Comandante policial asegura que existe amenaza para atentar contra Gutiérrez.
Una clave en el supuesto complot para asesinar al presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, es que la Comandancia de la Policía Nacional no ha descartado la denuncia.
Eso sirvió para disponer que se refuerce la seguridad para el Jefe de Estado, como que miembros de la unidad antiexplosivos de la Policía hagan un trabajo de avanzada (revisión previa) de los sitios que visita Gutiérrez y mantener la investigación del denominado operativo atentado.
Pero el Mandatario, a pesar de esas medidas y la advertencia policial de que había evidencias de un plan, dijo que prefería echar tierra al tema, el 19 de abril pasado.
El comandante de la Policía, general Édgar Vaca, aseguró el jueves pasado en su comparecencia al Congreso para responder 16 preguntas sobre el complot, que la amenaza para atentar contra la vida del señor Presidente existe.
Si bien las investigaciones no han podido establecer la identidad ni el paradero del informante Miguel, quien escribió una carta donde denunció el supuesto complot organizado desde Cali, Colombia, el documento le sirvió a la Policía Nacional para seguir pistas. Por ejemplo, los dos supuestos nombres de ecuatorianos que llegaron a la casa de Miguel para reunirse con nueve colombianos y planificar el magnicidio, han sido investigados en los registros policiales y civiles.
A partir de eso se obtuvo una lista de trece personas con esos dos nombres (seis de una de apellido Bustos y siete de Arteaga), que ha sido depurada hasta quedar en cinco ciudadanos entre los 25 y 40 años, cuyas actividades serán investigadas para descartar cualquier vinculación.
Según el informe de la Unidad de Investigaciones de la Policía, teniente coronel Juan Carlos Barragán, la institución ha tenido limitaciones para investigar el caso. No se conoce la identidad de la fuente, tampoco se tiene control sobre la misma, lo que significa una barrera entre el posible incidente criminal y los equipos de investigación, haciendo de esta manera difícil la identificación de delincuentes, explica la Policía en un informe del 13 de abril pasado, dos días después de que reveló el supuesto magnicidio.
EQUIPO INVESTIGADOR
El 7 de marzo pasado el comandante de la Policía, general Édgar Vaca, conoció la denuncia del complot y conformó un equipo de investigación que viajó a Bogotá (10 de marzo) para las indagaciones, según informó al Congreso. Integrado por los directores nacionales de Inteligencia y Antinarcóticos y el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Policía; este último viajó a Colombia donde se le sumaron el agregado policial y el adjunto de la embajada de Ecuador en Colombia. La primera evidencia para la investigación fue el comunicado (28 de febrero) del agregado policial, Gonzalo Espinoza, quien envió una carta anónima firmada con el seudónimo de Miguel, en la que se hacen conocer detalles del supuesto plan. Además tomaron contacto con las autoridades colombianas y los delegados de Naciones Unidas (ONU) hasta donde llegó el informante Miguel.
EL CONTACTO
Según el informe del equipo investigador, la identidad de la fuente de la denuncia ha sido un obstáculo, a pesar de los intentos que hizo en Bogotá para conseguir información precisa. Karen Sherlock, de la sección Registro de la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de las Naciones Unidas, quien atendió al informante y le sugirió que redacte la carta y la entregue a la embajada del Ecuador, dijo que la identidad y más datos de Miguel son estrictamente confidenciales, por lo tanto no podía revelar más datos. Sherlock, según los investigadores, consultó a su jefe inmediato, Emilio Amérigo, quien argumentó también el derecho a la confidencialidad para entregar más información, y seguir las pistas.
INDAGACIÓN COLOMBIANA
Según la documentación del operativo atentado, el 28 de febrero la embajada del Ecuador en Bogotá, a cargo de Pablo Villagómez, informó como medida de precaución que recibió la carta de Miguel sobre el complot que se estaría organizando desde Colombia. Además, añade que se comunicó a las autoridades ecuatorianas, no obstante que el caso debía informarse a las similares colombianas, para que colaboren en la indagación. El 5 de marzo la carta fue trasladada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a los organismos de inteligencia y seguridad colombianos. Según el equipo policial la información que la policía colombiana recogió por falta de datos no ayuda mayormente en las investigaciones, por lo que todos los esfuerzos han sido inútiles hasta el momento, pero continúan los procesos indagatorios.
SEGURIDAD PRESIDENCIAL
El general Édgar Vaca informó al Congreso, que el 7 de marzo pasado, a las 21h00, conoció del supuesto complot y media hora después le informó a Lucio Gutiérrez. También comunicó al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; y al día siguiente hizo lo mismo con los ministros de Gobierno y Defensa, mientras despedían al Jefe de Estado que viajaba a Perú. El ministro de Defensa, Nelson Herrera, precisó ayer que al ser consultado en días pasados sobre si conocía de un atentado, respondió que no lo sabía, pero que sí tenía información de la denuncia. Se dispuso incorporación de policías mujeres para el cacheo al ingreso de Carondelet; especialistas antiexplosivos para labor preventiva; alertó a comandos provinciales para reforzar la seguridad en los recorridos del Mandatario. No obstante que (...) la responsabilidad de la protección de la integridad física del señor Presidente de la República corresponde a las FF.AA., según la explicación de Vaca.
NOMBRES DE ECUATORIANOS
En la carta escrita a mano el informante Miguel menciona que dos ecuatorianos de apellidos Arteaga y Bustos (por seguridad este Diario no publica el nombre completo) estuvieron en Colombia en la segunda semana de febrero contratando personal para el magnicidio. Ellos se reunieron, según ese documento, en el domicilio de Miguel (Cali) con nueve colombianos. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia informó el 11 de marzo que ambos ciudadanos no registran ningún antecedente, después de consultar las bases de datos de registros, anotaciones y órdenes de captura tanto del DAS como de la Policía. La oficina de Interpol del DAS comunicó que Bustos (según los informes) tiene un movimiento migratorio de fecha 6 de diciembre de 1994 a la ciudad de Tulcán. Por eso, la Policía ecuatoriana elaboró una lista de 15 individuos y ha ido descartando personas para investigar.
FISCALÍA Y CONGRESO
El 10 de abril pasado el Comandante de la Policía (el mismo día que denunció el caso ante el Congreso) informó del supuesto complot a la Ministra Fiscal a través de una comunicación. La intención era que con la judicialización de la denuncia la Fiscalía se apoye en su homóloga colombiana para acceder a información a la que la policía ecuatoriana no tuvo acceso. Por ejemplo los registros de ingreso a las oficinas de las Naciones Unidas en Bogotá o registros policiales. Este Diario conoció que el lunes pasado dos fiscales ecuatorianos viajaron a Colombia para la indagación. Además, ayer viajaron tres diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso para entrevistarse con miembros de la Policía y del Ejército; con los representantes de la embajada de Ecuador y la ONU.
Una clave en el supuesto complot para asesinar al presidente de la República, coronel Lucio Gutiérrez, es que la Comandancia de la Policía Nacional no ha descartado la denuncia.
Eso sirvió para disponer que se refuerce la seguridad para el Jefe de Estado, como que miembros de la unidad antiexplosivos de la Policía hagan un trabajo de avanzada (revisión previa) de los sitios que visita Gutiérrez y mantener la investigación del denominado operativo atentado.
Pero el Mandatario, a pesar de esas medidas y la advertencia policial de que había evidencias de un plan, dijo que prefería echar tierra al tema, el 19 de abril pasado.
El comandante de la Policía, general Édgar Vaca, aseguró el jueves pasado en su comparecencia al Congreso para responder 16 preguntas sobre el complot, que la amenaza para atentar contra la vida del señor Presidente existe.
Si bien las investigaciones no han podido establecer la identidad ni el paradero del informante Miguel, quien escribió una carta donde denunció el supuesto complot organizado desde Cali, Colombia, el documento le sirvió a la Policía Nacional para seguir pistas. Por ejemplo, los dos supuestos nombres de ecuatorianos que llegaron a la casa de Miguel para reunirse con nueve colombianos y planificar el magnicidio, han sido investigados en los registros policiales y civiles.
A partir de eso se obtuvo una lista de trece personas con esos dos nombres (seis de una de apellido Bustos y siete de Arteaga), que ha sido depurada hasta quedar en cinco ciudadanos entre los 25 y 40 años, cuyas actividades serán investigadas para descartar cualquier vinculación.
Según el informe de la Unidad de Investigaciones de la Policía, teniente coronel Juan Carlos Barragán, la institución ha tenido limitaciones para investigar el caso. No se conoce la identidad de la fuente, tampoco se tiene control sobre la misma, lo que significa una barrera entre el posible incidente criminal y los equipos de investigación, haciendo de esta manera difícil la identificación de delincuentes, explica la Policía en un informe del 13 de abril pasado, dos días después de que reveló el supuesto magnicidio.
EQUIPO INVESTIGADOR
El 7 de marzo pasado el comandante de la Policía, general Édgar Vaca, conoció la denuncia del complot y conformó un equipo de investigación que viajó a Bogotá (10 de marzo) para las indagaciones, según informó al Congreso. Integrado por los directores nacionales de Inteligencia y Antinarcóticos y el jefe de la Unidad de Investigaciones de la Policía; este último viajó a Colombia donde se le sumaron el agregado policial y el adjunto de la embajada de Ecuador en Colombia. La primera evidencia para la investigación fue el comunicado (28 de febrero) del agregado policial, Gonzalo Espinoza, quien envió una carta anónima firmada con el seudónimo de Miguel, en la que se hacen conocer detalles del supuesto plan. Además tomaron contacto con las autoridades colombianas y los delegados de Naciones Unidas (ONU) hasta donde llegó el informante Miguel.
EL CONTACTO
Según el informe del equipo investigador, la identidad de la fuente de la denuncia ha sido un obstáculo, a pesar de los intentos que hizo en Bogotá para conseguir información precisa. Karen Sherlock, de la sección Registro de la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de las Naciones Unidas, quien atendió al informante y le sugirió que redacte la carta y la entregue a la embajada del Ecuador, dijo que la identidad y más datos de Miguel son estrictamente confidenciales, por lo tanto no podía revelar más datos. Sherlock, según los investigadores, consultó a su jefe inmediato, Emilio Amérigo, quien argumentó también el derecho a la confidencialidad para entregar más información, y seguir las pistas.
INDAGACIÓN COLOMBIANA
Según la documentación del operativo atentado, el 28 de febrero la embajada del Ecuador en Bogotá, a cargo de Pablo Villagómez, informó como medida de precaución que recibió la carta de Miguel sobre el complot que se estaría organizando desde Colombia. Además, añade que se comunicó a las autoridades ecuatorianas, no obstante que el caso debía informarse a las similares colombianas, para que colaboren en la indagación. El 5 de marzo la carta fue trasladada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia a los organismos de inteligencia y seguridad colombianos. Según el equipo policial la información que la policía colombiana recogió por falta de datos no ayuda mayormente en las investigaciones, por lo que todos los esfuerzos han sido inútiles hasta el momento, pero continúan los procesos indagatorios.
SEGURIDAD PRESIDENCIAL
El general Édgar Vaca informó al Congreso, que el 7 de marzo pasado, a las 21h00, conoció del supuesto complot y media hora después le informó a Lucio Gutiérrez. También comunicó al Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.; y al día siguiente hizo lo mismo con los ministros de Gobierno y Defensa, mientras despedían al Jefe de Estado que viajaba a Perú. El ministro de Defensa, Nelson Herrera, precisó ayer que al ser consultado en días pasados sobre si conocía de un atentado, respondió que no lo sabía, pero que sí tenía información de la denuncia. Se dispuso incorporación de policías mujeres para el cacheo al ingreso de Carondelet; especialistas antiexplosivos para labor preventiva; alertó a comandos provinciales para reforzar la seguridad en los recorridos del Mandatario. No obstante que (...) la responsabilidad de la protección de la integridad física del señor Presidente de la República corresponde a las FF.AA., según la explicación de Vaca.
NOMBRES DE ECUATORIANOS
En la carta escrita a mano el informante Miguel menciona que dos ecuatorianos de apellidos Arteaga y Bustos (por seguridad este Diario no publica el nombre completo) estuvieron en Colombia en la segunda semana de febrero contratando personal para el magnicidio. Ellos se reunieron, según ese documento, en el domicilio de Miguel (Cali) con nueve colombianos. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia informó el 11 de marzo que ambos ciudadanos no registran ningún antecedente, después de consultar las bases de datos de registros, anotaciones y órdenes de captura tanto del DAS como de la Policía. La oficina de Interpol del DAS comunicó que Bustos (según los informes) tiene un movimiento migratorio de fecha 6 de diciembre de 1994 a la ciudad de Tulcán. Por eso, la Policía ecuatoriana elaboró una lista de 15 individuos y ha ido descartando personas para investigar.
FISCALÍA Y CONGRESO
El 10 de abril pasado el Comandante de la Policía (el mismo día que denunció el caso ante el Congreso) informó del supuesto complot a la Ministra Fiscal a través de una comunicación. La intención era que con la judicialización de la denuncia la Fiscalía se apoye en su homóloga colombiana para acceder a información a la que la policía ecuatoriana no tuvo acceso. Por ejemplo los registros de ingreso a las oficinas de las Naciones Unidas en Bogotá o registros policiales. Este Diario conoció que el lunes pasado dos fiscales ecuatorianos viajaron a Colombia para la indagación. Además, ayer viajaron tres diputados de la Comisión de Fiscalización del Congreso para entrevistarse con miembros de la Policía y del Ejército; con los representantes de la embajada de Ecuador y la ONU.
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