PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL

Quito. 09.92. Con "excelentes" posibilidades de que sea
aprobado, en palabras de varios diputados, ayer fue entregado
el proyecto de reforma constitucional relacionado con la
Función Judicial y que fuera redactado por la Comisión de
Asuntos Constitucionales.

El presidente de la Comisión, Antonio Rodríguez, hizo la
entrega formal del documento, el día de ayer, al presidente
del Congreso Carlos Vallejo.

Según Rodríguez, de ser aprobado el proyecto, la Función
Judicial quedaría así:

El Congreso seguiría siendo el órgano que elija a los
ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia, ya que se
considera que es el organismo más "legítimamente llamado" para
hacer la designación.

Se diversificaría el origen de las ternas. Serían tres las
fuentes: el propio Congreso, la Función Judicial y el
presidente de la República, cada uno con una tercera parte de
los candidatos. Tanto la Corte como el presidente deberían
enviar ternas al Congreso.

La participación de la Función Judicial en la designación de
candidatos para jueces de la CSJ comenzaría el año de 1998, en
razón de que en esta primera oportunidad, correspondería
presentar ternas al Congreso y al presidente de la República,
en forma paritaria.

Para la elección de los ministros, en el Congreso deberá darse
una mayoría especial de las dos terceras partes, es decir 52
votos en la actual conformación legislativa. "Con eso creemos
que la participación de todos los sectores del Congreso
Nacional va a ser obligatoria y por tanto los candidatos van a
ser elegidos como resultado de un consenso al interior del
Congreso", dijo Rodríguez.

Se ha establecido la posibilidad de crear una Comisión de
Asuntos Judiciales que, entre otras funciones, tendría la de
revisar todas las candidaturas enviadas por las tres funciones
del Estado, con el objeto de verificar si cumplen los
requisitos constitucionales, legales, así como absolver
cualquier denuncia que se presentare contra los candidatos.

Con el sistema actual el Congreso designa a los ministros
jueces sin un conocimiento pleno de los antecedentes de los
candidatos. "Con este informe va a tener suficientes
elementos de juicio para tomar una decisión", dijo el
presidente de la Comisión.

En lo que se refiere a los requisitos para ser ministros de la
CSJ la Comisión los ha aumentado. Se necesitarán 50 años de
edad, 20 de ejercicio de la profesión, de la cátedra y la
judicatura. Además, tendrán que ser doctores en
jurisprudencia.

Según el proyecto, se aumentará el requisito para ser jueces
de las cortes superiores de justicia que pasarán a ser
organismos de segunda y última instancia y que por lo tanto
tendrán mayor importancia.

Por ello, se ha pensado en que los requisitos para los
ministros de las cortes superiores deben ser mayores que los
que actualmente existen para ser miembros de la Corte Suprema
de Justicia. Con esto, dijo Rodríguez, se desvirtúan los
temores de quienes creen que las cortes superiores no estarán
capacitadas para ser tribunales de última instancia. "Creemos
que en esta forma garantizamos una buena y adecuada
administración de justicia", dijo Rodríguez en el acto de
presentación.

Los ministros durarían seis años en sus funciones, con lo que
se busca dar mayor estabilidad a la función y evitar que
coincida con los períodos de elección presidencial y
legislativa. De esta forma se pretende evitar en cierta
medida la ingerencia partidista

TRIBUNAL DE CASACIþN Y CONSTITUCIONAL

Por otro lado, la comisión plantea la derogatoria de la
facultad del Plenario de las Comisiones Legislativas para
enjuiciar políticamente a los ministros-jueces de la Corte
Suprema y busca dar una mayor independencia del ministro
fiscal general.

Antonio Rodríguez destacó que al aspecto medular del proyecto
de reformas está en las facultades de la Corte Suprema de
Justicia. La comisión ha planteado que la Corte Suprema sea
tribunal de casación y tribunal constitucional.

Además, propone la necesidad de la especialización de las
salas. Tanto la Corte Suprema como las cortes superiores
tendrían salas especializadas.

¿Qué significa que la Corte Suprema sea Tribunal de Casación?
Que los juicios normalmente llegarán solamente a la segunda
instancia, es decir, hasta las cortes superiores y ahí
terminarán en última instancia, salvo el recurso
extraordinario de casación que iría a la Corte Suprema.

La Comisión propone que el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y el Tribunal Fiscal se integren a la Corte
Suprema y formen salas especializadas.

SEIS SALAS ESPECIALIZADAS

El diputado de la Izquierda Democrática explicó que la Corte
Suprema de Justicia, según el proyecto, tendría seis salas
especializadas: de lo Civil, de lo Mercantil, de lo Penal, de
lo Social y Laboral, de lo Contencioso Administrativo y de lo
Fiscal. Las salas podrían ser posteriormente ampliadas, como
consecuencia de una reforma a la Ley Orgánica de la Función
Jurisdiccional, de acuerdo con las necesidades de
administración de justicia.

La Corte Suprema, conforme el proyecto de reformas
constitucionales, se transformaría en Tribunal Constitucional
y por tanto se crearía una Sala Constitucional dentro de la
Corte, la que estará integrada por el presidente de la Corte
Suprema y por los presidentes de las seis salas
especializadas.

SUSTITUCIþN DEL TGC Y PRESUPUESTO

Rodríguez Vícens sostuvo que la creación de la Procuraduría de
Derechos Humanos que sustituiría al Tribunal de Garantías
Constitucionales, sería el organismo ejecutivo que más
eficazmente defendería los derechos humanos. El procurador de
Derechos Humanos que contempla el proyecto, deberá reunir los
mismos requisitos que se requieren para ser ministro-juez de
la Corte Suprema. Este punto es el que mayor dificultad
tendría de ser aprobado, ya que los roldosistas a último
momento discreparon con la disolución del TGC.

El proyecto propone, en una disposición transitoria, un
presupuesto de 3 % del Presupuesto General del Estado en favor
de la Función Judicial para 1993, 1994 y 1995.

TRþMITE EN 15 DþAS

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Carlos
Vallejo, tras recibir el proyecto, dijo que éste será puesto
en consideración del Congreso en pleno después de 15 días, a
fin de que las reformas constitucionales sobre la Función
Judicial sean discutidas y aprobadas porque así lo exige el
país.

Destacó que el trabajo cumplido por la comisión especial de
Asuntos Constitucionales reivindica el prestigio de la Función
Legislativa, tras indicar que en los próximos días la comisión
recibirá un nuevo encargo, sobre otro capítulo de la
Constitución, con un plazo similar de 20 días para que
presente el informe correspondiente.

EXPLORED
en Ciudad N/D

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