Quito. 20 ago 99. En una guerra judicial se convirtió el caso del
Banco del Progreso, que envuelve al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, los ministros de Defensa y Gobierno, la
directora del Servicio de Rentas Internas (SRI) y al ex
propietario de la entidad financiera, Fernando Aspiazu.
Elsa de Mena, Directora del SRI, acudió al Juzgado Décimo de lo
Penal, en donde se ventila un juicio contra Fernando Aspiazu por
no entregar al Estado el dinero que recaudó a sus clientes por
concepto del Impuesto del 1% a la Circulación de Capitales.
Allí se ratificó en sus acusaciones contra el banquero que, desde
el 13 de julio, guarda prisión en la Cárcel N° 4 de Quito.
Sin embargo, el pasado miércoles, Mena se transformó de acusadora
en acusada, puesto que el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Héctor Romero Parducci, la sindicó, al igual que a los
ministros de Defensa y Gobierno, por pedido de Aspiazu, por
supuesta detención ilegal del ex presidente del Banco del
Progreso.
La acción provocó que el abogado de Mena analice la posibilidad
de solicitar la recusación de Romero o la instauración de juicio
por prevaricato, ya que el titular de la CSJ es amigo de Aspiazu
y el 13 de julio, públicamente, se pronunció en contra de la
forma en que se apresó al banquero.
Romero contesta
Romero Parducci entró ayer personalmente y sin providencia en la
escena.
No haga preguntas tontas, le dijo ayer a un periodista, al
afirmar que indirectamente se le quiere imputar el delito de
prevaricato por abrir el auto cabeza de proceso contra los
ministros de Gobierno, Defensa, y la directora del SRI.
Desde una sala contigua a su oficina, Romero salió al paso de los
cuestionamientos que se han realizado en su contra por sindicar
a los funcionarios de Estado, cuando es amigo del ex propietario
del Banco del Progreso.
También soy amigo de Vladimiro Alvarez, a quien lo aprecio
bastante, dijo.
El presidente de la CSJ deslindó cualquier tipo de amistad íntima
con Aspiazu, propietario de diario El Telégrafo, del cual el
propio Romero fue vicepresidente del consejo editorial, cargo que
en la actualidad ya no le pertenece.
Para que haya excusa o recusación, la amistad debe ser íntima,
de lo contrario, si cualquier tipo de amistad podría provocar
excusas o recusaciones, habría cualquier cantidad de juicios que
se quedarían parados y en la inmunidad, argumentó.
Adicionalmente defendió su pronunciamiento en torno a la
detención de Aspiazu, ya que solo se protestó por el ingreso de
la fuerza pública a la Corte de Justicia de Guayaquil y la
interrupción de una diligencia judicial, mas no a la situación
legal de su amigo.
No obstante, el Ministro de Defensa, José Gallardo, señaló que
si no se actuaba de esa manera, Aspiazu ya estaría fuera del
Ecuador y ya tenemos amargas experiencias al respecto, sin
precisar a qué casos se refería.
Explicó que responderá a su momento con los argumentos legales
que correspondan, pues cuenta con el respaldo del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas.
La situación judicial motivó la reacción del Presidente de la
República, Jamil Mahuad quien dio la razón a la función judicial
pero sin retirar el apoyo a sus colaboradores : "La Corte Suprema
cumpliendo con la ley no tenía otro camino, eso no implica que
el Presidente de la Corte haya emitido un juicio.
Al final se demostrará que no hay responsabilidad alguna, porque
eso es lo que la norma y la conciencia del país exige", dijo.
Los argumentos de Gallardo
QUITO.-- Lo hicimos sin boleta (de captura), porque cuando se ha
esperado la boleta los corruptos se han escapado, argumentó el
Ministro de Defensa con respecto a la cuestionada legalidad en
la detención de Fernando Aspiazu, un día antes que el Banco del
Progreso, que este presidía, entrara en proceso de saneamiento.
Reiteró que actuó a base de una denuncia presentada por el
Servicio de Rentas Internas (SRI), en la que se indica que
Aspiazu ilegalmente retuvo más de 54 mil millones de sucres del
1% a la circulación de capitales.
Emergencia lo facultó
Explicó que el estado de emergencia vigente en el país facultaba
a las Fuerzas Armadas y a la Polícía a velar por la seguridad de
la ciudadanía.
Luego, al observar que el proceso de declaración de Aspiazu se
dilataba (recurso de amparo constitucional), el coronel Jorge
Costa, jefe de Estado Mayor de la Segunda División de Ejército
Libertad, procedió a la detención amparándose en el artículo 54,
numeral 6 del Código Penal.
Según esta disposición, la Policía Judicial puede ordenar y
ejecutar la detención provisional de la persona sorprendida en
delito flagrante o contra la que existan graves presunciones de
responsabilidad y ponerla, dentro de las 48 horas siguientes, a
órdenes del respectivo juez.
Según Gallardo, esto fue lo que se dispuso el día 12 de julio a
las 22h45 cuando se hizo efectiva la detención de Aspiazu.
El Ministro de Defensa también afirma que en la Constitución hay
disposiciones terminantes que exigen su cooperación con la
justicia, y eso es lo que hemos hecho, hubiera sido gravísimo que
un grupo de autoridades indolentes hubiera dejado que el Dr.
Aspiazu abandone el país, puntualizó.
Más desbloqueos en el Progreso
QUITO. La devolución de los depósitos en el Banco del Progreso
se flexibilizará a partir del próximo lunes.
Desde ese día podrán empezar a cobrar sin necesidad de sujetarse
al programa las personas que atraviesen emergencias médicas
comprobadas, las organizaciones no gubernamentales y voluntarias,
y los extranjeros.
Esta devolución se empatará con el programa de descongelación
resuelto por el Gobierno, dijo el gerente de la Agencia de
Garantía de Depósitos, Bruno Leone.
Emisión de bonos
Una emisión de bonos del Estado por 37 millones de dólares será
efectuada hasta el fin de esta semana, a fin de obtener los
recursos necesarios para la devolución.
Los recursos con los que se honran las garantías son del Estado
hasta que la AGD pueda constituir su propio fondo de garantías,
explicó Leone.
Según el funcionario, cuando el Gobierno puso en marcha el
programa de descongelación, ya estaba definido también el de
devolución para los clientes del Banco del Progreso, pero apenas
ahora es posible empatar ambas devoluciones.
Aunque no se especificó los requisitos para la descongelación en
los casos de emergencias médicas y de extranjeros, funcionarios
de la AGD confirmaron que constituirán los certificados médicos
acompañados de la respectiva solicitud, en el primer caso y la
visa en el segundo. (Texto tomado de El Universo)
Banco del Progreso, que envuelve al Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, los ministros de Defensa y Gobierno, la
directora del Servicio de Rentas Internas (SRI) y al ex
propietario de la entidad financiera, Fernando Aspiazu.
Elsa de Mena, Directora del SRI, acudió al Juzgado Décimo de lo
Penal, en donde se ventila un juicio contra Fernando Aspiazu por
no entregar al Estado el dinero que recaudó a sus clientes por
concepto del Impuesto del 1% a la Circulación de Capitales.
Allí se ratificó en sus acusaciones contra el banquero que, desde
el 13 de julio, guarda prisión en la Cárcel N° 4 de Quito.
Sin embargo, el pasado miércoles, Mena se transformó de acusadora
en acusada, puesto que el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Héctor Romero Parducci, la sindicó, al igual que a los
ministros de Defensa y Gobierno, por pedido de Aspiazu, por
supuesta detención ilegal del ex presidente del Banco del
Progreso.
La acción provocó que el abogado de Mena analice la posibilidad
de solicitar la recusación de Romero o la instauración de juicio
por prevaricato, ya que el titular de la CSJ es amigo de Aspiazu
y el 13 de julio, públicamente, se pronunció en contra de la
forma en que se apresó al banquero.
Romero contesta
Romero Parducci entró ayer personalmente y sin providencia en la
escena.
No haga preguntas tontas, le dijo ayer a un periodista, al
afirmar que indirectamente se le quiere imputar el delito de
prevaricato por abrir el auto cabeza de proceso contra los
ministros de Gobierno, Defensa, y la directora del SRI.
Desde una sala contigua a su oficina, Romero salió al paso de los
cuestionamientos que se han realizado en su contra por sindicar
a los funcionarios de Estado, cuando es amigo del ex propietario
del Banco del Progreso.
También soy amigo de Vladimiro Alvarez, a quien lo aprecio
bastante, dijo.
El presidente de la CSJ deslindó cualquier tipo de amistad íntima
con Aspiazu, propietario de diario El Telégrafo, del cual el
propio Romero fue vicepresidente del consejo editorial, cargo que
en la actualidad ya no le pertenece.
Para que haya excusa o recusación, la amistad debe ser íntima,
de lo contrario, si cualquier tipo de amistad podría provocar
excusas o recusaciones, habría cualquier cantidad de juicios que
se quedarían parados y en la inmunidad, argumentó.
Adicionalmente defendió su pronunciamiento en torno a la
detención de Aspiazu, ya que solo se protestó por el ingreso de
la fuerza pública a la Corte de Justicia de Guayaquil y la
interrupción de una diligencia judicial, mas no a la situación
legal de su amigo.
No obstante, el Ministro de Defensa, José Gallardo, señaló que
si no se actuaba de esa manera, Aspiazu ya estaría fuera del
Ecuador y ya tenemos amargas experiencias al respecto, sin
precisar a qué casos se refería.
Explicó que responderá a su momento con los argumentos legales
que correspondan, pues cuenta con el respaldo del Consejo Supremo
de las Fuerzas Armadas.
La situación judicial motivó la reacción del Presidente de la
República, Jamil Mahuad quien dio la razón a la función judicial
pero sin retirar el apoyo a sus colaboradores : "La Corte Suprema
cumpliendo con la ley no tenía otro camino, eso no implica que
el Presidente de la Corte haya emitido un juicio.
Al final se demostrará que no hay responsabilidad alguna, porque
eso es lo que la norma y la conciencia del país exige", dijo.
Los argumentos de Gallardo
QUITO.-- Lo hicimos sin boleta (de captura), porque cuando se ha
esperado la boleta los corruptos se han escapado, argumentó el
Ministro de Defensa con respecto a la cuestionada legalidad en
la detención de Fernando Aspiazu, un día antes que el Banco del
Progreso, que este presidía, entrara en proceso de saneamiento.
Reiteró que actuó a base de una denuncia presentada por el
Servicio de Rentas Internas (SRI), en la que se indica que
Aspiazu ilegalmente retuvo más de 54 mil millones de sucres del
1% a la circulación de capitales.
Emergencia lo facultó
Explicó que el estado de emergencia vigente en el país facultaba
a las Fuerzas Armadas y a la Polícía a velar por la seguridad de
la ciudadanía.
Luego, al observar que el proceso de declaración de Aspiazu se
dilataba (recurso de amparo constitucional), el coronel Jorge
Costa, jefe de Estado Mayor de la Segunda División de Ejército
Libertad, procedió a la detención amparándose en el artículo 54,
numeral 6 del Código Penal.
Según esta disposición, la Policía Judicial puede ordenar y
ejecutar la detención provisional de la persona sorprendida en
delito flagrante o contra la que existan graves presunciones de
responsabilidad y ponerla, dentro de las 48 horas siguientes, a
órdenes del respectivo juez.
Según Gallardo, esto fue lo que se dispuso el día 12 de julio a
las 22h45 cuando se hizo efectiva la detención de Aspiazu.
El Ministro de Defensa también afirma que en la Constitución hay
disposiciones terminantes que exigen su cooperación con la
justicia, y eso es lo que hemos hecho, hubiera sido gravísimo que
un grupo de autoridades indolentes hubiera dejado que el Dr.
Aspiazu abandone el país, puntualizó.
Más desbloqueos en el Progreso
QUITO. La devolución de los depósitos en el Banco del Progreso
se flexibilizará a partir del próximo lunes.
Desde ese día podrán empezar a cobrar sin necesidad de sujetarse
al programa las personas que atraviesen emergencias médicas
comprobadas, las organizaciones no gubernamentales y voluntarias,
y los extranjeros.
Esta devolución se empatará con el programa de descongelación
resuelto por el Gobierno, dijo el gerente de la Agencia de
Garantía de Depósitos, Bruno Leone.
Emisión de bonos
Una emisión de bonos del Estado por 37 millones de dólares será
efectuada hasta el fin de esta semana, a fin de obtener los
recursos necesarios para la devolución.
Los recursos con los que se honran las garantías son del Estado
hasta que la AGD pueda constituir su propio fondo de garantías,
explicó Leone.
Según el funcionario, cuando el Gobierno puso en marcha el
programa de descongelación, ya estaba definido también el de
devolución para los clientes del Banco del Progreso, pero apenas
ahora es posible empatar ambas devoluciones.
Aunque no se especificó los requisitos para la descongelación en
los casos de emergencias médicas y de extranjeros, funcionarios
de la AGD confirmaron que constituirán los certificados médicos
acompañados de la respectiva solicitud, en el primer caso y la
visa en el segundo. (Texto tomado de El Universo)
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