Quito. 27.03.93. Una propuesta de modernización del Estado como
la que proyecta el gobierno debe comenzar primero por definir el
papel de aquél en la sociedad, si queremos evitar "entrar en un
tunel del que nadie sabrá a donde se dirigirá el país, una vez
que salga de él", manifestó el ex-presidente de la Junta
Monetaria, Abelardo Pachano, en el coloquio de de los jueves, que
semanalmente efectúa la Unión Nacional de Periodistas.
Con el proyecto de modernización del Estado no discutimos una ley
que tiene una incidencia específica en el conjunto de la
sociedad, sino el "corazón mismo de nuestra organización
política", porque en esa ley saldrán decisiones que afectan tanto
a quienes están vinculados al sector público como al privado,
pues ella conlleva la redefinición del papel del Estado en lo
social, económico, político y cultural, añadió.
Advirtió que con ese instrumento legal se van a crear nuevas
reglas que alteraran radicalmente la evolución de la economía, la
distribución del ingreso y ls oportunidades de vida digna para
todos los ecuatorianos.
Sostuvo que, por lo tanto, su discusión concierne no solo al
Presidente de la República, sino también al Congreso, las
autoridades seccionales y todas las funciones del Estado.
Sin embargo, se mostró opuesto a la posibilidad de una consulta
popular sobre el tema, puesto que en ese caso se plantearían
preguntas sobre temas generales que implicarían respuestas
obvias.
El ex-presidente de la Junta Monetaria dijo que el proyecto lleva
implícita la definición de un "estado policía", propio de los
primeros tiempos del capitalismo y de los albores del desarrollo
industrial, que solo aspiraría a defender la segurida física de
la colectividad y al país de probables agresiones externas.
Debemos definir que los ecuatorianos queremos un Estado que nos
ofrezca a todos un conjunto de beneficios y servicios
fundamentales, atendidos con eficiencia y al menor costo posible,
y a los que todos podamos acceder, agregó.
Sostuvo que en el proyecto nada se dice sobre la responsabilidad
del Estado en la educación, la salud, la salubridad, la
seguridad social y el papel del Estado en la promoción de las
actividades económicas para atender el derecho de todos los
ecuatorianos al trabajo.
Al respecto dijo que el país necesita una educación seria,
eficiente, adecuada, dinámica en concordancia con los retos
tecnológicos modernos para que el capital humano, que es
fundamental en toda colectividad, esté debidamente preparado para
enfrentar los retos de la apertura económica, política y social
que vive el mundo.
El proyecto plantea una modernización que, al parecer, excluye al
Estado de su obligación de atender este derecho de toda la
sociedad, tendencia que se contrapone a lo que ocurre en los
países más modernos y eficientes como Japón, Suiza y Estados
Unidos, en donde el Estado tiene un papel fundamental.
Al referirse a la salubridad manifestó que tampoco dice algo
sobre la obligación que tiene el Estado de proporcionar un
ambiente de trabajo sano y confortable para toda la sociedad a
través de proporcionar una infraestructura sanitaria adecuada,
generación eléctrica suficiente.
Parecería que existe la intención de también excluir estos
servicios del ámbito de responsabilidades del Estado o no le
asigna un papel fundametnal dentro de un estado moderno.
Al referirse al rol del Estado en la economía, dijo que éste
tiene la obligación de promover actividades económicas para
promover la creación de fuentes de trabajo y atender así a uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano que es el de tenr
un empleo.
Enfatizó que el Estado no puede sustraerse a su obligación de
promover la economia, a inversión de generar empleo y ser un gran
regulador de este tipo de actividades.
El concepto que plantea el proyecto esn solo de privatizar
aquellas actividades que se consideren ineficientes o
inconvenientes de mantenerse dentro del Estado.
Pachano dijo que las recientes declaraciones del Secretario
General del CONADE, Pablo Lucio Paredes, en el sentido de que
para el gobierno no existe el concepto de sectores estratégicos
de la economía, confirma su apreciación de que el proyecto de
modernización busca reducir el papel del Estado en la sociedad y
confiar la mayor parte de las obligaciones de desarrollo y
crecimiento a la iniciativa privada.
Pachano expresó su preocupación por el hecho de que en el país no
se haya logrado atenuar las pasiones para percibir que si bien el
Estado tiene exageraciones y desarticulaciones en su
organización, tampoco la modernización va a resolver todos los
problemas deldesarrollo.
Es más, dijo, si el proceso de modernización no se efectúa en
forma adecuada, las condiciones de vida de los ecuatorianos
podrian deteriorarse, pues los servicios privatizados podrían
encareserse y tornarse más elitistas.
Insistió que la ley debe definir el papel del Estado para
determinar los sectores que es indispensable que se mantengan
bajo su control, la forma en que ellas deben desarrollarse, para
crear obligaciones objetivas, y evitar decisiones gubernamentales
que deterioren los servicios que estan encargados al Estado.
También se debe definir que sectores deben ser transferidos al
sector privado, compartidos o cedidos temporalmeten a éste o
administrados por él.
Pachano dijo que para adoptar decisiones de esa naturaleza es
necesario tambien definir el concepto de eficiencia, tema sobre
el que tampoco dice nada específico el proyecto del gobierno.
Al respecto, dijo que parecería que el proyecto en lugar de
modernizar el Estado, crea una suerte de monarquía moderna en
manos del Presidente de la República, pues le entrega todas las
responsabilidades de definir los principios y las politicas para
ejecutar la modernización.
Sin objetar la calidad moral y ética del Primer Mandatario, lo
que se crea con el proyecto es una especie de instancia
supranacional a la que le vamos a acusar despues de todos los
bienes y males de este proceso, en lugar de fijar en los
oroganismos pertinentes la responsabilidad que les corresponde.
En este proyecto nadie es responsable de nada, salvo el
Presidente de la República, que mediante decretos ejecutivos
establecera los procedimientos, sistemas y los casos de excepción
de adjudicación dierecta.
Estamos creando una definición como la de Luis XIV: El Estado soy
yo, en la presidencial de la república. Ello equivale a una
seudomonarquía en plena época moderna, que no es tolerable en la
época actual.
Pachano reconocio que existe apertura en el Ejecutivo para
encontrar fórmulas de conciliación política.
Teniendo en cuenta este hecho, el ex-Presidente de la Junta
Monetaria dijo que el proyecto de modernización del Estado
debería reunir tres criterios fundamentales:
1) Un concenso político en los niveles en los que se acuerden
tras un proceso de discusión.
Advirtió que un proyecto que no cumpla este requisito no tiene
viabilidad en el mediano plazo, pues podría generar grandes
perturbaciones politicas.
2) consejo juridico, para garantizar que las disposiciones
contenidas en la ley, no sea objeto de cuestionamientos
constitucionales o legales.
3) debe tener disposiciones claras en materia económica, es
decir, definir los aspectos fundamentales a traves de los cuales
se va a ejecutar el probrama de modernización. No pude dejarse a
la interpretación de ninguna institución el concepto de
eficiencia, ineficiencia, conveniente o iconveniente,
estrategico.
Debe definir el concepto de eficiencia pública, para
diferenciarla de la privada, pues aquella no se mide mediante
costos comparativos sino sociales.
Debe definir que se entiende por viabilidad financiera, si sus
déficits crónicos responden a decisiones deliberadas de la
Empresa o a acciones deliberadas del Estado. y si tiene
viabilidad futura por incapacidad tecnológica o económica.
Dijo que en este punto puede someterse a las ampresas a una
especie de "pruebas ácidas" para determinar su capacidad de
superarlas para mantenerse en el sector público o, caso
contrario, someterse a una privatización que tiene que ser clara
y diáfana.
Al respecto citó el caso de EMETEL que muestra ineficiencia en la
prestación de ciertos servicios al público, lo que podria abonar
en favor de su privatización.
Sin embargo, advirtio que la empresa muestra que no necesita de
recursos del Estado para ejecutar sus actividades, sino que, al
contrario, presa recursos a la balanza de pagos y al sector
público.
Además, dijo, en el caso de esta empresa hay que considerar
también que ella tiene ofrecer servicios no solo una élite, sino
a todos los sectores sociales, inclusive el rural y
urbano-marginal, en donde habría que preguntar si la empresa
privada puede ofrecer una "eficiencia social".
Sin embargo, tomando en cuenta que hay sectores que necesitan de
tecnicas modernas de comunicación, lo que habrá que hacer es
llevar al sector privado ciertos servicios que requieren alta
tecnología e invrsión, sin necesidad de privatizar la totalidad
de la empresa.
Pachano advirtió también que el proyecto de modernización al
dejar abierta la posibilidad de entregar en "exclusivdad" a
alguna empresa privada alguna actividad económica está sacándole
al país de un monopolio público para ingresarlo en otro privado.
Citó en cambio el caso de ecuatoriana de aviación, empresa en
donde cabría la privatización, bajo ciertos parámetros que
reserven al Estado ciertos derechos, puesto que para su
desarrollo requiere de alta tecnología y grandes capitales que el
Estado no los tiene.
Pachano abogó por la diafanidad de los procesos, para lo cual es
necesario evitar los denominados mecanismos de excepción, casos
en los cuales tendrá que recurrirse al Congreso nacional.
Dijo que la venta de presas tiene que darse mediante concursos
públicos para que los ecuatorianos sepan las condiciones en las
que se transfiere una propiedad del Estado y el destino de los
recursos producto de esa operación.
Pachano recordó que en países en donde se ha emprendido ya el
proceso de modernización, los casos que en los que se ha
considerado la excepción, el tema ha ido al congreso tantas veces
cuantas hayan sido necesarios.
De otra parte, dijo que si queremos promover la inversión
extranjera, este aspecto debe también ser señalado con claridad
en las bases del concurso público, para que los inversionistas
extranjeros estén en igualdad de posibilidades.
La ley debe contener disposiciones claras que impidan el uso de
la deuda externa para la privatización, puesto que aquella deben
encontrar una solución propia, porque ello podría generar
ventajas pára determinados grupos, aspecto sobre el que el país
debe aprender de la experiencia de otros países latinoamericanos
como México que tuvo que excluír en forma expresa la posibilidad
de usar la deuda para la privatización, porque encontró que
ciertos grupos estaban obteniendo ventaja de se mecanismo.
Los recursos obtenidos por la venta de empresas públicas al
sector privado no debe utilizarse para el pago de la deuda
externa, sino invertirse en programas específicos de desarrollo
nacional perfectamente definidos, para que el proceso contribuya
a la dinamización de la economía y a la solución de algunos
problemas de deficiecia de inversión pública.
Al referirse a la situación de la burocracia dijo que se debe
definir el sistema laboral ecuatoriano para evitar las
exageraciones de contratos colectivos que desbordaron las
finanzas públicas.
Debe definir mecanismos de compensación social mucho más
equitativos de los que se encuentran en el proyecto, en el que
por establecer un límite, se lo ha convertido en mas
inequitativos frente a casos de venta de renuncias que ya se han
producido en instituciones como el Banco Central y Petroecuador.
En este campo Pachano dijo también que la ley debería sancionar
penalmente a aquellos ejecutivos de instituciones públicas que
han vuelto a llenar las vacantes producto de la venta de
renuncias a puestos que previamente se calificaron como
innecesarios, operación cuyo costo se ha cargado a recursos que
son de todos los ecuatorianos.
Pachano dijo que si se considera que debe haber una elite
gobernante, la Ley debe sentar ese principio en forma expresa
para que haya la posibilidad de que los funcionarios de alto
nivel cambien con cada nuevo gobierno.
Insistio que sobre esos temas no dice nada el proyecto, como
tampoco lo hace sobre la suerte del Seguro Social y sobre la
educación universitaria. (2A)
la que proyecta el gobierno debe comenzar primero por definir el
papel de aquél en la sociedad, si queremos evitar "entrar en un
tunel del que nadie sabrá a donde se dirigirá el país, una vez
que salga de él", manifestó el ex-presidente de la Junta
Monetaria, Abelardo Pachano, en el coloquio de de los jueves, que
semanalmente efectúa la Unión Nacional de Periodistas.
Con el proyecto de modernización del Estado no discutimos una ley
que tiene una incidencia específica en el conjunto de la
sociedad, sino el "corazón mismo de nuestra organización
política", porque en esa ley saldrán decisiones que afectan tanto
a quienes están vinculados al sector público como al privado,
pues ella conlleva la redefinición del papel del Estado en lo
social, económico, político y cultural, añadió.
Advirtió que con ese instrumento legal se van a crear nuevas
reglas que alteraran radicalmente la evolución de la economía, la
distribución del ingreso y ls oportunidades de vida digna para
todos los ecuatorianos.
Sostuvo que, por lo tanto, su discusión concierne no solo al
Presidente de la República, sino también al Congreso, las
autoridades seccionales y todas las funciones del Estado.
Sin embargo, se mostró opuesto a la posibilidad de una consulta
popular sobre el tema, puesto que en ese caso se plantearían
preguntas sobre temas generales que implicarían respuestas
obvias.
El ex-presidente de la Junta Monetaria dijo que el proyecto lleva
implícita la definición de un "estado policía", propio de los
primeros tiempos del capitalismo y de los albores del desarrollo
industrial, que solo aspiraría a defender la segurida física de
la colectividad y al país de probables agresiones externas.
Debemos definir que los ecuatorianos queremos un Estado que nos
ofrezca a todos un conjunto de beneficios y servicios
fundamentales, atendidos con eficiencia y al menor costo posible,
y a los que todos podamos acceder, agregó.
Sostuvo que en el proyecto nada se dice sobre la responsabilidad
del Estado en la educación, la salud, la salubridad, la
seguridad social y el papel del Estado en la promoción de las
actividades económicas para atender el derecho de todos los
ecuatorianos al trabajo.
Al respecto dijo que el país necesita una educación seria,
eficiente, adecuada, dinámica en concordancia con los retos
tecnológicos modernos para que el capital humano, que es
fundamental en toda colectividad, esté debidamente preparado para
enfrentar los retos de la apertura económica, política y social
que vive el mundo.
El proyecto plantea una modernización que, al parecer, excluye al
Estado de su obligación de atender este derecho de toda la
sociedad, tendencia que se contrapone a lo que ocurre en los
países más modernos y eficientes como Japón, Suiza y Estados
Unidos, en donde el Estado tiene un papel fundamental.
Al referirse a la salubridad manifestó que tampoco dice algo
sobre la obligación que tiene el Estado de proporcionar un
ambiente de trabajo sano y confortable para toda la sociedad a
través de proporcionar una infraestructura sanitaria adecuada,
generación eléctrica suficiente.
Parecería que existe la intención de también excluir estos
servicios del ámbito de responsabilidades del Estado o no le
asigna un papel fundametnal dentro de un estado moderno.
Al referirse al rol del Estado en la economía, dijo que éste
tiene la obligación de promover actividades económicas para
promover la creación de fuentes de trabajo y atender así a uno de
los derechos fundamentales de todo ser humano que es el de tenr
un empleo.
Enfatizó que el Estado no puede sustraerse a su obligación de
promover la economia, a inversión de generar empleo y ser un gran
regulador de este tipo de actividades.
El concepto que plantea el proyecto esn solo de privatizar
aquellas actividades que se consideren ineficientes o
inconvenientes de mantenerse dentro del Estado.
Pachano dijo que las recientes declaraciones del Secretario
General del CONADE, Pablo Lucio Paredes, en el sentido de que
para el gobierno no existe el concepto de sectores estratégicos
de la economía, confirma su apreciación de que el proyecto de
modernización busca reducir el papel del Estado en la sociedad y
confiar la mayor parte de las obligaciones de desarrollo y
crecimiento a la iniciativa privada.
Pachano expresó su preocupación por el hecho de que en el país no
se haya logrado atenuar las pasiones para percibir que si bien el
Estado tiene exageraciones y desarticulaciones en su
organización, tampoco la modernización va a resolver todos los
problemas deldesarrollo.
Es más, dijo, si el proceso de modernización no se efectúa en
forma adecuada, las condiciones de vida de los ecuatorianos
podrian deteriorarse, pues los servicios privatizados podrían
encareserse y tornarse más elitistas.
Insistió que la ley debe definir el papel del Estado para
determinar los sectores que es indispensable que se mantengan
bajo su control, la forma en que ellas deben desarrollarse, para
crear obligaciones objetivas, y evitar decisiones gubernamentales
que deterioren los servicios que estan encargados al Estado.
También se debe definir que sectores deben ser transferidos al
sector privado, compartidos o cedidos temporalmeten a éste o
administrados por él.
Pachano dijo que para adoptar decisiones de esa naturaleza es
necesario tambien definir el concepto de eficiencia, tema sobre
el que tampoco dice nada específico el proyecto del gobierno.
Al respecto, dijo que parecería que el proyecto en lugar de
modernizar el Estado, crea una suerte de monarquía moderna en
manos del Presidente de la República, pues le entrega todas las
responsabilidades de definir los principios y las politicas para
ejecutar la modernización.
Sin objetar la calidad moral y ética del Primer Mandatario, lo
que se crea con el proyecto es una especie de instancia
supranacional a la que le vamos a acusar despues de todos los
bienes y males de este proceso, en lugar de fijar en los
oroganismos pertinentes la responsabilidad que les corresponde.
En este proyecto nadie es responsable de nada, salvo el
Presidente de la República, que mediante decretos ejecutivos
establecera los procedimientos, sistemas y los casos de excepción
de adjudicación dierecta.
Estamos creando una definición como la de Luis XIV: El Estado soy
yo, en la presidencial de la república. Ello equivale a una
seudomonarquía en plena época moderna, que no es tolerable en la
época actual.
Pachano reconocio que existe apertura en el Ejecutivo para
encontrar fórmulas de conciliación política.
Teniendo en cuenta este hecho, el ex-Presidente de la Junta
Monetaria dijo que el proyecto de modernización del Estado
debería reunir tres criterios fundamentales:
1) Un concenso político en los niveles en los que se acuerden
tras un proceso de discusión.
Advirtió que un proyecto que no cumpla este requisito no tiene
viabilidad en el mediano plazo, pues podría generar grandes
perturbaciones politicas.
2) consejo juridico, para garantizar que las disposiciones
contenidas en la ley, no sea objeto de cuestionamientos
constitucionales o legales.
3) debe tener disposiciones claras en materia económica, es
decir, definir los aspectos fundamentales a traves de los cuales
se va a ejecutar el probrama de modernización. No pude dejarse a
la interpretación de ninguna institución el concepto de
eficiencia, ineficiencia, conveniente o iconveniente,
estrategico.
Debe definir el concepto de eficiencia pública, para
diferenciarla de la privada, pues aquella no se mide mediante
costos comparativos sino sociales.
Debe definir que se entiende por viabilidad financiera, si sus
déficits crónicos responden a decisiones deliberadas de la
Empresa o a acciones deliberadas del Estado. y si tiene
viabilidad futura por incapacidad tecnológica o económica.
Dijo que en este punto puede someterse a las ampresas a una
especie de "pruebas ácidas" para determinar su capacidad de
superarlas para mantenerse en el sector público o, caso
contrario, someterse a una privatización que tiene que ser clara
y diáfana.
Al respecto citó el caso de EMETEL que muestra ineficiencia en la
prestación de ciertos servicios al público, lo que podria abonar
en favor de su privatización.
Sin embargo, advirtio que la empresa muestra que no necesita de
recursos del Estado para ejecutar sus actividades, sino que, al
contrario, presa recursos a la balanza de pagos y al sector
público.
Además, dijo, en el caso de esta empresa hay que considerar
también que ella tiene ofrecer servicios no solo una élite, sino
a todos los sectores sociales, inclusive el rural y
urbano-marginal, en donde habría que preguntar si la empresa
privada puede ofrecer una "eficiencia social".
Sin embargo, tomando en cuenta que hay sectores que necesitan de
tecnicas modernas de comunicación, lo que habrá que hacer es
llevar al sector privado ciertos servicios que requieren alta
tecnología e invrsión, sin necesidad de privatizar la totalidad
de la empresa.
Pachano advirtió también que el proyecto de modernización al
dejar abierta la posibilidad de entregar en "exclusivdad" a
alguna empresa privada alguna actividad económica está sacándole
al país de un monopolio público para ingresarlo en otro privado.
Citó en cambio el caso de ecuatoriana de aviación, empresa en
donde cabría la privatización, bajo ciertos parámetros que
reserven al Estado ciertos derechos, puesto que para su
desarrollo requiere de alta tecnología y grandes capitales que el
Estado no los tiene.
Pachano abogó por la diafanidad de los procesos, para lo cual es
necesario evitar los denominados mecanismos de excepción, casos
en los cuales tendrá que recurrirse al Congreso nacional.
Dijo que la venta de presas tiene que darse mediante concursos
públicos para que los ecuatorianos sepan las condiciones en las
que se transfiere una propiedad del Estado y el destino de los
recursos producto de esa operación.
Pachano recordó que en países en donde se ha emprendido ya el
proceso de modernización, los casos que en los que se ha
considerado la excepción, el tema ha ido al congreso tantas veces
cuantas hayan sido necesarios.
De otra parte, dijo que si queremos promover la inversión
extranjera, este aspecto debe también ser señalado con claridad
en las bases del concurso público, para que los inversionistas
extranjeros estén en igualdad de posibilidades.
La ley debe contener disposiciones claras que impidan el uso de
la deuda externa para la privatización, puesto que aquella deben
encontrar una solución propia, porque ello podría generar
ventajas pára determinados grupos, aspecto sobre el que el país
debe aprender de la experiencia de otros países latinoamericanos
como México que tuvo que excluír en forma expresa la posibilidad
de usar la deuda para la privatización, porque encontró que
ciertos grupos estaban obteniendo ventaja de se mecanismo.
Los recursos obtenidos por la venta de empresas públicas al
sector privado no debe utilizarse para el pago de la deuda
externa, sino invertirse en programas específicos de desarrollo
nacional perfectamente definidos, para que el proceso contribuya
a la dinamización de la economía y a la solución de algunos
problemas de deficiecia de inversión pública.
Al referirse a la situación de la burocracia dijo que se debe
definir el sistema laboral ecuatoriano para evitar las
exageraciones de contratos colectivos que desbordaron las
finanzas públicas.
Debe definir mecanismos de compensación social mucho más
equitativos de los que se encuentran en el proyecto, en el que
por establecer un límite, se lo ha convertido en mas
inequitativos frente a casos de venta de renuncias que ya se han
producido en instituciones como el Banco Central y Petroecuador.
En este campo Pachano dijo también que la ley debería sancionar
penalmente a aquellos ejecutivos de instituciones públicas que
han vuelto a llenar las vacantes producto de la venta de
renuncias a puestos que previamente se calificaron como
innecesarios, operación cuyo costo se ha cargado a recursos que
son de todos los ecuatorianos.
Pachano dijo que si se considera que debe haber una elite
gobernante, la Ley debe sentar ese principio en forma expresa
para que haya la posibilidad de que los funcionarios de alto
nivel cambien con cada nuevo gobierno.
Insistio que sobre esos temas no dice nada el proyecto, como
tampoco lo hace sobre la suerte del Seguro Social y sobre la
educación universitaria. (2A)
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