Quito. 15.05.95.
HOMICIDIO
Esmeraldas
El 20 de febrero, a la una de la mañana, Edgar Rosero Vásquez,
de 34 años, murió instantáneamente a causa de un disparo a
quemarropa realizado por el policía nacional Peter Wilfrido
Valencia. Este y el marino Nestor León se hallaban en la misma
cantina a la que entró Rosero, de la cual, sin motivo y
empleando la fuerza, le sacaron a la calle. Mientras León le
golpeaba por la espalda, el policía Valencia inmovilizó a la
victima y le disparó. El hermano del fallecido, en su demanda
de justicia al juez, dice: "Edgar era un hombre de bien,
padre de ocho hijos, todos ellos menores de edad. Se ganaba la
vida en la pesca artesanal".
El 22 de febrero, a las 9 de la noche, siete hombres vestidos
de civil sacaron de su vivienda al comerciante Vicente Muñoz
Ruiz. El arresto fue presenciado por sus hijos, uno de los
cuales identificó al cabo Jimmy Castro, vecino del barrio.
Tras el arresto, la esposa averiguó por el paradero del
detenido al cabo Castro, agente de Interpol, quien la remitió
a la Policía Judicial; pero en esa dependencia no obtuvo
ninguna información. Dos días después, mediante una llamada
telefónica, un hombre que se identificó como uno de los
captores del comerciante le dijo: A su marido no lo busque
vivo sino muerto,. Ella acudió a la morgue y casi no reconoció
el cadáver de su esposo. El protocolo de autopsia determina
que éste había muerto a consecuencia de asfixia por sumersión.
El cuerpo había sido encontrado en la vía perimetral, sitio
utilizado en los ultimos años para el abandono de más de una
docena de cadáveres, algunos con huellas de tortura.
Posteriormente, se publicaron versiones basadas en un informe
policial según el cual la muerte del comerciante se produjo
durante interrogatorios policiales relativos al asalto y robo
de un almacén. El detenido había sido conducido a un muelle
localizado al interior de las instalaciones de la Policía
Judicial del Guayas. Atado por una cuerda, era lanzado al
estero para luego subirlo y esto varias veces, pero a los
policías Andrade y Goya "se les pasó la mano", cuando lo
dejaban bajo el agua, y por esto murió.
TORTURA
Quito
- El 25 de febrero, Pedro Basurto y Manuel Briones, internos
de la Cárcel N§ 2, tras un intento de fuga, fueron llevados
a la cocina del centro penitenciario, siendo golpeados por los
guías carcelarios Pablo Cerón y Jorge Gualotuña con cucharones
de madera, provocándoles la perdida del conocimiento. El cruel
escarmiento duró de dos a seis de la maraña. Basurto también
fue arrastrado por el patio del recinto penitenciario.
Mientras eran torturados, los internos pidieron que llamaran a
tres amigos de prisión; posteriormente estas personas
sufrieron golpizas, amenazas de muerte e incomunicación en
calabozos.
La gravedad de las lesiones causadas al interno Basurto fueron
comprobadas por los médicos legistas de la Policía, quienes
verificaron la presencia de heridas suturadas, fracturas en la
mano derecha y pie izquierdo. Determinaron una incapacidad
física de treinta a sesenta días. En contradicción con ello,
un informe elaborado por la OlD-Pichincha reproduce las
declaraciones de uno de los guías penitenciarios, quien afirma
que el interno Basurto "rodó las gradas causándose los golpes
y hematomas que se verificaron".
El 16 de noviembre de 1993, el guía Jorge Gualotuña, empleando
un garrote, había golpeado en la cabeza al interno Manuel
Quinde, quien murió dos días después a causa de traumatismo
cráneo encefálico.
- El 10 de marzo, Rafael Prócel, recluído en la Clínica de
conducta (Penal García Moreno), había protestado porque no le
dejaron trabajar unos cuadros. En la noche, un guía le
castigó, sacándole al patio para que ejecute ejercicios
forzados. Durante los mismos, fue golpeado con garrotes.
Según la denuncia de un interno, la impunidad que protege a
estos guías explica que hayan grabado irónicamente en sus
garrotes las palabras "derechos humanos".
CONTRA CAMPESINOS
Los Ríos
El 18 de abril, a las once de la maraña, miembros de las
Fuerzas Especiales de la Brigada Patria N§ 26, irrumpieron en
los predios "Don Pedro", y "Mariquita" del cantón Quevedo,
destruyendo los cultivos de café y plátano realizados por los
socios de la agrupación "Mística Agraria, es hacer Patria",
integrada por veintidós familias pobres. Antes de retirarse,
los militares conminaron a los campesinos a salir de las
tierras en el menor tiempo posible, de lo contrario serían
desalojados.
Muchos campesinos de esa organización durante toda su vida han
trabajado en forma directa y vivido en esas tierras. El
propietario Antonio Mata estuvo implicado en narcotráfico; a
causa de ello, en 1990 se dictó prohibición de enajenar esos
lotes; sin embargo, en 1993 un Registrador inscribió una
escritura publica a favor de dos nuevos propietarios, uno de
ellos el ex-mayordomo de Mata. Estos presuntos propietarios
hicieron ofertas de donación, primero a la Policía, luego a la
Fuerza Terrestre; de esta forma, lograron acciones de la
fuerza publica en contra de los campesinos. Así un violento
operativo de desalojo se registro el 27 de agosto de 1994,
cuando un pelotón de miembros de las fuerzas especiales del
Ejército, cumpliendo órdenes del teniente coronel Luis Aguas,
destruyó las modestas viviendas habitadas por las familias
campesinas y sus cultivos. Sin considerar la vocación
agrícola, los militares han afirmado que estas tierras serán
utilizadas como campos de entrenamiento de salto en
paracaídas.
La situación de los campesinos se torna aún más crítica con la
reciente vigencia del Decreto Ejecutivo 2601 por el que se
moviliza y entrega para la defensa nacional los bienes muebles
e inmuebles que hayan sido comisados en cumplimiento de la Ley
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas.
La compañía petrolera ORYX, concesionaria de los bloques 7 y
21 de la Amazonía, considera que no se puede penetrar en estas
áreas sin su consentimiento. Sin embargo, dentro de las 400
mil hectáreas que le han sido otorgadas habitan miles de
indígenas y colonos, quienes sufren la contaminación de sus
esteros y fincas; también la destrucción de cultivos y bosques
por la apertura de carreteras, estaciones petroleras y
campamentos. Esta compañía petrolera impide el libre tránsito
por las carreteras que atraviesan la concesión, colocando
puestos de control con guardias privados.
El 23 de febrero, los misioneros capuchinos Josef Horman y
Maximiliano Kuderma, del Vicariato de Aguarico Coca, fueron
acusados por funcionarios de la compañía ORYX de ingresar en
propiedad privada sin autorización. Los misioneros, sin
penetrar en las instalaciones petroleras, habían recogido
muestras del agua que entra en el estero y tomado fotografías;
sin embargo, los funcionarios de la ORYX solicitaron la
intervención de elementos militares, quienes llevaron a los
misioneros al Comando militar de Orellana donde se les
confiscó las películas y se les retuvo un corto tiempo.
OCURRIO DURANTE EL CONFLICTO
CIVILES DETENIDOS
Entre el 14 y 2, de marzo, se conoció una lista de 68 civiles
peruanos 61 hombres y 7 mujeres que, según información
proveniente de la Asociación Pro-Derechos Humanos y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, seguirían
detenidos en dependencias policiales y militares del Ecuador.
El 10 de abril, el director de Asuntos Humanitarios y Medio
Ambiente de la Cancillería ecuatoriana informó que el número
de detenidos en el Ecuador "ha ido disminuyendo". Admitió
que a esa fecha "unos 14 ciudadanos peruanos estarían
detenidos: unos a órdenes del Ministerio de Defensa Nacional,
acusados de espionaje y, otros a órdenes de jueces, por haber
incurrido en delitos comunes".
Sobre ciudadanos ecuatorianos detenidos en el Perú, no fue
posible conseguir una cifra exacta, tampoco se conocen los
motivos y pormenores de las detenciones. Sin embargo, el 26 de
febrero, el gobernador de la provincia de El Oro, fronteriza
con Perú, confirmó la detención de 43 ecuatorianos, arrestados
principalmente en Aguas verdes y Túmbez, ciudades peruanas
situadas cerca de la frontera oeste con Ecuador. A fines de
febrero, se conoció que las autoridades peruanas liberaron a
cinco ecuatorianos detenidos en Piura por estar indocumentados. En los
mismos días, la Cancillería ecuatoriana informó que había puesto en
libertad a más de 25 ciudadanos peruanos detenidos en diferentes partes
del país.
Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un
boletín emitido el 24 de marzo, afirmó haber entrevistado a
"cerca de treinta civiles detenidos en ambos lados del,
conflicto".
CIUDADANOS ECUATORIANOS Y PERUANOS TORTURADOS O AGREDIDOS
El ministro de Defensa y el coronel José Grijalva denunciaron
que miembros del Ejército peruano estaban violando los
tratados de Ginebra, "cuando torturaron y mataron a un
prisionero de guerra ecuatoriano". Grijalva dijo que el
soldado N. Yuqui fue tomado prisionero por una patrulla
peruana, pero que a los pocos días fue encontrado en la selva
con claros indicios de tortura. Un indígena shuar fue
entrevistado por un canal de televisión y confirmó la
denuncia: "Fue capturado por cuatro soldados peruanos,
quienes comenzaron a cercenarle con cuchillos diferentes
partes del cuerpo hasta degollarle y luego lo dejaron colgado
de unos árboles". (La Hora, 7-02-95).
El 7 de febrero, José Mariño y Carlos Mauriola, periodistas
peruanos, fueron atacados en Quito por ocho hombres. Ambos
sufrieron heridas en la cabeza, boca y espalda; además
hematomas en el tórax, cuello y espalda. Les robaron videos.
Cinco días después, el periodista ecuatoriano Ramiro Cueva y
el camarógrafo Pablo Reyes fueron detenidos en un control
militar vecino a Puerto Pizarro (Túmbez). Rodeados por
infantes de Marina, fueron esposados y sepultados en arena.
Les llevaron sumergidos en grandes fundas llenas de agua,
diciéndoles que les iban a dar "un paseo por el mar".
Vendados los ojos les interrogaron en una celda. Al
camarógrafo le aplicaron corriente eléctrica y a Cueva golpes
de puño y patadas. (Hoy, 14-02-95).
El 6 de marzo, el vice-cónsul peruano en la ciudad de Machala
fue interceptado y duramente golpeado por cuatro hombres, uno
de ellos uniformado, cuando iba de Túmbez a Machala. Atado de
pies, lo abandonaron cerca de la carretera. Antes del
incidente había recibido amenazas de muerte. (Watch/Americas).
APRODEH denunció la detención de seis civiles peruanos.
quienes han sostenido que fueron llevados a recintos militares
e interrogados bajo severas torturas.
El 7 de febrero, Angel Ulbio Vélez director de teatro
ecuatoriano, fue detenido por militares ecuatorianos en el
control de Arenillas . Permaneció quince días incomunicado en
diferentes cuarteles militares de El Oro y Azuay, acusado de
espionaje. Durante los interrogatorios, realizados por
miembros de Inteligencia de las Fuerzas Armadas mediante la
aplicación de corriente eléctrica, fue amenazado de muere.
(Revista DERECHOS DEL PUEBLO N§87. PP 6-7)
HOMICIDIO
Esmeraldas
El 20 de febrero, a la una de la mañana, Edgar Rosero Vásquez,
de 34 años, murió instantáneamente a causa de un disparo a
quemarropa realizado por el policía nacional Peter Wilfrido
Valencia. Este y el marino Nestor León se hallaban en la misma
cantina a la que entró Rosero, de la cual, sin motivo y
empleando la fuerza, le sacaron a la calle. Mientras León le
golpeaba por la espalda, el policía Valencia inmovilizó a la
victima y le disparó. El hermano del fallecido, en su demanda
de justicia al juez, dice: "Edgar era un hombre de bien,
padre de ocho hijos, todos ellos menores de edad. Se ganaba la
vida en la pesca artesanal".
El 22 de febrero, a las 9 de la noche, siete hombres vestidos
de civil sacaron de su vivienda al comerciante Vicente Muñoz
Ruiz. El arresto fue presenciado por sus hijos, uno de los
cuales identificó al cabo Jimmy Castro, vecino del barrio.
Tras el arresto, la esposa averiguó por el paradero del
detenido al cabo Castro, agente de Interpol, quien la remitió
a la Policía Judicial; pero en esa dependencia no obtuvo
ninguna información. Dos días después, mediante una llamada
telefónica, un hombre que se identificó como uno de los
captores del comerciante le dijo: A su marido no lo busque
vivo sino muerto,. Ella acudió a la morgue y casi no reconoció
el cadáver de su esposo. El protocolo de autopsia determina
que éste había muerto a consecuencia de asfixia por sumersión.
El cuerpo había sido encontrado en la vía perimetral, sitio
utilizado en los ultimos años para el abandono de más de una
docena de cadáveres, algunos con huellas de tortura.
Posteriormente, se publicaron versiones basadas en un informe
policial según el cual la muerte del comerciante se produjo
durante interrogatorios policiales relativos al asalto y robo
de un almacén. El detenido había sido conducido a un muelle
localizado al interior de las instalaciones de la Policía
Judicial del Guayas. Atado por una cuerda, era lanzado al
estero para luego subirlo y esto varias veces, pero a los
policías Andrade y Goya "se les pasó la mano", cuando lo
dejaban bajo el agua, y por esto murió.
TORTURA
Quito
- El 25 de febrero, Pedro Basurto y Manuel Briones, internos
de la Cárcel N§ 2, tras un intento de fuga, fueron llevados
a la cocina del centro penitenciario, siendo golpeados por los
guías carcelarios Pablo Cerón y Jorge Gualotuña con cucharones
de madera, provocándoles la perdida del conocimiento. El cruel
escarmiento duró de dos a seis de la maraña. Basurto también
fue arrastrado por el patio del recinto penitenciario.
Mientras eran torturados, los internos pidieron que llamaran a
tres amigos de prisión; posteriormente estas personas
sufrieron golpizas, amenazas de muerte e incomunicación en
calabozos.
La gravedad de las lesiones causadas al interno Basurto fueron
comprobadas por los médicos legistas de la Policía, quienes
verificaron la presencia de heridas suturadas, fracturas en la
mano derecha y pie izquierdo. Determinaron una incapacidad
física de treinta a sesenta días. En contradicción con ello,
un informe elaborado por la OlD-Pichincha reproduce las
declaraciones de uno de los guías penitenciarios, quien afirma
que el interno Basurto "rodó las gradas causándose los golpes
y hematomas que se verificaron".
El 16 de noviembre de 1993, el guía Jorge Gualotuña, empleando
un garrote, había golpeado en la cabeza al interno Manuel
Quinde, quien murió dos días después a causa de traumatismo
cráneo encefálico.
- El 10 de marzo, Rafael Prócel, recluído en la Clínica de
conducta (Penal García Moreno), había protestado porque no le
dejaron trabajar unos cuadros. En la noche, un guía le
castigó, sacándole al patio para que ejecute ejercicios
forzados. Durante los mismos, fue golpeado con garrotes.
Según la denuncia de un interno, la impunidad que protege a
estos guías explica que hayan grabado irónicamente en sus
garrotes las palabras "derechos humanos".
CONTRA CAMPESINOS
Los Ríos
El 18 de abril, a las once de la maraña, miembros de las
Fuerzas Especiales de la Brigada Patria N§ 26, irrumpieron en
los predios "Don Pedro", y "Mariquita" del cantón Quevedo,
destruyendo los cultivos de café y plátano realizados por los
socios de la agrupación "Mística Agraria, es hacer Patria",
integrada por veintidós familias pobres. Antes de retirarse,
los militares conminaron a los campesinos a salir de las
tierras en el menor tiempo posible, de lo contrario serían
desalojados.
Muchos campesinos de esa organización durante toda su vida han
trabajado en forma directa y vivido en esas tierras. El
propietario Antonio Mata estuvo implicado en narcotráfico; a
causa de ello, en 1990 se dictó prohibición de enajenar esos
lotes; sin embargo, en 1993 un Registrador inscribió una
escritura publica a favor de dos nuevos propietarios, uno de
ellos el ex-mayordomo de Mata. Estos presuntos propietarios
hicieron ofertas de donación, primero a la Policía, luego a la
Fuerza Terrestre; de esta forma, lograron acciones de la
fuerza publica en contra de los campesinos. Así un violento
operativo de desalojo se registro el 27 de agosto de 1994,
cuando un pelotón de miembros de las fuerzas especiales del
Ejército, cumpliendo órdenes del teniente coronel Luis Aguas,
destruyó las modestas viviendas habitadas por las familias
campesinas y sus cultivos. Sin considerar la vocación
agrícola, los militares han afirmado que estas tierras serán
utilizadas como campos de entrenamiento de salto en
paracaídas.
La situación de los campesinos se torna aún más crítica con la
reciente vigencia del Decreto Ejecutivo 2601 por el que se
moviliza y entrega para la defensa nacional los bienes muebles
e inmuebles que hayan sido comisados en cumplimiento de la Ley
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotropicas.
La compañía petrolera ORYX, concesionaria de los bloques 7 y
21 de la Amazonía, considera que no se puede penetrar en estas
áreas sin su consentimiento. Sin embargo, dentro de las 400
mil hectáreas que le han sido otorgadas habitan miles de
indígenas y colonos, quienes sufren la contaminación de sus
esteros y fincas; también la destrucción de cultivos y bosques
por la apertura de carreteras, estaciones petroleras y
campamentos. Esta compañía petrolera impide el libre tránsito
por las carreteras que atraviesan la concesión, colocando
puestos de control con guardias privados.
El 23 de febrero, los misioneros capuchinos Josef Horman y
Maximiliano Kuderma, del Vicariato de Aguarico Coca, fueron
acusados por funcionarios de la compañía ORYX de ingresar en
propiedad privada sin autorización. Los misioneros, sin
penetrar en las instalaciones petroleras, habían recogido
muestras del agua que entra en el estero y tomado fotografías;
sin embargo, los funcionarios de la ORYX solicitaron la
intervención de elementos militares, quienes llevaron a los
misioneros al Comando militar de Orellana donde se les
confiscó las películas y se les retuvo un corto tiempo.
OCURRIO DURANTE EL CONFLICTO
CIVILES DETENIDOS
Entre el 14 y 2, de marzo, se conoció una lista de 68 civiles
peruanos 61 hombres y 7 mujeres que, según información
proveniente de la Asociación Pro-Derechos Humanos y la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, seguirían
detenidos en dependencias policiales y militares del Ecuador.
El 10 de abril, el director de Asuntos Humanitarios y Medio
Ambiente de la Cancillería ecuatoriana informó que el número
de detenidos en el Ecuador "ha ido disminuyendo". Admitió
que a esa fecha "unos 14 ciudadanos peruanos estarían
detenidos: unos a órdenes del Ministerio de Defensa Nacional,
acusados de espionaje y, otros a órdenes de jueces, por haber
incurrido en delitos comunes".
Sobre ciudadanos ecuatorianos detenidos en el Perú, no fue
posible conseguir una cifra exacta, tampoco se conocen los
motivos y pormenores de las detenciones. Sin embargo, el 26 de
febrero, el gobernador de la provincia de El Oro, fronteriza
con Perú, confirmó la detención de 43 ecuatorianos, arrestados
principalmente en Aguas verdes y Túmbez, ciudades peruanas
situadas cerca de la frontera oeste con Ecuador. A fines de
febrero, se conoció que las autoridades peruanas liberaron a
cinco ecuatorianos detenidos en Piura por estar indocumentados. En los
mismos días, la Cancillería ecuatoriana informó que había puesto en
libertad a más de 25 ciudadanos peruanos detenidos en diferentes partes
del país.
Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un
boletín emitido el 24 de marzo, afirmó haber entrevistado a
"cerca de treinta civiles detenidos en ambos lados del,
conflicto".
CIUDADANOS ECUATORIANOS Y PERUANOS TORTURADOS O AGREDIDOS
El ministro de Defensa y el coronel José Grijalva denunciaron
que miembros del Ejército peruano estaban violando los
tratados de Ginebra, "cuando torturaron y mataron a un
prisionero de guerra ecuatoriano". Grijalva dijo que el
soldado N. Yuqui fue tomado prisionero por una patrulla
peruana, pero que a los pocos días fue encontrado en la selva
con claros indicios de tortura. Un indígena shuar fue
entrevistado por un canal de televisión y confirmó la
denuncia: "Fue capturado por cuatro soldados peruanos,
quienes comenzaron a cercenarle con cuchillos diferentes
partes del cuerpo hasta degollarle y luego lo dejaron colgado
de unos árboles". (La Hora, 7-02-95).
El 7 de febrero, José Mariño y Carlos Mauriola, periodistas
peruanos, fueron atacados en Quito por ocho hombres. Ambos
sufrieron heridas en la cabeza, boca y espalda; además
hematomas en el tórax, cuello y espalda. Les robaron videos.
Cinco días después, el periodista ecuatoriano Ramiro Cueva y
el camarógrafo Pablo Reyes fueron detenidos en un control
militar vecino a Puerto Pizarro (Túmbez). Rodeados por
infantes de Marina, fueron esposados y sepultados en arena.
Les llevaron sumergidos en grandes fundas llenas de agua,
diciéndoles que les iban a dar "un paseo por el mar".
Vendados los ojos les interrogaron en una celda. Al
camarógrafo le aplicaron corriente eléctrica y a Cueva golpes
de puño y patadas. (Hoy, 14-02-95).
El 6 de marzo, el vice-cónsul peruano en la ciudad de Machala
fue interceptado y duramente golpeado por cuatro hombres, uno
de ellos uniformado, cuando iba de Túmbez a Machala. Atado de
pies, lo abandonaron cerca de la carretera. Antes del
incidente había recibido amenazas de muerte. (Watch/Americas).
APRODEH denunció la detención de seis civiles peruanos.
quienes han sostenido que fueron llevados a recintos militares
e interrogados bajo severas torturas.
El 7 de febrero, Angel Ulbio Vélez director de teatro
ecuatoriano, fue detenido por militares ecuatorianos en el
control de Arenillas . Permaneció quince días incomunicado en
diferentes cuarteles militares de El Oro y Azuay, acusado de
espionaje. Durante los interrogatorios, realizados por
miembros de Inteligencia de las Fuerzas Armadas mediante la
aplicación de corriente eléctrica, fue amenazado de muere.
(Revista DERECHOS DEL PUEBLO N§87. PP 6-7)
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