Quito. 23.10.9. El debate político ecuatoriano está dominado por
lo que parece ser una morbosa obsesión nacional: las disputas
personales, los conflictos partidistas y los escándalos públicos.
Con este artículo deseo llamar la atención sobre un problema
fundamental del Ecuador: la necesidad de una política social que
encuentre soluciones a la pobreza y las injusticias sociales.
Según una investigación reciente de Enrique Sierra, siete
millones de ecuatorianos son pobres, esto es el 63,5 por ciento
de la población. De este número de pobres cerca de la mitad vive
en la indigencia, sufrida por quienes ni siquiera disponen de
vestido, vivienda y alimentos indispensables para la vida humana,
situación en la que se encuentran casi todos los indígenas y
afroecuatorianos.
En el país la pobreza tiene un ingrediente que la hace más
intolerable. Las diferencias entre ricos y pobres son extremas,
mucho más significativas que las que en promedio existen en
América Latina y peores que las que se dan en otras regiones del
mundo. Según la citada investigación, mientras la mitad de la
población económicamente activa recibe apenas el 10 por ciento
del ingreso nacional, el 3 por ciento más acomodado concentra un
altísimo 45 por ciento.
Bajo el signo de la crisis
La pobreza y las inequidades sociales son de antigua data. El
importante desarrollo logrado por el país entre los años 60 y 70
de este siglo y las reformas estructurales que en ese período se
hicieron, sólo atenuaron aquellos atávicos problemas. La injusta
distribución de la riqueza no sufrió cambios significativos y
amplios sectores sociales continuaron al margen de los beneficios
del progreso. No se explica de otro modo que, a pesar de la
reforma agraria, a la que se le atribuyó un papel determinante en
la redistribución de la riqueza rural, las tres cuartas partes de
los campesinos sigan siendo pobres.
Desde 1982 la economía ecuatoriana ha vivido bajo el signo de la
crisis que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de
América Latina, no ha podido ser conjurada por la inestabilidad
política y la consecuente falta de continuidad de la política
económica. El programa de ajuste que ejecuta el gobierno, luego
de casi diez años perdidos, ha logrado restablecer los
principales equilibrios macroeconómicos, cuyo logro más
importante ha sido la reducción de la tasa de inflación.
Al poner en orden su economía el país está llenando un
indispensable primer requisito, sin el cual no es posible el
crecimiento económico de largo plazo y tampoco la reducción del
número de pobres y de las inequidades sociales. Hoy existe un
amplio consenso latinoamericano sobre la importancia de contar
con una economía sana para acometer con éxito otras tareas.
Los ajustes no son la causa, pero sí agravan la pobreza
No es cierta una afirmación, que para algunos ha adquirido el
carácter de un dogma, según la cual los programas de ajuste son
los responsables de la pobreza y de las inequidades sociales
actualmente existentes en Ecuador. Pero si bien no las
originaron en cambio las agravaron. Desafortunadamente no
existía otro camino. Transcurridos doce años desde cuando se
inició la crisis, existe abundante prueba documental de que los
países que no realizaron el ajuste y prefirieron recurrir a
respuestas heterodoxas, tuvieron que pagar peores y más onerosos
precios, como fueron los casos de Argentina, Brasil, Perú y
Nicaragua. Luego de caer en una pavorosa inflación que
enriqueció a unos pocos y pauperizó a las clases popular y media,
se vieron obligados a realizar un tardío ajuste de mayores y más
graves secuelas sociales.
El segundo paso contra la pobreza
El crecimiento económico de largo plazo es un segundo paso que es
necesario dar para combatir la pobreza. Una economía estancada o
bajas tasas de crecimiento ocasionan una multiplicación del
número de pobres. En este sentido, ojalá se confirme la
estimación oficial de que la economía crecerá al 4 por ciento en
el presente año. Hacia el futuro es importante lograr que esta
recuperación económica se consolide a una tasa anual del 5 por
ciento, índice de crecimiento que garantiza, por si solo, la
disminución del número de pobres.
Aún en el caso de que se consiguiera este objetivo sus efectos
sociales serán insuficientes. La magnitud de la pobreza y de las
injusticias sociales existentes en el Ecuador, tornan
indispensable una reforma redistributiva de la riqueza, en la que
el poder público debe tener un papel determinante.
En esta perspectiva, es necesario revalorizar el papel social que
cumple la política fiscal, en la medida que permite extraer
riqueza de los más adinerados para transferirla a los pobres, a
través de los servicios que el Estado les presta y de los
subsidios que les concede. Lamentablemente el sistema fiscal
ecuatoriano no ha contribuido a la obtención de tal propósito, en
razón del escaso número de contribuyentes registrados en el
Ministerio de Finanzas, vacío que va acompañado de una altísima
evasión tributaria.
El gasto público social, por representar hasta el 50 por ciento
de los ingresos de las familias de escasos recursos, juega un
papel decisivo en la eliminación de la pobreza y en la reducción
de las injusticias sociales. Por ello deben merecer una alta
prioridad los programas de alfabetización, vivienda, educación
escolar, capacitación profesional, atención de la salud,
nutrición infantil, mejoramiento del empleo, seguridad social y
desarrollo rural.
Desafortunadamente, como consecuencia de la crisis económica, el
sector público encargado de la política social se ha debilitado
económica, administrativa y técnicamente. El Estado, para
eliminar el déficit fiscal, no ha encontrado mejor expediente que
reducir el gasto de los entes públicos a cargo de los programas
sociales, cuya participación porcentual en el gasto público total
ha caído significativamente.
Las oficinas estatales que tienen a su cargo los programas
sociales suelen tener muy bajos niveles de competencia técnica,
en razón de en general contar con una burocracia de muy baja
calidad. Personal mal remunerado y sin incentivos, organismos
carentes de apoyo político, técnicos teorizantes no aptos para el
trabajo práctico, estilos clientelares y populistas, programas
dirigidos por activistas interesados en sus proyectos
partidistas y no en servir a la comunidad, servicios públicos
ineficientes y la inexistencia de proyectos que atiendan las
necesidades sentidas por la población, conforman el inventario de
males del sector social estatal. Súmese a ello el hecho de que
algunos programas sociales son de compleja ejecución y de lenta
maduración, y de que no ofrecen resultados inmediatos fácilmente
apreciables por la opinión pública.
El drama de la educación
Uno de los casos más dramáticos es el de la educación. No sólo
que se ha quedado relegada con relación a los altos estándares
que ha alcanzado en el mundo industrializado, sino que, además,
en general ha caído con respecto al nivel que antes tuvo en
Ecuador. Tanto en el orden económico como en el social las
consecuencias han sido negativas. El sistema educacional no está
preparando, científica y tecnológicamente, los recursos humanos
necesarios para el desarrollo del país y para que pueda
intervenir solventemente en la competitiva economía
internacional. Como la educación y la preparación profesional
determinan el valor de las remuneraciones, que perciben
trabajadores y empleados, la insuficiencia cuantitativa de los
servicios educacionales o su mala calidad, impiden la elevación
de los ingresos de las familias pobres y, como consecuencia, la
reducción de las inequidades sociales.
Requisitos para la paz
Algo parecido puede decirse con respecto a los servicios de salud
proporcionados por el Estado, a la seguridad social y a otros
organismos. Por estos motivos, debería merecer una alta
prioridad la reestructuración institucional del sector público
encargado de la problemática social, con miras a fortalecerlo y
hacer de él un ente comprometido con los problemas de los pobres
y un idóneo ejecutor de la reforma social. Ello implica elevar
su capacidad de gestión, mejorar su financiamiento, reclutar y
capacitar gerentes de proyectos y conformar una necesaria base
estadística, actualmente inexistente o poco confiable. Si no se
llenan estos vacíos, probablemente se desperdiciarán los recursos
económicos que se destinen a la reducción de la pobreza, que
comienzan a multiplicarse en el ámbito internacional.
Una política social no puede prescindir de la transferencia
directa de recursos a los más necesitados, a través del
otorgamiento de subsidios específicos en favor de los pobres,
pues, los subsidios generalizados terminan favoreciendo en una
mayor proporción de las familias de ingresos altos y medios. En
este campo existen experiencias exitosas en algunos países
latinoamericanos, como es el caso de los fondos de inversión
social - ya en funcionamiento en Ecuador-, los programas
emergentes de empleo, los créditos dirigidos y otros más.
Un requisito para la paz
Combatir la pobreza y reducir las inequidades sociales, en fin,
hacer realidad el paradigma del desarrollo humano en el que el
hombre sea el centro y el fin de las políticas públicas, no sólo
es un imperativo económico y social, como acertadamente lo ha
señalado un informe de las Naciones Unidas. Es además un
requisito de la paz pública, que sólo es posible cuando los
ciudadanos tienen la convicción de vivir en sociedades justas, en
las que no existen privilegios y las oportunidades son iguales
para todos. También lo es para que la democracia se sustente, no
sólo en su legitimidad jurídica, sino también en su legitimidad
social, esto es en el amplio consenso popular que suele surgir
cuando un sistema político atiende el bien común en todos sus
actos.
Por cierto que caben puntos de vista diferentes o complementarios
sobre los elementos que deben integrar una política social. Lo
importante es que san presentadas y discutidas por los líderes
del país: políticos, empresariales, sindicales, indígenas,
intelectuales, técnicos, periodistas y en general por la opinión
pública. Con las reflexiones que he formulado sólo he querido
contribuir a que tan indispensable debate se inicie. Si llega a
producirse y se realiza con rigor y honestidad, será posible
arribar a un consenso que comprometa a los principales sectores
de la vida nacional en la construcción de una sociedad justa y
solidaria. (6A)
lo que parece ser una morbosa obsesión nacional: las disputas
personales, los conflictos partidistas y los escándalos públicos.
Con este artículo deseo llamar la atención sobre un problema
fundamental del Ecuador: la necesidad de una política social que
encuentre soluciones a la pobreza y las injusticias sociales.
Según una investigación reciente de Enrique Sierra, siete
millones de ecuatorianos son pobres, esto es el 63,5 por ciento
de la población. De este número de pobres cerca de la mitad vive
en la indigencia, sufrida por quienes ni siquiera disponen de
vestido, vivienda y alimentos indispensables para la vida humana,
situación en la que se encuentran casi todos los indígenas y
afroecuatorianos.
En el país la pobreza tiene un ingrediente que la hace más
intolerable. Las diferencias entre ricos y pobres son extremas,
mucho más significativas que las que en promedio existen en
América Latina y peores que las que se dan en otras regiones del
mundo. Según la citada investigación, mientras la mitad de la
población económicamente activa recibe apenas el 10 por ciento
del ingreso nacional, el 3 por ciento más acomodado concentra un
altísimo 45 por ciento.
Bajo el signo de la crisis
La pobreza y las inequidades sociales son de antigua data. El
importante desarrollo logrado por el país entre los años 60 y 70
de este siglo y las reformas estructurales que en ese período se
hicieron, sólo atenuaron aquellos atávicos problemas. La injusta
distribución de la riqueza no sufrió cambios significativos y
amplios sectores sociales continuaron al margen de los beneficios
del progreso. No se explica de otro modo que, a pesar de la
reforma agraria, a la que se le atribuyó un papel determinante en
la redistribución de la riqueza rural, las tres cuartas partes de
los campesinos sigan siendo pobres.
Desde 1982 la economía ecuatoriana ha vivido bajo el signo de la
crisis que, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de
América Latina, no ha podido ser conjurada por la inestabilidad
política y la consecuente falta de continuidad de la política
económica. El programa de ajuste que ejecuta el gobierno, luego
de casi diez años perdidos, ha logrado restablecer los
principales equilibrios macroeconómicos, cuyo logro más
importante ha sido la reducción de la tasa de inflación.
Al poner en orden su economía el país está llenando un
indispensable primer requisito, sin el cual no es posible el
crecimiento económico de largo plazo y tampoco la reducción del
número de pobres y de las inequidades sociales. Hoy existe un
amplio consenso latinoamericano sobre la importancia de contar
con una economía sana para acometer con éxito otras tareas.
Los ajustes no son la causa, pero sí agravan la pobreza
No es cierta una afirmación, que para algunos ha adquirido el
carácter de un dogma, según la cual los programas de ajuste son
los responsables de la pobreza y de las inequidades sociales
actualmente existentes en Ecuador. Pero si bien no las
originaron en cambio las agravaron. Desafortunadamente no
existía otro camino. Transcurridos doce años desde cuando se
inició la crisis, existe abundante prueba documental de que los
países que no realizaron el ajuste y prefirieron recurrir a
respuestas heterodoxas, tuvieron que pagar peores y más onerosos
precios, como fueron los casos de Argentina, Brasil, Perú y
Nicaragua. Luego de caer en una pavorosa inflación que
enriqueció a unos pocos y pauperizó a las clases popular y media,
se vieron obligados a realizar un tardío ajuste de mayores y más
graves secuelas sociales.
El segundo paso contra la pobreza
El crecimiento económico de largo plazo es un segundo paso que es
necesario dar para combatir la pobreza. Una economía estancada o
bajas tasas de crecimiento ocasionan una multiplicación del
número de pobres. En este sentido, ojalá se confirme la
estimación oficial de que la economía crecerá al 4 por ciento en
el presente año. Hacia el futuro es importante lograr que esta
recuperación económica se consolide a una tasa anual del 5 por
ciento, índice de crecimiento que garantiza, por si solo, la
disminución del número de pobres.
Aún en el caso de que se consiguiera este objetivo sus efectos
sociales serán insuficientes. La magnitud de la pobreza y de las
injusticias sociales existentes en el Ecuador, tornan
indispensable una reforma redistributiva de la riqueza, en la que
el poder público debe tener un papel determinante.
En esta perspectiva, es necesario revalorizar el papel social que
cumple la política fiscal, en la medida que permite extraer
riqueza de los más adinerados para transferirla a los pobres, a
través de los servicios que el Estado les presta y de los
subsidios que les concede. Lamentablemente el sistema fiscal
ecuatoriano no ha contribuido a la obtención de tal propósito, en
razón del escaso número de contribuyentes registrados en el
Ministerio de Finanzas, vacío que va acompañado de una altísima
evasión tributaria.
El gasto público social, por representar hasta el 50 por ciento
de los ingresos de las familias de escasos recursos, juega un
papel decisivo en la eliminación de la pobreza y en la reducción
de las injusticias sociales. Por ello deben merecer una alta
prioridad los programas de alfabetización, vivienda, educación
escolar, capacitación profesional, atención de la salud,
nutrición infantil, mejoramiento del empleo, seguridad social y
desarrollo rural.
Desafortunadamente, como consecuencia de la crisis económica, el
sector público encargado de la política social se ha debilitado
económica, administrativa y técnicamente. El Estado, para
eliminar el déficit fiscal, no ha encontrado mejor expediente que
reducir el gasto de los entes públicos a cargo de los programas
sociales, cuya participación porcentual en el gasto público total
ha caído significativamente.
Las oficinas estatales que tienen a su cargo los programas
sociales suelen tener muy bajos niveles de competencia técnica,
en razón de en general contar con una burocracia de muy baja
calidad. Personal mal remunerado y sin incentivos, organismos
carentes de apoyo político, técnicos teorizantes no aptos para el
trabajo práctico, estilos clientelares y populistas, programas
dirigidos por activistas interesados en sus proyectos
partidistas y no en servir a la comunidad, servicios públicos
ineficientes y la inexistencia de proyectos que atiendan las
necesidades sentidas por la población, conforman el inventario de
males del sector social estatal. Súmese a ello el hecho de que
algunos programas sociales son de compleja ejecución y de lenta
maduración, y de que no ofrecen resultados inmediatos fácilmente
apreciables por la opinión pública.
El drama de la educación
Uno de los casos más dramáticos es el de la educación. No sólo
que se ha quedado relegada con relación a los altos estándares
que ha alcanzado en el mundo industrializado, sino que, además,
en general ha caído con respecto al nivel que antes tuvo en
Ecuador. Tanto en el orden económico como en el social las
consecuencias han sido negativas. El sistema educacional no está
preparando, científica y tecnológicamente, los recursos humanos
necesarios para el desarrollo del país y para que pueda
intervenir solventemente en la competitiva economía
internacional. Como la educación y la preparación profesional
determinan el valor de las remuneraciones, que perciben
trabajadores y empleados, la insuficiencia cuantitativa de los
servicios educacionales o su mala calidad, impiden la elevación
de los ingresos de las familias pobres y, como consecuencia, la
reducción de las inequidades sociales.
Requisitos para la paz
Algo parecido puede decirse con respecto a los servicios de salud
proporcionados por el Estado, a la seguridad social y a otros
organismos. Por estos motivos, debería merecer una alta
prioridad la reestructuración institucional del sector público
encargado de la problemática social, con miras a fortalecerlo y
hacer de él un ente comprometido con los problemas de los pobres
y un idóneo ejecutor de la reforma social. Ello implica elevar
su capacidad de gestión, mejorar su financiamiento, reclutar y
capacitar gerentes de proyectos y conformar una necesaria base
estadística, actualmente inexistente o poco confiable. Si no se
llenan estos vacíos, probablemente se desperdiciarán los recursos
económicos que se destinen a la reducción de la pobreza, que
comienzan a multiplicarse en el ámbito internacional.
Una política social no puede prescindir de la transferencia
directa de recursos a los más necesitados, a través del
otorgamiento de subsidios específicos en favor de los pobres,
pues, los subsidios generalizados terminan favoreciendo en una
mayor proporción de las familias de ingresos altos y medios. En
este campo existen experiencias exitosas en algunos países
latinoamericanos, como es el caso de los fondos de inversión
social - ya en funcionamiento en Ecuador-, los programas
emergentes de empleo, los créditos dirigidos y otros más.
Un requisito para la paz
Combatir la pobreza y reducir las inequidades sociales, en fin,
hacer realidad el paradigma del desarrollo humano en el que el
hombre sea el centro y el fin de las políticas públicas, no sólo
es un imperativo económico y social, como acertadamente lo ha
señalado un informe de las Naciones Unidas. Es además un
requisito de la paz pública, que sólo es posible cuando los
ciudadanos tienen la convicción de vivir en sociedades justas, en
las que no existen privilegios y las oportunidades son iguales
para todos. También lo es para que la democracia se sustente, no
sólo en su legitimidad jurídica, sino también en su legitimidad
social, esto es en el amplio consenso popular que suele surgir
cuando un sistema político atiende el bien común en todos sus
actos.
Por cierto que caben puntos de vista diferentes o complementarios
sobre los elementos que deben integrar una política social. Lo
importante es que san presentadas y discutidas por los líderes
del país: políticos, empresariales, sindicales, indígenas,
intelectuales, técnicos, periodistas y en general por la opinión
pública. Con las reflexiones que he formulado sólo he querido
contribuir a que tan indispensable debate se inicie. Si llega a
producirse y se realiza con rigor y honestidad, será posible
arribar a un consenso que comprometa a los principales sectores
de la vida nacional en la construcción de una sociedad justa y
solidaria. (6A)
Más en el