Quito. 25 ene 2002. Después de tres semanas tempestuosas, la aguas
vuelven a la calma en la Corte Suprema de Justicia que, anteayer,
consiguió elegir a su nuevo presidente. El agrupamiento de los
magistrados por tendencias partidistas dejó al descubierto, una vez más,
las huellas de la politización. Si bien se puede argumentar que es
inevitable que los magistrados tengan sus tendencias políticas, no hay
explicación que valga cuando se denuncia, como parte de las polarizadas
negociaciones en la elección del presidente de la Corte Suprema, repartos
de cuotas partidistas para la renovación de los jueces o un
sobreseimiento de última hora decidido por el presidente saliente, Galo
Pico Mantilla...
El nuevo presidente, Armando Bermeo Castillo, tiene treinta y dos años en
la carrera judicial, con un corto paréntesis como asesor jurídico del
régimen de Rodrigo Borja; en sus primeras declaraciones, aseguró que
sería inmune a influencias políticas y, además, se comprometió a luchar
contra la corrupción, a tal punto que, según dijo, si no consigue
resultados renunciaría a su alta investidura.
La independencia de los jueces y magistrados es la condición básica de
posibilidad para aspirar a una justicia confiable. Pero la
despolitización de la Función Judicial no se consigue de la noche a la
mañana, sino que es fruto de un arduo proceso interno. Aunque penosas
experiencias, como la de renovación del presidente de la Corte, reflejen
los límites del proceso, resulta injusto negar que algo se ha avanzado en
él.
Los problemas en la elección de presidente de la Corte han llevado al
Congreso a poner los ojos en ella. Aunque por ahora no tiene apoyo una
de las pretensiones de los diputados del PRE, la de cesar en sus
funciones a los actuales magistrados con la intención de favorecer los
procesos en manos de la actual Corte contra Abdalá Bucaram, se mantiene
el proyecto de subordinar a los magistrados al control del Congreso por
medio de los juicios políticos, lo cual resulta absurdo y equivale a
condenar a muerte al proceso de despolitización. El sistema de coptación
de los magistrados se aprobó para evitar la dependencia que creaba su
elección, por un período fijo, por parte del Congreso; con el juicio
político, los diputados tendrían una injerencia mayor que antes al poder
destituir a los jueces. Además, sujetar a los magistrados al control del
Congreso es abrir las puertas para que los diputados interfieran en la
potestad jurisdiccional de aquellos, supone llevarlos a una instancia
fundamentalmente política y, por estas vías, lesiona la independencia de
las funciones del Estado.
Sin embargo, conciliar la independencia y la necesidad de depuración
exige crear mecanismos internos de rendición de cuentas, control y
evaluación en la propia Función Judicial. Desde los jueces de las cortes
superiores hacia abajo son vigilados por el Consejo Nacional de la
Judicatura. No obstante, no existe un mecanismo de evaluación del
desempeño de los jueces. Al Consejo llegan los reclamos y quejas. Pero
nadie evalúa los resultados del trabajo, la agilidad en el despacho de
las causas.
Existe, además, un vacío, en cuanto a rendición de cuentas, control y
evaluación de los magistrados de la Corte Suprema. ¿Tiene competencia en
esta materia el Consejo de la Judicatura? ¿O se necesita crear un
tribunal de honor o cualquier otra instancia en la propia Corte Suprema
de Justicia como mecanismo de autocontrol?
El funcionamiento eficaz de mecanismos de vigilancia y evaluación sería
el mejor argumento práctico contra cualquier intención de poner en manos
del Congreso el control de la Función Judicial y cortar el proceso de
despolitización.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
vuelven a la calma en la Corte Suprema de Justicia que, anteayer,
consiguió elegir a su nuevo presidente. El agrupamiento de los
magistrados por tendencias partidistas dejó al descubierto, una vez más,
las huellas de la politización. Si bien se puede argumentar que es
inevitable que los magistrados tengan sus tendencias políticas, no hay
explicación que valga cuando se denuncia, como parte de las polarizadas
negociaciones en la elección del presidente de la Corte Suprema, repartos
de cuotas partidistas para la renovación de los jueces o un
sobreseimiento de última hora decidido por el presidente saliente, Galo
Pico Mantilla...
El nuevo presidente, Armando Bermeo Castillo, tiene treinta y dos años en
la carrera judicial, con un corto paréntesis como asesor jurídico del
régimen de Rodrigo Borja; en sus primeras declaraciones, aseguró que
sería inmune a influencias políticas y, además, se comprometió a luchar
contra la corrupción, a tal punto que, según dijo, si no consigue
resultados renunciaría a su alta investidura.
La independencia de los jueces y magistrados es la condición básica de
posibilidad para aspirar a una justicia confiable. Pero la
despolitización de la Función Judicial no se consigue de la noche a la
mañana, sino que es fruto de un arduo proceso interno. Aunque penosas
experiencias, como la de renovación del presidente de la Corte, reflejen
los límites del proceso, resulta injusto negar que algo se ha avanzado en
él.
Los problemas en la elección de presidente de la Corte han llevado al
Congreso a poner los ojos en ella. Aunque por ahora no tiene apoyo una
de las pretensiones de los diputados del PRE, la de cesar en sus
funciones a los actuales magistrados con la intención de favorecer los
procesos en manos de la actual Corte contra Abdalá Bucaram, se mantiene
el proyecto de subordinar a los magistrados al control del Congreso por
medio de los juicios políticos, lo cual resulta absurdo y equivale a
condenar a muerte al proceso de despolitización. El sistema de coptación
de los magistrados se aprobó para evitar la dependencia que creaba su
elección, por un período fijo, por parte del Congreso; con el juicio
político, los diputados tendrían una injerencia mayor que antes al poder
destituir a los jueces. Además, sujetar a los magistrados al control del
Congreso es abrir las puertas para que los diputados interfieran en la
potestad jurisdiccional de aquellos, supone llevarlos a una instancia
fundamentalmente política y, por estas vías, lesiona la independencia de
las funciones del Estado.
Sin embargo, conciliar la independencia y la necesidad de depuración
exige crear mecanismos internos de rendición de cuentas, control y
evaluación en la propia Función Judicial. Desde los jueces de las cortes
superiores hacia abajo son vigilados por el Consejo Nacional de la
Judicatura. No obstante, no existe un mecanismo de evaluación del
desempeño de los jueces. Al Consejo llegan los reclamos y quejas. Pero
nadie evalúa los resultados del trabajo, la agilidad en el despacho de
las causas.
Existe, además, un vacío, en cuanto a rendición de cuentas, control y
evaluación de los magistrados de la Corte Suprema. ¿Tiene competencia en
esta materia el Consejo de la Judicatura? ¿O se necesita crear un
tribunal de honor o cualquier otra instancia en la propia Corte Suprema
de Justicia como mecanismo de autocontrol?
El funcionamiento eficaz de mecanismos de vigilancia y evaluación sería
el mejor argumento práctico contra cualquier intención de poner en manos
del Congreso el control de la Función Judicial y cortar el proceso de
despolitización.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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