Guayaquil. 27 oct 98. "¿Regalar más plata al IESS? No
gracias", es la expresión generalizada de cientos de
ciudadanos afiliados a esa institución, para quienes la labor
de la comisión interventora creada para reformar la seguridad
social en el Ecuador empezó con pie izquierdo.
La razón de su apreciación radica en la ampliación de la base
para los aportes del afiliado que regiría en enero de 1999,
cuando en el organismo la atención y la calidad de los
servicios son blanco de críticas.
A partir de esa fecha, la tasa del 9,35% abarcará la suma del
Salario Mínimo Vital y la Compensación por el Costo de Vida
(300.000 sucres), y no únicamente el primer rubro como hasta
ahora.
En la búsqueda de soluciones para la creación de un sistema de
previsión social, técnicamente financiado y de justo reparto,
el sector empresarial (patronal) y la clase trabajadora se han
caracterizado por promover y respaldar tesis que en poco o
nada se complementan.
Hoy por vez primera los dos sectores coinciden plenamente en
el hecho de que aumentar la base de los aportes al Seguro "no
representa ningún beneficio", por no existir un proceso previo
de reestructuración administrativa y financiera ni la garantía
de que los fondos que ingresen a la entidad vayan a ser
invertidos adecuadamente.
El 18 de febrero culmina el plazo con el que cuenta la
comisión para reconstruir la imagen del IESS y presentar al
Congreso Nacional un macroproyecto de reformas al obsoleto
sistema de seguridad social vigente en el país.
No a aumento
"Estaría de acuerdo con aportar más si la atención fuera
oportuna, pero uno aquí en el IESS se puede morir y no sale
ningún médico a auxiliarnos", expresó Elena Sandoval, una
oficinista con doce años de afiliación al IESS.
Otro asociado, José Macancella, que estaba en los consultorios
externos de la institución a la espera de atención médica,
declaró: "Subir la base de aportes es arremeter contra el
bolsillo del pueblo. La atención médica es regular, pero la
mala atención de los empleados es algo propio de la
institución así que al afiliado no le queda otra cosa que
resignarse".
Sobre el particular, el experto laboral Fabián Corral,
advirtió que todo incremento de la base de aportes al seguro
general debe ser aprobada por el Congreso.
Su observación se fundamenta en la disposición transitoria
segunda de la Constitución la cual establece que la comisión
interventora recomendará la remuneración sobre la cual se
calcularán los aportes al seguro general obligatorio y sus
porcentajes.
"La Constitución es clara al fijar a la comisión la facultad
de recomendar y no de ejecutar la base para fijar el aporte.
Si no se hace la reforma legal jurídicamente no podría entrar
en vigencia", subrayó.
Enrique Arosemena, miembro de la comisión de intervención,
asegura por su parte que al asumir las funciones del Consejo
Superior del IESS, entre ellas, la de reformar el estatuto
están facultados también a variar la base imponible de los
aportes.
La adopción de la medida ha desencadenado discrepancias al
interior de la comisión. "El presidente de la comisión,
Alfredo Mancero, y la delegada de los trabajadores, Gladys
Palán, están a favor de reformar la tasa de aportes y yo no.
Dada la impracticidad de la propuesta esta ha quedado
aplazada", reveló Arosemena.
La única forma de que él y sus representados acepten la
denominada racionalización de los aportes, sostiene Arosemena,
es que los recursos que se obtengan sean destinados a un
fideicomiso para evitar que formen parte del presupuesto del
IESS.
"Ese fideicomiso permitirá capitalizar pensiones y será
devuelto al sector empresarial por la vía de inversión para
reactivar el aparato productivo", subrayó.
Poco conocimiento
Poco o nada es lo que la ciudadanía y el sector empresarial
conocen acerca de la labor de la comisión.
Sus miembros defienden su papel señalando que la comisión de
intervención actúa fundamentalmente en dos grandes rubros: uno
relacionado con el plan de reestructuración integral del IESS
el cual debe ser presentado al Ejecutivo para su aprobación,
dado que contiene reformas puntuales a la Ley del Seguro
General Obligatorio, informó Enrique Arosemena, uno de los
miembros del organismo.
Y el segundo gran rubro, como lo califica el directivo, es el
proyecto que contiene reformas al estatuto del IESS con el fin
de devolverle su equilibrio basado en una separación
financiera y administrativa de los seguros previsibles o de
pensiones, médico y campesino.
Por la razón anterior, la comisión desea implementar un plan
integral aprobado por el Ejecutivo y que en el ámbito legal
sea debatido al interior del Congreso Nacional. De acuerdo al
poco tiempo con el que cuenta la comisión, el plan deberá ser
elaborado hasta la primera semana de diciembre.
Dada las innumerables quejas de los afiliados derivadas de la
ineficiencia del Seguro en la prestación de sus servicios, la
comisión estudia algunas fórmulas que permitan mejorar la
calidad de los mismos y eliminar aquellas prestaciones que
carezcan de financiamiento técnico.
En ese escenario se encuadra la supresión de las canastillas
maternas y del rubro de cesantía que se otorga al jubilado,
declaró Arosemena.
"Nuestra principal gestión es evitar las ineficiencias que
generan costos innecesarios al tomar el dinero del área de
pensiones para financiar los rubros antes mencionados y que
reduce las prestaciones a los afiliados".
Hilario Guerrero, presidente de la Federación de Trabajadores
Libres del Guayas (Fetlig), afirma estar consciente que la
comisión debe sentar las bases para reformar la seguridad,
pero no debe servir de pretexto para suprimir ciertos
beneficios a la clase trabajadora.
"La comisión ha sugerido la supresión de la canastilla materna
que tiene más de 17 años de vigencia y que se financia con los
aportes del sector patronal. Lo que quiere la comisión es
sacar todas las obligaciones que los empleadores tienen.
Decimos que el sacrificio de reformar el Seguro y racionalizar
los aportes deben ser compartido", reiteró el dirigente.
Los trabajadores rechazan también la intención de la comisión
de extender la edad para la jubilación, actualmente de 60 años
a 65 "así también quieren que se pierda la aportación patronal
y la cesantía al momento de la jubilación. Solo de aprobarse
esta última medida se nos quita 9 millones de dólares a los
trabajadores", criticó.
La concesión de los hospitales es otro tema que se niegan a
respaldar los trabajadores, anunció Guerrero.
Agenda pendiente
Pero el trabajo de la comisión es largo y difícil.
En la agenda de este organismo se encuentra financiar los
estudios actuariales, contables y administrativos del IESS que
demandan una inversión de 2 millones de dólares.
"Los fondos a utilizarse provendrán del programa sectorial
financiero del BID. Tenemos planeado mejorar la entrega de
pensiones utilizando para ello al sistema financiero a fin de
que el jubilado no tenga que viajar de una provincia a otra
para el cobro de su pensión", indicó Arosemena.
A más de las discusiones en las que actualmente se encuentran
inmersos el sindicato del IESS y la comisión interventora por
la supresión de prestaciones y servicios, se abrirá un nuevo
frente de batalla a consecuencia de la reducción del personal.
Y es que liquidar el 50% de las cuotas de poder político al
interior del IESS, que a nivel nacional posee 16.000
empleados, significa para el Estado el desembolso de 165 mil
millones de sucres, reveló Enrique Arosemena, miembro de la
comisión interventora.
"Para los funcionarios de servicio civil y carrera
administrativa se les indemnizará con 165 millones de sucres a
cada uno. El total de trabajadores que serán indemnizados son
10 mil", precisó.
Las indemnizaciones que deberán cancelarse a los 5.500
trabajadores del contrato colectivo al momento son
desconocidas pero involucran un egreso mayor, anunció el
técnico.
"Se estima que 200 millones de dólares es lo que requerirá la
comisión para cancelar las indemnizaciones de los
trabajadores".
Respecto a la liquidación del personal, el presidente de la
Fetlig, Hilario Guerrero, comentó que debería sacarse del IESS
a aquellos funcionarios que no hacen nada. "Que son
simplemente cuotas políticas de los gobiernos de turno. cada
funcionario del IESS debería pasar por un concurso de mérito".
De cara a la macrorreforma de la seguridad social, la lluvia
de ideas de los diversos actores en el tema no se hace
esperar.
Para el industrial, Francisco Alarcón, en este tema se debe
incluir sistemas alternativos (libre competencia con empresa
privada), llevar nuevamente al tapete de discusión la validez
del monopolio del Seguro Social y poner punto final a
cualquier intervención del Estado en el manejo de este
monopolio.
En manos de la comisión está demostrar que en seis meses puede
conseguirse lo que en décadas no se alcanzó: transformar el
IESS y poner en orden el sistema de seguridad social del
Ecuador, todo será posible si existe voluntad y decisión.
(Texto tomado de El Universo)
gracias", es la expresión generalizada de cientos de
ciudadanos afiliados a esa institución, para quienes la labor
de la comisión interventora creada para reformar la seguridad
social en el Ecuador empezó con pie izquierdo.
La razón de su apreciación radica en la ampliación de la base
para los aportes del afiliado que regiría en enero de 1999,
cuando en el organismo la atención y la calidad de los
servicios son blanco de críticas.
A partir de esa fecha, la tasa del 9,35% abarcará la suma del
Salario Mínimo Vital y la Compensación por el Costo de Vida
(300.000 sucres), y no únicamente el primer rubro como hasta
ahora.
En la búsqueda de soluciones para la creación de un sistema de
previsión social, técnicamente financiado y de justo reparto,
el sector empresarial (patronal) y la clase trabajadora se han
caracterizado por promover y respaldar tesis que en poco o
nada se complementan.
Hoy por vez primera los dos sectores coinciden plenamente en
el hecho de que aumentar la base de los aportes al Seguro "no
representa ningún beneficio", por no existir un proceso previo
de reestructuración administrativa y financiera ni la garantía
de que los fondos que ingresen a la entidad vayan a ser
invertidos adecuadamente.
El 18 de febrero culmina el plazo con el que cuenta la
comisión para reconstruir la imagen del IESS y presentar al
Congreso Nacional un macroproyecto de reformas al obsoleto
sistema de seguridad social vigente en el país.
No a aumento
"Estaría de acuerdo con aportar más si la atención fuera
oportuna, pero uno aquí en el IESS se puede morir y no sale
ningún médico a auxiliarnos", expresó Elena Sandoval, una
oficinista con doce años de afiliación al IESS.
Otro asociado, José Macancella, que estaba en los consultorios
externos de la institución a la espera de atención médica,
declaró: "Subir la base de aportes es arremeter contra el
bolsillo del pueblo. La atención médica es regular, pero la
mala atención de los empleados es algo propio de la
institución así que al afiliado no le queda otra cosa que
resignarse".
Sobre el particular, el experto laboral Fabián Corral,
advirtió que todo incremento de la base de aportes al seguro
general debe ser aprobada por el Congreso.
Su observación se fundamenta en la disposición transitoria
segunda de la Constitución la cual establece que la comisión
interventora recomendará la remuneración sobre la cual se
calcularán los aportes al seguro general obligatorio y sus
porcentajes.
"La Constitución es clara al fijar a la comisión la facultad
de recomendar y no de ejecutar la base para fijar el aporte.
Si no se hace la reforma legal jurídicamente no podría entrar
en vigencia", subrayó.
Enrique Arosemena, miembro de la comisión de intervención,
asegura por su parte que al asumir las funciones del Consejo
Superior del IESS, entre ellas, la de reformar el estatuto
están facultados también a variar la base imponible de los
aportes.
La adopción de la medida ha desencadenado discrepancias al
interior de la comisión. "El presidente de la comisión,
Alfredo Mancero, y la delegada de los trabajadores, Gladys
Palán, están a favor de reformar la tasa de aportes y yo no.
Dada la impracticidad de la propuesta esta ha quedado
aplazada", reveló Arosemena.
La única forma de que él y sus representados acepten la
denominada racionalización de los aportes, sostiene Arosemena,
es que los recursos que se obtengan sean destinados a un
fideicomiso para evitar que formen parte del presupuesto del
IESS.
"Ese fideicomiso permitirá capitalizar pensiones y será
devuelto al sector empresarial por la vía de inversión para
reactivar el aparato productivo", subrayó.
Poco conocimiento
Poco o nada es lo que la ciudadanía y el sector empresarial
conocen acerca de la labor de la comisión.
Sus miembros defienden su papel señalando que la comisión de
intervención actúa fundamentalmente en dos grandes rubros: uno
relacionado con el plan de reestructuración integral del IESS
el cual debe ser presentado al Ejecutivo para su aprobación,
dado que contiene reformas puntuales a la Ley del Seguro
General Obligatorio, informó Enrique Arosemena, uno de los
miembros del organismo.
Y el segundo gran rubro, como lo califica el directivo, es el
proyecto que contiene reformas al estatuto del IESS con el fin
de devolverle su equilibrio basado en una separación
financiera y administrativa de los seguros previsibles o de
pensiones, médico y campesino.
Por la razón anterior, la comisión desea implementar un plan
integral aprobado por el Ejecutivo y que en el ámbito legal
sea debatido al interior del Congreso Nacional. De acuerdo al
poco tiempo con el que cuenta la comisión, el plan deberá ser
elaborado hasta la primera semana de diciembre.
Dada las innumerables quejas de los afiliados derivadas de la
ineficiencia del Seguro en la prestación de sus servicios, la
comisión estudia algunas fórmulas que permitan mejorar la
calidad de los mismos y eliminar aquellas prestaciones que
carezcan de financiamiento técnico.
En ese escenario se encuadra la supresión de las canastillas
maternas y del rubro de cesantía que se otorga al jubilado,
declaró Arosemena.
"Nuestra principal gestión es evitar las ineficiencias que
generan costos innecesarios al tomar el dinero del área de
pensiones para financiar los rubros antes mencionados y que
reduce las prestaciones a los afiliados".
Hilario Guerrero, presidente de la Federación de Trabajadores
Libres del Guayas (Fetlig), afirma estar consciente que la
comisión debe sentar las bases para reformar la seguridad,
pero no debe servir de pretexto para suprimir ciertos
beneficios a la clase trabajadora.
"La comisión ha sugerido la supresión de la canastilla materna
que tiene más de 17 años de vigencia y que se financia con los
aportes del sector patronal. Lo que quiere la comisión es
sacar todas las obligaciones que los empleadores tienen.
Decimos que el sacrificio de reformar el Seguro y racionalizar
los aportes deben ser compartido", reiteró el dirigente.
Los trabajadores rechazan también la intención de la comisión
de extender la edad para la jubilación, actualmente de 60 años
a 65 "así también quieren que se pierda la aportación patronal
y la cesantía al momento de la jubilación. Solo de aprobarse
esta última medida se nos quita 9 millones de dólares a los
trabajadores", criticó.
La concesión de los hospitales es otro tema que se niegan a
respaldar los trabajadores, anunció Guerrero.
Agenda pendiente
Pero el trabajo de la comisión es largo y difícil.
En la agenda de este organismo se encuentra financiar los
estudios actuariales, contables y administrativos del IESS que
demandan una inversión de 2 millones de dólares.
"Los fondos a utilizarse provendrán del programa sectorial
financiero del BID. Tenemos planeado mejorar la entrega de
pensiones utilizando para ello al sistema financiero a fin de
que el jubilado no tenga que viajar de una provincia a otra
para el cobro de su pensión", indicó Arosemena.
A más de las discusiones en las que actualmente se encuentran
inmersos el sindicato del IESS y la comisión interventora por
la supresión de prestaciones y servicios, se abrirá un nuevo
frente de batalla a consecuencia de la reducción del personal.
Y es que liquidar el 50% de las cuotas de poder político al
interior del IESS, que a nivel nacional posee 16.000
empleados, significa para el Estado el desembolso de 165 mil
millones de sucres, reveló Enrique Arosemena, miembro de la
comisión interventora.
"Para los funcionarios de servicio civil y carrera
administrativa se les indemnizará con 165 millones de sucres a
cada uno. El total de trabajadores que serán indemnizados son
10 mil", precisó.
Las indemnizaciones que deberán cancelarse a los 5.500
trabajadores del contrato colectivo al momento son
desconocidas pero involucran un egreso mayor, anunció el
técnico.
"Se estima que 200 millones de dólares es lo que requerirá la
comisión para cancelar las indemnizaciones de los
trabajadores".
Respecto a la liquidación del personal, el presidente de la
Fetlig, Hilario Guerrero, comentó que debería sacarse del IESS
a aquellos funcionarios que no hacen nada. "Que son
simplemente cuotas políticas de los gobiernos de turno. cada
funcionario del IESS debería pasar por un concurso de mérito".
De cara a la macrorreforma de la seguridad social, la lluvia
de ideas de los diversos actores en el tema no se hace
esperar.
Para el industrial, Francisco Alarcón, en este tema se debe
incluir sistemas alternativos (libre competencia con empresa
privada), llevar nuevamente al tapete de discusión la validez
del monopolio del Seguro Social y poner punto final a
cualquier intervención del Estado en el manejo de este
monopolio.
En manos de la comisión está demostrar que en seis meses puede
conseguirse lo que en décadas no se alcanzó: transformar el
IESS y poner en orden el sistema de seguridad social del
Ecuador, todo será posible si existe voluntad y decisión.
(Texto tomado de El Universo)
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