Quito. 16 abr 99. Para los investigadores fue un autoatentado,
para los dueños un acto terrorista. Un barrio estuvo en
peligro
Por Christian Zurita
En la madrugada del Viernes Santo, dos de abril, una llamada
telefónica despertó abruptamente a Vinicio Pinto Espinosa para
decirle que su fábrica echaba lenguas de fuego de hasta 30
metros de altura y que si no se actuaba rápidamente las llamas
alcanzarían la nave central donde se almacenaban 12 toneladas
de gas licuado de petróleo, cientos de galones de combustible
y varios bidones de productos químicos que la empresa
utilizaba para su trabajo.
Más de 100 hombres del Cuerpo de Bomberos controlaron el
incendio y descubrieron que el siniestro se había iniciado por
una explosión de una carga de dinamita que se encontraba
conectada a 18 explosivos más a través de 400 metros de mecha
lenta, regulados con timbres o relojes. De todos los
explosivos sólo uno de ellos estalló, ya que en cierto tramo
del tendido de la mecha se encontraba cortado. "Si todo este
material estallaba, al menos tres mil personas habrían
encontrado la muerte", mencionó un experto antibombas del
Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional.
ATENTADO O AUTOATENTADO
Las primeras indagaciones realizadas por el Grupo de Apoyo
Operativo de la Policía, GAO, al mando del coronel Rodrigo
Heredia, subjefe de la OID de Pichincha y de la doctora
Rosario Villena, fiscal de tránsito que se encontraba de turno
al momento del siniestro, señalaron autoatentado a pesar de
que las primeras hipótesis apuntaron hacia un trabajador
despedido. Pero después, la Fiscal y los agentes
investigadores fueron a la casa de Pinto y el lunes cinco de
abril la Fiscal señaló que al ingresar a la vivienda del
empresario encontró "ropa que había sido recién lavada y unos
zapatos tenis que contenían un fuerte olor a kerex". La
explicación de Pinto fue que el jueves primero de abril, a eso
de las 14h00, luego de que todos los empleados abandonaron la
fábrica por el feriado de Semana Santa, fue llamado por un
ciudadano colombiano Jairo Ovidio que necesitaba comprar 135
galones de insecticida -una mezcla de kerex y piretrina- para
distribuirlos a sus clientes de Pasto, Colombia. Ovidio le
entregó 15 millones en efectivo por el producto, pero jamás se
acercó a retirarlo. Pinto le pidió a Ovidio una copia del
pasaporte para cerciorarse de su identidad, la copia habría
sido guardada en una de las oficinas, pero hasta el cierre de
nuestra edición, no se vio ese documento. Tampoco se pudo
verificar la presencia de las 35 canecas que contenían 135
galones de insecticida que Pinto había envasado personalmente,
la tarde del primero de abril.
El problema llegó a su clímax el martes seis de abril cuando
la fiscal Villena, a través del ministro fiscal encargado
Guillermo Mosquera, solicitó, como medida cautelar y con fines
de investigación, la detención de Pinto por 48 horas. El
pedido cayó en el juzgado tercero de lo penal pero para
entones, Pinto se encontraba fuera del país. "El ingeniero
Pinto ha hecho conocer a través de sus abogados, que decidió
fugar, ninguna persona que se siente culpable, fuga. Con esa
actitud la ciudadanía puede darse cuenta que él está
reconociendo su autoría", sentenció la Fiscal.
Luego de esa declaración, ciertos oficiales de policía, de
rango, hicieron notar su disconformidad con la actitud de
Villena, que se adelantó a exponer su criterio a pesar de que
el informe policial no se encontraba elaborado ni en un 40 por
ciento.
La respuesta del doctor Germánico Maya, abogado defensor de
Pinto, no se hizo esperar: "Primeramente, el señor Pinto no ha
fugado de ninguna parte porque no se encontraba preso ni tenía
orden de prisión", e insinuó prevaricato de la Fiscal.
LABERINTO
Vistazo trató de conversar con la Fiscal: "Lamento no poder
ayudarle, pero debo decirle que se me ha prohibido por
completo hablar sobre el tema, lo que le puedo decir es que
hemos recopilado una serie de informaciones que aún debemos
investigar". Las evidencias de atentado después tomaron la
forma de autoatentado, supuestamente, por un seguro
millonario.
Para el doctor Maya, dicha hipótesis es completamente absurda
ya que la fábrica se encuentra avaluada, aproximadamente, en
siete millones de dólares y el seguro apenas cubriría la
tercera parte de ese monto, es decir, máximo dos millones de
dólares. La policía mostró desconfianza porque Windsor había
elevado el monto del seguro a tres millones y medio de
dólares. Maya afirma que anualmente las aseguradoras obligan a
los clientes a subir el costo de cobertura, "básicamente por
la revalorización que toman los activos para efectos de
reposición". Además asegura que Pinto tiene un sólido
patrimonio económico en tres bancos internacionales: tres
millones de dólares en un banco suizo, 1.2 millones en el
Produbanco de Islas Cayman y cinco millones de dólares más en
el Jersey Bank de los Estados Unidos. ¿Cómo puede un hombre
destruir su patrimonio a sabiendas de que puede matar a cinco
mil personas y cobrar un seguro que no cubre ni la mitad de lo
que cuesta?", pregunta el abogado.
Fuentes cercanas al ingeniero Pinto, señalaron que éste se
encontraba renuente a presentar la solicitud de reclamo al
seguro porque le aterraba el hecho de que la gente piense que
quería beneficiarse de la tragedia. A pesar de ello, él
entregó un poder a Gustavo Romero Arteta, encargado de los
asuntos corporativos de la empresa para que presente la
solicitud. El plazo de entrega de los documentos vencía luego
de tres días hábiles de haber sucedido el atentado, la
solicitud fue entregada el último día. Los daños materiales
causados por el atentado ascenderían a 200 mil dólares, sin
contar los destrozos causados a las viviendas particulares.
Sin embargo, para hacer ese pago, la aseguradora también
trabaja por su lado. "Nosotros debemos esperar el informe
final de nuestros peritos y mientras no tengamos ese documento
no emitiremos ninguna declaración", señaló Santiago Oleas
Ordóñez, gerente técnico de Seguros Unidos S.A., la empresa
aseguradora de Windsor.
LA SOMBRA DEL TERRORISMO
Y el empresario también investiga. "Existen fuertes intereses
de por medio y por ello la empresa ha autorizado la
contratación de un investigador colombiano experto en
explosivos, que tendría buena relación con los oficiales del
DAS de Colombia", dijo el abogado Maya.
Además, presentó en el juzgado décimo de lo penal de Pichincha
una demanda en la que señala haber recibido varias amenazas
telefónicas desde el mes de enero, de un hombre con acento
colombiano que le dijo: "Tiene que contribuir con dinero para
la causa". La última fue cinco días después del atentado, en
contra de Patricio Pinto, hermano del empresario. "Le dijo ser
el autor del atentado en contra de la fábrica y que su
propósito era destruirles como empresa".
Para enredar más el problema, a algunos medios de
comunicación, incluso al abogado de Pinto, llegó un mensaje de
correo electrónico de un misterioso "Movimiento
Independentista Austral", MIA, que se declaraba "autor
material de la explosión de la fábrica". El texto decía, entre
otras cosas: "El éxito de los sucesos en la fábrica Windsor es
una muestra de lo que somos capaces de hacer, la Policía
Nacional ha tratado de encubrir nuestro pronunciamiento, pero
no nos interesa, la verdad la conocerá el país en los próximos
días". El mensaje también afirmaba que lucharán con "sangre
propia y ajena hasta conseguir la independencia del yugo
servil ecuatoriano". Por último agradecían a Euskadi Ta
Askatasunra -ETA- por su colaboración, en especial a Kantauri
a quienes debemos su ayuda incondicional en la lucha armada
por un Austro independiente".
El mensaje fue remitido por uno de los tantos servidores de
correo electrónico gratuito que existen en Internet, bajo la
dirección movimiento [email protected].
Vistazo envió una serie de mensajes a esa dirección de correo
electrónico, sin obtener ninguna respuesta.
Así, lleno de enigmas estaba el caso hasta el cierre de
nuestra edición.
Vinicio Pinto Espinosa, quiteño de 43 años, se graduó de
bachiller en Alemania y poco tiempo después, apoyado por su
madre, Marieta Espinosa, fundadora de la fábrica Windsor en
1972, realizó un curso de perfumería en ese mismo país.
Según cuentan familiares, Vinicio es un empresario que se
formó junto a su madre y a través de los años aprendió a
manejar la fábrica de tal manera que la convirtió en la más
tecnificada del país.
Al contrario del resto de su familia, es el único que no se ha
dedicado a la industria textil.
Es medio hermano de Gustavo Pinto, presidente de la Cámara de
Industriales de Pichincha; primo hermano de Mauricio Pinto, ex
ministro de Industrias y Finanzas y empresario textilero, y
primo en segundo grado de Pedro Pinto, actual legislador de la
República.
Actualmente Windsor es la única fábrica nacional que produce
aerosoles con gas natural -propano- y cumple estrictamente con
los parámetros de conservación del medio ambiente, evitando la
destrucción de la capa de ozono. Por ello se encontraba
exportando hacia Colombia su famosa Espuma de Carnaval. Como
proyecto a mediano plazo, se disponía a construir una nueva
planta industrial en la parroquia de Calderón, al norte de
Quito.
"Con su fuga, la ciudadanía puede darse cuenta que Pinto está
reconociendo su autoría", dijo la Fiscal. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
para los dueños un acto terrorista. Un barrio estuvo en
peligro
Por Christian Zurita
En la madrugada del Viernes Santo, dos de abril, una llamada
telefónica despertó abruptamente a Vinicio Pinto Espinosa para
decirle que su fábrica echaba lenguas de fuego de hasta 30
metros de altura y que si no se actuaba rápidamente las llamas
alcanzarían la nave central donde se almacenaban 12 toneladas
de gas licuado de petróleo, cientos de galones de combustible
y varios bidones de productos químicos que la empresa
utilizaba para su trabajo.
Más de 100 hombres del Cuerpo de Bomberos controlaron el
incendio y descubrieron que el siniestro se había iniciado por
una explosión de una carga de dinamita que se encontraba
conectada a 18 explosivos más a través de 400 metros de mecha
lenta, regulados con timbres o relojes. De todos los
explosivos sólo uno de ellos estalló, ya que en cierto tramo
del tendido de la mecha se encontraba cortado. "Si todo este
material estallaba, al menos tres mil personas habrían
encontrado la muerte", mencionó un experto antibombas del
Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional.
ATENTADO O AUTOATENTADO
Las primeras indagaciones realizadas por el Grupo de Apoyo
Operativo de la Policía, GAO, al mando del coronel Rodrigo
Heredia, subjefe de la OID de Pichincha y de la doctora
Rosario Villena, fiscal de tránsito que se encontraba de turno
al momento del siniestro, señalaron autoatentado a pesar de
que las primeras hipótesis apuntaron hacia un trabajador
despedido. Pero después, la Fiscal y los agentes
investigadores fueron a la casa de Pinto y el lunes cinco de
abril la Fiscal señaló que al ingresar a la vivienda del
empresario encontró "ropa que había sido recién lavada y unos
zapatos tenis que contenían un fuerte olor a kerex". La
explicación de Pinto fue que el jueves primero de abril, a eso
de las 14h00, luego de que todos los empleados abandonaron la
fábrica por el feriado de Semana Santa, fue llamado por un
ciudadano colombiano Jairo Ovidio que necesitaba comprar 135
galones de insecticida -una mezcla de kerex y piretrina- para
distribuirlos a sus clientes de Pasto, Colombia. Ovidio le
entregó 15 millones en efectivo por el producto, pero jamás se
acercó a retirarlo. Pinto le pidió a Ovidio una copia del
pasaporte para cerciorarse de su identidad, la copia habría
sido guardada en una de las oficinas, pero hasta el cierre de
nuestra edición, no se vio ese documento. Tampoco se pudo
verificar la presencia de las 35 canecas que contenían 135
galones de insecticida que Pinto había envasado personalmente,
la tarde del primero de abril.
El problema llegó a su clímax el martes seis de abril cuando
la fiscal Villena, a través del ministro fiscal encargado
Guillermo Mosquera, solicitó, como medida cautelar y con fines
de investigación, la detención de Pinto por 48 horas. El
pedido cayó en el juzgado tercero de lo penal pero para
entones, Pinto se encontraba fuera del país. "El ingeniero
Pinto ha hecho conocer a través de sus abogados, que decidió
fugar, ninguna persona que se siente culpable, fuga. Con esa
actitud la ciudadanía puede darse cuenta que él está
reconociendo su autoría", sentenció la Fiscal.
Luego de esa declaración, ciertos oficiales de policía, de
rango, hicieron notar su disconformidad con la actitud de
Villena, que se adelantó a exponer su criterio a pesar de que
el informe policial no se encontraba elaborado ni en un 40 por
ciento.
La respuesta del doctor Germánico Maya, abogado defensor de
Pinto, no se hizo esperar: "Primeramente, el señor Pinto no ha
fugado de ninguna parte porque no se encontraba preso ni tenía
orden de prisión", e insinuó prevaricato de la Fiscal.
LABERINTO
Vistazo trató de conversar con la Fiscal: "Lamento no poder
ayudarle, pero debo decirle que se me ha prohibido por
completo hablar sobre el tema, lo que le puedo decir es que
hemos recopilado una serie de informaciones que aún debemos
investigar". Las evidencias de atentado después tomaron la
forma de autoatentado, supuestamente, por un seguro
millonario.
Para el doctor Maya, dicha hipótesis es completamente absurda
ya que la fábrica se encuentra avaluada, aproximadamente, en
siete millones de dólares y el seguro apenas cubriría la
tercera parte de ese monto, es decir, máximo dos millones de
dólares. La policía mostró desconfianza porque Windsor había
elevado el monto del seguro a tres millones y medio de
dólares. Maya afirma que anualmente las aseguradoras obligan a
los clientes a subir el costo de cobertura, "básicamente por
la revalorización que toman los activos para efectos de
reposición". Además asegura que Pinto tiene un sólido
patrimonio económico en tres bancos internacionales: tres
millones de dólares en un banco suizo, 1.2 millones en el
Produbanco de Islas Cayman y cinco millones de dólares más en
el Jersey Bank de los Estados Unidos. ¿Cómo puede un hombre
destruir su patrimonio a sabiendas de que puede matar a cinco
mil personas y cobrar un seguro que no cubre ni la mitad de lo
que cuesta?", pregunta el abogado.
Fuentes cercanas al ingeniero Pinto, señalaron que éste se
encontraba renuente a presentar la solicitud de reclamo al
seguro porque le aterraba el hecho de que la gente piense que
quería beneficiarse de la tragedia. A pesar de ello, él
entregó un poder a Gustavo Romero Arteta, encargado de los
asuntos corporativos de la empresa para que presente la
solicitud. El plazo de entrega de los documentos vencía luego
de tres días hábiles de haber sucedido el atentado, la
solicitud fue entregada el último día. Los daños materiales
causados por el atentado ascenderían a 200 mil dólares, sin
contar los destrozos causados a las viviendas particulares.
Sin embargo, para hacer ese pago, la aseguradora también
trabaja por su lado. "Nosotros debemos esperar el informe
final de nuestros peritos y mientras no tengamos ese documento
no emitiremos ninguna declaración", señaló Santiago Oleas
Ordóñez, gerente técnico de Seguros Unidos S.A., la empresa
aseguradora de Windsor.
LA SOMBRA DEL TERRORISMO
Y el empresario también investiga. "Existen fuertes intereses
de por medio y por ello la empresa ha autorizado la
contratación de un investigador colombiano experto en
explosivos, que tendría buena relación con los oficiales del
DAS de Colombia", dijo el abogado Maya.
Además, presentó en el juzgado décimo de lo penal de Pichincha
una demanda en la que señala haber recibido varias amenazas
telefónicas desde el mes de enero, de un hombre con acento
colombiano que le dijo: "Tiene que contribuir con dinero para
la causa". La última fue cinco días después del atentado, en
contra de Patricio Pinto, hermano del empresario. "Le dijo ser
el autor del atentado en contra de la fábrica y que su
propósito era destruirles como empresa".
Para enredar más el problema, a algunos medios de
comunicación, incluso al abogado de Pinto, llegó un mensaje de
correo electrónico de un misterioso "Movimiento
Independentista Austral", MIA, que se declaraba "autor
material de la explosión de la fábrica". El texto decía, entre
otras cosas: "El éxito de los sucesos en la fábrica Windsor es
una muestra de lo que somos capaces de hacer, la Policía
Nacional ha tratado de encubrir nuestro pronunciamiento, pero
no nos interesa, la verdad la conocerá el país en los próximos
días". El mensaje también afirmaba que lucharán con "sangre
propia y ajena hasta conseguir la independencia del yugo
servil ecuatoriano". Por último agradecían a Euskadi Ta
Askatasunra -ETA- por su colaboración, en especial a Kantauri
a quienes debemos su ayuda incondicional en la lucha armada
por un Austro independiente".
El mensaje fue remitido por uno de los tantos servidores de
correo electrónico gratuito que existen en Internet, bajo la
dirección movimiento [email protected].
Vistazo envió una serie de mensajes a esa dirección de correo
electrónico, sin obtener ninguna respuesta.
Así, lleno de enigmas estaba el caso hasta el cierre de
nuestra edición.
Vinicio Pinto Espinosa, quiteño de 43 años, se graduó de
bachiller en Alemania y poco tiempo después, apoyado por su
madre, Marieta Espinosa, fundadora de la fábrica Windsor en
1972, realizó un curso de perfumería en ese mismo país.
Según cuentan familiares, Vinicio es un empresario que se
formó junto a su madre y a través de los años aprendió a
manejar la fábrica de tal manera que la convirtió en la más
tecnificada del país.
Al contrario del resto de su familia, es el único que no se ha
dedicado a la industria textil.
Es medio hermano de Gustavo Pinto, presidente de la Cámara de
Industriales de Pichincha; primo hermano de Mauricio Pinto, ex
ministro de Industrias y Finanzas y empresario textilero, y
primo en segundo grado de Pedro Pinto, actual legislador de la
República.
Actualmente Windsor es la única fábrica nacional que produce
aerosoles con gas natural -propano- y cumple estrictamente con
los parámetros de conservación del medio ambiente, evitando la
destrucción de la capa de ozono. Por ello se encontraba
exportando hacia Colombia su famosa Espuma de Carnaval. Como
proyecto a mediano plazo, se disponía a construir una nueva
planta industrial en la parroquia de Calderón, al norte de
Quito.
"Con su fuga, la ciudadanía puede darse cuenta que Pinto está
reconociendo su autoría", dijo la Fiscal. (Texto tomado de La
Revista Vistazo)
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