Quito. 05 abr 99. Durante tres meses, Macará fue el escenario
de irregularidades aduaneras que amenazan manchar la gestión
militar
De la noche a la mañana, Macará, el olvidado cantón lojano
fronterizo con el Perú cobró una inusual actividad comercial,
a partir de la firma de la paz con el Perú. "Fueron tres meses
muy provechosos", recuerda Pedro Quito, vicealcalde del
Municipio e integrante de la Cámara de Comercio de la ciudad.
Actualmente, la imagen es diferente y la paralización
desespera a los macareños. La razón: varias denuncias de
irregularidades que obligaron a redoblar el control y a
restringir el ingreso de mercaderías. Según José Estrada
Guzmán, ex presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
los hechos "evidenciarían un manejo extremadamente negligente,
por decir lo menos, de la actividad de este distrito aduanero,
exhibiendo incluso indicios graves de que se habrían cometido
actos dolosos".
CARROS MADE IN CHILE
El conflicto más serio registrado en el VI Distrito Aduanero
de Loja consistió en el ingreso fraudulento de vehículos
usados provenientes de la zona franca de Iquique, Chile,
algunos de los cuales habrían sido comprados por militares,
pese a que su importación es prohibida. La polémica se
alimentó con mutuas acusaciones entre uniformados de la
Policía y de las Fuerzas Armadas, mientras cerca de 50 carros
de diferentes modelos permanecen retenidos en el recinto
militar de Macará.
El problema, sin embargo, no es de reciente aparición. A
partir de 1994 hasta febrero de 1998, 734 vehículos de
prohibida importación se nacionalizaron en diferentes
jefaturas de tránsito, los que pagaron por concepto de
impuestos cantidades irrisorias, basados en declaraciones que
determinaban un costo por vehículo de 1.000 a 2.000 dólares.
Por ese tiempo, el lugar ideal para las irregularidades era la
frontera de Huaquillas, hasta que un operativo militar
ejecutado en 1997 puso al descubierto el sistema, que además
implicaba adulterar el año de fabricación del vehículo para
permitirle ingresar como nuevo al país. En el caso de
Huaquillas, como resultado se iniciaron cerca de 80 procesos
en el juzgado de aduanas de Guayaquil y un número igual de
vehículos permanecen abandonados en los recintos aduaneros.
NUEVA RUTA
El escándalo obligó a desviar la ruta de ingreso de los
automotores. Según el teniente coronel Ángel Gavidia, gerente
del VI Distrito de Aduanas de Loja hasta el 31 de diciembre de
1998, se habilitaron ilegalmente vías alternas en Macará para
permitir el paso de los vehículos y eludir el control de las
Aduanas. No obstante, se logró la captura y decomiso de 34
unidades de prohibida importación que intentaron ingresar
fraudulentamente al país. De este hecho, Gavidia
responsabilizó a María Ligia Muñoz, ex administradora de este
distrito y funcionaria aduanera por más de 20 años, a quien
además acusó de recibir depósitos millonarios en sus cuentas
bancarias "efectuados por importadores, tramitadores y
contrabandistas". Vistazo intentó localizar a María Ligia
Muñoz en Macará, pero algunas personas consultadas aseguraron
desconocer su actual domicilio.
Del lado policial, la óptica es diferente. Según un informe
enviado por el jefe de Tránsito de Loja, Gonzalo Espinoza, al
comandante general de la Policía, Jorge Villarroel, el ingreso
ilegal de vehículos de procedencia chilena por el puente
internacional de Macará se daría con la anuencia de los
militares. Para Gavidia, esta afirmación se da por
desconocimiento, pues la Dirección Nacional de Aduanas
autorizó el ingreso de 18 carros al perímetro fronterizo de
vigilancia especial, de acuerdo al plan "Aduana", que se
justificaba porque el asunto "se convirtió en un problema
social". Esto no evitó que a dichos carros se los afore
físicamente, lo cual demostró que se trataban de vehículos de
prohibida importación, por lo que fueron decomisados y puestos
a órdenes del juez fiscal regional de Aduanas y del gerente
general de la CAE.
Lo cierto es que a la provocación de adquirir este tipo de
automotores no se resistieron algunos militares. "Algunos
señores oficiales, inducidos y engañados por la ex funcionaria
Ligia Muñoz, adquirieron algunos vehículos de estas
características, casos que fueron puestos a órdenes del juez
de Aduanas por un lado, y por otro, con relación al personal
militar, se está tramitando un juicio en el Juzgado penal de
la III División Tarqui, señala Ángel Gavidia en su informe
presentado ante la CAE. Este tipo de problemas motivó que en
abril de 1998, se expida una comunicación dirigida a los
comandantes de los batallones de Infantería en el que se pide
que los militares se abstengan de adquirir vehículos de
procedencia chilena.
Por el lado policial, la situación tampoco es clara. Así, con
un telegrama enviado por el general de Policía José Santacruz
a los jefes y subjefes de Tránsito del país, dispone que
aquellos vehículos importados desde el puerto libre de
Iquique, Chile, y que ingresen por los distritos de Loja y
Huaquillas, sean matriculados solamente en la jefatura de
Tránsito de Pichincha.
SANCIONES
La situación desencadenó en acciones urgentes por parte del
gerente de la CAE, José Lascano. Entre ellas constan la salida
del Distrito Aduanero de Loja de Ángel Gavidia, la cancelación
de María Ligia Muñoz, la auditoría a todos los trámites
ejecutados en este distrito, la creación de la
Sub-administración de Aduanas de Macará y la formación de una
comisión especial que controle el ingreso de contenedores.
Estas medidas, según el vicealcalde Pedro Quito, han liquidado
económicamente a Macará. "Antes ingresaban 10 contenedores
diarios por el puente internacional y ahora prácticamente
ninguno. Por la culpa de unos pocos nos perjudicamos todos".
En las conclusiones de un informe de Inteligencia Militar
presentado en julio de 1997, se determinaba "que no es
conveniente que los miembros de las Fuerzas Armadas
intervengan en las Aduanas porque no es su campo y existe la
tentación permanente de caer en los tentáculos de la
corrupción". Pese a todo, en febrero de 1998, el presidente
interino Fabián Alarcón decidió que los uniformados se hagan
cargo de la administración aduanera. Un año después, el
balance para los importadores es positivo en cuanto al control
y negativo en agilidad. Los militares por su parte, hoy se
sienten plenamente capacitados en el área. De hecho, su
permanencia se ha prolongado en dos ocasiones, pese a que
desde hace ocho meses existe la ley que creó la Corporación
Aduanera Ecuatoriana que dispone el control de las aduanas
para los civiles.
Este traspaso no ha estado exento de problemas. A raíz de que
José Estrada se posesionó como presidente de la CAE en agosto
del año pasado, se convirtió en el principal crítico de la
gestión militar. En días pasados, Estrada fue relevado de su
cargo, "por presiones ante el presidente de la República por
parte de las Cámaras de la Producción de Guayaquil", asegura.
En su lugar fue posesionado Ramiro Pita García, ejecutivo con
una amplia experiencia en el campo privado.
Según Estrada, a pocos les interesa modernizar las Aduanas.
"Mientras más se complican los trámites, más se favorece a
este sistema corrupto. Por eso hay que poner atención en la
informática, para que exista interconexión de datos entre los
distritos".
En eso está de acuerdo el general José Lascano, gerente de la
CAE, quien reveló que el sistema informático de las Aduanas
contratado con la empresa IBM a un costo de cinco millones de
dólares no estaba avanzado, versión contradictoria con la de
Jorge Zavala Egas, ex subsecretario de Aduanas, para quien los
trabajos informáticos existen y fueron auditados. "Incluso los
militares cancelaron valores adeudados a la IBM y utilizan el
sistema que se contrató. Si éste no se concluyó en su
totalidad, fue por inconvenientes presentados en ambas
partes".
CIFRAS
De las recaudaciones, Lascano asegura que existe un incremento
promedio del 23% desde que asumieron las Aduanas. Estrada duda
de las cifras "porque hay varias formas de presentar ingresos
inflados, como considerar los valores en garantías", afirma.
En lo que sí coincide la mayoría es que se ha logrado reducir
la corrupción, como lo afirma Aparicio Valero, presidente de
la Asociación de Depósitos Comerciales, para quien los
militares han demostrado que "cuando se quiere cambiar algo se
puede, pues todos aseguraban que las Aduanas son y seguirán
siendo corruptas". La evasión aduanera, no obstante, aún está
en el 30%, reconoce Lascano, quien exige para las Aduanas
mayor poder sobre las permisionarias que almacenan la
mercadería proveniente del puerto. Luis Hidalgo Vernaza,
sucesor de Lascano en la gerencia de la CAE, reconoce que ese
es uno de los problemas que deberá enfrentar en la Aduana,
"porque no se trata de ser populares sino eficaces".
Con problemas y todo, los uniformados permanecerán algún
tiempo más en los recintos aduaneros. "Para eso hicieron
intensas gestiones un grupo de militares incluso en el
Congreso Nacional", revela José Estrada. La prolongación se
justifica, según el presidente de la CAE, Ramiro Pita, "porque
aunque la fecha de transición era el 31 de marzo, prevalecerá
el criterio de que exista orden en el proceso". (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
de irregularidades aduaneras que amenazan manchar la gestión
militar
De la noche a la mañana, Macará, el olvidado cantón lojano
fronterizo con el Perú cobró una inusual actividad comercial,
a partir de la firma de la paz con el Perú. "Fueron tres meses
muy provechosos", recuerda Pedro Quito, vicealcalde del
Municipio e integrante de la Cámara de Comercio de la ciudad.
Actualmente, la imagen es diferente y la paralización
desespera a los macareños. La razón: varias denuncias de
irregularidades que obligaron a redoblar el control y a
restringir el ingreso de mercaderías. Según José Estrada
Guzmán, ex presidente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana,
los hechos "evidenciarían un manejo extremadamente negligente,
por decir lo menos, de la actividad de este distrito aduanero,
exhibiendo incluso indicios graves de que se habrían cometido
actos dolosos".
CARROS MADE IN CHILE
El conflicto más serio registrado en el VI Distrito Aduanero
de Loja consistió en el ingreso fraudulento de vehículos
usados provenientes de la zona franca de Iquique, Chile,
algunos de los cuales habrían sido comprados por militares,
pese a que su importación es prohibida. La polémica se
alimentó con mutuas acusaciones entre uniformados de la
Policía y de las Fuerzas Armadas, mientras cerca de 50 carros
de diferentes modelos permanecen retenidos en el recinto
militar de Macará.
El problema, sin embargo, no es de reciente aparición. A
partir de 1994 hasta febrero de 1998, 734 vehículos de
prohibida importación se nacionalizaron en diferentes
jefaturas de tránsito, los que pagaron por concepto de
impuestos cantidades irrisorias, basados en declaraciones que
determinaban un costo por vehículo de 1.000 a 2.000 dólares.
Por ese tiempo, el lugar ideal para las irregularidades era la
frontera de Huaquillas, hasta que un operativo militar
ejecutado en 1997 puso al descubierto el sistema, que además
implicaba adulterar el año de fabricación del vehículo para
permitirle ingresar como nuevo al país. En el caso de
Huaquillas, como resultado se iniciaron cerca de 80 procesos
en el juzgado de aduanas de Guayaquil y un número igual de
vehículos permanecen abandonados en los recintos aduaneros.
NUEVA RUTA
El escándalo obligó a desviar la ruta de ingreso de los
automotores. Según el teniente coronel Ángel Gavidia, gerente
del VI Distrito de Aduanas de Loja hasta el 31 de diciembre de
1998, se habilitaron ilegalmente vías alternas en Macará para
permitir el paso de los vehículos y eludir el control de las
Aduanas. No obstante, se logró la captura y decomiso de 34
unidades de prohibida importación que intentaron ingresar
fraudulentamente al país. De este hecho, Gavidia
responsabilizó a María Ligia Muñoz, ex administradora de este
distrito y funcionaria aduanera por más de 20 años, a quien
además acusó de recibir depósitos millonarios en sus cuentas
bancarias "efectuados por importadores, tramitadores y
contrabandistas". Vistazo intentó localizar a María Ligia
Muñoz en Macará, pero algunas personas consultadas aseguraron
desconocer su actual domicilio.
Del lado policial, la óptica es diferente. Según un informe
enviado por el jefe de Tránsito de Loja, Gonzalo Espinoza, al
comandante general de la Policía, Jorge Villarroel, el ingreso
ilegal de vehículos de procedencia chilena por el puente
internacional de Macará se daría con la anuencia de los
militares. Para Gavidia, esta afirmación se da por
desconocimiento, pues la Dirección Nacional de Aduanas
autorizó el ingreso de 18 carros al perímetro fronterizo de
vigilancia especial, de acuerdo al plan "Aduana", que se
justificaba porque el asunto "se convirtió en un problema
social". Esto no evitó que a dichos carros se los afore
físicamente, lo cual demostró que se trataban de vehículos de
prohibida importación, por lo que fueron decomisados y puestos
a órdenes del juez fiscal regional de Aduanas y del gerente
general de la CAE.
Lo cierto es que a la provocación de adquirir este tipo de
automotores no se resistieron algunos militares. "Algunos
señores oficiales, inducidos y engañados por la ex funcionaria
Ligia Muñoz, adquirieron algunos vehículos de estas
características, casos que fueron puestos a órdenes del juez
de Aduanas por un lado, y por otro, con relación al personal
militar, se está tramitando un juicio en el Juzgado penal de
la III División Tarqui, señala Ángel Gavidia en su informe
presentado ante la CAE. Este tipo de problemas motivó que en
abril de 1998, se expida una comunicación dirigida a los
comandantes de los batallones de Infantería en el que se pide
que los militares se abstengan de adquirir vehículos de
procedencia chilena.
Por el lado policial, la situación tampoco es clara. Así, con
un telegrama enviado por el general de Policía José Santacruz
a los jefes y subjefes de Tránsito del país, dispone que
aquellos vehículos importados desde el puerto libre de
Iquique, Chile, y que ingresen por los distritos de Loja y
Huaquillas, sean matriculados solamente en la jefatura de
Tránsito de Pichincha.
SANCIONES
La situación desencadenó en acciones urgentes por parte del
gerente de la CAE, José Lascano. Entre ellas constan la salida
del Distrito Aduanero de Loja de Ángel Gavidia, la cancelación
de María Ligia Muñoz, la auditoría a todos los trámites
ejecutados en este distrito, la creación de la
Sub-administración de Aduanas de Macará y la formación de una
comisión especial que controle el ingreso de contenedores.
Estas medidas, según el vicealcalde Pedro Quito, han liquidado
económicamente a Macará. "Antes ingresaban 10 contenedores
diarios por el puente internacional y ahora prácticamente
ninguno. Por la culpa de unos pocos nos perjudicamos todos".
En las conclusiones de un informe de Inteligencia Militar
presentado en julio de 1997, se determinaba "que no es
conveniente que los miembros de las Fuerzas Armadas
intervengan en las Aduanas porque no es su campo y existe la
tentación permanente de caer en los tentáculos de la
corrupción". Pese a todo, en febrero de 1998, el presidente
interino Fabián Alarcón decidió que los uniformados se hagan
cargo de la administración aduanera. Un año después, el
balance para los importadores es positivo en cuanto al control
y negativo en agilidad. Los militares por su parte, hoy se
sienten plenamente capacitados en el área. De hecho, su
permanencia se ha prolongado en dos ocasiones, pese a que
desde hace ocho meses existe la ley que creó la Corporación
Aduanera Ecuatoriana que dispone el control de las aduanas
para los civiles.
Este traspaso no ha estado exento de problemas. A raíz de que
José Estrada se posesionó como presidente de la CAE en agosto
del año pasado, se convirtió en el principal crítico de la
gestión militar. En días pasados, Estrada fue relevado de su
cargo, "por presiones ante el presidente de la República por
parte de las Cámaras de la Producción de Guayaquil", asegura.
En su lugar fue posesionado Ramiro Pita García, ejecutivo con
una amplia experiencia en el campo privado.
Según Estrada, a pocos les interesa modernizar las Aduanas.
"Mientras más se complican los trámites, más se favorece a
este sistema corrupto. Por eso hay que poner atención en la
informática, para que exista interconexión de datos entre los
distritos".
En eso está de acuerdo el general José Lascano, gerente de la
CAE, quien reveló que el sistema informático de las Aduanas
contratado con la empresa IBM a un costo de cinco millones de
dólares no estaba avanzado, versión contradictoria con la de
Jorge Zavala Egas, ex subsecretario de Aduanas, para quien los
trabajos informáticos existen y fueron auditados. "Incluso los
militares cancelaron valores adeudados a la IBM y utilizan el
sistema que se contrató. Si éste no se concluyó en su
totalidad, fue por inconvenientes presentados en ambas
partes".
CIFRAS
De las recaudaciones, Lascano asegura que existe un incremento
promedio del 23% desde que asumieron las Aduanas. Estrada duda
de las cifras "porque hay varias formas de presentar ingresos
inflados, como considerar los valores en garantías", afirma.
En lo que sí coincide la mayoría es que se ha logrado reducir
la corrupción, como lo afirma Aparicio Valero, presidente de
la Asociación de Depósitos Comerciales, para quien los
militares han demostrado que "cuando se quiere cambiar algo se
puede, pues todos aseguraban que las Aduanas son y seguirán
siendo corruptas". La evasión aduanera, no obstante, aún está
en el 30%, reconoce Lascano, quien exige para las Aduanas
mayor poder sobre las permisionarias que almacenan la
mercadería proveniente del puerto. Luis Hidalgo Vernaza,
sucesor de Lascano en la gerencia de la CAE, reconoce que ese
es uno de los problemas que deberá enfrentar en la Aduana,
"porque no se trata de ser populares sino eficaces".
Con problemas y todo, los uniformados permanecerán algún
tiempo más en los recintos aduaneros. "Para eso hicieron
intensas gestiones un grupo de militares incluso en el
Congreso Nacional", revela José Estrada. La prolongación se
justifica, según el presidente de la CAE, Ramiro Pita, "porque
aunque la fecha de transición era el 31 de marzo, prevalecerá
el criterio de que exista orden en el proceso". (Texto tomado
de La Revista Vistazo)
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