Quito. 16 feb 2000. Fernando Aspiazu, ex presidente del Banco
del Progreso, será acusado por 11 delitos tipificados en la Ley
de Instituciones Financieras y en el Código Penal. Aunque varios
de ellos sean comprobados, durante el proceso, solo podría
cumplir una pena de entre cuatro y ocho años, establecida para
sancionar el peculado bancario. Así lo advierte Edmundo René
Bodero, abogado acusador de Aspiazu, en representacion de la
Agencia de Garantía de Depósitos.
El penalista afirma que, junto a Aspiazu, el informe que
sustentará la acusación involucra a la plana mayor del Banco del
Progreso, y a los superintendentes de Bancos José Morillo Battle
y Jorge Egas Peña.
- ¿Por qué aceptó actuar como abogado acusador de Fernando
Aspiazu?
- Porque la abogacía en materia penal puede constituirse en un
servicio a la comunidad. Y sobre todo, por la soberbia,
arrogancia y cinismo de Aspiazu y el estilo altanero de su
defensa, que hace tabla rasa de la leyes ecuatorianas,
presumiblemente con el respaldo de los partidos políticos que
tienen prisionera a la función judicial.
- ¿Qué partidos?
- A los que siempre, en su turno, han gobernado la justicia.
Desde el retorno a la democracia lo hizo la Concentración de
Fuerzas Populares; luego le tocó a la Izquierda Democratica y
desde hace muchos años a los socialcristianos.
- ¿Algún partido protege a Aspiazu?
- Los socialcristianos. Así lo fue hasta hace pocos días, hasta
que se percataron de que el apoyo a Aspiazu ha mermado la
credibilidad del electorado.
- ¿En qué consiste su estrategia de acusación contra el ex
banquero?
- No se la puedo revelar en detalle. Sí le puedo decir que la AGD
pondrá una acusación particular no solo en contra de Aspiazu sino
también de Carmen Reyes, gerente de Recursos Humanos; Wilson
Izurieta Delgado, auditor interno; Juan Orellana Torres, contador
general; y Eduardo Cedeño, representante legal del Progreso
Limited.
- ¿Ellos son los únicos responsables?
- La AGD demandará a estos y a una larga lista de personajes que
pertenecían a la institución y eran dirigidos por Aspiazu, y a
otros, quienes sin pertenecer al banco, ayudaron para que se
cometa el atraco.
- ¿A quiénes se refiere?
- Es mejor no adelantar nombres porque los queremos aquí, pagando
sus fraudes y no fuera del país.
- ¿A qué juez presentará la acusación?
- Ante un juez de lo penal, aún no decidimos si ponerla ante uno
de jerarquía normal o superior, por el tema de los fueros.
- ¿Podría ser ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia?
- Esa es una opción que la estamos analizando. Si es ante la
Corte Suprema, Galo Pico Mantilla deberá asumir la
responsabilidad histórica de sepultar de una vez por todas a la
Función Judicial o reivindicarla.
- ¿Cuál es el siguiente paso?
- El presidente de la Suprema tiene que dictar el autocabeza de
proceso y sindicar con orden de prisión preventiva a todos los
acusados.
- ¿Bajo qué cargos serán acusados los ex administradores?
- Las auditorías realizadas por la Superintendencia y luego por
auditores internacionales comprobaron 11 delitos, como peculado,
falsificacion de balances, destrucción de la contabilidad y otros
más. Y debo advertir que su cometimiento no pudo, jamás, hacerse
sin la complicidad y encubrimiento de los organismos de control.
- ¿Quiere decir que la acusación también será en contra de ex
superintendentes de Bancos?
- Sin duda.
- ¿Puede identificarlos con nombre y apellido?
- Los responsables de la fase final, desde José Morillo Batle
hasta Jorge Egas Peña, cuya responsabilidad no la he determinado
yo sino las auditorías, de cuyos resultados se concluye que el
Banco del Progreso gozaba de privilegios inadmisibles:
prácticamente operaba sin control. El delito en este caso es
complicidad y encubrimiento.
- ¿Las órdenes de prisión son un hecho?
- En estricto sentido legal sí, pero la decisión depende de la
discrecionalidad del juez. Sin embargo, en este caso hay
suficientes indicios y pruebas del cometimiento de las
infracciones de todos los implicados.
- ¿Es decir que no es tan seguro que ocurra?
- Sería insólito que no se dicten, aunque no ilegal.
- ¿Qué margen de maniobra tiene la defensa de Aspiazu ?
- Seguir negándolo todo, insultando y amenazando. Otros banqueros
también han robado, nadie lo duda, pero sus defensores han sido
más inteligentes o sagaces, no cínicos ni cobardes como los de
ese señor.
- ¿Qué hará si este pasa a ser otro de los tantos delitos que
queden impunes?
- No quedará, porque las pruebas son contundentes en contra de
Aspiazu.
- ¿Cuál es la pena máxima para Aspiazu?
- El peculado es el mayor delito y eso se castiga con cuatro a
ocho años de prisión.
PRISION
El Juez penal Aquíles Dávila dispuso, ayer, mediante
providencia, el envío de copia certificada del autocabeza de
proceso con base en el cual dictó orden de prisión contra
Fernando Aspiazu, al gerente general de la AGD, Walter Valarezo.
La AGD ha expresado que, precisamente, esperaba una orden de
prisión por peculado bancario como la que dictó Dávila para
asumir el control de las empresas vinculadas, cuya venta serviría
para devolver el dinero a los clientes del Progreso.
Mientras tanto, ayer, hasta el cierre de esta edición, el ex
presidente de la República Carlos Julio Arosemena Monroy, nuevo
miembro del equipo de más de 25 abogados de Aspiazu, no había
apelado la providencia de Aquiles Dávila.
Las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) están a
la expectativa por el informe definitivo de los abogados
penalistas de la AGD, que revela un bache financiero de 1144
millones de dólares en el Banco del Progreso: ayer, su directora
solicitó "la ampliación" del mismo.
El pedido lo hizo al juez Fiscal del Guayas, Hanníbal Vela
Bajaña, quien tramita el juicio penal tributario. El fiscal
regional de Aduanas de Guayaquil, Angel Layedra Silva, pidió a
Vela que extienda el sumario en contra de Jorge Egas Peña (ex
superintendente de Bancos). (DIARIO HOY) (P. 5-A)
del Progreso, será acusado por 11 delitos tipificados en la Ley
de Instituciones Financieras y en el Código Penal. Aunque varios
de ellos sean comprobados, durante el proceso, solo podría
cumplir una pena de entre cuatro y ocho años, establecida para
sancionar el peculado bancario. Así lo advierte Edmundo René
Bodero, abogado acusador de Aspiazu, en representacion de la
Agencia de Garantía de Depósitos.
El penalista afirma que, junto a Aspiazu, el informe que
sustentará la acusación involucra a la plana mayor del Banco del
Progreso, y a los superintendentes de Bancos José Morillo Battle
y Jorge Egas Peña.
- ¿Por qué aceptó actuar como abogado acusador de Fernando
Aspiazu?
- Porque la abogacía en materia penal puede constituirse en un
servicio a la comunidad. Y sobre todo, por la soberbia,
arrogancia y cinismo de Aspiazu y el estilo altanero de su
defensa, que hace tabla rasa de la leyes ecuatorianas,
presumiblemente con el respaldo de los partidos políticos que
tienen prisionera a la función judicial.
- ¿Qué partidos?
- A los que siempre, en su turno, han gobernado la justicia.
Desde el retorno a la democracia lo hizo la Concentración de
Fuerzas Populares; luego le tocó a la Izquierda Democratica y
desde hace muchos años a los socialcristianos.
- ¿Algún partido protege a Aspiazu?
- Los socialcristianos. Así lo fue hasta hace pocos días, hasta
que se percataron de que el apoyo a Aspiazu ha mermado la
credibilidad del electorado.
- ¿En qué consiste su estrategia de acusación contra el ex
banquero?
- No se la puedo revelar en detalle. Sí le puedo decir que la AGD
pondrá una acusación particular no solo en contra de Aspiazu sino
también de Carmen Reyes, gerente de Recursos Humanos; Wilson
Izurieta Delgado, auditor interno; Juan Orellana Torres, contador
general; y Eduardo Cedeño, representante legal del Progreso
Limited.
- ¿Ellos son los únicos responsables?
- La AGD demandará a estos y a una larga lista de personajes que
pertenecían a la institución y eran dirigidos por Aspiazu, y a
otros, quienes sin pertenecer al banco, ayudaron para que se
cometa el atraco.
- ¿A quiénes se refiere?
- Es mejor no adelantar nombres porque los queremos aquí, pagando
sus fraudes y no fuera del país.
- ¿A qué juez presentará la acusación?
- Ante un juez de lo penal, aún no decidimos si ponerla ante uno
de jerarquía normal o superior, por el tema de los fueros.
- ¿Podría ser ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia?
- Esa es una opción que la estamos analizando. Si es ante la
Corte Suprema, Galo Pico Mantilla deberá asumir la
responsabilidad histórica de sepultar de una vez por todas a la
Función Judicial o reivindicarla.
- ¿Cuál es el siguiente paso?
- El presidente de la Suprema tiene que dictar el autocabeza de
proceso y sindicar con orden de prisión preventiva a todos los
acusados.
- ¿Bajo qué cargos serán acusados los ex administradores?
- Las auditorías realizadas por la Superintendencia y luego por
auditores internacionales comprobaron 11 delitos, como peculado,
falsificacion de balances, destrucción de la contabilidad y otros
más. Y debo advertir que su cometimiento no pudo, jamás, hacerse
sin la complicidad y encubrimiento de los organismos de control.
- ¿Quiere decir que la acusación también será en contra de ex
superintendentes de Bancos?
- Sin duda.
- ¿Puede identificarlos con nombre y apellido?
- Los responsables de la fase final, desde José Morillo Batle
hasta Jorge Egas Peña, cuya responsabilidad no la he determinado
yo sino las auditorías, de cuyos resultados se concluye que el
Banco del Progreso gozaba de privilegios inadmisibles:
prácticamente operaba sin control. El delito en este caso es
complicidad y encubrimiento.
- ¿Las órdenes de prisión son un hecho?
- En estricto sentido legal sí, pero la decisión depende de la
discrecionalidad del juez. Sin embargo, en este caso hay
suficientes indicios y pruebas del cometimiento de las
infracciones de todos los implicados.
- ¿Es decir que no es tan seguro que ocurra?
- Sería insólito que no se dicten, aunque no ilegal.
- ¿Qué margen de maniobra tiene la defensa de Aspiazu ?
- Seguir negándolo todo, insultando y amenazando. Otros banqueros
también han robado, nadie lo duda, pero sus defensores han sido
más inteligentes o sagaces, no cínicos ni cobardes como los de
ese señor.
- ¿Qué hará si este pasa a ser otro de los tantos delitos que
queden impunes?
- No quedará, porque las pruebas son contundentes en contra de
Aspiazu.
- ¿Cuál es la pena máxima para Aspiazu?
- El peculado es el mayor delito y eso se castiga con cuatro a
ocho años de prisión.
PRISION
El Juez penal Aquíles Dávila dispuso, ayer, mediante
providencia, el envío de copia certificada del autocabeza de
proceso con base en el cual dictó orden de prisión contra
Fernando Aspiazu, al gerente general de la AGD, Walter Valarezo.
La AGD ha expresado que, precisamente, esperaba una orden de
prisión por peculado bancario como la que dictó Dávila para
asumir el control de las empresas vinculadas, cuya venta serviría
para devolver el dinero a los clientes del Progreso.
Mientras tanto, ayer, hasta el cierre de esta edición, el ex
presidente de la República Carlos Julio Arosemena Monroy, nuevo
miembro del equipo de más de 25 abogados de Aspiazu, no había
apelado la providencia de Aquiles Dávila.
Las autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI) están a
la expectativa por el informe definitivo de los abogados
penalistas de la AGD, que revela un bache financiero de 1144
millones de dólares en el Banco del Progreso: ayer, su directora
solicitó "la ampliación" del mismo.
El pedido lo hizo al juez Fiscal del Guayas, Hanníbal Vela
Bajaña, quien tramita el juicio penal tributario. El fiscal
regional de Aduanas de Guayaquil, Angel Layedra Silva, pidió a
Vela que extienda el sumario en contra de Jorge Egas Peña (ex
superintendente de Bancos). (DIARIO HOY) (P. 5-A)
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