia policial del Centro de Rehabilitación
social de Guayaquil (Penitenciaría del Litoral) al momento en que
los detenidos intentaron fugar de ese centro penitenciario. Las
imágenes que difundió Telesistema sobre las incidencias del hecho
evidencian la preocupante tendencia a la eliminación física de
personas con antecedentes delincuenciales y la impunidad que
protege a esta ejecuciones. (DIARIO HOY) (P. 2-A)
EXPLORED
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