Al menos 540 personas mueren entre enero y mayo de 2006 como consecuencia de accidentes de tránsito

Licencias fraudulentas: antes las emitían los sindicatos de choferes; ahora, la policía.

POR CADA DOCUMENTO cobraban un valor promedio de $1 500. Hasta ahora se han detectado 8 000 y la "rentabilidad" fue de $12 millones.

En julio de 2003, el Consejo Nacional de Tránsito (CNT) prohibió las graduaciones en las escuelas profesionales de choferes por la entrega fraudulenta de 60 mil licencias de manejo.

La medida paró esa práctica en los sindicatos de choferes, pero esta se trasladó a las jefaturas de tránsito de Pichincha, Chimborazo y Tungurahua. En estas provincias en los últimos tres años se tramitaron y entregaron 8 000 licencias profesionales.

Esto lo determina el informe nº. 025-IGPN-DAI, emitido el 14 de febrero pasado, por la Inspectoría de la Policía Nacional. La investigación continúa, por lo que la cifra puede aumentar.

Según Franklin Ocaña, agente fiscal de Chimborazo que investiga el caso conjuntamente con la Policía, cada una de estas licencias falsas habría tenido un costo de $1 500 y generado una “rentabilidad” de $12 millones.

Añade que la plata se repartió entre oficiales de Policía de las jefaturas mencionadas y tramitadores.

El informe de la Inspectoría detalla cómo operaba esta red de corrupción: la persona interesada en obtener una licencia solo tenía que tomar contacto con un tramitador de la Jefatura de Pichincha, quien recibía un “anticipo” del dinero para asegurar el negocio.

Luego, este personaje acudía a la División de Informática de la Dirección Nacional de Tránsito, donde otro “enlace” ingresaba los nombres y cédula reales del interesado en la base nacional de datos.

A estos agregaba una fecha anterior y falsa de obtención de licencia.

El mecanismo era tan simple que bastaba con retroceder la fecha del computador para evitar cualquier sospecha.

Una vez registrado en la base de datos, el “beneficiario” solo tenía que denunciar la “pérdida” de la licencia en cualquier Comisaría y sacar certificaciones en los juzgados de que el documento no estaba retenido en esas dependencias.

Con eso, el Departamento de Archivo y Estadística de la Policía certificaba que el interesado fue portador de una licencia. De esta manera se justificaba el otorgamiento de una copia del documento supuestamente extraviado.

Así, los “beneficiarios” que en muchos casos eran personas (incluso menores de edad) que nunca habían conducido un vehículo se convertían en choferes profesionales. Ahí se completaba el pago de los $1 500.

El teniente Ramiro Ramos, jefe de la sección de licencias de la Jefatura de Tránsito de Pichincha, sería uno de los principales responsables. La institución no informó sobre la situación actual del uniformado, porque el caso aún se investiga. (JP/AA)

Inspectoría implica al jefe de Tránsito de Pichincha

Hallan copia del disco duro de la base de datos de permisos de conducción en el computador de un sargento

La investigación efectuada por la Inspectoría de Policía involucra al jefe de Tránsito de Pichincha, Ramiro Ramos, en la red de corrupción.

Los testimonios de varias personas que obtuvieron licencias fraudulentas permitieron reconstruir los hechos.

Según el informe de Inspectoría, el oficial habría ordenado al cabo segundo Luis Calderón para que imprimiera las licencias. También habría participado en el ingreso de los datos a las computadoras.

Como uno de los tramitadores fue identificado Segundo Cachipuendo. A su vez, el subteniente Luis Noboa, de la división de informática de la Dirección Nacional de Tránsito, fue reconocido como uno de los oficiales que permitió ingresar los datos de algunos “beneficiarios”.

Todo esto fue posible porque en la Dirección Nacional de Tránsito había una copia del disco duro de la base nacional de datos de licencias.

Esto se encontró en la computadora del sargento en servicio pasivo Edwin Proaño, quien trabajaba para la compañía “Trans Tools”, encargada de renovar el sistema informático de la institución.

Asimismo, en la División de Informática había otra computadora que no estaba bajo la responsabilidad de ninguna persona.

“Esta presentaba una falla de seguridad y el contenido de su disco duro estaba compartido en la red, así tenían acceso el resto de usuarios”. (JP)

Un mes de trámites y son "profesionales del volante"

En Chimborazo hay tres instrucciones fiscales, pero un primer muestreo detectó 83 casos de denuncias falsas.

Además de Santo Domingo de los Colorados y Quito (Pichincha), donde se detectó la mayoría de irregularidades, Riobamba (Chimborazo) y Pelileo (Tungurahua) fueron otros “centros de operaciones” de licencias falsas.

Al cantón Pelileo, famoso por sus fábricas de ropa jean, llegaban los “clientes” para realizar los primeros contactos.

Así lo contaron los policías Rodrigo Tapia y Giovanni Guachi, quienes se contactaron con un tramitador que les pidió $1 000, copias de las cédulas de ciudadanía y dos fotos. Un mes después tenían las licencias profesionales tipo D.

En Chimborazo hay tres instrucciones fiscales en contra de personas que obtuvieron licencias por los mecanismos relatados. En una de ellas está implicada Rosa Sela, quien admitió haber pagado $1 500 por el documento.

La operación se hizo en la Jefatura de Tránsito de Pichincha. Ella tiene una orden de prisión.

Asimismo, Marina Cusquicuzma y Ana Álvarez obtuvieron licencias tipo E. Sobre ellas no pesan órdenes de prisión porque el Tribunal Penal no acogió el pedido del fiscal.

En una muestra de 205 denuncias de “pérdidas” de licencias, una investigación policial determinó que 83 se hicieron con el único propósito de obtener documentos en forma fraudulenta. Las responsabilidades de estas irregularidades aún están por determinarse.(JP)

"Mi hijo quedó cuadrapléjico, pero el responsable está libre"

El chofer de un bus de la Armada, causante del accidente, continúa en servicio activo; la institución solo pagó $18 mil a los afectados.

Cuando la familia Bravo Saltos dejó Chone para radicarse en Guayaquil, hace cinco años, nunca imaginó que un accidente de tránsito marcaría su vida.

Hace un año y medio, el auto que conducía Jorge Raúl (20 años) fue impactado por un bus de la Armada, en las calles Manuel Galecio y Los Ríos.

Él quedó atrapado e inconsciente en el vehículo. El chofer militar Edis Barba Macas se hallaba en estado etílico y fugó.

La víctima permaneció cinco meses en coma. Tenía traumatismo craneoencefálico severo y contusión cerebral. Hoy es cuadrapléjico.

“Mi hijo no camina; hay que bañarlo, ponerle pañal y atenderlo en todo”, afirma su madre, Dalinda Saltos. Ella encargó su puesto de profesora en Chone para cuidarlo y no tiene recursos para solventar los gastos de Raúl.

Su esposo, Jorge, hace poco sufrió un infarto cerebral, por lo que tuvo que vender sus bienes y empeñar la casa.

Las operaciones y tratamientos de su hijo han costado más de $103 mil, mientras el chofer responsable y la Armada guardan silencio. Según los Bravo Saltos, la institución solo aportó con $18 mil.

Estos padres aseguran que, además de haber demandado a Barba Macas, quien continúa en servicio activo en la Marina, también enjuiciaron a esa institución.

La Ley de Tránsito obliga a las personas naturales o jurídicas, responsables o propietarias de los vehículos involucrados, a pagar daños y perjuicios.

El caso fue denunciado al Congreso y actualmente es conocido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. (MVB)

"A mi mejor amigo lo cubría un plástico azul, estaba muerto"

Un accidente de tránsito en la vía Alóag-Santo Domingo, ocurrido en 2002, cobró la vida de seis promesas del deporte nacional.

‘Desperté media hora después del choque. Cuando pude salir de entre los asientos y los fierros retorcidos, ví a mi mejor amigo cubierto por un plástico azul.

Estaba muerto’.
Esta fue la primera imagen que vio Arturo García, un joven quiteño de 22 años de edad, después de un accidente de tránsito en la vía Aloag-Santo Domingo, ocurrido hace cuatro años.

Arturo integraba la selección de karate de la Concentración Deportiva de Pichincha. El grupo regresaba de Guayaquil tras participar en un torneo nacional. Ellos traían varias medallas a Quito, pero las buenas noticias no alcanzaron a llegar.

Aproximadamente a las 13:00, el bus en el que viajaban chocó con un transporte de la cooperativa Panamericana. Murieron seis karatekas y el chofer.

“Al ver a mis amigos sentí que me quedaba dormido, yo creo que morí por un instante”. Después del choque, Arturo no podía mover las piernas y tenía la cara destrozada.

Los primeros auxilios los recibió en el hospital de Santo Domingo y fue trasladado luego al Hospital Militar de Quito. Allí estuvo 15 días.

Como había perdido mucha sangre, su estómago estaba lleno de coágulos. La presión de una placa metálica hizo que los expulsara.

Después de dos semanas en terapia intensiva fue llevado a otra casa asistencial, donde permaneció 21 días. Allí fue sometido a varias operaciones. Reconstruyeron su cara y curaron sus huesos rotos. Le practicaron siete cirugías. Cuenta que en su rostro hay 12 placas metálicas, 25 tornillos y un sinnúmero de vinchas. Muchos de sus nervios ya no le responden normalmente. (LEVA)

Muertes en las vías aumentan en 2006

La impericia de los conductores es la principal causa de accidentes de tránsito.

Al menos 540 personas murieron entre enero y mayo de este año como consecuencia de los accidentes de tránsito. En el mismo período de 2005 hubo 514 fallecidos.

El número total de víctimas (muertos, heridos y afectados) también aumentó. Mientras en 2005 la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) registró 3 738 víctimas, en el mismo período de este año hubo 3 929.

En 2005 se contabilizaron 4 803 accidentes en el país, excepto Guayas, en lo que va de este año se produjeron 5 284.

Según la DNT, la mayoría de los percances se produjo por choques: en 2005 fueron 2 117, y 2 406 hasta mayo de este año. Los arrollamientos (970 en 2005, y 1 014 en 2006) son la segunda causa de accidentes en las vías urbanas y carreteras del país.

Cerca del 70% de accidentes se produjo en la zona urbana y el 30% en el área rural.

Las provincias más afectadas son Pichincha, Tungurahua, Azuay y Chimborazo.

La impericia de los conductores es la principal causa de accidentes. Las malas maniobras son la tercera causa de los accidentes. (MCV)

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) espera la firma del jefe de Estado

El ex subsecretario de Transporte, Alejandro Lasso, impulsó la creación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El proyecto aspiraba dar cobertura a cerca de 750 mil vehículos que circulan en el país. El objetivo era que las víctimas de accidentes de tránsito pudieran recibir atención médica en cualquier centro de salud público o privado del país, con un límite de $2 500.

Los transportistas se opusieron. Argumentaron que sus carros tienen un seguro que cubre hasta $10 mil. No dijeron que esa cantidad se dividiría entre los pasajeros; es decir, si un bus lleva 50 personas, la cifra es de $200 por cada una.

El proyecto está listo desde hace medio año, pero el presidente de la República aún no lo firma. (LEVA)

Choferes de pichincha pretenden otorgar licencias profesionales a 750 estudiantes

Un grupo de abogados pidió al Consejo Nacional de Tránsito (CNT) que no autorice esta graduación y recordó que una medida cautelar prohíbe la emisión de documentos de manejo.

En diciembre de 2005, BLANCO Y NEGRO informó sobre la entrega fraudulenta de aproximadamente 60 mil licencias profesionales de manejo. Los beneficiarios jamás acudieron a clases.

En esa ocasión se denunció un ingreso ilícito de $2,4 millones a la Federación Nacional de Choferes. Los anteriores directivos fueron enjuiciados y se encuentran en la clandestinidad.

Entre 2001 y 2003, solo en Pichincha se quiso entregar 1 689 licencias, pero, en las tres promociones anteriores, se graduaron 6 000 conductores.

Por esta causa se iniciaron dos juicios: uno por falsificación de documentos y otro por asociación para delinquir. Las sentencias aún no se dictan.

Actualmente, 750 futuros profesionales del volante esperan obtener el documento.

Un grupo de abogados se enteró de esta posibilidad y, en una carta, recordó al Consejo Nacional de Tránsito (CNT) la vigencia de una orden judicial que dejó en suspenso la expedición de licencias.

Los directivos del Sindicato dicen que esa disposición no existe y se preparan para graduar a los nuevos choferes. Jorge Ramírez, secretario del Sindicato de Pichincha, dice que los estudiantes ya están listos porque “recibieron cursos de conducción y actualizaron sus conocimientos”.

La petición del Sindicato está en manos del director ejecutivo del CNT, Ángel Loja. Él asegura que los temas pendientes no le permiten al Consejo tratar ese tópico. (LEVA/MCV)

"En la escuela de Milagro había un bar y billares"

De una resolución del Consejo Nacional de Tránsito (CNT) dependerá la reapertura de estos establecimientos.

En junio de 2003, el Consejo Nacional de Tránsito (CNT) prohibió a las escuelas de los sindicatos de choferes del país, graduar nuevos conductores.

Esto obedeció a un pedido realizado por el fiscal José Jiménez, debido a la entrega fraudulenta de alrededor de 60 mil licencias de conducir.

Luego, el CNT conformó una comisión para revisar las instalaciones de las escuelas de manejo. Uno de ellos fue Guillermo Abad, representante de la organización Justicia Vial.

En una entrevista anterior, Abad contó a BLANCO Y NEGRO que varias escuelas no tenían la infraestructura para dar clases de manejo. A manera de ejemplo, dijo que en el lugar registrado como la escuela del Sindicato de Milagro (Guayas), funcionaba un bar donde habían mesas de billar. En otras no había un vehículo para impartir las clases de manejo.

Actualmente existen 220 sindicatos de choferes en todo el país, indicó Jorge Ramírez, secretario del Sindicato de Pichincha. El número podría rebajar a 80, si es que el CNT lo autoriza.

Para esto, las escuelas que estuvieron cerradas durante tres años deberán ser aprobadas por el Consejo, previa demostración de que han mejorado la infraestructura. (AA/LEVA)


PUNTO DE VISTA

Nadie pone freno a los choferes

En este país donde los culpables son exonerados y absueltos por una justicia que actúa ciega y sorda ante la realidad e, incluso, la evidencia de las pruebas, los choferes y sus gremios no se detienen a la hora de violentar las leyes, con tal de sacar ventajas económicas.

La historia de la "fábrica" de licencias, para hacer "profesionales del volante" a ciertos sujetos que ni siquiera saben conducir bien, es una constante, pero no hay que dejar de mencionar, puesto que se corre el riesgo de hacer el coro a quienes se burlan de las leyes.

Por estas consideraciones, BLANCO y NEGRO ha vuelto a abordar este tema, que no solo evidencia que la corrupción no tiene límites, ya que se practica en casi todas las esferas, sino por el dolor y la orfandad a la que someten a familias enteras estos "choferes profesionales"” no merece sanción alguna.

Un informe de la propia Policía Nacional del 14 de febrero pasado, da cuenta de que, en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Tungurahua, en los últimos tres años, se habrían tramitado y entregado 8 000 licencias profesionales, todas adulteradas.

Esta sola cifra es aterradora, puesto que, por $1 500 cada uno de estos 8 000 flamantes choferes profesionales adquirían una suerte de "licencia para matar", porque así parecen sentirse quienes sin la preparación debida para conducir un vehículo transportan a niños, mujeres, ancianos, padres y madres de familia exponiéndolos a una terrible muerte.

Y es que conducir requiere de destrezas y práctica, de conocimiento de las leyes de tránsito y, sobre todo, de respeto por la vida propia y la de los demás.

Pero en este país, ciertos gremios a los que parece no importarles otra cosa que no sea ganar dinero fácil, no reflexionan lo atroz que significa entregar un permiso de conducir a gente inepta para tal función. Si ellos no reaccionan. (BLANCO Y NEGRO)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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