Según diario británico

Londres y Bogotá.- El semanario británico The Economist advierte en su última edición del deslizamiento del presidente colombiano, Álvaro Uribe, hacia una "autocracia" que hace daño a la democracia.

"Un país (Colombia) que se caracterizó en el pasado por una saludable desconfianza frente al Poder Ejecutivo está a punto de permitir a Uribe presentarse a un tercer mandato consecutivo, algo sin precedentes", señala la revista.

Pero hay quienes se oponen a esa posibilidad, y algunos de ellos son personas que acompañaron de cerca al presidente, como Fabio Echeverri, quien estuvo al frente de sus dos campañas presidenciales.

Según The Economist, la preocupación de esas personas y de la revista colombiana Semana, que se opone a la reelección por considerar que está en riesgo la separación de poderes, es tanto mayor por cuanto "el Gobierno de Uribe no ha estado libre de abusos y escándalos", como los casos de los falsos positivos: asesinato de inocentes para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.

El semanario señala que "si no renuncia mientras sigue llevando ventaja, la historia podría juzgar que Uribe empezó a desmontar sus propios logros".

Mientras tanto, el izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) invitó al también opositor Partido Liberal Colombiano (PLC) para conformar un frente contra la reelección del presidente. El de Uribe y su Gobierno es un "propósito caudillista" que debe recibir una oposición con vigor, consideró el presidente del PDA, Carlos Gaviria Díaz, en un mensaje enviado al director del PLC, el ex mandatario César Gaviria Trujillo.

La coalición del Gobierno en el Congreso tiene previsto aprobar la semana próxima un proyecto de referendo que permita a Uribe concurrir a los comicios de 2010. (EFE)

Condena por "falso positivo"


Un juez colombiano condenó a penas de entre 45 y 58 años de prisión a cuatro militares que secuestraron y asesinaron a un campesino para presentarlo como guerrillero muerto en combate, informaron ayer fuentes judiciales en Bogotá. La autoridad judicial concluyó que "los militares no obraron en estricto cumplimiento de sus funciones como funcionarios públicos ni por necesidad de salvaguardar sus vidas, como lo hicieron ver, al manifestar que el deceso había sido consecuencia de un enfrentamiento".

Por su parte, La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó una "muy seria preocupación" por la seguridad y la integridad personal de los líderes sindicales ante la oleada de asesinatos en los últimos meses en Colombia. En una carta abierta dirigida al presidente Uribe, el Observatorio pide "una condena pública y personal" ante estos asesinatos.
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