Quito. 5 mar 2001. Para el Congreso Nacional empezó a correr el
tiempo para analizar el proyecto de reforma tributaria enviado la
semana pasada por el Ejecutivo. Tiene 30 días para estudiar el
texto.
Es el segundo borrador que se elabora. Esta historia se inició con
Luis Yturralde y prosigue con Jorge Gallardo.
Su contenido ha variado, como resultado de las sugerencias y
planteamientos de los diferentes sectores políticos, sociales y
últimamente el sector indígena.
Según Pedro de la Cruz, presidente de la Federación de Indígenas
Campesinos y Negros (Fenocin), ellos se oponen al incremento del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero, proponen que el Impuesto a
la Renta se mantenga en el 30%.
"Así pagarán los que más tienen" dijo.
Ahora quienes tienen la palabra son los diputados, que desde ya,
muestran una fuerte resistencia al polémico planteamiento de
elevar el IVA del 12 al 15%.
Precisamente, esa es la principal carta de presentación que tiene
el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), como
parte de sus compromisos asumidos en la carta de intención.
Gallardo, aguarda paciente que los diálogos mantenidos con los
bloques se conviertan en votos en favor del proyecto remitido por
Finanzas.
Los ejes del plan
En resumen son cinco los ejes alrededor de los cuales gira la
reforma: la racionalización de tributos cuyo principio se sustenta
en la eliminación de 43 impuestos -entre nacionales, regionales y
locales-, la disminución de los índices en relación a la
recaudación de los tributos del Producto Interno Bruto (PIB) del
13.6% al 12.7%.
En una investigación realizada por el Ministerio de Economía en
varias ciudades del país, se determinó que las propiedades urbanas
y rurales figuran en los catastros oficiales con valores que
representan apenas la centésima parte del valor de mercado.
Esto ha sido la causa de múltiples distorsiones en la economía
ecuatoriana, de ahí que es imperioso que los avalúos que figuren
en los catastros sean estrictamente los de mercado.
Ante esta situación, las tarifas deben reducirse
significativamente.
Simplificar deducciones
Por otra parte, se ha considerado la necesidad de simplificar las
rebajas y deducciones, con el objeto de obtener mayor equidad y
facilitar la administración de los impuestos. Esto tiene que ver
con la simplificación de aquellos que gravan la transferencia de
dominio a uno solo (1x1000). (LCF).
PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Como un punto nuevo, el Gobierno considera indispensable promover
y robustecer la actividad turística para que se convierta en una
de las principales de la economía nacional.
Se han suprimido impuestos, permisos, recargos y de propinas.
Además de otros rubros que gravan el consumo de energía eléctrica
y petróleo.
En el caso de los impuestos a los vehículos, que anteriormente
fueron reformados, Finanzas plantea una simplificación de los
mecanismos para facilitar la administración, a parte de la
actualización de la tarifa para reducir su peso.
El planteamiento de absorción de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (CAE) por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI)
se mantiene a pesar de las duras críticas que recibió sobre todo
del sector exportador. Sectores políticos como el Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Pachakutik insisten en que el
debate se debe ampliar.
Antonio Posso, de Pachakutik, ratificó que mantiene su respaldo a
casi todo el contenido del proyecto, pero no está de acuerdo con
la desaparición del Servicio de Vigilancia Aduanera. (LCF)
Impuestos prediales rurales en disputa
El proyecto plantea entre otros aspectos, el reconocimiento de las
áreas de acción de los organismos seccionales.
De esta forma, en lo relacionado al cobro y administración de
tributos a los consejos provinciales les corresponde el área rural
y a los municipios el área urbana.
Por tanto, las obras deben financiarse con el producto de los
impuestos que estas generen.
Sin embargo, la preocupación de los organismos provinciales se da
en el sentido de que se está excluyendo a estos, de la
administración del catastro y del cobro del tributo a la propiedad
rural, aún cuando la Constitución determina su accionar en esta
área.
Además, la ausencia de estos recursos impide la gestión y
cumplimiento de obras por parte de las prefecturas. Otro de los
aspectos importantes a debilitarse será la sustentación de los
procesos de descentralización y autonomías que contemplan una
asignación de recursos económicos para los gobiernos provinciales
con el fin de que puedan asumir mayores responsabilidades para la
ejecución de obras y prestación de servicios.
Pero, esta aspiración que por muchos años persiguen los consejos
provinciales, para tener incumbencia total en el sector rural no
ha podido cristalizarse, manifiesta el legislador Rafael Sancho
(DP), ex prefecto de la provincia de Pastaza y ex presidente del
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope). (TAR)
Prefecturas sin tributos propios y con tasas insignificantes
Los consejos provinciales no tienen impuestos propios. El único es
el 1% adicional a las alcabalas. Algunas prefecturas los cobran
independientemente, pero la mayoría son recaudados por los
tesoreros municipales, que a su vez se los transfieren.
Hay otras tasas y contribuciones de mejoras que son cobradas, pero
resultan insignificantes.
En cambio, otro es el caso de los municipios que cobran tasas y
contribuciones por la construcción de aceras y bordillos en el
área urbana.
Frente a toda esta problemática, la propuesta de los entes es el
traspaso de la recaudación de 3 impuestos rurales, actualmente en
manos de los municipios : 1.- A la propiedad rural (el más
productivo económicamente y que cobran anualmente los municipios)
2.- A la transferencia de dominio de la propiedad (cobran los
cabildos cada vez que se vende una propiedad rural) 3.- A la
Plusvalía (cuando el Municipio considera que por los servicios o
beneficios prestados, agua potable, electrificación, vías de
primer orden, etc, esta propiedad rural ha incrementado su valor;
entonces esa diferencia le genera una plusvalía que es cobrada por
el Municipio). (TAR) (Texto tomado de El Expreso)
tiempo para analizar el proyecto de reforma tributaria enviado la
semana pasada por el Ejecutivo. Tiene 30 días para estudiar el
texto.
Es el segundo borrador que se elabora. Esta historia se inició con
Luis Yturralde y prosigue con Jorge Gallardo.
Su contenido ha variado, como resultado de las sugerencias y
planteamientos de los diferentes sectores políticos, sociales y
últimamente el sector indígena.
Según Pedro de la Cruz, presidente de la Federación de Indígenas
Campesinos y Negros (Fenocin), ellos se oponen al incremento del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), pero, proponen que el Impuesto a
la Renta se mantenga en el 30%.
"Así pagarán los que más tienen" dijo.
Ahora quienes tienen la palabra son los diputados, que desde ya,
muestran una fuerte resistencia al polémico planteamiento de
elevar el IVA del 12 al 15%.
Precisamente, esa es la principal carta de presentación que tiene
el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), como
parte de sus compromisos asumidos en la carta de intención.
Gallardo, aguarda paciente que los diálogos mantenidos con los
bloques se conviertan en votos en favor del proyecto remitido por
Finanzas.
Los ejes del plan
En resumen son cinco los ejes alrededor de los cuales gira la
reforma: la racionalización de tributos cuyo principio se sustenta
en la eliminación de 43 impuestos -entre nacionales, regionales y
locales-, la disminución de los índices en relación a la
recaudación de los tributos del Producto Interno Bruto (PIB) del
13.6% al 12.7%.
En una investigación realizada por el Ministerio de Economía en
varias ciudades del país, se determinó que las propiedades urbanas
y rurales figuran en los catastros oficiales con valores que
representan apenas la centésima parte del valor de mercado.
Esto ha sido la causa de múltiples distorsiones en la economía
ecuatoriana, de ahí que es imperioso que los avalúos que figuren
en los catastros sean estrictamente los de mercado.
Ante esta situación, las tarifas deben reducirse
significativamente.
Simplificar deducciones
Por otra parte, se ha considerado la necesidad de simplificar las
rebajas y deducciones, con el objeto de obtener mayor equidad y
facilitar la administración de los impuestos. Esto tiene que ver
con la simplificación de aquellos que gravan la transferencia de
dominio a uno solo (1x1000). (LCF).
PROMOVER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
Como un punto nuevo, el Gobierno considera indispensable promover
y robustecer la actividad turística para que se convierta en una
de las principales de la economía nacional.
Se han suprimido impuestos, permisos, recargos y de propinas.
Además de otros rubros que gravan el consumo de energía eléctrica
y petróleo.
En el caso de los impuestos a los vehículos, que anteriormente
fueron reformados, Finanzas plantea una simplificación de los
mecanismos para facilitar la administración, a parte de la
actualización de la tarifa para reducir su peso.
El planteamiento de absorción de la Corporación Aduanera
Ecuatoriana (CAE) por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI)
se mantiene a pesar de las duras críticas que recibió sobre todo
del sector exportador. Sectores políticos como el Partido
Roldosista Ecuatoriano (PRE) y Pachakutik insisten en que el
debate se debe ampliar.
Antonio Posso, de Pachakutik, ratificó que mantiene su respaldo a
casi todo el contenido del proyecto, pero no está de acuerdo con
la desaparición del Servicio de Vigilancia Aduanera. (LCF)
Impuestos prediales rurales en disputa
El proyecto plantea entre otros aspectos, el reconocimiento de las
áreas de acción de los organismos seccionales.
De esta forma, en lo relacionado al cobro y administración de
tributos a los consejos provinciales les corresponde el área rural
y a los municipios el área urbana.
Por tanto, las obras deben financiarse con el producto de los
impuestos que estas generen.
Sin embargo, la preocupación de los organismos provinciales se da
en el sentido de que se está excluyendo a estos, de la
administración del catastro y del cobro del tributo a la propiedad
rural, aún cuando la Constitución determina su accionar en esta
área.
Además, la ausencia de estos recursos impide la gestión y
cumplimiento de obras por parte de las prefecturas. Otro de los
aspectos importantes a debilitarse será la sustentación de los
procesos de descentralización y autonomías que contemplan una
asignación de recursos económicos para los gobiernos provinciales
con el fin de que puedan asumir mayores responsabilidades para la
ejecución de obras y prestación de servicios.
Pero, esta aspiración que por muchos años persiguen los consejos
provinciales, para tener incumbencia total en el sector rural no
ha podido cristalizarse, manifiesta el legislador Rafael Sancho
(DP), ex prefecto de la provincia de Pastaza y ex presidente del
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador (Concope). (TAR)
Prefecturas sin tributos propios y con tasas insignificantes
Los consejos provinciales no tienen impuestos propios. El único es
el 1% adicional a las alcabalas. Algunas prefecturas los cobran
independientemente, pero la mayoría son recaudados por los
tesoreros municipales, que a su vez se los transfieren.
Hay otras tasas y contribuciones de mejoras que son cobradas, pero
resultan insignificantes.
En cambio, otro es el caso de los municipios que cobran tasas y
contribuciones por la construcción de aceras y bordillos en el
área urbana.
Frente a toda esta problemática, la propuesta de los entes es el
traspaso de la recaudación de 3 impuestos rurales, actualmente en
manos de los municipios : 1.- A la propiedad rural (el más
productivo económicamente y que cobran anualmente los municipios)
2.- A la transferencia de dominio de la propiedad (cobran los
cabildos cada vez que se vende una propiedad rural) 3.- A la
Plusvalía (cuando el Municipio considera que por los servicios o
beneficios prestados, agua potable, electrificación, vías de
primer orden, etc, esta propiedad rural ha incrementado su valor;
entonces esa diferencia le genera una plusvalía que es cobrada por
el Municipio). (TAR) (Texto tomado de El Expreso)
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