Quito. 15 ago 2001. En pocas semanas más se iniciará la discusión en el país del presupuesto
del año 2002, el que deberá incorporar algunas modificaciones de forma y
de fondo, pues de su credibilidad dependerá buena parte del éxito o
fracaso de la política económica del próximo año y de los siguientes.

Un elemento es de carácter conceptual y hace referencia a que el
presupuesto esté sustentado en bases sólidas y en supuestos creíbles, en
los que donde la prudencia en la estimación de ingresos y los cambios en
la estructura del gasto sean los fundamentos principales. Para que este
principio se cumpla, el país debe empezar a entender que es necesario y
esencial el fortalecimiento de los ingresos fiscales, fundamentalmente
los tributarios, que son los que mayor capacidad de control brindan al
Estado. No se trata de aumentos en las tasas impositivas sino de
modificaciones que se requieren para que con las tasas actuales se pueda
mejorar los ingresos tributarios.

Unos pocos ejemplos ilustran los cambios que se requerirían introducir.

Eliminar buena parte de las exenciones que persisten en el caso del IVA y
del impuesto a la renta, para ampliar la base de contribuyentes. Aplicar
un impuesto al consumo de combustibles. Eliminar todos los impuestos que
no generan ingresos significativos al Estado, sobre todo los de carácter
seccional. Volver a insistir en darle a la recaudación aduanera la
independencia y el profesionalismo necesarios para que al tiempo de
mejorar los ingresos fiscales se ataque uno de los mayores focos de
corrupción. Gran parte de estas reformas necesitan aprobación
legislativa, ojalá nos pongamos de acuerdo en estos temas si estos fueran
los propuestos.

En el tema del gasto es fundamental que la estructura actual destine
mayores recursos a los proyectos de inversión, sin embargo, este criterio
en el que todos podremos estar de acuerdo demandará algunos pasos
previos. Por un lado, destinar recursos sin compromisos explícitos y
formales de mejorar los estándares de eficiencia y productividad resulta
por demás inútil. No obtendremos beneficio alguno entregando mayores
recursos a la educación o a la salud si no existen por parte de los
representantes de esos sectores acuerdos previos que comprometan alcanzar
índices mínimos de mejoras en productividad. Esto es parte de la calidad
del gasto que todos debemos apoyar.

La cantidad de recursos que se destinan a gasto corriente no puede
reducirse si el Estado sigue interviniendo ineficazmente en actividades
de toda naturaleza. Las concesiones y la venta de las empresas públicas
ineficientes sobre bases pulcras y transparentes, deberán ser un proceso
continuo y persistente.

Es así mismo esencial una norma que tenga el mayor respaldo legal
posible, ojalá constitucional, que asigne un tope máximo al endeudamiento
público, sea con acreedores nacionales o extranjeros. El país no debería
poder endeudarse cada año más allá del crecimiento del PIB del año
inmediatamente anterior. Este puede ser el concepto a definirse. No
obstante, el país también deberá entender que el camino fácil de
endeudarse para no "sacrificar" intereses políticos ya no podrá ser la
forma de resolver los problemas. Si faltan recursos fiscales el país
deberá aumentar ingresos, reducir gastos o cualquier combinación de ambas
opciones. Que se entienda que estas alternativas tienen también su costo.

Si estos fueran los preceptos del nuevo presupuesto, todos deberíamos
apoyar. Ojalá no volvamos a encerrarnos en ideas caducas, obsoletas y
retrógradas o repitamos la nefasta actitud de sobreponer el interés
electoral o económico por encima de la técnica, de la lógica económica y
del beneficio colectivo.

E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
EXPLORED
en Autor: Mauricio Pozo - [email protected] Ciudad Quito

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