Quito. 19 nov 2001. El viernes se anunció la incorporación de 150
policías a una unidad especial para combatir la delincuencia en Quito. Es
un paso positivo. Uno de los problemas de la seguridad ciudadana es la
falta de efectivos y equipamiento en el cuerpo policial. En la capital se
cuenta con un policía por cada 2 714 habitantes, cuando la relación
aconsejada es la de tres por cada 1000. Sin embargo, el flamante grupo
especial no tiene aún vehículos y armamento suficiente.
Aumentar el número de uniformados, formar grupos especiales y equiparlos
con armas, vehículos y sistemas de comunicación son pasos necesarios para
enfrentar la inseguridad pública, pero la lucha contra ella y el cambio
de la percepción ciudadana sobrepasan estas exigencias para la policía, y
suponen un proceso colectivo más complejo.
En la última investigación de Market, el 63,30% de ciudadanos de Quito y
Guayaquil opinó que el país es totalmente inseguro. Se puede verificar el
alarmante aumento de la violencia como sustento de esa percepción. En
1980, el país registró un promedio de 6,4 homicidios por cada 100 000
habitantes; tres lustros después, el promedio fue de 14,8; en los últimos
cinco años, la ola delictiva golpeó con bastante mayor fuerza.
No hay duda del aumento de la violencia e inseguridad. Sin embargo, no
puede exhibir el país una información precisa y completa para establecer,
con toda objetividad y rigor, la dimensión del problema. Probablemente,
la situación de inseguridad sea menos grave que la de los países vecinos;
pero la percepción que se ha fijado en la opinión ecuatoriana pesa de
modo determinante. La comparación estadística sirve de poco: primero,
porque no es confiable; segundo, porque pesa menos que el testimonio de
todos los días: por experiencia propia, de familiares cercanos o amigos,
casi todos los ciudadanos pueden contar que han sido víctimas del robo de
vehículos o en ellos, de su domicilio, de un asalto o de cualquier otro
hecho de violencia delictiva. El puesto estelar de la crónica roja en los
noticieros de la televisión corrobora también para agudizar la
percepción.
Sobredimensionada o no, esta condiciona el comportamiento colectivo. La
sensación de inseguridad limita la vida urbana. Ciertos barrios se tornan
espacios peligrosos. El ciudadano los evita. Se restringen también los
horarios: pasada cierta hora, tampoco es posible una actividad normal. La
percepción ataca el corazón de la ciudad como espacio de encuentro. La
experiencia ciudadana se encierra y fragmenta: hay tendencia a armarse y
protegerse y proliferan los servicios de seguridad privados.
La percepción de inseguridad se acrecienta por la desconfianza en la
policía y en el sistema judicial. La imagen policial es muy mala. En la
encuesta de Market, un 91,4% considera la Policía no resuelve en el país
los problemas de seguridad. Para un alto porcentaje, hay muchos policías
corruptos que inspiran más temor que los mismos delincuentes. Mientras no
se restañen las profundas heridas de confianza pública en el cuerpo
policial, difícilmente cambiará la percepción de inseguridad. Por eso, a
más de presupuestos, aumento de efectivos y equipamiento, la institución
exige cambio y modernización: en su estructura, en la formación
profesional, en la organización, pero sobre todo en el control de la
corrupción.
Lo mismo acontece con el sistema judicial. La desconfianza ha llegado a
grados extremos. Mientras subsistan la impunidad, el alto grado de
corrupción y la ineficacia del sistema penal, tampoco se alterará
sustancialmente la percepción de inseguridad ciudadana.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
policías a una unidad especial para combatir la delincuencia en Quito. Es
un paso positivo. Uno de los problemas de la seguridad ciudadana es la
falta de efectivos y equipamiento en el cuerpo policial. En la capital se
cuenta con un policía por cada 2 714 habitantes, cuando la relación
aconsejada es la de tres por cada 1000. Sin embargo, el flamante grupo
especial no tiene aún vehículos y armamento suficiente.
Aumentar el número de uniformados, formar grupos especiales y equiparlos
con armas, vehículos y sistemas de comunicación son pasos necesarios para
enfrentar la inseguridad pública, pero la lucha contra ella y el cambio
de la percepción ciudadana sobrepasan estas exigencias para la policía, y
suponen un proceso colectivo más complejo.
En la última investigación de Market, el 63,30% de ciudadanos de Quito y
Guayaquil opinó que el país es totalmente inseguro. Se puede verificar el
alarmante aumento de la violencia como sustento de esa percepción. En
1980, el país registró un promedio de 6,4 homicidios por cada 100 000
habitantes; tres lustros después, el promedio fue de 14,8; en los últimos
cinco años, la ola delictiva golpeó con bastante mayor fuerza.
No hay duda del aumento de la violencia e inseguridad. Sin embargo, no
puede exhibir el país una información precisa y completa para establecer,
con toda objetividad y rigor, la dimensión del problema. Probablemente,
la situación de inseguridad sea menos grave que la de los países vecinos;
pero la percepción que se ha fijado en la opinión ecuatoriana pesa de
modo determinante. La comparación estadística sirve de poco: primero,
porque no es confiable; segundo, porque pesa menos que el testimonio de
todos los días: por experiencia propia, de familiares cercanos o amigos,
casi todos los ciudadanos pueden contar que han sido víctimas del robo de
vehículos o en ellos, de su domicilio, de un asalto o de cualquier otro
hecho de violencia delictiva. El puesto estelar de la crónica roja en los
noticieros de la televisión corrobora también para agudizar la
percepción.
Sobredimensionada o no, esta condiciona el comportamiento colectivo. La
sensación de inseguridad limita la vida urbana. Ciertos barrios se tornan
espacios peligrosos. El ciudadano los evita. Se restringen también los
horarios: pasada cierta hora, tampoco es posible una actividad normal. La
percepción ataca el corazón de la ciudad como espacio de encuentro. La
experiencia ciudadana se encierra y fragmenta: hay tendencia a armarse y
protegerse y proliferan los servicios de seguridad privados.
La percepción de inseguridad se acrecienta por la desconfianza en la
policía y en el sistema judicial. La imagen policial es muy mala. En la
encuesta de Market, un 91,4% considera la Policía no resuelve en el país
los problemas de seguridad. Para un alto porcentaje, hay muchos policías
corruptos que inspiran más temor que los mismos delincuentes. Mientras no
se restañen las profundas heridas de confianza pública en el cuerpo
policial, difícilmente cambiará la percepción de inseguridad. Por eso, a
más de presupuestos, aumento de efectivos y equipamiento, la institución
exige cambio y modernización: en su estructura, en la formación
profesional, en la organización, pero sobre todo en el control de la
corrupción.
Lo mismo acontece con el sistema judicial. La desconfianza ha llegado a
grados extremos. Mientras subsistan la impunidad, el alto grado de
corrupción y la ineficacia del sistema penal, tampoco se alterará
sustancialmente la percepción de inseguridad ciudadana.
E-mail: [email protected] (Diario Hoy)
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