Quito, mayo de 1997.- La justicia ecuatoriana abre el cofre de
inmoralidades que la ha colocado entre las instituciones de menor
credibilidad del país y los magistrados empiezan a caer. Coadyuva
en esta labor Estados Unidos que por primera vez en el país
resolvió cancelar la visa a los jueces que habrían favorecido a
los narcotraficantes.
El proceso viene dándose desde el año pasado. Las cortes del país
tienen 200 magistrados y 600 jueces. Los actuales fueron elegidos
en abril de 1993, para un período de cuatro años. Como la
justicia se ha movido al vaivén de la política, el gobierno del
PRE intentó adelantar la renovación para enero pasado pero por
los hechos que son de conocimiento público, se postergó.
Por ley, esta renovación debe realizarse en este mes. Sin
embargo, anticipadamente se ha dado una barrida de jueces que
coincide con dos hechos.
La embajada de Estados Unidos le envió por septiembre al
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, una carta en
la que le dijo que en los casos de narcotráfico y delitos afines,
en los últimos tiempos ha habido "procedimiento o resoluciones
aisladas de ciertos jueces, que con sus pronunciamientos desdicen
la majestad de la justicia e ilegalmente encubren a quienes,
luego de la pertinente investigación preprocesal, son
descubiertos en el cometimiento de esta clase de delitos".
La reiteración de estas actuaciones se nota en el juzgado sexto
de lo Penal del Guayas, presidido por Heytel Moreno Quezada que
"patrocina con fervor y revoca de manera reiterativa la detención
de quienes por haber sido descubiertos por la Policía Nacional
como autores, cómplices o encubridores, son puestos a órdenes de
tal judicatura" que coincidentemente recibe por sorteo o
recusación la mayoría de casos de narcotráfico.
Con la queja, la embajada advirtió que su gobierno "en pleno uso
de su atributo, negará visado para el ingreso a nuestro país a
toda persona que directa o indirectamente se encuentre
relacionada con actividades de narcotráfico y delitos afines; y
así también y especialmente, a aquellos que, como el caso que nos
ocupa, con su procedimiento e inconducta prestan contingente para
desnaturalizar la verdadera labor y razón de ser de la justicia".
Este malestar de Estados Unidos habría tenido una irradiación
hacia organismos importantes, como el Banco Mundial. Casi por la
misma fecha de esta carta, el presidente de la Corte Suprema,
Carlos Solórzano, viajó a Washington para solicitarle al Banco
Mundial un préstamo para modernizar la función jurisdiccional.
Bajo el concepto de que "el desarrollo de la justicia es
necesario para el desarrollo económico", el banco habría hecho
"sugerencias" que en el medio económico se interpretan como
condicionamientos. Las sugerencias incluirían, aunque no por
escrito, limpiar las inmoralidades de las cortes.
El doctor Solórzano no acepta la palabra condicionamiento. "La
soberanía nacional no permitiría que nosotros aceptáramos
condiciones de esta naturaleza. Además, el Banco Mundial no es
un organismo de Estados Unidos".
Sin embargo el proceso de limpieza de las cortes coincide con la
aprobación del crédito del Banco Mundial. Entonces, comienzan a
evacuarse quejas mayores y menores que por largo tiempo
permanecieron arrumadas y empolvadas en las comisiones de quejas.
"Este es un proceso que se lo ha hecho desde siempre", dice el
presidente de la Corte.
NIEGAN VISAS
Esta limpieza interna es apoyada por la decisión del gobierno
norteamericano de cancelar las visas a los jueces que considera
protectores de los narcotraficantes. A tres de ellos, incluso,
el Departamento de Estado habría pedido que se les niegue la visa
de por vida. Entre ellos estaría el ex juez Heytel Moreno.
Esta decisión norteamericana constituye al momento un estigma
observado por todo el mundo y sería una advertencia a otros
sectores de la sociedad ecuatoriana que protegieren a
narcotraficantes. Algo similar sucedió en Colombia donde hasta
el presidente Ernesto Samper perdió su visa.
La reacción norteamericana habría sido básicamente por tres
casos: uno en Guayaquil y dos en Quito, que muestran trámites
irregulares y sentencias raras.
Solórzano recibió la carta y ordenó investigar al juez Heytel
Moreno que hasta septiembre de 1996 había acumulado 14 quejas.
Fue destituido en marzo de 1997. Vistazo comprobó que por obra
y gracia del sorteo o de la recusación, en su despacho cayeron
casos importantes: Banco Continental, Jaime Toral, contagio de
sida en Guayaquil. Los sindicados fueron liberados. También tuvo
casos importantes de narcotráfico como Brujo coca, cerámica coca,
operativo Valdivia. La mayoría de los implicados salió libre.
Su historial es negro desde cuando se desempeñaba como secretario
de juzgados. Por 1983 le pidieron la renuncia, sin embargo, luego
le nombraron juez undécimo de lo Civil. Se dice que fue por
nfluencias de su hermano Franklin Moreno Quezada, afiliado al
Partido Social Cristiano. Por 1985 el abogado Santiago Bucaram
Ortiz presentó una queja en su contra pero en 1993 los Bucaram
le apoyaron para que fuera nombrado juez sexto de lo Penal.
Los otros casos protagonizó la tercera sala de la Corte Superior
de Quito, integrada por Janeth Calderón Franco, Marcelo Ortiz
Villacís y Ramiro Aguilar Hinojosa.
En 1994 tramitaron el caso Banco Rumiñahui. Pese a la cantidad
de pruebas, Janeth Calderón consideró que no existía lavado de
dinero del narcotráfico. Lo contrario pensaron Ortiz y Aguilar
pero demoraron en la entrega del informe y terminaron recusados.
Los jueces entrevistados por Vistazo admiten haber dejado vencer
el plazo. El proceso pasó al tribunal primero de lo Penal donde
los jueces Gilberto Moscoso Dávila, Alfonso Cordero y Fausto
Terán, absolvieron a todos los sindicados. Esta primera sentencia
dictada en octubre de 1994 fue el primer mal paso del "Ciclón",
considerado el caso más importante de narcotráfico que se juzga
al momento.
El otro caso se refiere a Michael Haboud. Por testimonio de un
agente infiltrado de la DEA, Pedro Janer, se le sindicó como un
gran narcotraficante. Este agente vino a Quito y en medio de
grandes medidas de seguridad se presentó ante el juez a narrar
sus descubrimientos, entregar fotos, grabaciones y documentos.
Por eso, el juez de primera instancia le sentenció a Haboud a 16
años de prisión. Pero el caso pasó a consulta a la tercera sala
que el 17 de junio de 1996 lo absolvió por unanimidad pero la
sentencia recién fue notificada el tres de diciembre de 1996, en
plenas fiestas de Quito.
"Yo estudié bien ese caso, él es inocente. No le llegaron a
probar nada", dice el ex magistrado Ortiz. El testimonio del
agente no sirvió "porque el agente no existe, no fue agente de
la DEA". ¿Y los certificados? "No hay en el proceso ningún
certificado". Vistazo los tiene, del agregado de la DEA en
Ecuador, Federico Villarreal y el vicecónsul de los Estados
Unidos, James P. Merz. "El único certificado válido es el de la
DEA de Washington o de Miami, y ese no hay. Consideraron que aquí
la justicia podía estar utilizada y encontraron ahí a Marcelo
Ortiz y no pudieron pasar".
Fue un duro golpe para los norteamericanos que utilizan mucho
este sistema de infiltración para conseguir pruebas directas de
narcotráfico. Por eso la reacción de cancelar las visas.
"Imposible que me cancelen la visa. La embajada de Estados Unidos
ha estado muy feliz de mi actuación. Yo me voy allá todos los
años a chequear mi columna", dice incrédula, Calderón.
De otros jueces, el principal motivo para su cancelación aparece
-hasta ahora- la demora en los trámites. "¿Por qué se guardan a
veces (los juicios)? Porque dicen que quieren cobrar" dice el
doctor Marcelo Ortiz.
Por la causa que fuere, hasta el momento han sido destituidos,
además de los antes mencionados, César Lasso, cuarta sala de la
Corte Superior de Quito; Petronio Ruales Rodríguez, juez primero
de lo Civil de Pichincha; Alejandro Guerra, juez décimo de lo
Penal de Pichincha; Luz María Pico, juez noveno de lo penal del
Guayas. Francisco Landuchi Correa, cuarta sala Corte Superior de
Guayaquil; Gustavo Barrera, corte superior de Portoviejo. En el
caso de Luz María Pico parece que la causa es irrespeto a un
superior.
Éste es el comienzo del fin porque al momento estarían
analizándose 104 denuncias que hacen prever la salida de muchos
más.
Molinos de viento
Por Juan Carlos Calderón V.
A principios de abril, los funcionarios judiciales de cuatro
provincias del Austro escucharon con atención las palabras de
Iñigo Salvador, director de la unidad coordinadora del programa
de modernización de la justicia, Projusticia, adscrita a la Corte
Suprema. Fueron convocados para recibir los resultados del primer
estudio de opinión sobre lo que piensa la ciudadanía de la
administración de justicia.
Los resultados no son alentadores para la imagen de la justicia
ecuatoriana: la ciudadanía la percibe como poco representativa,
poco confiable, que no protege los intereses de los ciudadanos
y con un desempeño negativo. A pesar de ello, los ciudadanos
consideran a los jueces como más confiables frente a los
funcionarios gubernamentales y a los diputados.
Nueve de cada 10 entrevistados cree que "la justicia en el
Ecuador no salvaguarda los intereses del ciudadano común".
Los problemas que los encuestados identificaron en el servicio
al público en los juzgados fueron: corrupción, mala organización
y baja calidad del personal.
Esta encuesta nacional fue contratada por la Corte Suprema a la
empresa Market. Se entrevistaron a ciudadanos comunes, a usuarios
del sistema judicial, a abogados, jueces y funcionarios
judiciales.
Carlos Solórzano no desestima esos datos, aunque aclara que
cualquier encuesta que se haga sobre el sistema judicial parte
ya con un 50 por ciento de negatividad, porque quienes han
perdido las causas "creen que los jueces se vendieron al otro
lado, y eso no es cierto".
La encuesta mencionada, sin embargo, ha servido como base para
que el proceso de reforma judicial, que, al parecer, avanza a
paso rápido: se ha contratado ya el préstamo de 10,7 millones de
dólares con el Banco Mundial, con 3,6 millones de contraparte.
El proyecto piloto inició en 1995 y durará hasta el año 2.000.
Se lo quiere aplicar en cuatro aspectos: modernizar, agilitar y
volver transparente la gestión en los juzgados, donde se juega
en gran parte la imagen del público; mejorar una parte de la
infraestructura judicial, con juzgados físicamente decentes y
computarizados; desarrollar los medios alternativos de resolución
de conflictos, como el juicio oral, y la mediación, conciliación
y arbitraje, para que la gente resuelva sus conflictos antes de
ir a los juzgados, y, lo que el director de Projusticia cree como
fundamental, la creación de un fondo económico de apoyo a las
iniciativas de la sociedad civil para fortalecer la justicia.
Diversos principios apoyan la reforma judicial: los organismos
internacionales consideran que una administración de justicia
lenta y corrupta provoca estancamiento económico : 70 por ciento
de los 3.000 juicios represados actualmente son por conflictos
que atañen al dinero. Otras voces, como las del magistrado
Alberto Wray o el propio Carlos Solórzano, creen que la reforma
de la justicia es la fundamental para el progreso del Ecuador y
la consolidación democrática: cuando hay justicia hay garantía
de paz social.
Iñigo Salvador es "realista". Cree que es un proceso largo , y
del éxito del proyecto piloto depende el apoyo de otros
organismos como el BID, que ha prometido una donación de cuatro
millones de dólares, y de la Comunidad Europea.
Solórzano, quien lidera el proceso con mano de hierro, desestima
que la actual barrida de jueces y magistrados responda a hechos
coyunturales. Va más allá. Ahora se busca llenar 50 judicaturas
vacantes con ascensos de secretarios y jueces "que verdaderamente
se lo merezcan", y luego se hará un examen en todas las
judicaturas para definir "quién se queda y quién se va".
La Función Judicial, por boca de su titular defenderá "a
rajatabla" su independencia de las otras funciones del Estado.
"No queremos que nadie meta la mano, y si tengo que irme por eso,
me voy este momento", dice Solórzano con su típica reciedumbre.
Desde la esquina izquierda de su escritorio, un Quijote de madera
lo mira impertérrito.
Por lo pronto, la profesionalización de los jueces y
tecnificación de los procesos judiciales es la mira de las
autoridades de la Corte Suprema. La computarización, por ejemplo,
evitaría las trampas en los sorteos de los juicios: los delegados
de Guayaquil, en los talleres de la Conferencia Nacional de
Jueces y Servidores Judiciales, denunció que hay abogados que
introducen 20 demandas referidas a un mismo asunto para que caiga
en el juez que prefieren.
Solórzano plantea varias reformas que para él permitirían la
continuidad del mejoramiento de la justicia luego de su gestión:
la implantación del juicio oral, cuyo sistema requiere de una
reforma de los procedimientos y los códigos por parte del
Congreso, y la mediación como técnica para evitar los juicios.
Pero no es tan fácil. El magistrado Alberto Wray menciona, aunque
como excepción, la existencia de "redes clientelares" dentro de
la función judicial. Las define como pequeñas lealtades que se
van tejiendo gracias a que un juez posibilita el nombramiento de
un funcionario, este de otro, y así sucesivamente.
El espíritu de los reformistas es que los jueces deberían ser
permanentes y continuamente evaluados en su eficiencia y
honestidad. El renovarlos cada cuatro años hace que los jueces
se vuelvan "dóciles" a los deseos de quienes tienen el poder de
nombrarlos.
Algunos magistrados de la Corte Suprema coinciden en rechazar los
nombramientos de jueces por parte del Congreso, o de la llamada
sociedad civil. ¿Quién nombra a los jueces?, o, mejor dicho,
¿quién garantiza que los jueces nombrados sean lo que la
ciudadanía espera de ellos? La misma función judicial, dicen los
involucrados. Lo hacen con la seguridad de que "ya están
grandecitos" como para permitir que otros organismos decidan por
ellos. En la actualidad, la designación de jueces la hace el
Congreso Nacional, la nominación corresponde a las tres funciones
del Estado, y los requisitos los define la Comisión de Asuntos
Judiciales del Congreso.
Jueces, autoridades, abogados, empleados judiciales inician su
propio remezón, porque, como dice Luis Muñoz, presidente nacional
de los empleados judiciales, "o cambiamos nosotros desde adentro
o nos dan cambiando desde afuera". Don Quijote, que adorna la
entrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿se lanzará contra los
molinos de viento? (Tomado de revista Vistazo)
inmoralidades que la ha colocado entre las instituciones de menor
credibilidad del país y los magistrados empiezan a caer. Coadyuva
en esta labor Estados Unidos que por primera vez en el país
resolvió cancelar la visa a los jueces que habrían favorecido a
los narcotraficantes.
El proceso viene dándose desde el año pasado. Las cortes del país
tienen 200 magistrados y 600 jueces. Los actuales fueron elegidos
en abril de 1993, para un período de cuatro años. Como la
justicia se ha movido al vaivén de la política, el gobierno del
PRE intentó adelantar la renovación para enero pasado pero por
los hechos que son de conocimiento público, se postergó.
Por ley, esta renovación debe realizarse en este mes. Sin
embargo, anticipadamente se ha dado una barrida de jueces que
coincide con dos hechos.
La embajada de Estados Unidos le envió por septiembre al
presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano, una carta en
la que le dijo que en los casos de narcotráfico y delitos afines,
en los últimos tiempos ha habido "procedimiento o resoluciones
aisladas de ciertos jueces, que con sus pronunciamientos desdicen
la majestad de la justicia e ilegalmente encubren a quienes,
luego de la pertinente investigación preprocesal, son
descubiertos en el cometimiento de esta clase de delitos".
La reiteración de estas actuaciones se nota en el juzgado sexto
de lo Penal del Guayas, presidido por Heytel Moreno Quezada que
"patrocina con fervor y revoca de manera reiterativa la detención
de quienes por haber sido descubiertos por la Policía Nacional
como autores, cómplices o encubridores, son puestos a órdenes de
tal judicatura" que coincidentemente recibe por sorteo o
recusación la mayoría de casos de narcotráfico.
Con la queja, la embajada advirtió que su gobierno "en pleno uso
de su atributo, negará visado para el ingreso a nuestro país a
toda persona que directa o indirectamente se encuentre
relacionada con actividades de narcotráfico y delitos afines; y
así también y especialmente, a aquellos que, como el caso que nos
ocupa, con su procedimiento e inconducta prestan contingente para
desnaturalizar la verdadera labor y razón de ser de la justicia".
Este malestar de Estados Unidos habría tenido una irradiación
hacia organismos importantes, como el Banco Mundial. Casi por la
misma fecha de esta carta, el presidente de la Corte Suprema,
Carlos Solórzano, viajó a Washington para solicitarle al Banco
Mundial un préstamo para modernizar la función jurisdiccional.
Bajo el concepto de que "el desarrollo de la justicia es
necesario para el desarrollo económico", el banco habría hecho
"sugerencias" que en el medio económico se interpretan como
condicionamientos. Las sugerencias incluirían, aunque no por
escrito, limpiar las inmoralidades de las cortes.
El doctor Solórzano no acepta la palabra condicionamiento. "La
soberanía nacional no permitiría que nosotros aceptáramos
condiciones de esta naturaleza. Además, el Banco Mundial no es
un organismo de Estados Unidos".
Sin embargo el proceso de limpieza de las cortes coincide con la
aprobación del crédito del Banco Mundial. Entonces, comienzan a
evacuarse quejas mayores y menores que por largo tiempo
permanecieron arrumadas y empolvadas en las comisiones de quejas.
"Este es un proceso que se lo ha hecho desde siempre", dice el
presidente de la Corte.
NIEGAN VISAS
Esta limpieza interna es apoyada por la decisión del gobierno
norteamericano de cancelar las visas a los jueces que considera
protectores de los narcotraficantes. A tres de ellos, incluso,
el Departamento de Estado habría pedido que se les niegue la visa
de por vida. Entre ellos estaría el ex juez Heytel Moreno.
Esta decisión norteamericana constituye al momento un estigma
observado por todo el mundo y sería una advertencia a otros
sectores de la sociedad ecuatoriana que protegieren a
narcotraficantes. Algo similar sucedió en Colombia donde hasta
el presidente Ernesto Samper perdió su visa.
La reacción norteamericana habría sido básicamente por tres
casos: uno en Guayaquil y dos en Quito, que muestran trámites
irregulares y sentencias raras.
Solórzano recibió la carta y ordenó investigar al juez Heytel
Moreno que hasta septiembre de 1996 había acumulado 14 quejas.
Fue destituido en marzo de 1997. Vistazo comprobó que por obra
y gracia del sorteo o de la recusación, en su despacho cayeron
casos importantes: Banco Continental, Jaime Toral, contagio de
sida en Guayaquil. Los sindicados fueron liberados. También tuvo
casos importantes de narcotráfico como Brujo coca, cerámica coca,
operativo Valdivia. La mayoría de los implicados salió libre.
Su historial es negro desde cuando se desempeñaba como secretario
de juzgados. Por 1983 le pidieron la renuncia, sin embargo, luego
le nombraron juez undécimo de lo Civil. Se dice que fue por
nfluencias de su hermano Franklin Moreno Quezada, afiliado al
Partido Social Cristiano. Por 1985 el abogado Santiago Bucaram
Ortiz presentó una queja en su contra pero en 1993 los Bucaram
le apoyaron para que fuera nombrado juez sexto de lo Penal.
Los otros casos protagonizó la tercera sala de la Corte Superior
de Quito, integrada por Janeth Calderón Franco, Marcelo Ortiz
Villacís y Ramiro Aguilar Hinojosa.
En 1994 tramitaron el caso Banco Rumiñahui. Pese a la cantidad
de pruebas, Janeth Calderón consideró que no existía lavado de
dinero del narcotráfico. Lo contrario pensaron Ortiz y Aguilar
pero demoraron en la entrega del informe y terminaron recusados.
Los jueces entrevistados por Vistazo admiten haber dejado vencer
el plazo. El proceso pasó al tribunal primero de lo Penal donde
los jueces Gilberto Moscoso Dávila, Alfonso Cordero y Fausto
Terán, absolvieron a todos los sindicados. Esta primera sentencia
dictada en octubre de 1994 fue el primer mal paso del "Ciclón",
considerado el caso más importante de narcotráfico que se juzga
al momento.
El otro caso se refiere a Michael Haboud. Por testimonio de un
agente infiltrado de la DEA, Pedro Janer, se le sindicó como un
gran narcotraficante. Este agente vino a Quito y en medio de
grandes medidas de seguridad se presentó ante el juez a narrar
sus descubrimientos, entregar fotos, grabaciones y documentos.
Por eso, el juez de primera instancia le sentenció a Haboud a 16
años de prisión. Pero el caso pasó a consulta a la tercera sala
que el 17 de junio de 1996 lo absolvió por unanimidad pero la
sentencia recién fue notificada el tres de diciembre de 1996, en
plenas fiestas de Quito.
"Yo estudié bien ese caso, él es inocente. No le llegaron a
probar nada", dice el ex magistrado Ortiz. El testimonio del
agente no sirvió "porque el agente no existe, no fue agente de
la DEA". ¿Y los certificados? "No hay en el proceso ningún
certificado". Vistazo los tiene, del agregado de la DEA en
Ecuador, Federico Villarreal y el vicecónsul de los Estados
Unidos, James P. Merz. "El único certificado válido es el de la
DEA de Washington o de Miami, y ese no hay. Consideraron que aquí
la justicia podía estar utilizada y encontraron ahí a Marcelo
Ortiz y no pudieron pasar".
Fue un duro golpe para los norteamericanos que utilizan mucho
este sistema de infiltración para conseguir pruebas directas de
narcotráfico. Por eso la reacción de cancelar las visas.
"Imposible que me cancelen la visa. La embajada de Estados Unidos
ha estado muy feliz de mi actuación. Yo me voy allá todos los
años a chequear mi columna", dice incrédula, Calderón.
De otros jueces, el principal motivo para su cancelación aparece
-hasta ahora- la demora en los trámites. "¿Por qué se guardan a
veces (los juicios)? Porque dicen que quieren cobrar" dice el
doctor Marcelo Ortiz.
Por la causa que fuere, hasta el momento han sido destituidos,
además de los antes mencionados, César Lasso, cuarta sala de la
Corte Superior de Quito; Petronio Ruales Rodríguez, juez primero
de lo Civil de Pichincha; Alejandro Guerra, juez décimo de lo
Penal de Pichincha; Luz María Pico, juez noveno de lo penal del
Guayas. Francisco Landuchi Correa, cuarta sala Corte Superior de
Guayaquil; Gustavo Barrera, corte superior de Portoviejo. En el
caso de Luz María Pico parece que la causa es irrespeto a un
superior.
Éste es el comienzo del fin porque al momento estarían
analizándose 104 denuncias que hacen prever la salida de muchos
más.
Molinos de viento
Por Juan Carlos Calderón V.
A principios de abril, los funcionarios judiciales de cuatro
provincias del Austro escucharon con atención las palabras de
Iñigo Salvador, director de la unidad coordinadora del programa
de modernización de la justicia, Projusticia, adscrita a la Corte
Suprema. Fueron convocados para recibir los resultados del primer
estudio de opinión sobre lo que piensa la ciudadanía de la
administración de justicia.
Los resultados no son alentadores para la imagen de la justicia
ecuatoriana: la ciudadanía la percibe como poco representativa,
poco confiable, que no protege los intereses de los ciudadanos
y con un desempeño negativo. A pesar de ello, los ciudadanos
consideran a los jueces como más confiables frente a los
funcionarios gubernamentales y a los diputados.
Nueve de cada 10 entrevistados cree que "la justicia en el
Ecuador no salvaguarda los intereses del ciudadano común".
Los problemas que los encuestados identificaron en el servicio
al público en los juzgados fueron: corrupción, mala organización
y baja calidad del personal.
Esta encuesta nacional fue contratada por la Corte Suprema a la
empresa Market. Se entrevistaron a ciudadanos comunes, a usuarios
del sistema judicial, a abogados, jueces y funcionarios
judiciales.
Carlos Solórzano no desestima esos datos, aunque aclara que
cualquier encuesta que se haga sobre el sistema judicial parte
ya con un 50 por ciento de negatividad, porque quienes han
perdido las causas "creen que los jueces se vendieron al otro
lado, y eso no es cierto".
La encuesta mencionada, sin embargo, ha servido como base para
que el proceso de reforma judicial, que, al parecer, avanza a
paso rápido: se ha contratado ya el préstamo de 10,7 millones de
dólares con el Banco Mundial, con 3,6 millones de contraparte.
El proyecto piloto inició en 1995 y durará hasta el año 2.000.
Se lo quiere aplicar en cuatro aspectos: modernizar, agilitar y
volver transparente la gestión en los juzgados, donde se juega
en gran parte la imagen del público; mejorar una parte de la
infraestructura judicial, con juzgados físicamente decentes y
computarizados; desarrollar los medios alternativos de resolución
de conflictos, como el juicio oral, y la mediación, conciliación
y arbitraje, para que la gente resuelva sus conflictos antes de
ir a los juzgados, y, lo que el director de Projusticia cree como
fundamental, la creación de un fondo económico de apoyo a las
iniciativas de la sociedad civil para fortalecer la justicia.
Diversos principios apoyan la reforma judicial: los organismos
internacionales consideran que una administración de justicia
lenta y corrupta provoca estancamiento económico : 70 por ciento
de los 3.000 juicios represados actualmente son por conflictos
que atañen al dinero. Otras voces, como las del magistrado
Alberto Wray o el propio Carlos Solórzano, creen que la reforma
de la justicia es la fundamental para el progreso del Ecuador y
la consolidación democrática: cuando hay justicia hay garantía
de paz social.
Iñigo Salvador es "realista". Cree que es un proceso largo , y
del éxito del proyecto piloto depende el apoyo de otros
organismos como el BID, que ha prometido una donación de cuatro
millones de dólares, y de la Comunidad Europea.
Solórzano, quien lidera el proceso con mano de hierro, desestima
que la actual barrida de jueces y magistrados responda a hechos
coyunturales. Va más allá. Ahora se busca llenar 50 judicaturas
vacantes con ascensos de secretarios y jueces "que verdaderamente
se lo merezcan", y luego se hará un examen en todas las
judicaturas para definir "quién se queda y quién se va".
La Función Judicial, por boca de su titular defenderá "a
rajatabla" su independencia de las otras funciones del Estado.
"No queremos que nadie meta la mano, y si tengo que irme por eso,
me voy este momento", dice Solórzano con su típica reciedumbre.
Desde la esquina izquierda de su escritorio, un Quijote de madera
lo mira impertérrito.
Por lo pronto, la profesionalización de los jueces y
tecnificación de los procesos judiciales es la mira de las
autoridades de la Corte Suprema. La computarización, por ejemplo,
evitaría las trampas en los sorteos de los juicios: los delegados
de Guayaquil, en los talleres de la Conferencia Nacional de
Jueces y Servidores Judiciales, denunció que hay abogados que
introducen 20 demandas referidas a un mismo asunto para que caiga
en el juez que prefieren.
Solórzano plantea varias reformas que para él permitirían la
continuidad del mejoramiento de la justicia luego de su gestión:
la implantación del juicio oral, cuyo sistema requiere de una
reforma de los procedimientos y los códigos por parte del
Congreso, y la mediación como técnica para evitar los juicios.
Pero no es tan fácil. El magistrado Alberto Wray menciona, aunque
como excepción, la existencia de "redes clientelares" dentro de
la función judicial. Las define como pequeñas lealtades que se
van tejiendo gracias a que un juez posibilita el nombramiento de
un funcionario, este de otro, y así sucesivamente.
El espíritu de los reformistas es que los jueces deberían ser
permanentes y continuamente evaluados en su eficiencia y
honestidad. El renovarlos cada cuatro años hace que los jueces
se vuelvan "dóciles" a los deseos de quienes tienen el poder de
nombrarlos.
Algunos magistrados de la Corte Suprema coinciden en rechazar los
nombramientos de jueces por parte del Congreso, o de la llamada
sociedad civil. ¿Quién nombra a los jueces?, o, mejor dicho,
¿quién garantiza que los jueces nombrados sean lo que la
ciudadanía espera de ellos? La misma función judicial, dicen los
involucrados. Lo hacen con la seguridad de que "ya están
grandecitos" como para permitir que otros organismos decidan por
ellos. En la actualidad, la designación de jueces la hace el
Congreso Nacional, la nominación corresponde a las tres funciones
del Estado, y los requisitos los define la Comisión de Asuntos
Judiciales del Congreso.
Jueces, autoridades, abogados, empleados judiciales inician su
propio remezón, porque, como dice Luis Muñoz, presidente nacional
de los empleados judiciales, "o cambiamos nosotros desde adentro
o nos dan cambiando desde afuera". Don Quijote, que adorna la
entrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿se lanzará contra los
molinos de viento? (Tomado de revista Vistazo)
Más en el