POSTERGAN CESE AL FUEGO

QUERETARO, México, 20.06.91. La firma de un cese del fuego,
considerado como el principio del fin de la guerra civil que
ha desangrado a El Salvador, quedó postergada para una próxima
ronda de negociación, anunció hoy (ayer) aquí el gobierno de
ese país.

"Un resultado trascendental no lo vamos a tener en esta ronda
de negociación, sino en la siguiente", dijo el ministro de la
Presidencia, Oscar Santamaría, jefe de la delegación
gubernamental en las conversaciones de paz que se están
celebrando con la guerrillla.

Al comenzar el domingo el diálogo, que se lleva a cabo en la
mediterránea ciudad mexicana de Querétaro, Santamaría había
afirmado que estaba agotado el 95 por ciento de los temas en
debate y que en esta ronda podría firmarse el cese las
hostilidades que en 11 años han costado 75.000 muertos.

Sin embargo el acuerdo se retrasó especialmente por las
divergencias que existen entre las partes sobre el tema de las
Fuerzas Armadas. El guerrillero Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional, FMLN, exige una depuración de las FFAA,
como condición básica para la desmilitarización de los dos
bandos en pugna.


En las montañas salvadoreñas.

Pero por ahora nosotros no podemos hacer nada más, tenemos que
esperar a que se pongan de acuerdo en las cuestiones
políticas, agregó refiriéndose a las negociaciones sobre el
futuro de la institución castrense que se llevan a cabo
paralelamente en Querétaro.

El militar, que pidió no ser identificado, se negó a precisar
detalles sobre los avances logrados alegando la
confidencialidad acordada entre las partes y las Naciones
Unidas, organismo que actúa como mediador.

Un miembro del izquierdista Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional (FMLN) reiteró la importancia del cese del
fuego pero dijo que eso no es nada comparado con los acuerdos
que tenemos que lograr sobre las Fuerzas Armadas para poder
instrumentarlo.

En un sentido similar se expresó el subjefe del Estado Mayor,
coronel Mauricio Vargas. Estamos entrando en la etapa más
difícil, que son los afinamientos y los puntos finales, los
cuales constituyen dificultades para cualquiera de las partes,
declaró. Según la agenda, se debe llegar a un consenso sobre
como se realizaria la reestructuración de las fuerzas armadas,
la depuración de sus miembros y la creación de una nueva
policía en reemplazo de los actuales organismos de seguridad
para que se pueda decretar un alto al fuego. Se trata de que
las fuerzas armadas tengan un papel real dentro de la sociedad
democrática, que sea una institución eminentemente profesional
sin la intervención en aspectos que no le corresponden y que
representen los intereses de los cinco millones de habitantes
en los 21.000 kilometros cuadrados de El Salvador, dijo
Vargas.

Pero, añadió el jefe castrense, ello no significa que se tome
a los militares como un chivo expiatorio, sino que toda la
sociedad haga un examen de conciencia y que se acepte la
responsabilidad que le corresponde a cada uno en el
conflicto.

En América latina los militares se han equivocado haciendo y
las sociedades se han equivocado dejando hacer, afirmó el
coronel.

Una fuente cercana a las negociaciones señaló a Reuter que
parece que el gobierno está empezando a comprender la
necesidad de disolver totalmente los cuerpos de seguridad, una
de las exigencias del FMLN.

Si se logra un acuerdo en este punto, si se crea una policía
nueva en cuanto a su doctrina y a la composición de sus
miembros, se daría un gran paso hacia el cese del fuego,
agregó.

En otros temas, como la depuración y reestructuración del
ejército, las diferencias son más bien de forma que de fondo,
dijo Santamaría.

El término depuración tiene una connotación peyorativa,
indicó. Por eso hemos partido de redefinir el papel de las
fuerzas armadas y de iniciar un proceso de reestructuración,
tanto en la composición orgánica como en la composición de los
miembros de la institución. En cambio, en el cese de la
impunidad, reivindicación demandada por el FMLN que contempla
el castigo de los militares que habrían cometido violaciones
de los derechos humanos, se perfilan mayores divergencias.
Los rebeldes han pedido que al menos se haga justicia en casos
que resulten ejemplificadores, entre los que destacan la
matanza de los jesuitas a fines de 1979 o el asesinato del
arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero. Pero para el
gobierno, las violaciones a esos derechos no sólo se puden
atribuir a la institucion castrense, lo que equivale a que
también se sentaría en el banquillo de los acusados a por lo
menos algunos integrantes de la guerrilla. Aquí no va a
haber ni perdedores ni vencedores, sino el cumplimiento de un
objetivo que es el de todos los salvadoreños y que es la
pacificación de nuestro país, sostuvo el coronel Vargas.
REUTER (8-A).
EXPLORED
en Ciudad N/D

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