Expertos constitucionalistas opinan que estos "escándalos" están configurados en un escenario eminentemente jurídico, político y moral. El último caso no se enmarca en el ámbito de la prohibición
El caso de los videos grabados clandestinamente y sin autorización de los involucrados no es nuevo en el país.
Estos hechos comenzaron en el año 2006 con el aparecimiento de los denominados "borbuvideos" presuntamente grabados por el ex diputado del PSP, Renán Borbúa. En el video se veía al magistrado de la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alfonso Zambrano Pasquel, y a los jueces de la Tercera Sala de lo Penal, José Robayo y Eduardo Franco, quienes supuestamente chantajearon a Borbúa por $500 mil a cambio de una sentencia a su favor en el juicio que le entablaron Xavier Neira y Miguel Orellana, por injurias.
El caso tocó fondo cuando el 20 septiembre de 2006, la ex CSJ, con el voto unánime de 28 magistrados destituyó a Zambrano Pasquel por haber protagonizado el escándalo. Robayo y Franco también fueron removidos.
Un año después, en un video entregado a Teleamazonas por el ex asesor del Ministerio de Economía Quinto Pazmiño se vio al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, a su ex asesor Hugo Egüez y al ex ministro de Economía Armando Rodas (del Gobierno de Alfredo Palacio), hablando sobre un presunto acuerdo para que reaseguradores obtuvieran beneficios de la deuda ecuatoriana.
En esa ocasión, el ex ministro Patiño reconoció haber sido quien dispuso grabar los videos. Pese al pedido de sus opositores para que Patiño sea retirado del Gobierno por presuntamente haber especulado con el mercado de bonos, el 2 de junio de 2007, el presidente Rafael Correa lo ratificó en el cargo. Incluso defendió la actuación del funcionario y enfatizó que "siempre supo" que filmó la conversación en la que agentes financieros le plantearon "asustar al mercado" para favorecer la venta de seguros para los Bonos Global. El 18 de julio de 2007, Correa firma un Decreto para impedir la reproducción de videos o grabaciones clandestinas no autorizadas a grabar por parte del involucrado.
El tercer caso de videos grabados sin autorización se produce el 25 de agosto de este año. Teleamazonas difunde un audio entregado por Fernando Balda de un diálogo entre Patiño y varios delegados del Partido Socialista donde presuntamente discuten sobre cambios en el texto constitucional. El gobierno, amparado en el Decreto, inició en contra de Balda una acción penal que se tramita en la Fiscalía. Al mismo tiempo, el 29 de agosto Correa pidió que Teleamazonas sea clausurado.
Dos constitucionalistas opinan que estos hechos se configuran en tres escenarios. A criterio de Gustavo Medina, uno de ellos tiene que ver con un aspecto eminentemente jurídico en el que luego de los llamados "pativideos" se produjo un decreto prohibiendo la publicación de estas grabaciones con el argumento que afectaría la privacidad. Un segundo escenario es el político donde "obviamente confluyen posiciones e intereses distintos".
Para el jurista Rafael Oyarte, un tercer eje, y el más delicado, se inscribe en el tema ético y moral. Explica que si bien es cierto estos videos fueron grabados sin autorización de los involucrados, estos no afectaron la intimidad de las personas como fue mencionado por el Presidente Correa. Dice que, por ejemplo, la privacidad implica dificultades o conflictos familiares. Sin embargo, este experto resalta que en la conversación de los "baldavideos", supuestamente no autorizados, no se hacía referencia a ningún tema intimo o asunto personal del jefe de Estado.
Es decir, durante la conversación no se difama a nadie, y por lo tanto, no entraría en el ámbito de la prohibición. (SC)
Videos Chevron
Los videos de la denuncia de la petrolera "Chevron" sobre un "complot de sobornos" que empaña el juicio en su contra en Ecuador, no fueron difundidos por los medios ecuatorianos, pero sí se los pudo ver por canales del extranjero como la CNN, canales de Colombia y por la Internet en YouTube.com
Video:
Chevron denuncia soborno
Audio:
Fernando Balda habla sobre una nueva denuncia contra Rafael Correa y Ricardo Patiño
El caso de los videos grabados clandestinamente y sin autorización de los involucrados no es nuevo en el país.
Estos hechos comenzaron en el año 2006 con el aparecimiento de los denominados "borbuvideos" presuntamente grabados por el ex diputado del PSP, Renán Borbúa. En el video se veía al magistrado de la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alfonso Zambrano Pasquel, y a los jueces de la Tercera Sala de lo Penal, José Robayo y Eduardo Franco, quienes supuestamente chantajearon a Borbúa por $500 mil a cambio de una sentencia a su favor en el juicio que le entablaron Xavier Neira y Miguel Orellana, por injurias.
El caso tocó fondo cuando el 20 septiembre de 2006, la ex CSJ, con el voto unánime de 28 magistrados destituyó a Zambrano Pasquel por haber protagonizado el escándalo. Robayo y Franco también fueron removidos.
Un año después, en un video entregado a Teleamazonas por el ex asesor del Ministerio de Economía Quinto Pazmiño se vio al entonces ministro de Economía, Ricardo Patiño, a su ex asesor Hugo Egüez y al ex ministro de Economía Armando Rodas (del Gobierno de Alfredo Palacio), hablando sobre un presunto acuerdo para que reaseguradores obtuvieran beneficios de la deuda ecuatoriana.
En esa ocasión, el ex ministro Patiño reconoció haber sido quien dispuso grabar los videos. Pese al pedido de sus opositores para que Patiño sea retirado del Gobierno por presuntamente haber especulado con el mercado de bonos, el 2 de junio de 2007, el presidente Rafael Correa lo ratificó en el cargo. Incluso defendió la actuación del funcionario y enfatizó que "siempre supo" que filmó la conversación en la que agentes financieros le plantearon "asustar al mercado" para favorecer la venta de seguros para los Bonos Global. El 18 de julio de 2007, Correa firma un Decreto para impedir la reproducción de videos o grabaciones clandestinas no autorizadas a grabar por parte del involucrado.
El tercer caso de videos grabados sin autorización se produce el 25 de agosto de este año. Teleamazonas difunde un audio entregado por Fernando Balda de un diálogo entre Patiño y varios delegados del Partido Socialista donde presuntamente discuten sobre cambios en el texto constitucional. El gobierno, amparado en el Decreto, inició en contra de Balda una acción penal que se tramita en la Fiscalía. Al mismo tiempo, el 29 de agosto Correa pidió que Teleamazonas sea clausurado.
Dos constitucionalistas opinan que estos hechos se configuran en tres escenarios. A criterio de Gustavo Medina, uno de ellos tiene que ver con un aspecto eminentemente jurídico en el que luego de los llamados "pativideos" se produjo un decreto prohibiendo la publicación de estas grabaciones con el argumento que afectaría la privacidad. Un segundo escenario es el político donde "obviamente confluyen posiciones e intereses distintos".
Para el jurista Rafael Oyarte, un tercer eje, y el más delicado, se inscribe en el tema ético y moral. Explica que si bien es cierto estos videos fueron grabados sin autorización de los involucrados, estos no afectaron la intimidad de las personas como fue mencionado por el Presidente Correa. Dice que, por ejemplo, la privacidad implica dificultades o conflictos familiares. Sin embargo, este experto resalta que en la conversación de los "baldavideos", supuestamente no autorizados, no se hacía referencia a ningún tema intimo o asunto personal del jefe de Estado.
Es decir, durante la conversación no se difama a nadie, y por lo tanto, no entraría en el ámbito de la prohibición. (SC)
Videos Chevron
Los videos de la denuncia de la petrolera "Chevron" sobre un "complot de sobornos" que empaña el juicio en su contra en Ecuador, no fueron difundidos por los medios ecuatorianos, pero sí se los pudo ver por canales del extranjero como la CNN, canales de Colombia y por la Internet en YouTube.com
Video:
Chevron denuncia soborno
Audio:
Fernando Balda habla sobre una nueva denuncia contra Rafael Correa y Ricardo Patiño
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