La Fenaje continúa su paralización, pero dialoga con diversos sectores para viabilizar la salida de la actual Corte Suprema de Justicia, mientras en la Asamblea de Quito diputados de varias tendencias se comprometieron a reunirse hoy para llegar a una fórmula que unifique las doce propuestas que existen en el Parlamento para el cambio de la CSJ.
Los servidores judiciales siguen en paro en el país, a excepción de Guayaquil, en demanda de la salida de la CSJ.
Solo cabildeos se dieron ayer en torno al cambio de la Corte Suprema de Justicia que reclaman los servidores judiciales, la oposición y que plantea el Ejecutivo a través de una consulta popular.
En el Parlamento ni siquiera se llegó a cambiar el orden del día para rechazar la terna para la elección del Fiscal General del Estado como se había asegurado el lunes.
El diputado gobiernista Gilmar Gutiérrez explicó a sus compañeros los cambios que el Mandatario propondrá el 21 de marzo en la consulta, adelantando que está dispuesto a cesar la actual CSJ una vez aprobada la consulta por la ciudadanía, pero esto no convenció.
En la tarde la Asamblea de Quito logró que legisladores de diferentes tendencias se comprometan a buscar hoy una fórmula que unifique las doce propuestas que se han presentado en el Congreso para reestructurar la Corte.
Mientras, los servidores judiciales siguen su paro, a excepción de Guayaquil, y resolvieron formar una comisión para junto al Congreso buscar una salida a la crisis.
Mientras los servidores judiciales se abrieron ayer al diálogo con el Congreso y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para lograr la elección de una tercera Corte, el roldosista y presidente del organismo, Guillermo Castro Dáger, evitó pronunciarse sobre la situación de la Función Judicial.
La Federación Nacional de Servidores Judiciales del Ecuador (Fenaje), en su segundo día de paro, se reunió ayer para definir los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la resolución de la asamblea del gremio, que exige la salida de los ministros.
Entre lo que la Fenaje resolvió consta: que una comisión de judiciales de alto nivel visite el Congreso y converse con los diputados sobre las opciones para definir un mecanismo legal consensuado que permita elegir una tercera corte y solucionar los conflictos judiciales.
El segundo punto es abrir un diálogo con los magistrados de carrera de la CSJ, para pedirles que renuncien voluntariamente.
El tercer punto permite que las cortes y juzgados de las provincias de la Costa levanten el paro, en virtud de la vacancia judicial de quince días, que inició ayer, y que finalizará el 31 de marzo, con lo que se busca impedir el caos en la administración de justicia.
La Fenaje también resolvió aceptar el pedido del magistrado José García Falconí y recibirlo para conversar sobre las razones del pedido de renuncia.
Esta reunión estaba prevista para la tarde de ayer, aunque sus resultados no se conocieron. A la cita también fueron invitados los ministros Rossy Nevárez, Adolfo Cuvi, Norberto Fuertes y Angelita Albán. De esta última, en la asamblea de judiciales se dijo que había presentado su dimisión, aunque no se entregó el texto del documento.
En el Congreso se conoció que algunos de los magistrados estaban condicionando su renuncia a que se les devuelva los cargos que tenían antes de que fueran designados magistrados de la CSJ.
En una breve intervención, el Presidente de la CSJ solicitó a la prensa que se comunique a la ciudadanía que no hay razón para mantener el paro de actividades, pues la estabilidad de los judiciales está garantizada.
Lo único que se ha pedido es trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para llenar 400 vacantes y 11 o 12 delegaciones distritales, cuyos puestos están vacantes, por tanto, no hay reorganización de las cortes, manifestó Castro.
Mientras que el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz, afirmó que los judiciales mantienen su posición de pedir la renuncia de los 31 ministros de la Suprema, pues los ofrecimientos de Castro ya no son confiables para los funcionarios de este poder del Estado.
Hasta hoy nosotros les hemos sugerido renunciar, pero llegará un momento en que el cansancio no será una sugerencia y nos vamos a unir con todos los grupos sociales del país, y ello pasará a ser una exigencia, dijo Muñoz al explicar que la medida de hecho en todo el país, excepto Guayas, se mantiene inalterable.
ACCIONES
Negativa
En el Congreso Nacional se conoció que el presidente de la CSJ, Guillermo Castro Dáger (PRE), se ha negado a dar declaraciones de prensa, por recomendación de los diputados de su partido.
Audiencia
Castro evitó a la prensa ayer, tras participar de una audiencia pública que convocó en el caso de enriquecimiento ilícito que involucra al ex magistrado de la CSJ, Olmedo Bermeo.
Protesta
Los judiciales de Pichincha realizarán hoy una movilización desde la Corte Superior de Quito hasta la Corte Suprema de Justicia.
Para humanizar la medida de hecho, el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz, afirmó que los judiciales resolvieron abrir los juzgados de turno y permitir el trámite de las boletas de libertad de los presos, así como para dar paso al pago de alimentos a las madres.
Relator de ONU
Gobierno
El Ejecutivo marcó distancia con el cambio que se dio a la CSJ el pasado 8 de diciembre. El ministro de Gobierno (e), Édison Carrera, dijo que ayer en su reunión con el relator especial de la ONU, Leandro Despouy, relató que esa fue una resolución independiente y autónoma del Congreso y que el Gobierno no tiene por qué defenderla o cuestionarla.
El Congreso no pasa de los cabildeos sobre la Corte
Incluir en la consulta popular el cese inmediato de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el principal cambio que realizará el Gobierno en la propuesta que remitirá al Congreso la próxima semana, anticipó el diputado de gobierno, Gilmar Gutiérrez, pero esto no convence, por lo que los cabildeos continúan.
El ajuste en el texto tiene como propósito abrir un espacio de entendimiento con los socialcristianos ante la renuencia de los prianistas a respaldar la consulta del régimen.
El Prian está empeñado en defender la constitucionalidad de la actual Corte y su permanencia, mientras el Ejecutivo se ratifica en que su carácter es temporal.
El PSC, por su parte, sostiene su criterio de que los actuales magistrados deben ser cesados de manera inmediata, posición que abre un espacio de acercamiento según el independiente Rafael Dávila.
El diputado Gutiérrez señaló que el Gobierno está dispuesto a incluir la cesación de la Corte, pero luego que sea aprobada la consulta popular por parte de la ciudadanía. Insistió que no están de acuerdo que la solución a la crisis judicial nazca del Congreso, porque cualquier Corte que salga con la aprobación de la actual mayoría igual será criticada.
Ayer la tesis de ir hacia una propuesta mixta que incluiría el cese inmediato de la CSJ, luego declarar una vacancia por, al menos, dos meses y someter a consulta popular el procedimiento para designar a los nuevos magistrados era parte de las negociaciones políticas en el Parlamento y de la Asamblea de Quito.
Tras dos horas de reunión, entre el alcalde capitalino, general (r) Paco Moncayo, y ocho diputados de varios partidos políticos, los dos sectores llegaron a tres acuerdos preliminares para reorganizar la Corte Suprema de Justicia.
El primero, bajar las tensiones en el Parlamento y buscar que los jefes de bloque elaboren un documento con una fórmula constitucional para cambiar el organismo.
Luego, acoger la propuesta de crear una comisión calificadora para nombrar a los nuevos magistrados a través de un concurso abierto.
Como tercer punto, acordaron hacer un llamado al diálogo y no descartar ninguna de las 12 propuestas que existen para reorganizar la Suprema.
Así lo confirmó ayer Moncayo en una improvisada rueda de prensa. Aunque reiteró que la salida a la crisis judicial debe encontrarse en el Congreso, dejó entrever que todos los proyectos serán acogidos. Por ello, no descartó aceptar la consulta del régimen.
A la cita, que se inició a las 15h00 y concluyó cerca de las 17h00, acudieron los legisladores Carlos Vallejo (Prian), Alfredo Serrano (PSC), Ramiro Rivera (DP), Jorge Sánchez (ID), Enrique Ayala Mora (PSE), Marco Proaño Maya (PRE), Julio González (PK) y Rodrigo García (G-7).
El alcalde indicó además que hoy se reúne la denominada Asamblea de Quito para analizar si mantiene su propuesta de revocar el mandato a los diputados que aprobaron los cambios en la CSJ el 8 de diciembre del 2004.
En tanto, los socialcristianos podrían respaldar la consulta popular bajo dos condiciones: que los magistrados cesen en sus funciones cuando la consulta sea calificada de urgente por parte del Congreso y además que en la decisión del Parlamento también participen la Izquierda Democrática y Pachakutik, dijo uno de los miembros del PSC que pidió la reserva de su nombre.
En la tarde el secretario de la Administración, Óscar Ayerve, se reunió con diputados roldosistas, entre ellos Carlos Karu, Dennys Cevallos y Homero López, para analizar los cambios en la consulta.
Judiciales de Guayas laboran con normalidad
Desde las 14h00 de ayer los judiciales de Guayas laboran con normalidad, tras cumplir las 24 horas de paro que declaró la Asociación de Judiciales para exigir el respeto a la carrera judicial. Los juzgados de lo Civil, Inquilinato, Trabajo y las salas especializadas laboran hasta hoy. Desde mañana se acogen a la vacancia judicial hasta el 31 de marzo.
Ayer en la mañana, mientras los usuarios se mantenían en el exterior del Palacio de Justicia, los dirigentes de la Asociación y del Frente de Defensa del Judicial se reunieron, por separado. No obstante, Ángel Rubio, presidente de la Fenaje Guayas, aseguró que no había pugna.
Clay Cabrera, del Frente de Defensa Judicial, dijo que las bases exigen la renuncia de Luis Muñoz, presidente de la Fenaje, y de José Robayo y Germánico Maya, vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por arengar con actitud política contra la Corte Suprema.
Más del país
En Cuenca se suman al paro los notarios
A los 280 servidores judiciales del Azuay que están en paro indefinido, se sumaron los 80 trabajadores que pertenecen a los Registros de la Propiedad y mercantiles y de las notarías en toda la provincia del Azuay.
Ellos insisten en que se reestructure la Corte Suprema de Justicia con los presidentes de las cortes superiores de todo el país y los diez ministros más antiguos de la Corte Suprema hasta que el Congreso Nacional, a través de la aplicación de la Constitución, convoque a una reestructuración.
El Colegio de Abogados del Azuay, por medio de su presidente Pablo Vintimilla, rechazó la paralización porque afecta el trabajo de los abogados de libre ejercicio de la profesión.
Las puertas cerradas en Esmeraldas
Los cien empleados judiciales que laboran en
la provincia de Esmeraldas se acogieron a la paralización de la Fenaje, desde el lunes pasado.
Las puertas de la Corte Superior de Justicia, Registraduría de la Propiedad, las notarías, tribunales de lo Penal y los juzgados de lo Civil y Penal de Atacames, Muisne, Quinindé y San Lorenzo permanecen cerradas.
Ayer no se permitió el acceso de ninguna persona ajena a la Corte. El juez primero de lo Penal, Pedro Pablo Heredia, dijo que en las oficinas trabajan normalmente, pero que la atención al público es la que se ha suspendido.
Los judiciales de Esmeraldas reiteraron que el paro es indefinido hasta que se cambie la Corte Suprema.
Se analiza situación de jueces manabitas
En Manabí se suspendieron desde el lunes pasado todas las actividades dentro del poder judicial. Ayer se realizó una asamblea para analizar la situación de dos magistrados manabitas que integran la actual Corte Suprema de Justicia (Tito Livio Mendoza y Adolfo Cuvi), quienes a decir de Jhon Plaza, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de Manabí, son los únicos que respaldan la estabilidad de los empleados de carrera. Estamos en contra de la reorganización de la Corte, pero a favor de la estabilidad judicial y en esto tenemos el respaldo de los jueces manabitas, y la medida se mantendrá mientras no se garantice que quienes trabajamos en las cortes seguiremos en nuestros cargos, dijo.
Judiciales de Pastaza están en rebeldía
La Corte Superior de Pastaza con sus dos juzgados: el de lo Civil y el de lo Penal y el Registro de Propiedad de esta provincia, cerraron sus puertas al público desde las 08h00 de ayer en rechazo a la designación de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bolívar Torres, representante del organismo, que acoge a 28 trabajadores, incluidos los jueces, dijo que esta medida se mantendrá hasta conseguir que el Congreso reestructure a la CSJ.
Los judiciales de Pastaza colocaron carteles en los exteriores de la Corte y cerraron sus puertas para impedir un posible desalojo de la policía. Anunciaron también que realizarán una marcha de protesta, pero no definieron la fecha en que se llevará a cabo.
Los servidores judiciales siguen en paro en el país, a excepción de Guayaquil, en demanda de la salida de la CSJ.
Solo cabildeos se dieron ayer en torno al cambio de la Corte Suprema de Justicia que reclaman los servidores judiciales, la oposición y que plantea el Ejecutivo a través de una consulta popular.
En el Parlamento ni siquiera se llegó a cambiar el orden del día para rechazar la terna para la elección del Fiscal General del Estado como se había asegurado el lunes.
El diputado gobiernista Gilmar Gutiérrez explicó a sus compañeros los cambios que el Mandatario propondrá el 21 de marzo en la consulta, adelantando que está dispuesto a cesar la actual CSJ una vez aprobada la consulta por la ciudadanía, pero esto no convenció.
En la tarde la Asamblea de Quito logró que legisladores de diferentes tendencias se comprometan a buscar hoy una fórmula que unifique las doce propuestas que se han presentado en el Congreso para reestructurar la Corte.
Mientras, los servidores judiciales siguen su paro, a excepción de Guayaquil, y resolvieron formar una comisión para junto al Congreso buscar una salida a la crisis.
Mientras los servidores judiciales se abrieron ayer al diálogo con el Congreso y con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para lograr la elección de una tercera Corte, el roldosista y presidente del organismo, Guillermo Castro Dáger, evitó pronunciarse sobre la situación de la Función Judicial.
La Federación Nacional de Servidores Judiciales del Ecuador (Fenaje), en su segundo día de paro, se reunió ayer para definir los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la resolución de la asamblea del gremio, que exige la salida de los ministros.
Entre lo que la Fenaje resolvió consta: que una comisión de judiciales de alto nivel visite el Congreso y converse con los diputados sobre las opciones para definir un mecanismo legal consensuado que permita elegir una tercera corte y solucionar los conflictos judiciales.
El segundo punto es abrir un diálogo con los magistrados de carrera de la CSJ, para pedirles que renuncien voluntariamente.
El tercer punto permite que las cortes y juzgados de las provincias de la Costa levanten el paro, en virtud de la vacancia judicial de quince días, que inició ayer, y que finalizará el 31 de marzo, con lo que se busca impedir el caos en la administración de justicia.
La Fenaje también resolvió aceptar el pedido del magistrado José García Falconí y recibirlo para conversar sobre las razones del pedido de renuncia.
Esta reunión estaba prevista para la tarde de ayer, aunque sus resultados no se conocieron. A la cita también fueron invitados los ministros Rossy Nevárez, Adolfo Cuvi, Norberto Fuertes y Angelita Albán. De esta última, en la asamblea de judiciales se dijo que había presentado su dimisión, aunque no se entregó el texto del documento.
En el Congreso se conoció que algunos de los magistrados estaban condicionando su renuncia a que se les devuelva los cargos que tenían antes de que fueran designados magistrados de la CSJ.
En una breve intervención, el Presidente de la CSJ solicitó a la prensa que se comunique a la ciudadanía que no hay razón para mantener el paro de actividades, pues la estabilidad de los judiciales está garantizada.
Lo único que se ha pedido es trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para llenar 400 vacantes y 11 o 12 delegaciones distritales, cuyos puestos están vacantes, por tanto, no hay reorganización de las cortes, manifestó Castro.
Mientras que el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz, afirmó que los judiciales mantienen su posición de pedir la renuncia de los 31 ministros de la Suprema, pues los ofrecimientos de Castro ya no son confiables para los funcionarios de este poder del Estado.
Hasta hoy nosotros les hemos sugerido renunciar, pero llegará un momento en que el cansancio no será una sugerencia y nos vamos a unir con todos los grupos sociales del país, y ello pasará a ser una exigencia, dijo Muñoz al explicar que la medida de hecho en todo el país, excepto Guayas, se mantiene inalterable.
ACCIONES
Negativa
En el Congreso Nacional se conoció que el presidente de la CSJ, Guillermo Castro Dáger (PRE), se ha negado a dar declaraciones de prensa, por recomendación de los diputados de su partido.
Audiencia
Castro evitó a la prensa ayer, tras participar de una audiencia pública que convocó en el caso de enriquecimiento ilícito que involucra al ex magistrado de la CSJ, Olmedo Bermeo.
Protesta
Los judiciales de Pichincha realizarán hoy una movilización desde la Corte Superior de Quito hasta la Corte Suprema de Justicia.
Para humanizar la medida de hecho, el presidente de la Fenaje, Luis Muñoz, afirmó que los judiciales resolvieron abrir los juzgados de turno y permitir el trámite de las boletas de libertad de los presos, así como para dar paso al pago de alimentos a las madres.
Relator de ONU
Gobierno
El Ejecutivo marcó distancia con el cambio que se dio a la CSJ el pasado 8 de diciembre. El ministro de Gobierno (e), Édison Carrera, dijo que ayer en su reunión con el relator especial de la ONU, Leandro Despouy, relató que esa fue una resolución independiente y autónoma del Congreso y que el Gobierno no tiene por qué defenderla o cuestionarla.
El Congreso no pasa de los cabildeos sobre la Corte
Incluir en la consulta popular el cese inmediato de la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) es el principal cambio que realizará el Gobierno en la propuesta que remitirá al Congreso la próxima semana, anticipó el diputado de gobierno, Gilmar Gutiérrez, pero esto no convence, por lo que los cabildeos continúan.
El ajuste en el texto tiene como propósito abrir un espacio de entendimiento con los socialcristianos ante la renuencia de los prianistas a respaldar la consulta del régimen.
El Prian está empeñado en defender la constitucionalidad de la actual Corte y su permanencia, mientras el Ejecutivo se ratifica en que su carácter es temporal.
El PSC, por su parte, sostiene su criterio de que los actuales magistrados deben ser cesados de manera inmediata, posición que abre un espacio de acercamiento según el independiente Rafael Dávila.
El diputado Gutiérrez señaló que el Gobierno está dispuesto a incluir la cesación de la Corte, pero luego que sea aprobada la consulta popular por parte de la ciudadanía. Insistió que no están de acuerdo que la solución a la crisis judicial nazca del Congreso, porque cualquier Corte que salga con la aprobación de la actual mayoría igual será criticada.
Ayer la tesis de ir hacia una propuesta mixta que incluiría el cese inmediato de la CSJ, luego declarar una vacancia por, al menos, dos meses y someter a consulta popular el procedimiento para designar a los nuevos magistrados era parte de las negociaciones políticas en el Parlamento y de la Asamblea de Quito.
Tras dos horas de reunión, entre el alcalde capitalino, general (r) Paco Moncayo, y ocho diputados de varios partidos políticos, los dos sectores llegaron a tres acuerdos preliminares para reorganizar la Corte Suprema de Justicia.
El primero, bajar las tensiones en el Parlamento y buscar que los jefes de bloque elaboren un documento con una fórmula constitucional para cambiar el organismo.
Luego, acoger la propuesta de crear una comisión calificadora para nombrar a los nuevos magistrados a través de un concurso abierto.
Como tercer punto, acordaron hacer un llamado al diálogo y no descartar ninguna de las 12 propuestas que existen para reorganizar la Suprema.
Así lo confirmó ayer Moncayo en una improvisada rueda de prensa. Aunque reiteró que la salida a la crisis judicial debe encontrarse en el Congreso, dejó entrever que todos los proyectos serán acogidos. Por ello, no descartó aceptar la consulta del régimen.
A la cita, que se inició a las 15h00 y concluyó cerca de las 17h00, acudieron los legisladores Carlos Vallejo (Prian), Alfredo Serrano (PSC), Ramiro Rivera (DP), Jorge Sánchez (ID), Enrique Ayala Mora (PSE), Marco Proaño Maya (PRE), Julio González (PK) y Rodrigo García (G-7).
El alcalde indicó además que hoy se reúne la denominada Asamblea de Quito para analizar si mantiene su propuesta de revocar el mandato a los diputados que aprobaron los cambios en la CSJ el 8 de diciembre del 2004.
En tanto, los socialcristianos podrían respaldar la consulta popular bajo dos condiciones: que los magistrados cesen en sus funciones cuando la consulta sea calificada de urgente por parte del Congreso y además que en la decisión del Parlamento también participen la Izquierda Democrática y Pachakutik, dijo uno de los miembros del PSC que pidió la reserva de su nombre.
En la tarde el secretario de la Administración, Óscar Ayerve, se reunió con diputados roldosistas, entre ellos Carlos Karu, Dennys Cevallos y Homero López, para analizar los cambios en la consulta.
Judiciales de Guayas laboran con normalidad
Desde las 14h00 de ayer los judiciales de Guayas laboran con normalidad, tras cumplir las 24 horas de paro que declaró la Asociación de Judiciales para exigir el respeto a la carrera judicial. Los juzgados de lo Civil, Inquilinato, Trabajo y las salas especializadas laboran hasta hoy. Desde mañana se acogen a la vacancia judicial hasta el 31 de marzo.
Ayer en la mañana, mientras los usuarios se mantenían en el exterior del Palacio de Justicia, los dirigentes de la Asociación y del Frente de Defensa del Judicial se reunieron, por separado. No obstante, Ángel Rubio, presidente de la Fenaje Guayas, aseguró que no había pugna.
Clay Cabrera, del Frente de Defensa Judicial, dijo que las bases exigen la renuncia de Luis Muñoz, presidente de la Fenaje, y de José Robayo y Germánico Maya, vocales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por arengar con actitud política contra la Corte Suprema.
Más del país
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la provincia de Esmeraldas se acogieron a la paralización de la Fenaje, desde el lunes pasado.
Las puertas de la Corte Superior de Justicia, Registraduría de la Propiedad, las notarías, tribunales de lo Penal y los juzgados de lo Civil y Penal de Atacames, Muisne, Quinindé y San Lorenzo permanecen cerradas.
Ayer no se permitió el acceso de ninguna persona ajena a la Corte. El juez primero de lo Penal, Pedro Pablo Heredia, dijo que en las oficinas trabajan normalmente, pero que la atención al público es la que se ha suspendido.
Los judiciales de Esmeraldas reiteraron que el paro es indefinido hasta que se cambie la Corte Suprema.
Se analiza situación de jueces manabitas
En Manabí se suspendieron desde el lunes pasado todas las actividades dentro del poder judicial. Ayer se realizó una asamblea para analizar la situación de dos magistrados manabitas que integran la actual Corte Suprema de Justicia (Tito Livio Mendoza y Adolfo Cuvi), quienes a decir de Jhon Plaza, presidente de la Asociación de Empleados Judiciales de Manabí, son los únicos que respaldan la estabilidad de los empleados de carrera. Estamos en contra de la reorganización de la Corte, pero a favor de la estabilidad judicial y en esto tenemos el respaldo de los jueces manabitas, y la medida se mantendrá mientras no se garantice que quienes trabajamos en las cortes seguiremos en nuestros cargos, dijo.
Judiciales de Pastaza están en rebeldía
La Corte Superior de Pastaza con sus dos juzgados: el de lo Civil y el de lo Penal y el Registro de Propiedad de esta provincia, cerraron sus puertas al público desde las 08h00 de ayer en rechazo a la designación de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Bolívar Torres, representante del organismo, que acoge a 28 trabajadores, incluidos los jueces, dijo que esta medida se mantendrá hasta conseguir que el Congreso reestructure a la CSJ.
Los judiciales de Pastaza colocaron carteles en los exteriores de la Corte y cerraron sus puertas para impedir un posible desalojo de la policía. Anunciaron también que realizarán una marcha de protesta, pero no definieron la fecha en que se llevará a cabo.
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