El Partido Social Cristiano (PSC) descolocó a los diputados del resto de bloques de la oposición al hacer pública su propuesta de encontrar una tercera vía para solucionar la crisis de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La alternativa pasa por aprobar una consulta popular, pese a que hasta la víspera esta posibilidad había sido negada por los diputados de ese partido.
El anuncio generó incertidumbre en la oposición e, incluso, en los bloques afines al Gobierno, debido a que la fórmula propuesta usa el mismo método que el Gobierno para zanjar el tema de la Corte. ¿Se acerca el PSC al Gobierno?
Este acercamiento podría concretarse, pues el Ejecutivo cede sus posiciones al aceptar que el Congreso apruebe una resolución inmediata para cesar a la actual CSJ, pero tiene un asunto no resuelto: que la consulta popular, con la que se aprobaría el mecanismo para reformarla definitivamente, nazca de una comisión de redacción integrada por organizaciones de la sociedad civil.
Según la nueva propuesta, hasta que los resultados de la consulta viabilicen la reforma de la Corte, se declararía una vacancia judicial o se integraría una CSJ provisional con los miembros más antiguos de las cortes superiores del país.
Aunque los diputados socialcristianos negaron un posible acercamiento, un diputado del sector de los independientes más cercano al Gobierno, confirmó que desde la semana pasada se producen conversaciones con el PSC para llegar a un acuerdo, que pasa por la aprobación en el Congreso de la denominada ley Topo, proyecto de ley que modifica 19 leyes vigentes, en especial las que rigen a los sectores petrolero, eléctrico y de la seguridad social.
Según ese mismo legislador, el acuerdo no concluiría con estos puntos, sino que pasaría por una alianza de gobernabilidad global. Pero para formalizarla, también se requeriría de acercamientos con los otros bloques de la oposición.
No obstante, la posibilidad de un pacto entre el PSC y el Gobierno fue rechazada por bloques como la ID y PK, partidos que no avalan los diálogos con el régimen, mucho menos si estos implican el condicionamiento para aprobar reformas legales como las contenidas en el proyecto de ley Topo, que fue entregada el martes por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.
Además, el resto de grupos de la oposición afirmó que la propuesta del PSC pone en duda la seriedad del acuerdo conseguido el martes en una reunión con el alcalde de Quito, Paco Moncayo.
La resolución implicaba que durante la sesión de ayer en el Congreso se haría un llamado para que los representantes de todos los bloques entablen un diálogo que permita delinear un solo proyecto legal que dé solución a la crisis de la CSJ.
Sin embargo, este llamamiento no se produjo debido a la incertidumbre de sus resultados. Tal vez por ello, la sesión de ayer se llevó con tranquilidad pese a que las últimas semanas todas las reuniones han sido conflictivas.
Los diputados opositores se debían reunir la tarde de ayer para intentar un acuerdo y la redacción de una nueva propuesta, pese al pronunciamiento de los socialcristianos.
Los sectores de la oposición aceptaron el martes que estaban dispuestos a entablar un diálogo con el Gobierno, pero en la práctica el único acercamiento lo dio el PSC. La versión del diputado independiente citado fue confirmada por el Primer Mandatario, quien aceptó que mantenía diálogos con el PSC. Lo que el Gobierno busca ahora es una convocatoria pública y amplia a todos los partidos políticos, para consensuar el tema de la Corte Suprema. Esta convocatoria se haría el martes próximo.
Vicente Taiano (Prian)
Tenemos una línea coherente. Si un grupo de los integrantes de esta mayoría decide irse con otros no nos vamos a oponer, no tenemos un pacto de sangre con el Gobierno, sino un pacto legislativo. Mantenemos que la Corte es constitucional.
El acuerdo con el PSC no es ningún riesgo. Si no estamos de acuerdo con la consulta no la vamos a votar pero analizamos los temas contenidos en la ley Topo.
Mario Touma (PRE)
Es una trampa en la que los socialcristianos quieren hacer caer al Gobierno. Esta pasa porque la CSJ se cambie con presidentes de las cortes superiores que son de ellos y de la ID. Luego se opondrán a la consulta con lo que tendrían nuevamente la CSJ. Solucionarán este tema y luego le darán nuevamente la patada al Gobierno.
El Congreso y el Ejecutivo podrían lograr consensos sobre la ley Topo.
Luis Villacís (MPD)
El PSC ha venido trabajando largo rato con el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Todo el paquete de reformas se ha elaborado en conjunto. Este tema se pone hoy en vigencia y los llamados opositores son los verdaderos colaboradores del régimen. La ley Topo es de gran interés para los socialcristianos. También se van a poner de acuerdo con el reparo de las cortes. No estamos de acuerdo con estas políticas.
Enrique Ayala (socialistas)
Esa posibilidad también se discutió con Moncayo y la idea era poner todas las alternativas sobre la mesa. Tampoco estamos en contra de una consulta sino que la planteada por el presidente, tiene que cambiar para que la apoyemos. Quiero pensar que han bajado las tensiones y que estamos buscando nuevas alternativas. Quisiéramos saber qué tiene que ver esto con la ley Topo.
Andrés Páez (ID)
La consulta planteada por el Gobierno no tiene nuestra adhesión pero si la ciudadanía propone un tema sin duda nuestro partido tiene que examinarla, lo que no significa coincidencia con una tesis del Gobierno.
No hay que esperar a una consulta para cesar a la Corte , esta ya está descalabrada y tiene que salir ya.
Leandro Despouy alarga 24 horas más su pesquisa
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prolongará por un día sus investigaciones sobre la crisis jurídica del país. Durante ese periodo, Despouy se entrevistará con agrupaciones sociales, informó la sede de la ONU en Ecuador, aunque no precisó qué organizaciones tendrán cita con el diplomático argentino.
Leandro Despouy dijo que tomó esa decisión por el interés despertado para que pueda investigar, pero tampoco dio detalles de su agenda para hoy.
Sin embargo, está previsto que el relator viaje en las próximas horas a Guayaquil a entrevistarse con el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot. Así lo indicó Diego Poveda, de Jueces por la Democracia.
Ayer, en su tercer día de periplo por las organizaciones gubernamentales y no oficiales, Despouy se reunió con los titulares del Congreso Nacional, Omar Quintana, y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con Quintana se reunió a primera hora. En la cita, el presidente del Parlamento reclamó al relator que las Naciones Unidas no estuvieron presentes cuando cayó su coideario Abdalá Bucaram, en 1996.
En el organismo electoral, Despouy escudriñó durante hora y media la conformación del actual TSE y la distribución de las 154 vocalías en los tribunales provinciales electorales.
En la entrevista estuvieron presentes los vocales Wilson Sánchez (Prian), Geovanny Atarihuana (MPD), Ramón Alarcón (DP), Carlos Pardo Montiel (PRE) y Fabían Villarroel (SP), excepto los de la ID y el PSC.
Al respecto, Jorge Valdospinos, representante de la ID, denunció que los dos miembros del TSE no fueron convocados para evitar, principalmente, que la ONU conozca sobre las irregularidades en los tribunales provinciales. Por lo que, calificó a la cita de un acto sectario.
Despouy reconoció que tenía conocimiento sobre esas ausencias y aseguró que tratará de interpretar las dimensiones de las mismas.
Por la tarde, el relator de la ONU se reunió con Freddy Ehlers, parlamentario andino, miembros de la Fundación Esquel, Ciudadanos por la Democracia y Auditoría Democrática.
Con estas agrupaciones, Despouy conversó sobre el impacto de los cambios producidos por el Congreso en la madrugada del 9 de diciembre de 2004.
Febres Cordero defiende una consulta popular consensuada
León Febres Cordero viajó ayer a Miami. Según informó, allí tiene que someterse a revisión médica por un problema grave en el ojo derecho que ha estado a punto de perforársele. Antes de partir a Estados Unidos, el líder socialcristiano presentó su propuesta de una tercera consulta popular.
Es imposible incluso dentro de la oposición llegar a un acuerdo, pero ha llegado el momento en que hay que consensuar una opinión de la sociedad civil y a base de ese criterio ir a una consulta popular.
Pero Febres Cordero no está de acuerdo con que la dirija el presidente Lucio Gutiérrez, ni tampoco está a favor de la que propone León Roldós.
Ni Roldós ni Gutiérrez representan a la sociedad civil... debe ser consensuada por la sociedad civil y consultada al pueblo para que el pueblo decida.
Según Febres Cordero, la situación tiene que resolverse porque el país no puede seguir viviendo en el limbo.
Mire usted lo que pasa ahora con esta ley Topo que la presentan con el carácter de emergente. Pretenden reformar 18 leyes orgánicas. Eso está prohibido por la Constitución. Usted puede presentar un proyecto emergente sobre una ley, pero no sobre 18 leyes.
Por ello, considera que el Parlamento debe rechazar la iniciativa del Ejecutivo, porque representa una recaudación anual de 60 millones de dólares y su puesta en vigencia implica reformas a las leyes del Seguro Social, y electricidad y petrolero.
Nadie se opone a reformas legales que vayan en beneficio del pueblo, pero no hacer un mamotreto con 18 leyes reformadas orgánicas a través de una sola ley emergente como para que el Congreso no tenga tiempo de reformarla y ponerla en vigencia por el ministerio de la ley... yo creo que acertaron poniéndole este calificativo de topo, porque topo es sinónimo de estupidez.
Febres Cordero también se refirió en duros términos contra los dirigentes de las cámaras de la Producción.
La producción en el país ya no está representada. Las cámaras han perdido personalidad.
En ese sentido, cuestionó lo que identificó como una colaboración con el Gobierno. Se refería a que un funcionario de la Cámara de Industrias de Guayaquil es subsecretario del Ministerio de Industrias y Comercio.
Viven y usufructúan del sistema de empresa privada y no son capaces de defenderlo, porque ese sistema solo puede subsistir en un régimen de constitucionalidad y de democracia que no existe en el Ecuador.
Finalmente, cuestionó la orden que la jueza Silvia Orejuela impartió a la Policía para que dejen de perseguir a las hermanas Carla y Guildegard Cerón, acusadas de presunto peculado en Pacifictel. Ellas pagaron una fianza de 19.000 dólares.
Calificó a la jueza de espuria. La posesionaron violando una resolución del Consejo de la Judicatura, por orden de este famoso juez de la Suprema, mellizo de Castro, Tito Libio Mendoza. La puso ahí con la consigna de poner en libertad a las Cerón, más allá de que están acusadas por la Contraloría y por el fiscal de peculado, y el peculado es reclusión donde no se admite fianza.
La alternativa pasa por aprobar una consulta popular, pese a que hasta la víspera esta posibilidad había sido negada por los diputados de ese partido.
El anuncio generó incertidumbre en la oposición e, incluso, en los bloques afines al Gobierno, debido a que la fórmula propuesta usa el mismo método que el Gobierno para zanjar el tema de la Corte. ¿Se acerca el PSC al Gobierno?
Este acercamiento podría concretarse, pues el Ejecutivo cede sus posiciones al aceptar que el Congreso apruebe una resolución inmediata para cesar a la actual CSJ, pero tiene un asunto no resuelto: que la consulta popular, con la que se aprobaría el mecanismo para reformarla definitivamente, nazca de una comisión de redacción integrada por organizaciones de la sociedad civil.
Según la nueva propuesta, hasta que los resultados de la consulta viabilicen la reforma de la Corte, se declararía una vacancia judicial o se integraría una CSJ provisional con los miembros más antiguos de las cortes superiores del país.
Aunque los diputados socialcristianos negaron un posible acercamiento, un diputado del sector de los independientes más cercano al Gobierno, confirmó que desde la semana pasada se producen conversaciones con el PSC para llegar a un acuerdo, que pasa por la aprobación en el Congreso de la denominada ley Topo, proyecto de ley que modifica 19 leyes vigentes, en especial las que rigen a los sectores petrolero, eléctrico y de la seguridad social.
Según ese mismo legislador, el acuerdo no concluiría con estos puntos, sino que pasaría por una alianza de gobernabilidad global. Pero para formalizarla, también se requeriría de acercamientos con los otros bloques de la oposición.
No obstante, la posibilidad de un pacto entre el PSC y el Gobierno fue rechazada por bloques como la ID y PK, partidos que no avalan los diálogos con el régimen, mucho menos si estos implican el condicionamiento para aprobar reformas legales como las contenidas en el proyecto de ley Topo, que fue entregada el martes por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica.
Además, el resto de grupos de la oposición afirmó que la propuesta del PSC pone en duda la seriedad del acuerdo conseguido el martes en una reunión con el alcalde de Quito, Paco Moncayo.
La resolución implicaba que durante la sesión de ayer en el Congreso se haría un llamado para que los representantes de todos los bloques entablen un diálogo que permita delinear un solo proyecto legal que dé solución a la crisis de la CSJ.
Sin embargo, este llamamiento no se produjo debido a la incertidumbre de sus resultados. Tal vez por ello, la sesión de ayer se llevó con tranquilidad pese a que las últimas semanas todas las reuniones han sido conflictivas.
Los diputados opositores se debían reunir la tarde de ayer para intentar un acuerdo y la redacción de una nueva propuesta, pese al pronunciamiento de los socialcristianos.
Los sectores de la oposición aceptaron el martes que estaban dispuestos a entablar un diálogo con el Gobierno, pero en la práctica el único acercamiento lo dio el PSC. La versión del diputado independiente citado fue confirmada por el Primer Mandatario, quien aceptó que mantenía diálogos con el PSC. Lo que el Gobierno busca ahora es una convocatoria pública y amplia a todos los partidos políticos, para consensuar el tema de la Corte Suprema. Esta convocatoria se haría el martes próximo.
Vicente Taiano (Prian)
Tenemos una línea coherente. Si un grupo de los integrantes de esta mayoría decide irse con otros no nos vamos a oponer, no tenemos un pacto de sangre con el Gobierno, sino un pacto legislativo. Mantenemos que la Corte es constitucional.
El acuerdo con el PSC no es ningún riesgo. Si no estamos de acuerdo con la consulta no la vamos a votar pero analizamos los temas contenidos en la ley Topo.
Mario Touma (PRE)
Es una trampa en la que los socialcristianos quieren hacer caer al Gobierno. Esta pasa porque la CSJ se cambie con presidentes de las cortes superiores que son de ellos y de la ID. Luego se opondrán a la consulta con lo que tendrían nuevamente la CSJ. Solucionarán este tema y luego le darán nuevamente la patada al Gobierno.
El Congreso y el Ejecutivo podrían lograr consensos sobre la ley Topo.
Luis Villacís (MPD)
El PSC ha venido trabajando largo rato con el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Todo el paquete de reformas se ha elaborado en conjunto. Este tema se pone hoy en vigencia y los llamados opositores son los verdaderos colaboradores del régimen. La ley Topo es de gran interés para los socialcristianos. También se van a poner de acuerdo con el reparo de las cortes. No estamos de acuerdo con estas políticas.
Enrique Ayala (socialistas)
Esa posibilidad también se discutió con Moncayo y la idea era poner todas las alternativas sobre la mesa. Tampoco estamos en contra de una consulta sino que la planteada por el presidente, tiene que cambiar para que la apoyemos. Quiero pensar que han bajado las tensiones y que estamos buscando nuevas alternativas. Quisiéramos saber qué tiene que ver esto con la ley Topo.
Andrés Páez (ID)
La consulta planteada por el Gobierno no tiene nuestra adhesión pero si la ciudadanía propone un tema sin duda nuestro partido tiene que examinarla, lo que no significa coincidencia con una tesis del Gobierno.
No hay que esperar a una consulta para cesar a la Corte , esta ya está descalabrada y tiene que salir ya.
Leandro Despouy alarga 24 horas más su pesquisa
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), prolongará por un día sus investigaciones sobre la crisis jurídica del país. Durante ese periodo, Despouy se entrevistará con agrupaciones sociales, informó la sede de la ONU en Ecuador, aunque no precisó qué organizaciones tendrán cita con el diplomático argentino.
Leandro Despouy dijo que tomó esa decisión por el interés despertado para que pueda investigar, pero tampoco dio detalles de su agenda para hoy.
Sin embargo, está previsto que el relator viaje en las próximas horas a Guayaquil a entrevistarse con el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot. Así lo indicó Diego Poveda, de Jueces por la Democracia.
Ayer, en su tercer día de periplo por las organizaciones gubernamentales y no oficiales, Despouy se reunió con los titulares del Congreso Nacional, Omar Quintana, y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con Quintana se reunió a primera hora. En la cita, el presidente del Parlamento reclamó al relator que las Naciones Unidas no estuvieron presentes cuando cayó su coideario Abdalá Bucaram, en 1996.
En el organismo electoral, Despouy escudriñó durante hora y media la conformación del actual TSE y la distribución de las 154 vocalías en los tribunales provinciales electorales.
En la entrevista estuvieron presentes los vocales Wilson Sánchez (Prian), Geovanny Atarihuana (MPD), Ramón Alarcón (DP), Carlos Pardo Montiel (PRE) y Fabían Villarroel (SP), excepto los de la ID y el PSC.
Al respecto, Jorge Valdospinos, representante de la ID, denunció que los dos miembros del TSE no fueron convocados para evitar, principalmente, que la ONU conozca sobre las irregularidades en los tribunales provinciales. Por lo que, calificó a la cita de un acto sectario.
Despouy reconoció que tenía conocimiento sobre esas ausencias y aseguró que tratará de interpretar las dimensiones de las mismas.
Por la tarde, el relator de la ONU se reunió con Freddy Ehlers, parlamentario andino, miembros de la Fundación Esquel, Ciudadanos por la Democracia y Auditoría Democrática.
Con estas agrupaciones, Despouy conversó sobre el impacto de los cambios producidos por el Congreso en la madrugada del 9 de diciembre de 2004.
Febres Cordero defiende una consulta popular consensuada
León Febres Cordero viajó ayer a Miami. Según informó, allí tiene que someterse a revisión médica por un problema grave en el ojo derecho que ha estado a punto de perforársele. Antes de partir a Estados Unidos, el líder socialcristiano presentó su propuesta de una tercera consulta popular.
Es imposible incluso dentro de la oposición llegar a un acuerdo, pero ha llegado el momento en que hay que consensuar una opinión de la sociedad civil y a base de ese criterio ir a una consulta popular.
Pero Febres Cordero no está de acuerdo con que la dirija el presidente Lucio Gutiérrez, ni tampoco está a favor de la que propone León Roldós.
Ni Roldós ni Gutiérrez representan a la sociedad civil... debe ser consensuada por la sociedad civil y consultada al pueblo para que el pueblo decida.
Según Febres Cordero, la situación tiene que resolverse porque el país no puede seguir viviendo en el limbo.
Mire usted lo que pasa ahora con esta ley Topo que la presentan con el carácter de emergente. Pretenden reformar 18 leyes orgánicas. Eso está prohibido por la Constitución. Usted puede presentar un proyecto emergente sobre una ley, pero no sobre 18 leyes.
Por ello, considera que el Parlamento debe rechazar la iniciativa del Ejecutivo, porque representa una recaudación anual de 60 millones de dólares y su puesta en vigencia implica reformas a las leyes del Seguro Social, y electricidad y petrolero.
Nadie se opone a reformas legales que vayan en beneficio del pueblo, pero no hacer un mamotreto con 18 leyes reformadas orgánicas a través de una sola ley emergente como para que el Congreso no tenga tiempo de reformarla y ponerla en vigencia por el ministerio de la ley... yo creo que acertaron poniéndole este calificativo de topo, porque topo es sinónimo de estupidez.
Febres Cordero también se refirió en duros términos contra los dirigentes de las cámaras de la Producción.
La producción en el país ya no está representada. Las cámaras han perdido personalidad.
En ese sentido, cuestionó lo que identificó como una colaboración con el Gobierno. Se refería a que un funcionario de la Cámara de Industrias de Guayaquil es subsecretario del Ministerio de Industrias y Comercio.
Viven y usufructúan del sistema de empresa privada y no son capaces de defenderlo, porque ese sistema solo puede subsistir en un régimen de constitucionalidad y de democracia que no existe en el Ecuador.
Finalmente, cuestionó la orden que la jueza Silvia Orejuela impartió a la Policía para que dejen de perseguir a las hermanas Carla y Guildegard Cerón, acusadas de presunto peculado en Pacifictel. Ellas pagaron una fianza de 19.000 dólares.
Calificó a la jueza de espuria. La posesionaron violando una resolución del Consejo de la Judicatura, por orden de este famoso juez de la Suprema, mellizo de Castro, Tito Libio Mendoza. La puso ahí con la consigna de poner en libertad a las Cerón, más allá de que están acusadas por la Contraloría y por el fiscal de peculado, y el peculado es reclusión donde no se admite fianza.
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