Quito. 5 sep 99. A nadie satisfacen las explicaciones del
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes. La Comisión
Anticorrupción, la de Fiscalización del Congreso y, ahora, la
Contraloría estiman que existieron irregularidades en la
administración de los 25 millones de dólares en bonos del
Estado, entregados al Consejo Provincial, para el plan de
vivienda popular. Una evaluación da como resultado cinco
millones de dólares congelados en el Banco Unión, intervenido
por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD); la Compañía de
Vivienda Provincial (Coviprov), constituida en un solo día; y
710 casas construidas, de las 20 mil que ofreció.
El primer desembolso de dinero para el plan de vivienda se
realizó el 23 de octubre de 1997: 10 380 millones de sucres.
"Sobre la utilización de estos recursos -sostiene el informe
preliminar de la Contraloría, fechado el 9 de agosto de 1999-
se han determinado gastos que no corresponden al programa de
vivienda". El 10 de julio de 1998, el ministro de Finanzas,
Marco Flores, entregó los bonos dólares. El presidente
interino, Fabián Alarcón, firmó como testigo de honor.
El pleno del Consejo facultó al prefecto a vender los bonos.
Cinco casas de valores presentaron sus ofertas y aunque la de
Graciela Acuña fue la mejor, se escogió a Investunión, Casa de
Valores de Banco Unión, para negociar los Bonos. Reyes Uribe
sostiene que desecharon a la primera porque su nombre no
estaba inscrito en la lista de casas autorizadas por la Bolsa
de Valores de Quito, y además, porque Investunión no cobraba
nada por negociar los bonos. Sin embargo, en la oferta que
muestra el prefecto, dice que la comisión está incluida en el
precio.
Investunión vendió 8 420 000 bonos dólares, lo que le generó 7
990 290 dólares, con los que se realizó un contrato fiduciario
con Coviprov, que se constituyó, eligió su directorio,
gerentes y firmó un fideicomiso mercantil con Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., a la que entregó
16 580 000 dólares en bonos del Estado y 5 576 145 dólares en
efectivo, sin realizar convocatoria alguna. Según el informe
de la Contraloría, no se conocen las condiciones en las que se
colocó en el sistema financiero el producto de la venta.
El prefecto dijo que el éxito alcanzado en la negociación de
los primeros bonos dólares fue el motivo para que todas las
transacciones, y hasta la fiducia que constituyó con Coviprov,
fueran negociadas con ese Banco y que como Coviprov es una
empresa privada no está sujeta a las leyes que rigen para las
entidades públicas. El argumento del Reyes Uribe para
solicitar el descongelamiento de los fondos fue que Coviprov
pertenece a una entidad pública.
Las irregularidades encontradas por las tres comisiones de
control son muchas -aunque Reyes Uribe dice que todo fue
legal-, pero la que determinará responsabilidades civiles y
penales es la de Contraloría, que ya está en borrador.
UN DIA AJETREADO
El 30 de septiembre se constituye Coviprov. El 15 de octubre
se inscribe en el Registro Mercantil .
Ese mismo día, a las 16:30, se instala la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Coviprov, a la que asisten el
prefecto Rafael Reyes Uribe y el procurador síndico del
Consejo, Luis Veintimilla.
El único punto del orden del día fue el nombramiento del
presidente de Coviprov, que recayó sobre Rafael Francisco
Ernesto Fernando Reyes Uribe.
A las 20:00 se convocó a una nueva sesión. Se reunieron en
el Consejo Juan Carlos Peralta, Patricio Egüez, Humberto
Caicedo y Pedro Ruales, consejeros seleccionados para integrar
el directorio de Coviprov.
Aprueban el orden del día: informe del presidente,
designación de gerentes y la facultación al directorio para
adquirir los derechos fiduciarios de El Conde, con el Banco
Unión.
Fue designado gerente de Coviprov Marcelino Durán Barba, con
un sueldo de 18 millones de sucres mensuales; subgerente
administrativo financiero, Washington Gordillo García, con un
sueldo de 14 millones de sucres; subgerente de fiscalización
del directorio, Fabián Armendáriz, con igual salario y
subgerente técnico, Edgar Dávila, con similar sueldo.
Aceptan adquirir la fiducia El Conde. El proyecto de
vivienda con planos y amortizaciones de construcción costaba
12 millones de dólares, pero estimaron que con un capital
semilla de dos millones de dólares podrían construir 2 500
viviendas. Terminaron comprando el 50% de la fiducia. Según la
Contraloría, no existía evidencia de que se hubieran medido
los riesgos.
La sesión de ese agitado día concluyó a las 22:00. Ese mismo
día el prefecto firmó un fideicomiso mercantil con Unión AFPV
Administradora de Fondos, en Guayaquil, según el acta firmada
ante la Notaría Novena. Rafael Reyes sostiene que solo le
enviaron el documento y no recuerda a qué hora firmó dicha
acta como presidente de Coviprov, cargo con el que fue
designado a las 17h00.
LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PRELIMINAR DE CONTRALORIA
Las conclusiones de la auditoría parcial de la Contraloría
suenan contundentes. En primer lugar, menciona que los
certificados provisionales de los bonos y el producto de la
venta de uno de ellos no se registraron oportunamente en el
Consejo Provincial de Pichincha ni en Coviprov.
Aunque Reyes Uribe muestra las bondades de la oferta de
Investunión, para demostrar que fue escogida la mejor, la
Contraloría sostiene que "no existe evidencia de que
Investunión Casa de Valores haya presentado su oferta para
esta negociación, pero sí se lo hace a nombre de Banco Unión,
el mismo que presenta dos ofertas, distintas a la
proporcionada al equipo de auditoría, mediante oficio 250-SP,
de julio 5 de 1999".
Aunque el prefecto insiste en que no necesitaba autorización
del Banco Central para proceder a la venta de los bonos,
porque se la realizó mediante Coviprov, una entidad privada,
la cláusula sexta del acta de entrega de bonos sostiene que
para venderlos la prefectura "deberá contar con la
autorización de la Subsecretaría del Tesoro".
Uno de los puntos que debería explicar el prefecto más
detalladamente es por qué envió el 14 de octubre de 1998 el
oficio 693-SP a la Unión AFPV Administradora de Fondos y
Fiduciaria S. A., solicitando que: "como administradores del
Fideicomiso Mercantil Coviprov (...) inviertan los fondos que
pertenecen a este en operaciones de reporto (repos) en Banco
Unión a una tasa mínima del 7,5% anual", cuando recién el 15
de octubre tiene vigencia legal Coviprov y se firma el
Fideicomiso Mercantil.
Aunque el fideicomiso se constituyó con 22 156 145 dólares, el
Banco Unión debitó a Coviprov 2 399 805 sucres, en diciembre
de 1998, y 93 516 032 de sucres, en marzo de 1999, por no
disponibilidad de fondos. El banco restituyó el primer
sobregiro, según la Contraloría, pero no el segundo.
La Contraloría dice que no hay evidencia de que haya existido
un concurso para adjudicar a Unión AFPV la administración de
la fiducia, aunque el prefecto insiste en que se lo hizo po
medio de Coviprov, una entidad privada.
El prefecto se defiende alegando que la única irregularidad
que existe es en la rescisión de la fiducia, realizada cuando
se encargó de la prefectura Ramiro González, porque se habría
perjudicado al Consejo Provincial con 443 123 dólares que
retuvo la fiduciaria, en certificados. (DIARIO HOY) (P. 11-A)
prefecto de Pichincha, Rafael Reyes. La Comisión
Anticorrupción, la de Fiscalización del Congreso y, ahora, la
Contraloría estiman que existieron irregularidades en la
administración de los 25 millones de dólares en bonos del
Estado, entregados al Consejo Provincial, para el plan de
vivienda popular. Una evaluación da como resultado cinco
millones de dólares congelados en el Banco Unión, intervenido
por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD); la Compañía de
Vivienda Provincial (Coviprov), constituida en un solo día; y
710 casas construidas, de las 20 mil que ofreció.
El primer desembolso de dinero para el plan de vivienda se
realizó el 23 de octubre de 1997: 10 380 millones de sucres.
"Sobre la utilización de estos recursos -sostiene el informe
preliminar de la Contraloría, fechado el 9 de agosto de 1999-
se han determinado gastos que no corresponden al programa de
vivienda". El 10 de julio de 1998, el ministro de Finanzas,
Marco Flores, entregó los bonos dólares. El presidente
interino, Fabián Alarcón, firmó como testigo de honor.
El pleno del Consejo facultó al prefecto a vender los bonos.
Cinco casas de valores presentaron sus ofertas y aunque la de
Graciela Acuña fue la mejor, se escogió a Investunión, Casa de
Valores de Banco Unión, para negociar los Bonos. Reyes Uribe
sostiene que desecharon a la primera porque su nombre no
estaba inscrito en la lista de casas autorizadas por la Bolsa
de Valores de Quito, y además, porque Investunión no cobraba
nada por negociar los bonos. Sin embargo, en la oferta que
muestra el prefecto, dice que la comisión está incluida en el
precio.
Investunión vendió 8 420 000 bonos dólares, lo que le generó 7
990 290 dólares, con los que se realizó un contrato fiduciario
con Coviprov, que se constituyó, eligió su directorio,
gerentes y firmó un fideicomiso mercantil con Unión AFPV
Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A., a la que entregó
16 580 000 dólares en bonos del Estado y 5 576 145 dólares en
efectivo, sin realizar convocatoria alguna. Según el informe
de la Contraloría, no se conocen las condiciones en las que se
colocó en el sistema financiero el producto de la venta.
El prefecto dijo que el éxito alcanzado en la negociación de
los primeros bonos dólares fue el motivo para que todas las
transacciones, y hasta la fiducia que constituyó con Coviprov,
fueran negociadas con ese Banco y que como Coviprov es una
empresa privada no está sujeta a las leyes que rigen para las
entidades públicas. El argumento del Reyes Uribe para
solicitar el descongelamiento de los fondos fue que Coviprov
pertenece a una entidad pública.
Las irregularidades encontradas por las tres comisiones de
control son muchas -aunque Reyes Uribe dice que todo fue
legal-, pero la que determinará responsabilidades civiles y
penales es la de Contraloría, que ya está en borrador.
UN DIA AJETREADO
El 30 de septiembre se constituye Coviprov. El 15 de octubre
se inscribe en el Registro Mercantil .
Ese mismo día, a las 16:30, se instala la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Coviprov, a la que asisten el
prefecto Rafael Reyes Uribe y el procurador síndico del
Consejo, Luis Veintimilla.
El único punto del orden del día fue el nombramiento del
presidente de Coviprov, que recayó sobre Rafael Francisco
Ernesto Fernando Reyes Uribe.
A las 20:00 se convocó a una nueva sesión. Se reunieron en
el Consejo Juan Carlos Peralta, Patricio Egüez, Humberto
Caicedo y Pedro Ruales, consejeros seleccionados para integrar
el directorio de Coviprov.
Aprueban el orden del día: informe del presidente,
designación de gerentes y la facultación al directorio para
adquirir los derechos fiduciarios de El Conde, con el Banco
Unión.
Fue designado gerente de Coviprov Marcelino Durán Barba, con
un sueldo de 18 millones de sucres mensuales; subgerente
administrativo financiero, Washington Gordillo García, con un
sueldo de 14 millones de sucres; subgerente de fiscalización
del directorio, Fabián Armendáriz, con igual salario y
subgerente técnico, Edgar Dávila, con similar sueldo.
Aceptan adquirir la fiducia El Conde. El proyecto de
vivienda con planos y amortizaciones de construcción costaba
12 millones de dólares, pero estimaron que con un capital
semilla de dos millones de dólares podrían construir 2 500
viviendas. Terminaron comprando el 50% de la fiducia. Según la
Contraloría, no existía evidencia de que se hubieran medido
los riesgos.
La sesión de ese agitado día concluyó a las 22:00. Ese mismo
día el prefecto firmó un fideicomiso mercantil con Unión AFPV
Administradora de Fondos, en Guayaquil, según el acta firmada
ante la Notaría Novena. Rafael Reyes sostiene que solo le
enviaron el documento y no recuerda a qué hora firmó dicha
acta como presidente de Coviprov, cargo con el que fue
designado a las 17h00.
LAS CONCLUSIONES DEL INFORME PRELIMINAR DE CONTRALORIA
Las conclusiones de la auditoría parcial de la Contraloría
suenan contundentes. En primer lugar, menciona que los
certificados provisionales de los bonos y el producto de la
venta de uno de ellos no se registraron oportunamente en el
Consejo Provincial de Pichincha ni en Coviprov.
Aunque Reyes Uribe muestra las bondades de la oferta de
Investunión, para demostrar que fue escogida la mejor, la
Contraloría sostiene que "no existe evidencia de que
Investunión Casa de Valores haya presentado su oferta para
esta negociación, pero sí se lo hace a nombre de Banco Unión,
el mismo que presenta dos ofertas, distintas a la
proporcionada al equipo de auditoría, mediante oficio 250-SP,
de julio 5 de 1999".
Aunque el prefecto insiste en que no necesitaba autorización
del Banco Central para proceder a la venta de los bonos,
porque se la realizó mediante Coviprov, una entidad privada,
la cláusula sexta del acta de entrega de bonos sostiene que
para venderlos la prefectura "deberá contar con la
autorización de la Subsecretaría del Tesoro".
Uno de los puntos que debería explicar el prefecto más
detalladamente es por qué envió el 14 de octubre de 1998 el
oficio 693-SP a la Unión AFPV Administradora de Fondos y
Fiduciaria S. A., solicitando que: "como administradores del
Fideicomiso Mercantil Coviprov (...) inviertan los fondos que
pertenecen a este en operaciones de reporto (repos) en Banco
Unión a una tasa mínima del 7,5% anual", cuando recién el 15
de octubre tiene vigencia legal Coviprov y se firma el
Fideicomiso Mercantil.
Aunque el fideicomiso se constituyó con 22 156 145 dólares, el
Banco Unión debitó a Coviprov 2 399 805 sucres, en diciembre
de 1998, y 93 516 032 de sucres, en marzo de 1999, por no
disponibilidad de fondos. El banco restituyó el primer
sobregiro, según la Contraloría, pero no el segundo.
La Contraloría dice que no hay evidencia de que haya existido
un concurso para adjudicar a Unión AFPV la administración de
la fiducia, aunque el prefecto insiste en que se lo hizo po
medio de Coviprov, una entidad privada.
El prefecto se defiende alegando que la única irregularidad
que existe es en la rescisión de la fiducia, realizada cuando
se encargó de la prefectura Ramiro González, porque se habría
perjudicado al Consejo Provincial con 443 123 dólares que
retuvo la fiduciaria, en certificados. (DIARIO HOY) (P. 11-A)
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