Guayaquil. 13 sep 98. Alrededor del edificio blanco con azul
de la manzana rodeada por las calles Chile, Chimborazo, Brasil
y Cuenca se nota un constante movimiento de uniformados y
civiles entrando y saliendo de las diferentes dependencias de
la Comisión de Tránsito del Guayas para hacer trámites en
busca de una licencia, matrícula, denunciar un robo o visitar
a algún familiar en el calabozo de tránsito. "Amiga véame esta
matrícula", dice un uniformado a una cajera en una de las
ventanillas de matriculación. En la caja contigua se acerca un
civil con varios papeles, pidiendo ayuda para dar trámite a
los formularios correspondientes a varios vehículos.
En el interior del edificio, en la oficina del subjefe de
Tránsito, Carlos Espinoza, ingresa Ricardo Onofre, un
dirigente de la trasportación pública que le anuncia al
oficial una buena noticia: "Ya tenemos dos unidades de
articulados en las bodegas de la Volvo, que pronto saldrán a
recorridos. Hemos formado una empresa, nos hemos reunido
varios transportistas para dar este servicio", dice Onofre.
¿De qué cooperativa es?, preguntamos, "no, es una empresa
privada", responde con la alegría de haber dado un paso
adelante ante los rumores de que el trole también entrará en
Guayaquil.
En aquel edificio se organiza el tránsito de la ciudad, pero
afuera permanece desorganizado. En las calles de Guayaquil
laboran en cada uno de los tres turnos en el día (8 horas)
unos 380 hombres, distribuidos en la zona Norte, Sur y casco
central, habiendo un déficit de unos 250 hombres, según el
subjefe de Tránsito, Carlos Espinoza.
Cuando hicimos un recorrido por los lugares donde está el
personal laborando en la dirección y el control del tránsito,
fuimos testigos de que en medio de aquel desorden vehicular de
calles como Machala, avenida Quito o vía a Daule, los
vigilantes que se dedicaban a sancionar las contravenciones
recibían dinero de choferes, permitiendo que se cometa todo
tipo de infracciones.
El recién posesionado director ejecutivo, José Cabezas
Candell, sostiene que los objetivos del actual directorio son
"rescatar la institución y llevarla al sitial que se merece,
en general no le puedo puntualizar cuáles serán las
prioridades".
Le planteamos el caso de la corrupción en las calles a cargo
de vigilantes de tránsito y señala que la ciudadanía tendría
que respaldar a la Comisión de Tránsito denunciando la
corrupción, "porque es muy difícil que el directorio o los
funcionarios de la institución puedan ser testigos oculares,
porque tendría que convertirme en una especie de Superman para
poder sobrevolar la ciudad y en todo caso, dejar de trabajar
la parte administrativa".
Desorden
El desorden que rodea a la Comisión de Tránsito se percibe en
diferentes áreas. "En 50 años no se ha llevado el inventario
físico de los activos fijos, una toma de datos reales. Esto
evidencia que todos los datos que se arrojan en función de un
balance no pueden ser veraces", dice la directora financiera
de la CTG, economista Francisca Pinzón. Fuentes de la
Contraloría General del Estado señalan que la contabilidad de
esta entidad no es tan clara. "Los saldos no nos permiten ver
la realidad, los activos fijos contabilizados no son todos los
que forman el inventario físico y algunos de estos no están
contabilizados".
Actualmente un grupo de peritos está clasificando e
inventariando el parque automotor. "Aproximadamente hay 600
vehículos, pero el 30% es el que puede estar en circulación,
el resto es chatarra. Doscientos veinte vehículos, entre motos
y carros, serían dados de baja para ir depurando y saber
realmente cuántos vehículos hay en la institución", dice la
economista Pinzón.
"El no tener un control sobre la obsolescencia de los equipos
no nos permite planificar y visualizar a futuro la
renovación".
El ex presidente de la Comisión de Tránsito, almirante Carlos
Gálvez, sostiene que ahí hay un desorden organizado. "Es así
porque cada cual trata de obtener algo y para permitir que
haya más empleados. Cuando yo estuve en la presidencia, la
secretaría general no tenía funcionando la máquina de
microfilme, ni de digitalización. Los archivos permanecen
retrasados para que cuando el usuario requiera algún documento
o certificado le demoren una semana o un mes y, si usted no
paga algo extra, no se lo dan nunca".
Autonomía
El Presidente Carlos Julio Arosemena Tola, mediante Decreto
Ejecutivo 140, publicado el Registro Oficial Nº 112 del 30 de
enero de 1948, creó la Comisión de Tránsito del Guayas como
entidad fiscal y autónoma pero sometida a la Ley Orgánica de
Hacienda (hoy Loafic), con recursos económicos propios.
Pero, a diferencia de otras quince entidades autónomas
públicas y de las universidades y escuelas politécnicas, la
Comisión de Tránsito ha visto recortados los ingresos que por
ley le corresponden para solventar su presupuesto.
La autonomía de la institución es a nivel de contratación de
personal y de designación de autoridades. "Nos va quedando muy
poco de esa autonomía, porque directa o indirectamente hemos
ido cediendo parte de ella al Estado ecuatoriano y espero que
legalmente podamos recuperar muchas de nuestras prerrogativas
también", dice el director del departamento legal de la
Comisión de Tránsito, abogado Gonzalo Idrovo.
¿Ha sido una cesión espontánea no establecida en la ley? "Las
disposiciones legales han ido abarcando y limitando la
autonomía. Pero no creo, personalmente hemos luchado
suficientemente por este criterio", dice el funcionario.
"Ni los legisladores guayaquileños, ni los presidentes de la
República han tenido ninguna consideración para con la
Comisión de Tránsito", manifiesta Carlos Gálvez.
Refiere que los legisladores lo toman como un botín político,
mientras que desde la presidencia de la República se permite
que el 6% que los guayaquileños paga al Fisco en forma
extraordinaria para tener una institución de tránsito óptima,
no llegue totalmente a la Comisión. "Siempre se ha quedado
debiendo y en el año 1997 hubo un decreto del Presidente en el
que dispone que 30 mil millones pasen al Fisco", señala.
La Contraloría en la Comisión
La Comisión de Tránsito del Guayas es una entidad conflictiva.
Desde hace varios años la Contraloría General del Estado viene
estableciendo glosas y responsabilidades civiles y penales en
las diferentes administraciones que ha tenido.
Los representantes del organismo de control de las entidades
públicas han realizado exámenes que han puesto al descubierto
peculados y otros delitos.
La Contraloría General del Estado tiene actualmente una
oficina en la Comisión de Tránsito. Está haciendo exámenes
generales a varias áreas, especialmente a las operaciones
administrativas y financieras, según lo dispuso la Contraloría
en Quito.
Conocimos que se han emitido informes parciales por hechos que
han ameritado la auditoría, como los casos de la Garita 3, que
está ya en conocimiento del Presidente de la Corte Suprema; un
informe con indicios de responsabilidad penal sobre
matriculación de vehículos, cuyos propietarios se acogieron a
la Ley del Anciano, sin serlo. Eran vehículos de lujo por los
que por concepto de Impuesto a los Vehículos Motorizados
pagaron únicamente 1.070 sucres. Como delitos intermedios hay
la suplantación de personas y falsificación de documentos.
La Contraloría también ha investigado la matriculación de
vehículos supuestamente importados. Hay documentación del
origen e ingreso que se presume es falsa. Las casas
comerciales a las que corresponden las facturas presentadas
han negado, en algunos casos, la comercialización de
vehículos. Las verificadoras de aduana no conocen las
importaciones de estos carros, ni tampoco la aduana.
Estos vehículos pueden ser robados en el extranjero o en el
país, o pudieron haber ingresado clandestinamente para evadir
los impuestos.
Cronología de glosas
En 1986 surgió el caso del denominado Plan Carro cuando la
Comisión capturó vehículos de lujo, supuestamente por ser de
procedencia clandestina, introducidos al país en la misma
forma, aparentemente robados en Colombia y Venezuela. Esos
automóviles de lujo fueron rematados como chatarra y unos
cuantos se repartieron entre los directivos de la entidad. La
Contraloría estableció responsabilidades, por lo cual se
iniciaron juicios penales que con el paso de los años se
diluyeron, sin que se detenga a ninguno de los implicados.
En 1987 se hizo un examen a la matriculación de vehículos, con
cambio de propietario de carros de otras provincias. La
Contraloría determinó que esos vehículos habían sido
matriculados fraudulentamente. En esa época al cambiarse de
matrícula de una provincia a otra también se cambiaba la
placa, por lo que no había rastros. Al investigarse el caso se
descubrió que todas las matrículas eran ficticias. En este
caso estuvieron involucrados personal de matriculación y se
iniciaron juicios penales.
En 1993 se hizo el examen de Base Legal de los Contratos. Las
tasas que se estaban cobrando en la institución no habían sido
autorizadas legalmente. Se suspendió la recaudación y se
emitieron los decretos para reglamentar el cobro por los
servicios.
En la Presidencia de Juan José Vivas, la Contraloría tuvo que
intervenir porque el funcionario, al haber cancelado a varios
oficiales fue enjuiciado "por sus propios derechos". El
contrató a un abogado para que lo defendiera, pagándole con
fondos de la Cetegé, pese a que la institución cuenta con un
equipo de juristas. Se estableció responsabilidad civil.
En 1993 la Contraloría realizó el Examen de Contratos de
mantenimiento de equipos de radio. Ahí se estableció
responsabilidad civil pues equipos que estando en el período
de garantía fueron enviados a otros talleres para que le den
mantenimiento.
En ese año también se hizo el Examen en la licitación para la
Semaforización. El contrato estaba suscrito pero no se habían
cumplido los requisitos establecidos en la ley. Se pidió que
se revisen los procedimientos para que continúe, pero no se lo
hizo, perdiéndose la oportunidad de que la ciudad cuente con
semaforización adecuada.
Como producto de esa truncada contratación se produjo el pago
de pasajes y viáticos a los directivos quienes viajaron a
Alemania en dos ocasiones acompañados con sus esposas, con
fondos de la Comisión de Tránsito. Se estableció peculado y
otros delitos como estafas y suplantación de fondos de la
Cetegé.
En 1994 se realizó el Examen de adquisición de repuestos y
mantenimiento automotriz. Se determinó responsabilidad por
unos 1.300 millones en glosas con responsabilidad civil.
En ese año Contraloría realizó también el Examen de Pago de
Subsidios a la Transportación masiva de Guayaquil y detectó
que el subsidio a las cooperativas de transporte que pagaba el
gobierno central para que mantengan la tarifa en los pasajes,
no había sido entregado por el dirigente transportista y
directivo de la institución, encargado de realizar los pagos,
Plinio López Oñate, quien sí estuvo preso. El recibía los
subsidios y los depositaba en una cuenta personal.
El Examen de Dietas y Refrigerios determinó que los miembros
del directorio se pagaban dietas por sesiones a las que no
habían asistido.
También se entregaban refrigerios a los empleados por valores
no autorizados. Por el informe de la Contraloría se hizo
devolver el dinero.
En 1996 se realizó el examen sobre compras de repuestos,
medicinas, suministros y otros productos. En este caso hay
indicios de responsabilidad penal por presentar documentación
falsa.
La otra cara de la moneda
Ocho horas diarias expuesto al sol o la lluvia, al polvo y
humo, y al peligro que representa orientar y ordenar a los
conductores en vías altamente traficadas es parte de la rutina
de los vigilantes pedestres de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG).
Por 570 mil sucres de sueldo básico mensual, Javier Augusto
Gerardi Campaña, guayaquileño, de 35 años de edad, once de
ellos integrando las filas de la Cetegé, tiene que pasar
vicisitudes a fin de cumplir con su jornada laboral y llevar
el pan a su familia.
Resfriado y aún con ligeros calambres producto de la agitada y
rutinaria labor, Javier Gerardi nos cuenta sobre la vida de
uno de los 1.500 vigilantes de tránsito con que cuenta la
provincia del Guayas.
El es sostén de una familia de siete personas compuesta por
sus cinco hijos, quienes estudian en escuelas fiscales o de la
Comisión de Tránsito, su esposa y su madre.
Todos los días sale a las 05h00 de su casa ubicada en la
cooperativa Santiago de Guayaquil Nº 2, para emprender una
larga caminata por la Perimetral - Av. Pío Jaramillo hasta la
Av. Veinticinco de Julio y abordar un bus que lo lleve hasta
la CTG (Chile y Cuenca), donde su superior le consigna el
lugar y la actividad que debe cumplir en ese sector.
Peripecias y riesgos
Dice que ha estado al borde de ser embestido por vehículos de
gran tonelaje y que la experiencia en la calle ha servido de
salvavidas.
"Hay cosas que la comunidad no comprende del uniformado que
está en las calles", dice Gerardi y se refiere a la poca
estima que tiene de ellos una parte de la comunidad.
Tras mostrar las cicatrices en su pierna izquierda operada a
la altura de la rodilla, recuerda que en el año 1993, como
motonetista de la CTG, tuvo un accidente al ser impactado por
una camioneta.
El clase Gerardi Campaña (cabo segundo) se quejó porque el
uniformado es mal remunerado y eso tenta a muchos a cometer
errores.
Según dice, él recibe la ayuda económica de su madre, caso
contrario no podría afrontar los gastos que implican mantener
a su familia.
Indicó que de su sueldo no solo tiene que alimentar a sus
familiares sino solventar gastos que representa esta
profesión.
Completa un millón de sucres mensual por un beneficio (bono)
que recibe por obra de anteriores administradores. El tiene
que desembolsar la compra de municiones para su revólver y
uniforme.
"Recibimos un uniforme al año compuesto bien por dos camisas,
un pantalón o lo contrario y las botas", acotó.
Las escarapelas de rangos e insignias de la institución cuando
están demasiado viejas e ilegibles también tenemos que
comprarlas, dijo al recalcar que la última chompa que le
dieron cumplió seis años.
Sostiene que el bajo salario influye para que algunos
compañeros acepten la coima que ofrecen ciertos conductores.
"El conductor está mal enseñado a dar dinero sin que se le
pida. Dependerá del uniformado si acepta o lo rechaza y cumple
con la ley".
Corrupción diaria y mala paga
Martes 1 de septiembre, 16h40, intersección del Puente Rafael
Mendoza Avilés y La Puntilla, el vigilante M. Zambrano B.,
estacionado con la moto 33 en aquel lugar, realizaba un
control en la vía. A poca distancia del uniformado instalamos
un equipo de EL UNIVERSO para espectar su labor.
El vigilante hizo detener a un bus de la línea 106. Se acercó
al vehículo por el lado derecho y extendió su mano, que
sostenía una pequeña toalla blanca, introduciéndola hacia el
interior del carro. No hubo citación, ni entrega de licencia,
algo más pequeño confundido entre la toalla le fue entregado
al uniformado, que posteriormente guardaba en una caja.
Luego pasó por ahí un camión bananero, la acción se repitió,
pero esta vez el carro no se detuvo bien, el chofer pasó
entregándole algo al vigilante. La práctica se repetía en
menos de cinco minutos con los vehículos pesados que por ahí
transitaban; de vez en cuando el vigilante pedía la licencia
al conductor pero no habían citaciones.
Hicimos gráficas durante todo este tiempo. Luego el vigilante
hizo detener a uno más, este le entregó un billete, el
vigilante se llevó la mano al bolsillo trasero derecho de su
pantalón y le entregó un billete de cinco mil. En la gráfica
que ilustra este reportaje se constata la entrega recepción
del dinero.
Miércoles 2 de septiembre, 07h45, vía Daule-Mapasingue. Tres
vigilantes estaban en la avenida dando y controlando el
tránsito.
Uno de ellos M. Galarza H. hacía detener a los transportistas,
la mayoría de la Cooperativa Pascuales. El vigilante extendía
la mano, recibía algo con los puños o los dedos cerrados y
dejaba que continuara el vehículo al que había detenido. Ahí
estuvimos durante una hora comprobando desde lejos con la
cámara y desde muy cerca con un miembro de nuestro equipo
investigativo, cómo el uniformado recibía dinero y no
sancionaba a los choferes a quienes había llamado la atención.
En esta acción intervienen dos personas. Al estar confundidos
entre los peatones, pudimos captar la nomenclatura de las
placas de algunos de los vehículos involucrados en los actos
que estábamos presenciando: GAT 762; MAE 820; TAH 176; GAG
961; GAB 963; GAT 533; GAR 895.
A las 09h45 volvimos a la intersección de los puentes cerca de
La Puntilla. El vigilante que estaba de guardia en ese lugar,
que ya no era el mismo de la tarde anterior, realizaba la
misma práctica con los transportistas que pasaban entregándole
algo que se escondía entre los puños del chofer y el
vigilante. Antes que pasáramos junto a él para identificarlo
se retiró.
Viernes 4 de septiembre, 07h30, Avenida Quito y 10 de Agosto.
El vigilante que estaba dando tránsito también hacía controles
y la práctica era igual que en los otros lugares. El
uniformado hizo parar a un bus de transporte público de la
línea 106. Este le entregó rápidamente, casi con el carro
andando, algo en la mano del vigilante.
La imagen de los puños o manos con los dedos cerrados que se
encuentran se repetían también en este punto de la ciudad, con
el vigilante que estaba de turno en aquel lugar en esa
guardia. Cuando alguno le entregaba la licencia o la citación
que cargaban en su lugar se divisaba claramente el documento.
Acudimos más tarde a la calle Machala, en la intersección con
Diez de Agosto. Desde una terraza volvimos a captar imágenes
similares durante los 45 minutos que permanecimos en el lugar,
para observar la forma de trabajar de los uniformados que
habían sido asignados a esos sitios en el turno de la mañana
del viernes 4 de septiembre.
A través de estos y otros recorridos constatamos que esta es
una práctica diaria, que no es un hecho aislado y que hay
muchos vigilantes involucrados. A la salida de la terminal
terrestre también se produce esta actividad, pero debido a la
imposibilidad de hacer fotografías que capten los hechos en el
lugar no informamos sobre las horas y fechas en las que los
constatamos.
Sueldos bajos
Los sueldos extremadamente bajos (507.000 a 648.000 sucres) y
las condiciones físicas en las que laboran los vigilantes a
criterio de algunos es lo que da pie a este tipo de corrupción
en la calle.
"Yo no justifico esta práctica, porque aquel que no se siente
conforme con lo que gana y siente que no es justo el sueldo
que recibe debería tener la honestidad de renunciar y buscar
una mejor remuneración".
El funcionario enfatiza que el cohecho es un delito de doble
vía, recalcando la responsabilidad que tiene en él la
ciudadanía: "tanto el agente pasivo, como el activo del
cohecho son responsables en la misma proporción, entonces
tiene que ser la ciudadanía en general, la que ayude al Estado
ecuatoriano a salir de esta postración en que nos
encontramos".
Esta práctica de parte de algunos elementos de la Cetegé
estaría afectando los ingresos de la entidad, con los cuales
se podría sustentar un incremento salarial, si las autoridades
de la entidad decidieran tramitarlo. En la búsqueda de más
recursos económicos en un informe de la Dirección Financiera
se recomienda "mejorar la fuente de ingresos, básicamente de
aquellos rubros que han disminuido con relación al año
anterior como multas por infracción de tránsito".
Un Bono de Riesgo de 500 mil sucres fue creado a fines de 1997
para el personal uniformado, concebido por la disponibilidad
de fondos provenientes de la autogestión. El Ministerio de
Finanzas se opone, pues el presidente de la República no ha
expedido un decreto para legalizarlo, por lo que ese valor
adicional podría desaparecer.
Cuando fue creado el Bono, según el ex director ejecutivo de
la Cetegé, Jorge Mejía, el número de citaciones se incrementó
en un 18%.
Ley Orgánica
Los uniformados tienen una Ley de Personal, que es la misma de
la Policía Civil, pero no cuentan con una Ley Orgánica y
Funcional, por lo cual la capacitación ha quedado rezagada,
los ascensos no obedecen a una superación técnica y las
labores administrativas y de planificación continúan a cargo
de los empleados civiles que llegan con cada gobierno.
Actualmente este documento jurídico está en el Congreso a la
espera de su aprobación, dice el director ejecutivo.
Recalca que al contar con un Orgánico Funcional se podría
limitar la injerencia política. "Una vez establecida la Ley de
Carrera Administrativa, la Comisión de Tránsito no se llenará
de ineptos y sinvergüenzas, lo único que puede cambiar es el
director ejecutivo", advierte el ex presidente de la entidad,
contralmirante Carlos Gálvez.
"Hay que dejar al cuerpo de uniformados aquello que le
corresponde por Ley y dejarle la responsabilidad de manejar su
propio destino, con hombres capacitados y con vocación de
servicio", recalca.
Para ello dice, es necesario preparar al personal, pues
"actualmente no hay una planificación de educación continua,
no existe un perfil académico tanto de tropa como de
oficiales", sostiene.
Difícil labor
La labor del vigilante que se dedica a trabajar no es fácil.
El trabaja siete días a la semana y cuando está dando tránsito
debe permanecer parado ocho horas bajo el sol, la lluvia,
recibiendo polvo y las emanaciones contaminantes de los
vehículos. Los principales padecimientos de los uniformados
son las várices.
"Cuando el vigilante es llamado a integrar la institución él
sabe cuánto va a ganar y por eso no se justifica la
corrupción, pero el sueldo es muy bajo con relación a las
funciones y al riesgo que tiene el elemento en la calle", dice
el mayor Carlos Espinoza, subjefe de Tránsito. (Texto tomado
de El Universo)
de la manzana rodeada por las calles Chile, Chimborazo, Brasil
y Cuenca se nota un constante movimiento de uniformados y
civiles entrando y saliendo de las diferentes dependencias de
la Comisión de Tránsito del Guayas para hacer trámites en
busca de una licencia, matrícula, denunciar un robo o visitar
a algún familiar en el calabozo de tránsito. "Amiga véame esta
matrícula", dice un uniformado a una cajera en una de las
ventanillas de matriculación. En la caja contigua se acerca un
civil con varios papeles, pidiendo ayuda para dar trámite a
los formularios correspondientes a varios vehículos.
En el interior del edificio, en la oficina del subjefe de
Tránsito, Carlos Espinoza, ingresa Ricardo Onofre, un
dirigente de la trasportación pública que le anuncia al
oficial una buena noticia: "Ya tenemos dos unidades de
articulados en las bodegas de la Volvo, que pronto saldrán a
recorridos. Hemos formado una empresa, nos hemos reunido
varios transportistas para dar este servicio", dice Onofre.
¿De qué cooperativa es?, preguntamos, "no, es una empresa
privada", responde con la alegría de haber dado un paso
adelante ante los rumores de que el trole también entrará en
Guayaquil.
En aquel edificio se organiza el tránsito de la ciudad, pero
afuera permanece desorganizado. En las calles de Guayaquil
laboran en cada uno de los tres turnos en el día (8 horas)
unos 380 hombres, distribuidos en la zona Norte, Sur y casco
central, habiendo un déficit de unos 250 hombres, según el
subjefe de Tránsito, Carlos Espinoza.
Cuando hicimos un recorrido por los lugares donde está el
personal laborando en la dirección y el control del tránsito,
fuimos testigos de que en medio de aquel desorden vehicular de
calles como Machala, avenida Quito o vía a Daule, los
vigilantes que se dedicaban a sancionar las contravenciones
recibían dinero de choferes, permitiendo que se cometa todo
tipo de infracciones.
El recién posesionado director ejecutivo, José Cabezas
Candell, sostiene que los objetivos del actual directorio son
"rescatar la institución y llevarla al sitial que se merece,
en general no le puedo puntualizar cuáles serán las
prioridades".
Le planteamos el caso de la corrupción en las calles a cargo
de vigilantes de tránsito y señala que la ciudadanía tendría
que respaldar a la Comisión de Tránsito denunciando la
corrupción, "porque es muy difícil que el directorio o los
funcionarios de la institución puedan ser testigos oculares,
porque tendría que convertirme en una especie de Superman para
poder sobrevolar la ciudad y en todo caso, dejar de trabajar
la parte administrativa".
Desorden
El desorden que rodea a la Comisión de Tránsito se percibe en
diferentes áreas. "En 50 años no se ha llevado el inventario
físico de los activos fijos, una toma de datos reales. Esto
evidencia que todos los datos que se arrojan en función de un
balance no pueden ser veraces", dice la directora financiera
de la CTG, economista Francisca Pinzón. Fuentes de la
Contraloría General del Estado señalan que la contabilidad de
esta entidad no es tan clara. "Los saldos no nos permiten ver
la realidad, los activos fijos contabilizados no son todos los
que forman el inventario físico y algunos de estos no están
contabilizados".
Actualmente un grupo de peritos está clasificando e
inventariando el parque automotor. "Aproximadamente hay 600
vehículos, pero el 30% es el que puede estar en circulación,
el resto es chatarra. Doscientos veinte vehículos, entre motos
y carros, serían dados de baja para ir depurando y saber
realmente cuántos vehículos hay en la institución", dice la
economista Pinzón.
"El no tener un control sobre la obsolescencia de los equipos
no nos permite planificar y visualizar a futuro la
renovación".
El ex presidente de la Comisión de Tránsito, almirante Carlos
Gálvez, sostiene que ahí hay un desorden organizado. "Es así
porque cada cual trata de obtener algo y para permitir que
haya más empleados. Cuando yo estuve en la presidencia, la
secretaría general no tenía funcionando la máquina de
microfilme, ni de digitalización. Los archivos permanecen
retrasados para que cuando el usuario requiera algún documento
o certificado le demoren una semana o un mes y, si usted no
paga algo extra, no se lo dan nunca".
Autonomía
El Presidente Carlos Julio Arosemena Tola, mediante Decreto
Ejecutivo 140, publicado el Registro Oficial Nº 112 del 30 de
enero de 1948, creó la Comisión de Tránsito del Guayas como
entidad fiscal y autónoma pero sometida a la Ley Orgánica de
Hacienda (hoy Loafic), con recursos económicos propios.
Pero, a diferencia de otras quince entidades autónomas
públicas y de las universidades y escuelas politécnicas, la
Comisión de Tránsito ha visto recortados los ingresos que por
ley le corresponden para solventar su presupuesto.
La autonomía de la institución es a nivel de contratación de
personal y de designación de autoridades. "Nos va quedando muy
poco de esa autonomía, porque directa o indirectamente hemos
ido cediendo parte de ella al Estado ecuatoriano y espero que
legalmente podamos recuperar muchas de nuestras prerrogativas
también", dice el director del departamento legal de la
Comisión de Tránsito, abogado Gonzalo Idrovo.
¿Ha sido una cesión espontánea no establecida en la ley? "Las
disposiciones legales han ido abarcando y limitando la
autonomía. Pero no creo, personalmente hemos luchado
suficientemente por este criterio", dice el funcionario.
"Ni los legisladores guayaquileños, ni los presidentes de la
República han tenido ninguna consideración para con la
Comisión de Tránsito", manifiesta Carlos Gálvez.
Refiere que los legisladores lo toman como un botín político,
mientras que desde la presidencia de la República se permite
que el 6% que los guayaquileños paga al Fisco en forma
extraordinaria para tener una institución de tránsito óptima,
no llegue totalmente a la Comisión. "Siempre se ha quedado
debiendo y en el año 1997 hubo un decreto del Presidente en el
que dispone que 30 mil millones pasen al Fisco", señala.
La Contraloría en la Comisión
La Comisión de Tránsito del Guayas es una entidad conflictiva.
Desde hace varios años la Contraloría General del Estado viene
estableciendo glosas y responsabilidades civiles y penales en
las diferentes administraciones que ha tenido.
Los representantes del organismo de control de las entidades
públicas han realizado exámenes que han puesto al descubierto
peculados y otros delitos.
La Contraloría General del Estado tiene actualmente una
oficina en la Comisión de Tránsito. Está haciendo exámenes
generales a varias áreas, especialmente a las operaciones
administrativas y financieras, según lo dispuso la Contraloría
en Quito.
Conocimos que se han emitido informes parciales por hechos que
han ameritado la auditoría, como los casos de la Garita 3, que
está ya en conocimiento del Presidente de la Corte Suprema; un
informe con indicios de responsabilidad penal sobre
matriculación de vehículos, cuyos propietarios se acogieron a
la Ley del Anciano, sin serlo. Eran vehículos de lujo por los
que por concepto de Impuesto a los Vehículos Motorizados
pagaron únicamente 1.070 sucres. Como delitos intermedios hay
la suplantación de personas y falsificación de documentos.
La Contraloría también ha investigado la matriculación de
vehículos supuestamente importados. Hay documentación del
origen e ingreso que se presume es falsa. Las casas
comerciales a las que corresponden las facturas presentadas
han negado, en algunos casos, la comercialización de
vehículos. Las verificadoras de aduana no conocen las
importaciones de estos carros, ni tampoco la aduana.
Estos vehículos pueden ser robados en el extranjero o en el
país, o pudieron haber ingresado clandestinamente para evadir
los impuestos.
Cronología de glosas
En 1986 surgió el caso del denominado Plan Carro cuando la
Comisión capturó vehículos de lujo, supuestamente por ser de
procedencia clandestina, introducidos al país en la misma
forma, aparentemente robados en Colombia y Venezuela. Esos
automóviles de lujo fueron rematados como chatarra y unos
cuantos se repartieron entre los directivos de la entidad. La
Contraloría estableció responsabilidades, por lo cual se
iniciaron juicios penales que con el paso de los años se
diluyeron, sin que se detenga a ninguno de los implicados.
En 1987 se hizo un examen a la matriculación de vehículos, con
cambio de propietario de carros de otras provincias. La
Contraloría determinó que esos vehículos habían sido
matriculados fraudulentamente. En esa época al cambiarse de
matrícula de una provincia a otra también se cambiaba la
placa, por lo que no había rastros. Al investigarse el caso se
descubrió que todas las matrículas eran ficticias. En este
caso estuvieron involucrados personal de matriculación y se
iniciaron juicios penales.
En 1993 se hizo el examen de Base Legal de los Contratos. Las
tasas que se estaban cobrando en la institución no habían sido
autorizadas legalmente. Se suspendió la recaudación y se
emitieron los decretos para reglamentar el cobro por los
servicios.
En la Presidencia de Juan José Vivas, la Contraloría tuvo que
intervenir porque el funcionario, al haber cancelado a varios
oficiales fue enjuiciado "por sus propios derechos". El
contrató a un abogado para que lo defendiera, pagándole con
fondos de la Cetegé, pese a que la institución cuenta con un
equipo de juristas. Se estableció responsabilidad civil.
En 1993 la Contraloría realizó el Examen de Contratos de
mantenimiento de equipos de radio. Ahí se estableció
responsabilidad civil pues equipos que estando en el período
de garantía fueron enviados a otros talleres para que le den
mantenimiento.
En ese año también se hizo el Examen en la licitación para la
Semaforización. El contrato estaba suscrito pero no se habían
cumplido los requisitos establecidos en la ley. Se pidió que
se revisen los procedimientos para que continúe, pero no se lo
hizo, perdiéndose la oportunidad de que la ciudad cuente con
semaforización adecuada.
Como producto de esa truncada contratación se produjo el pago
de pasajes y viáticos a los directivos quienes viajaron a
Alemania en dos ocasiones acompañados con sus esposas, con
fondos de la Comisión de Tránsito. Se estableció peculado y
otros delitos como estafas y suplantación de fondos de la
Cetegé.
En 1994 se realizó el Examen de adquisición de repuestos y
mantenimiento automotriz. Se determinó responsabilidad por
unos 1.300 millones en glosas con responsabilidad civil.
En ese año Contraloría realizó también el Examen de Pago de
Subsidios a la Transportación masiva de Guayaquil y detectó
que el subsidio a las cooperativas de transporte que pagaba el
gobierno central para que mantengan la tarifa en los pasajes,
no había sido entregado por el dirigente transportista y
directivo de la institución, encargado de realizar los pagos,
Plinio López Oñate, quien sí estuvo preso. El recibía los
subsidios y los depositaba en una cuenta personal.
El Examen de Dietas y Refrigerios determinó que los miembros
del directorio se pagaban dietas por sesiones a las que no
habían asistido.
También se entregaban refrigerios a los empleados por valores
no autorizados. Por el informe de la Contraloría se hizo
devolver el dinero.
En 1996 se realizó el examen sobre compras de repuestos,
medicinas, suministros y otros productos. En este caso hay
indicios de responsabilidad penal por presentar documentación
falsa.
La otra cara de la moneda
Ocho horas diarias expuesto al sol o la lluvia, al polvo y
humo, y al peligro que representa orientar y ordenar a los
conductores en vías altamente traficadas es parte de la rutina
de los vigilantes pedestres de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG).
Por 570 mil sucres de sueldo básico mensual, Javier Augusto
Gerardi Campaña, guayaquileño, de 35 años de edad, once de
ellos integrando las filas de la Cetegé, tiene que pasar
vicisitudes a fin de cumplir con su jornada laboral y llevar
el pan a su familia.
Resfriado y aún con ligeros calambres producto de la agitada y
rutinaria labor, Javier Gerardi nos cuenta sobre la vida de
uno de los 1.500 vigilantes de tránsito con que cuenta la
provincia del Guayas.
El es sostén de una familia de siete personas compuesta por
sus cinco hijos, quienes estudian en escuelas fiscales o de la
Comisión de Tránsito, su esposa y su madre.
Todos los días sale a las 05h00 de su casa ubicada en la
cooperativa Santiago de Guayaquil Nº 2, para emprender una
larga caminata por la Perimetral - Av. Pío Jaramillo hasta la
Av. Veinticinco de Julio y abordar un bus que lo lleve hasta
la CTG (Chile y Cuenca), donde su superior le consigna el
lugar y la actividad que debe cumplir en ese sector.
Peripecias y riesgos
Dice que ha estado al borde de ser embestido por vehículos de
gran tonelaje y que la experiencia en la calle ha servido de
salvavidas.
"Hay cosas que la comunidad no comprende del uniformado que
está en las calles", dice Gerardi y se refiere a la poca
estima que tiene de ellos una parte de la comunidad.
Tras mostrar las cicatrices en su pierna izquierda operada a
la altura de la rodilla, recuerda que en el año 1993, como
motonetista de la CTG, tuvo un accidente al ser impactado por
una camioneta.
El clase Gerardi Campaña (cabo segundo) se quejó porque el
uniformado es mal remunerado y eso tenta a muchos a cometer
errores.
Según dice, él recibe la ayuda económica de su madre, caso
contrario no podría afrontar los gastos que implican mantener
a su familia.
Indicó que de su sueldo no solo tiene que alimentar a sus
familiares sino solventar gastos que representa esta
profesión.
Completa un millón de sucres mensual por un beneficio (bono)
que recibe por obra de anteriores administradores. El tiene
que desembolsar la compra de municiones para su revólver y
uniforme.
"Recibimos un uniforme al año compuesto bien por dos camisas,
un pantalón o lo contrario y las botas", acotó.
Las escarapelas de rangos e insignias de la institución cuando
están demasiado viejas e ilegibles también tenemos que
comprarlas, dijo al recalcar que la última chompa que le
dieron cumplió seis años.
Sostiene que el bajo salario influye para que algunos
compañeros acepten la coima que ofrecen ciertos conductores.
"El conductor está mal enseñado a dar dinero sin que se le
pida. Dependerá del uniformado si acepta o lo rechaza y cumple
con la ley".
Corrupción diaria y mala paga
Martes 1 de septiembre, 16h40, intersección del Puente Rafael
Mendoza Avilés y La Puntilla, el vigilante M. Zambrano B.,
estacionado con la moto 33 en aquel lugar, realizaba un
control en la vía. A poca distancia del uniformado instalamos
un equipo de EL UNIVERSO para espectar su labor.
El vigilante hizo detener a un bus de la línea 106. Se acercó
al vehículo por el lado derecho y extendió su mano, que
sostenía una pequeña toalla blanca, introduciéndola hacia el
interior del carro. No hubo citación, ni entrega de licencia,
algo más pequeño confundido entre la toalla le fue entregado
al uniformado, que posteriormente guardaba en una caja.
Luego pasó por ahí un camión bananero, la acción se repitió,
pero esta vez el carro no se detuvo bien, el chofer pasó
entregándole algo al vigilante. La práctica se repetía en
menos de cinco minutos con los vehículos pesados que por ahí
transitaban; de vez en cuando el vigilante pedía la licencia
al conductor pero no habían citaciones.
Hicimos gráficas durante todo este tiempo. Luego el vigilante
hizo detener a uno más, este le entregó un billete, el
vigilante se llevó la mano al bolsillo trasero derecho de su
pantalón y le entregó un billete de cinco mil. En la gráfica
que ilustra este reportaje se constata la entrega recepción
del dinero.
Miércoles 2 de septiembre, 07h45, vía Daule-Mapasingue. Tres
vigilantes estaban en la avenida dando y controlando el
tránsito.
Uno de ellos M. Galarza H. hacía detener a los transportistas,
la mayoría de la Cooperativa Pascuales. El vigilante extendía
la mano, recibía algo con los puños o los dedos cerrados y
dejaba que continuara el vehículo al que había detenido. Ahí
estuvimos durante una hora comprobando desde lejos con la
cámara y desde muy cerca con un miembro de nuestro equipo
investigativo, cómo el uniformado recibía dinero y no
sancionaba a los choferes a quienes había llamado la atención.
En esta acción intervienen dos personas. Al estar confundidos
entre los peatones, pudimos captar la nomenclatura de las
placas de algunos de los vehículos involucrados en los actos
que estábamos presenciando: GAT 762; MAE 820; TAH 176; GAG
961; GAB 963; GAT 533; GAR 895.
A las 09h45 volvimos a la intersección de los puentes cerca de
La Puntilla. El vigilante que estaba de guardia en ese lugar,
que ya no era el mismo de la tarde anterior, realizaba la
misma práctica con los transportistas que pasaban entregándole
algo que se escondía entre los puños del chofer y el
vigilante. Antes que pasáramos junto a él para identificarlo
se retiró.
Viernes 4 de septiembre, 07h30, Avenida Quito y 10 de Agosto.
El vigilante que estaba dando tránsito también hacía controles
y la práctica era igual que en los otros lugares. El
uniformado hizo parar a un bus de transporte público de la
línea 106. Este le entregó rápidamente, casi con el carro
andando, algo en la mano del vigilante.
La imagen de los puños o manos con los dedos cerrados que se
encuentran se repetían también en este punto de la ciudad, con
el vigilante que estaba de turno en aquel lugar en esa
guardia. Cuando alguno le entregaba la licencia o la citación
que cargaban en su lugar se divisaba claramente el documento.
Acudimos más tarde a la calle Machala, en la intersección con
Diez de Agosto. Desde una terraza volvimos a captar imágenes
similares durante los 45 minutos que permanecimos en el lugar,
para observar la forma de trabajar de los uniformados que
habían sido asignados a esos sitios en el turno de la mañana
del viernes 4 de septiembre.
A través de estos y otros recorridos constatamos que esta es
una práctica diaria, que no es un hecho aislado y que hay
muchos vigilantes involucrados. A la salida de la terminal
terrestre también se produce esta actividad, pero debido a la
imposibilidad de hacer fotografías que capten los hechos en el
lugar no informamos sobre las horas y fechas en las que los
constatamos.
Sueldos bajos
Los sueldos extremadamente bajos (507.000 a 648.000 sucres) y
las condiciones físicas en las que laboran los vigilantes a
criterio de algunos es lo que da pie a este tipo de corrupción
en la calle.
"Yo no justifico esta práctica, porque aquel que no se siente
conforme con lo que gana y siente que no es justo el sueldo
que recibe debería tener la honestidad de renunciar y buscar
una mejor remuneración".
El funcionario enfatiza que el cohecho es un delito de doble
vía, recalcando la responsabilidad que tiene en él la
ciudadanía: "tanto el agente pasivo, como el activo del
cohecho son responsables en la misma proporción, entonces
tiene que ser la ciudadanía en general, la que ayude al Estado
ecuatoriano a salir de esta postración en que nos
encontramos".
Esta práctica de parte de algunos elementos de la Cetegé
estaría afectando los ingresos de la entidad, con los cuales
se podría sustentar un incremento salarial, si las autoridades
de la entidad decidieran tramitarlo. En la búsqueda de más
recursos económicos en un informe de la Dirección Financiera
se recomienda "mejorar la fuente de ingresos, básicamente de
aquellos rubros que han disminuido con relación al año
anterior como multas por infracción de tránsito".
Un Bono de Riesgo de 500 mil sucres fue creado a fines de 1997
para el personal uniformado, concebido por la disponibilidad
de fondos provenientes de la autogestión. El Ministerio de
Finanzas se opone, pues el presidente de la República no ha
expedido un decreto para legalizarlo, por lo que ese valor
adicional podría desaparecer.
Cuando fue creado el Bono, según el ex director ejecutivo de
la Cetegé, Jorge Mejía, el número de citaciones se incrementó
en un 18%.
Ley Orgánica
Los uniformados tienen una Ley de Personal, que es la misma de
la Policía Civil, pero no cuentan con una Ley Orgánica y
Funcional, por lo cual la capacitación ha quedado rezagada,
los ascensos no obedecen a una superación técnica y las
labores administrativas y de planificación continúan a cargo
de los empleados civiles que llegan con cada gobierno.
Actualmente este documento jurídico está en el Congreso a la
espera de su aprobación, dice el director ejecutivo.
Recalca que al contar con un Orgánico Funcional se podría
limitar la injerencia política. "Una vez establecida la Ley de
Carrera Administrativa, la Comisión de Tránsito no se llenará
de ineptos y sinvergüenzas, lo único que puede cambiar es el
director ejecutivo", advierte el ex presidente de la entidad,
contralmirante Carlos Gálvez.
"Hay que dejar al cuerpo de uniformados aquello que le
corresponde por Ley y dejarle la responsabilidad de manejar su
propio destino, con hombres capacitados y con vocación de
servicio", recalca.
Para ello dice, es necesario preparar al personal, pues
"actualmente no hay una planificación de educación continua,
no existe un perfil académico tanto de tropa como de
oficiales", sostiene.
Difícil labor
La labor del vigilante que se dedica a trabajar no es fácil.
El trabaja siete días a la semana y cuando está dando tránsito
debe permanecer parado ocho horas bajo el sol, la lluvia,
recibiendo polvo y las emanaciones contaminantes de los
vehículos. Los principales padecimientos de los uniformados
son las várices.
"Cuando el vigilante es llamado a integrar la institución él
sabe cuánto va a ganar y por eso no se justifica la
corrupción, pero el sueldo es muy bajo con relación a las
funciones y al riesgo que tiene el elemento en la calle", dice
el mayor Carlos Espinoza, subjefe de Tránsito. (Texto tomado
de El Universo)
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