Quito. 13 ene 97. Sobre Ecuador pesaba
una decisión del Tribunal Andino de
Justicia. La razón: se contravinieron
las normas del Acuerdo de Cartagena.
La propiedad intelectual en Ecuador
toma nuevos rumbos. El ministro de
Industrias, Jorge Marún, decidió
derogar las disposiciones que
pretendían introducir el "Pipe Line"
en las normas andinas.
El "Pipe Line" es un mecanismo que
permite que una patente tenga una
validez con efecto retroactivo, o
que sea válida o tenga continuidad
en el tiempo en otro país que no
haya sido el de su origen.
Sin embargo, las normas
internacionales dan un año máximo
de plazo para que los inventores
hagan reconocer sus creaciones.
La decisión del ministro Marún, a
través del Decreto Ejecutivo 297,
deja sin efecto los decretos 1334-A
y 1738, de diciembre de 1993, y el
473 de junio de 1994. Decretos que
reglamentaban la incorporación del
"Pipe Line" a la Decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena, con base en
un convenio de Ecuador con EE.UU.
realizado hace tres años, en
octubre de 1993.
El único país que accedió a
aceptar esa propuesta, a través
de ese convenio, fue Ecuador. Esto
le valió llevar el peso de la
única demanda que ha sido
presentada por la Junta del
Acuerdo de Cartagena a un país
andino.
Luego de que se aceptó ese
convenio, los industriales
farmacéuticos de la Asociación
Latinoamericana de Laboratorios
Farmacéuticos-Ecuador (Alafar)
presentaron primero una demanda
ante el Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo, en
la que hacían evidente su
desacuerdo.
Este Tribunal, a su vez, hizo una
consulta al Tribunal Andino de
Justicia (TAJ). La respuesta de la
entidad fue que la norma no era
aplicable dentro de las leyes
andinas y que la propuesta de
introducir el "Pipe Line" era
atentatorio al principio de la
novedad, principio básico de la
propiedad industrial.
Y es que el "Pipe Line" es una
especie de canal por el que se
podrían aceptar como nuevas,
invenciones ya conocidas por la
técnica.
Pese a esto, se consideró válido
el convenio, por lo que Alafar
insistió con un recurso de
casación a la Corte Suprema de
Justicia.
El Ejecutivo y Judicial
insistieron en que se acepte el
convenio. Entonces la Junta del
Acuerdo de Cartagena (Junac)
realizó una observación al país
por no haber tomado en cuenta el
criterio del Tribunal Andino.
Posteriormente, la misma Junta
hizo un informe explicando los
puntos en que Ecuador estaba
contraviniendo la normativa
andina.
A pesar de eso, la decisión de
las autoridades ecuatorianas
siguió adelante y entonces la
Junac planteó la demanda contra
Ecuador por incumplimiento de la
norma 344 del Acuerdo de
Cartagena.
Luego vino la sentencia del
Tribunal que conminó a Ecuador a
regular su situación jurídico
administrativa.
Según Juana Ramos, directora de
Alafar, con esto se podían
beneficiar a las empresas
transnacionales prolongando en
el tiempo la exclusividad de un
producto en el mercado.
En su momento, el ex ministro de
Industrias, José Vicente Maldonado,
sostuvo que la medida pretendía
eliminar una concepción
proteccionista. Sin embargo,
Colombia, Perú y Venezuela
rechazaron la propuesta de EE.UU.
de introducir el "Pipe Line", por
considerar que se la vulneraba la
norma andina.
Aunque para Maldonado, el fallo
interpretativo del TAJ daba la
razón a la posición ecuatoriana,
la demanda de la Junac dice lo
contrario.
El actual ministro, Jorge Marún,
sostiene que su decisión acoge el
fallo del TAJ para rectificar la
reglamentación correspondiente.
Además, explica que se encuentra
en marcha un proceso de
modernización de Directorio de
Propiedad Industrial. Para ello,
se está consultando a
organizaciones internacionales
especializadas en el tratamiento
del tema, como la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI).
Además, existe el contacto
permanente con las oficinas de
propiedad industrial en Perú que
han modernizado sus esquemas de
operación, para analizar su
funcionamiento.
Al momento, según Marún, la
asesoría legal de la Presidencia
estudia las reglamentaciones con
el fin de que las normas
ecuatorianas estén acordes a las
andinas y permitan agilidad en las
decisiones.
Pero existe otro asunto que está
pendiente y que también se ha
ofrecido solucionar.
Según Juana Ramos, a partir de la
expedición de los decretos, la
Dirección de Propiedad Industrial,
en el Gobierno anterior, recibió
157 solicitudes de patentes con
retroactivo. Ramos sostiene que en
tan solo dos días se resolvieron
23 solicitudes. Estas tuvieron una
respuesta positiva con base en un
informe pericial.
Al momento se encuentran suspendidas
esas decisiones y, según Marún, se
está estudiando su nivel de
factibilidad.
Juana Ramos cree que la próxima
década será de intensas discusiones
internacionales sobre el tema de
propiedad intelectual. En Ecuador,
dice, queda mucho camino por andar.
Uno de los puntos que destaca es el
del reconocimiento de la diferencia
con que debe ser tratado el
conocimiento ancestral de las
comunidades sobre las utilidades de
los recursos naturales.
Para el representante de Alafar, es
un conocimiento que se especializa
de generación en generación y por
transmisión oral, por lo que no se
puede patentar por 20 años, como lo
dispone la norma internacional.
En Argentina también hay problema
La aprobación del Senado argentino,
a mediados de diciembre, de la Ley
de Confidencialidad, parece no
satisfacer aún a la industria de
EE.UU. Aunque la ley busca asegurar
el secreto industrial de las
fórmulas informáticas y químicas de
las nuevas drogas, para evitar la
piratería, según notas de las
agencias Reuters y AFP, el Gobierno
de EE.UU. se dispone a establecer
sanciones comerciales.
La industria farmacéutica
estadounidense alega que pierde
ventas anuales como USD 540
millones en Argentina, debido a la
piratería de la que acusa a los
fabricantes locales de medicamentos.
Los laboratorios de EE.UU.
protestaron: consideran que esa
nueva ley no ampara sus derechos
intelectuales durante el período
de pruebas para conseguir una
patente argentina.
La industria argentina, sin
embargo, ha ganado mercado. Por
ejemplo, Laboratorios Sidus,
luego de 9 años de investigaciones
genéticas se lanzó con nuevos
productos y en el 96 se estima que
facturó USD 20 millones. (FUENTE:
EL COMERCIO)
una decisión del Tribunal Andino de
Justicia. La razón: se contravinieron
las normas del Acuerdo de Cartagena.
La propiedad intelectual en Ecuador
toma nuevos rumbos. El ministro de
Industrias, Jorge Marún, decidió
derogar las disposiciones que
pretendían introducir el "Pipe Line"
en las normas andinas.
El "Pipe Line" es un mecanismo que
permite que una patente tenga una
validez con efecto retroactivo, o
que sea válida o tenga continuidad
en el tiempo en otro país que no
haya sido el de su origen.
Sin embargo, las normas
internacionales dan un año máximo
de plazo para que los inventores
hagan reconocer sus creaciones.
La decisión del ministro Marún, a
través del Decreto Ejecutivo 297,
deja sin efecto los decretos 1334-A
y 1738, de diciembre de 1993, y el
473 de junio de 1994. Decretos que
reglamentaban la incorporación del
"Pipe Line" a la Decisión 344 del
Acuerdo de Cartagena, con base en
un convenio de Ecuador con EE.UU.
realizado hace tres años, en
octubre de 1993.
El único país que accedió a
aceptar esa propuesta, a través
de ese convenio, fue Ecuador. Esto
le valió llevar el peso de la
única demanda que ha sido
presentada por la Junta del
Acuerdo de Cartagena a un país
andino.
Luego de que se aceptó ese
convenio, los industriales
farmacéuticos de la Asociación
Latinoamericana de Laboratorios
Farmacéuticos-Ecuador (Alafar)
presentaron primero una demanda
ante el Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo, en
la que hacían evidente su
desacuerdo.
Este Tribunal, a su vez, hizo una
consulta al Tribunal Andino de
Justicia (TAJ). La respuesta de la
entidad fue que la norma no era
aplicable dentro de las leyes
andinas y que la propuesta de
introducir el "Pipe Line" era
atentatorio al principio de la
novedad, principio básico de la
propiedad industrial.
Y es que el "Pipe Line" es una
especie de canal por el que se
podrían aceptar como nuevas,
invenciones ya conocidas por la
técnica.
Pese a esto, se consideró válido
el convenio, por lo que Alafar
insistió con un recurso de
casación a la Corte Suprema de
Justicia.
El Ejecutivo y Judicial
insistieron en que se acepte el
convenio. Entonces la Junta del
Acuerdo de Cartagena (Junac)
realizó una observación al país
por no haber tomado en cuenta el
criterio del Tribunal Andino.
Posteriormente, la misma Junta
hizo un informe explicando los
puntos en que Ecuador estaba
contraviniendo la normativa
andina.
A pesar de eso, la decisión de
las autoridades ecuatorianas
siguió adelante y entonces la
Junac planteó la demanda contra
Ecuador por incumplimiento de la
norma 344 del Acuerdo de
Cartagena.
Luego vino la sentencia del
Tribunal que conminó a Ecuador a
regular su situación jurídico
administrativa.
Según Juana Ramos, directora de
Alafar, con esto se podían
beneficiar a las empresas
transnacionales prolongando en
el tiempo la exclusividad de un
producto en el mercado.
En su momento, el ex ministro de
Industrias, José Vicente Maldonado,
sostuvo que la medida pretendía
eliminar una concepción
proteccionista. Sin embargo,
Colombia, Perú y Venezuela
rechazaron la propuesta de EE.UU.
de introducir el "Pipe Line", por
considerar que se la vulneraba la
norma andina.
Aunque para Maldonado, el fallo
interpretativo del TAJ daba la
razón a la posición ecuatoriana,
la demanda de la Junac dice lo
contrario.
El actual ministro, Jorge Marún,
sostiene que su decisión acoge el
fallo del TAJ para rectificar la
reglamentación correspondiente.
Además, explica que se encuentra
en marcha un proceso de
modernización de Directorio de
Propiedad Industrial. Para ello,
se está consultando a
organizaciones internacionales
especializadas en el tratamiento
del tema, como la Organización
Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI).
Además, existe el contacto
permanente con las oficinas de
propiedad industrial en Perú que
han modernizado sus esquemas de
operación, para analizar su
funcionamiento.
Al momento, según Marún, la
asesoría legal de la Presidencia
estudia las reglamentaciones con
el fin de que las normas
ecuatorianas estén acordes a las
andinas y permitan agilidad en las
decisiones.
Pero existe otro asunto que está
pendiente y que también se ha
ofrecido solucionar.
Según Juana Ramos, a partir de la
expedición de los decretos, la
Dirección de Propiedad Industrial,
en el Gobierno anterior, recibió
157 solicitudes de patentes con
retroactivo. Ramos sostiene que en
tan solo dos días se resolvieron
23 solicitudes. Estas tuvieron una
respuesta positiva con base en un
informe pericial.
Al momento se encuentran suspendidas
esas decisiones y, según Marún, se
está estudiando su nivel de
factibilidad.
Juana Ramos cree que la próxima
década será de intensas discusiones
internacionales sobre el tema de
propiedad intelectual. En Ecuador,
dice, queda mucho camino por andar.
Uno de los puntos que destaca es el
del reconocimiento de la diferencia
con que debe ser tratado el
conocimiento ancestral de las
comunidades sobre las utilidades de
los recursos naturales.
Para el representante de Alafar, es
un conocimiento que se especializa
de generación en generación y por
transmisión oral, por lo que no se
puede patentar por 20 años, como lo
dispone la norma internacional.
En Argentina también hay problema
La aprobación del Senado argentino,
a mediados de diciembre, de la Ley
de Confidencialidad, parece no
satisfacer aún a la industria de
EE.UU. Aunque la ley busca asegurar
el secreto industrial de las
fórmulas informáticas y químicas de
las nuevas drogas, para evitar la
piratería, según notas de las
agencias Reuters y AFP, el Gobierno
de EE.UU. se dispone a establecer
sanciones comerciales.
La industria farmacéutica
estadounidense alega que pierde
ventas anuales como USD 540
millones en Argentina, debido a la
piratería de la que acusa a los
fabricantes locales de medicamentos.
Los laboratorios de EE.UU.
protestaron: consideran que esa
nueva ley no ampara sus derechos
intelectuales durante el período
de pruebas para conseguir una
patente argentina.
La industria argentina, sin
embargo, ha ganado mercado. Por
ejemplo, Laboratorios Sidus,
luego de 9 años de investigaciones
genéticas se lanzó con nuevos
productos y en el 96 se estima que
facturó USD 20 millones. (FUENTE:
EL COMERCIO)
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