Quito. 03 ene 2000. El dólar pasó la barrera de los 20 000
sucres.
¿Hasta qué punto es responsabilidad del Congreso por haber
aprobado una garantía ilimitada a los depositantes de los bancos?
La ley de la AGD respondía a la necesidad de que exista una
garantía a los depositantes en el país. Pero esa garantía no es
limitada en ninguna parte del mundo. En los Estados Unidos, el
techo es cien mil dólares. Se planteó entonces que la garantía
debía limitarse a tres mil UVC. Lamentablemente se nos dijo en
ese entonces, que esa era una recomendación del Banco Mundial,
de Augusto de la Torre, de que únicamente basado en una garantía
ilimitada el sistema bancario podría recobrar la confianza.
-¿Ese fue el planteamiento del Gobierno?
-Sí, al bloque de la Democracia Popular, y al entonces aliado,
el Partido Social Cristiano.
-Se entendía que ese había sido el planteamiento del Partido
Social Cristiano.
-No es cierto. Fue un planteamiento del Gobierno. Lo que el PSC
planteó fue el 1%, que se aprobó en la misma ley, conjuntamente
con la creación de la AGD, tal como lo proponía el Gobierno.
Después, cuando se planteó la reforma de la AGD, que fue vetada
como un monumento a la demagogia y a la irresponsabilidad,
tratamos de introducir un techo a la garantía en tres mil UVC.
Incluso decíamos que ese límite debía ser retroactivo, pero que
como ya había derechos adquiridos, el excendente de tres mil UVC
se pagará en bonos del Estado, a diez años plazo. Ese
planteamiento no fue aprobado en el debate pero sí limitamos la
entrega de los recursos a partir del 1 de enero de 2000. Todo lo
cual fue vetado por el Presidente de la República.
-¿Cómo salimos ahora del problema? ¿Cómo desactivamos la erupción
social?
-Nosotros tenemos que trabajar en dos ámbitos. Primero tenemos
que lograr una definición política basada en un programa
económico. Este programa económico debe constituirse por dos
partes. Uno, el inmediato, que son los recursos que necesita el
país para estabilizar su economía. No hay otra fuente para esos
recursos que el petróleo. Pero no el que plantea el Presidente,
cuando se concluya el oleoducto. Necesitamos recursos ahora. Ese
mecanismo se puede dar con una titularización de las reservas
petroleras, que se entreguen en garantía, por ejemplo, al
Gobierno de los EEUU, por un crédito urgente.
Los EEUU le prestaron dinero directamente a México y a Brasil.
-El Gobierno alega que una facilidad petrolera es imposible sin
un acuerdo con el Fondo Monetario.
-Esto no es una facilidad petrolera. Es una titularización de las
reservas. La diferencia es que plasmamos el precio de esas
reservas en un título valor, que se puede negociar en el mercado.
-Es una venta anticipada de petróleo.
-Sí. Pero sirve como un documento en garantía, que puede servir
para tramitar un crédito directo con el Fondo del Tesoro
norteamericano. El Ecuador ha adquirido un valor muy importante
en la geopolítica norteamericana. Veamos la Base de Manta y la
ayuda del país en la lucha contra los problemas que aquejan a los
países vecinos. Se puede y se debería negociar directamente con
el Gobierno norteamericano una línea de crédito al Ecuador. No
sería nada nuevo. Los EEUU entregaron a México 40 000 millones
de dólares en 1992. No fue el FMI, no fue el Banco Mundial, fue
el Gobierno de los EEUU, como una decisión política para
contribuir a que no se derrumbe la institucionalidad de esos
países. Igual puede suceder acá.
-¿Cuánto necesitamos?
- 2 500 millones de dólares.
-¿Basta con los créditos para salir de la crisis?
-No, a mediano plazo tiene que darse la reforma estructural del
Estado. Hay que reformar el sistema de seguridad social, el
sistema educativo, hidrocarburos, telecomunicaciones, permitir
la participación del sector privado en esas áreas. Eso demanda
reformas legales. Por eso, una vez definido ese programa, hay que
definir un acuerdo político que me permita viabilizarlo. No solo
para aprobar las leyes, sino que hay que invitarlos a ejecutar
el programa para consolidar un acuerdo interno que haga viable
la salida de la crisis del país.
-¿Está definido ese acuerdo político?
-Esta indefinición de que ayer votamos con la Izquierda
Democrática, mañana con los socialcristianos y pasado con el PRE,
nos pone en una situación que ya se agotó. ¿Con quién vamos a
aprobar la ley de Seguridad Social? Si esa ley entra al pleno sin
un acuerdo claro y definido puede que no salga, o que salga tan
cambiada que no sirva.
-¿Plantea retornar a la alianza con el PSC?
-No necesariamente. En la misma línea están el PRE, el FRA y los
conservadores. Con ellos podríamos hacer una mayoría. Pero tiene
que haber una definición, una alianza de largo aliento.
- ¿La única salida para el Gobierno es aliarse con el PRE?
-Con el PRE o con los socialcristianos. No hay otra salida.
-¿Por qué no con la ID y Pachakutik?
-Porque entramos en conflicto ideológico, programático con esos
partidos. En la ley de Seguridad Social, en la reforma a la ley
de hidrocarburos, en todo lo que tiene que ver con
privatizaciones. Así que si ese es el programa de Gobierno, nos
quedan dos alternativas: o el PSC, o la alianza con el PRE, el
FRA y los conservadores. El PRE tiene un programa modernizador,
ha planteado hasta la convertibilidad, y al paso que vamos
llegaremos a la convertibilidad o la dolarización. Este problema
tiene que resolverse a la brevedad posible, porque los mecanismos
que hemos utilizado ahora han llevado a un dólar valorado en 21
000 sucres.
-¿Cuál es el costo político?
-La estigmatización por el tema de Bucaram. Que no necesariamente
significa que Bucaram va a retornar, porque esto depende de la
Corte Suprema de Justicia, y del propio Bucaram, que puede
retornar cuando él quiera someterse a la Justicia. Igualmente,
la alianza con el PSC tuvo un costo político. Pero el beneficio
para el país de la estabilidad económica es inmensamente superior
a este tipo de indecisiones.
-¿Y si el precio del PRE es una amnistía o un indulto para
Bucaram?
-Yo no he sentido en el PRE una obsesión por eso. Yo pienso que
todos los ecuatorianos tenemos que someternos a la justicia y
demostrar, en las Cortes, que somos inocentes. (DIARIO HOY) (P.
3-A)
sucres.
¿Hasta qué punto es responsabilidad del Congreso por haber
aprobado una garantía ilimitada a los depositantes de los bancos?
La ley de la AGD respondía a la necesidad de que exista una
garantía a los depositantes en el país. Pero esa garantía no es
limitada en ninguna parte del mundo. En los Estados Unidos, el
techo es cien mil dólares. Se planteó entonces que la garantía
debía limitarse a tres mil UVC. Lamentablemente se nos dijo en
ese entonces, que esa era una recomendación del Banco Mundial,
de Augusto de la Torre, de que únicamente basado en una garantía
ilimitada el sistema bancario podría recobrar la confianza.
-¿Ese fue el planteamiento del Gobierno?
-Sí, al bloque de la Democracia Popular, y al entonces aliado,
el Partido Social Cristiano.
-Se entendía que ese había sido el planteamiento del Partido
Social Cristiano.
-No es cierto. Fue un planteamiento del Gobierno. Lo que el PSC
planteó fue el 1%, que se aprobó en la misma ley, conjuntamente
con la creación de la AGD, tal como lo proponía el Gobierno.
Después, cuando se planteó la reforma de la AGD, que fue vetada
como un monumento a la demagogia y a la irresponsabilidad,
tratamos de introducir un techo a la garantía en tres mil UVC.
Incluso decíamos que ese límite debía ser retroactivo, pero que
como ya había derechos adquiridos, el excendente de tres mil UVC
se pagará en bonos del Estado, a diez años plazo. Ese
planteamiento no fue aprobado en el debate pero sí limitamos la
entrega de los recursos a partir del 1 de enero de 2000. Todo lo
cual fue vetado por el Presidente de la República.
-¿Cómo salimos ahora del problema? ¿Cómo desactivamos la erupción
social?
-Nosotros tenemos que trabajar en dos ámbitos. Primero tenemos
que lograr una definición política basada en un programa
económico. Este programa económico debe constituirse por dos
partes. Uno, el inmediato, que son los recursos que necesita el
país para estabilizar su economía. No hay otra fuente para esos
recursos que el petróleo. Pero no el que plantea el Presidente,
cuando se concluya el oleoducto. Necesitamos recursos ahora. Ese
mecanismo se puede dar con una titularización de las reservas
petroleras, que se entreguen en garantía, por ejemplo, al
Gobierno de los EEUU, por un crédito urgente.
Los EEUU le prestaron dinero directamente a México y a Brasil.
-El Gobierno alega que una facilidad petrolera es imposible sin
un acuerdo con el Fondo Monetario.
-Esto no es una facilidad petrolera. Es una titularización de las
reservas. La diferencia es que plasmamos el precio de esas
reservas en un título valor, que se puede negociar en el mercado.
-Es una venta anticipada de petróleo.
-Sí. Pero sirve como un documento en garantía, que puede servir
para tramitar un crédito directo con el Fondo del Tesoro
norteamericano. El Ecuador ha adquirido un valor muy importante
en la geopolítica norteamericana. Veamos la Base de Manta y la
ayuda del país en la lucha contra los problemas que aquejan a los
países vecinos. Se puede y se debería negociar directamente con
el Gobierno norteamericano una línea de crédito al Ecuador. No
sería nada nuevo. Los EEUU entregaron a México 40 000 millones
de dólares en 1992. No fue el FMI, no fue el Banco Mundial, fue
el Gobierno de los EEUU, como una decisión política para
contribuir a que no se derrumbe la institucionalidad de esos
países. Igual puede suceder acá.
-¿Cuánto necesitamos?
- 2 500 millones de dólares.
-¿Basta con los créditos para salir de la crisis?
-No, a mediano plazo tiene que darse la reforma estructural del
Estado. Hay que reformar el sistema de seguridad social, el
sistema educativo, hidrocarburos, telecomunicaciones, permitir
la participación del sector privado en esas áreas. Eso demanda
reformas legales. Por eso, una vez definido ese programa, hay que
definir un acuerdo político que me permita viabilizarlo. No solo
para aprobar las leyes, sino que hay que invitarlos a ejecutar
el programa para consolidar un acuerdo interno que haga viable
la salida de la crisis del país.
-¿Está definido ese acuerdo político?
-Esta indefinición de que ayer votamos con la Izquierda
Democrática, mañana con los socialcristianos y pasado con el PRE,
nos pone en una situación que ya se agotó. ¿Con quién vamos a
aprobar la ley de Seguridad Social? Si esa ley entra al pleno sin
un acuerdo claro y definido puede que no salga, o que salga tan
cambiada que no sirva.
-¿Plantea retornar a la alianza con el PSC?
-No necesariamente. En la misma línea están el PRE, el FRA y los
conservadores. Con ellos podríamos hacer una mayoría. Pero tiene
que haber una definición, una alianza de largo aliento.
- ¿La única salida para el Gobierno es aliarse con el PRE?
-Con el PRE o con los socialcristianos. No hay otra salida.
-¿Por qué no con la ID y Pachakutik?
-Porque entramos en conflicto ideológico, programático con esos
partidos. En la ley de Seguridad Social, en la reforma a la ley
de hidrocarburos, en todo lo que tiene que ver con
privatizaciones. Así que si ese es el programa de Gobierno, nos
quedan dos alternativas: o el PSC, o la alianza con el PRE, el
FRA y los conservadores. El PRE tiene un programa modernizador,
ha planteado hasta la convertibilidad, y al paso que vamos
llegaremos a la convertibilidad o la dolarización. Este problema
tiene que resolverse a la brevedad posible, porque los mecanismos
que hemos utilizado ahora han llevado a un dólar valorado en 21
000 sucres.
-¿Cuál es el costo político?
-La estigmatización por el tema de Bucaram. Que no necesariamente
significa que Bucaram va a retornar, porque esto depende de la
Corte Suprema de Justicia, y del propio Bucaram, que puede
retornar cuando él quiera someterse a la Justicia. Igualmente,
la alianza con el PSC tuvo un costo político. Pero el beneficio
para el país de la estabilidad económica es inmensamente superior
a este tipo de indecisiones.
-¿Y si el precio del PRE es una amnistía o un indulto para
Bucaram?
-Yo no he sentido en el PRE una obsesión por eso. Yo pienso que
todos los ecuatorianos tenemos que someternos a la justicia y
demostrar, en las Cortes, que somos inocentes. (DIARIO HOY) (P.
3-A)
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