Quito. 08 ene 96. El país presenta un cuadro de generalizada y
creciente pobreza, paralela a la acentuada concentración de
recursos en grupos muy reducidos en población; verdaderos
abismos entre la calidad de vida de las zonas urbanas y
rurales del Ecuador; notables diferencias entre las
oportunidades de trabajo y perspectivas de futuro que se dan
en las grandes ciudades, las intermedias o pequeñas y, en
general, el resto del país.

Ecuador presenta un gran contraste: generalizada pobreza y
exagerada concentración de riqueza.

El 80% de la población afronta situaciones de pobreza; de este
porcentaje el 45% está sumido en la miseria. En el sector
rural, las condiciones son aún peores: la pobreza agobia a más
del 91% de los campesinos, casi el 60% de la población del
agro se debate en la indigencia. Es decir: más de nueve
millones de ecuatorianos son pobres; de ellos, casi cinco
millones se encuentra en la miseria.

Un profundo análisis de la dispersión de la pobreza y la
concentración de riqueza nos permite tener una visión más
objetiva del problema.

Concentración vertical de la riqueza

Frente a una extendida pobreza, grupos muy reducidos de la
población ecuatoriana concentran en su beneficio la mayor
parte de los recursos que genera el país.

Alrededor de 6.000 personas ejercen total control sobre el 95%
del capital social de las empresas sujetas a la vigilancia de
la Superintendencia de Compañías; 350 tienen hegemonía sobre
más de 60% de aquellas; menos de 100 personas privadas ejercen
predominio absoluto en las entidades del sector financiero;
cerca de un centenar realizan el 87% de todas las
exportaciones privadas ecuatorianas. El primer grupo incluye
los otros. Esa cúpula económica apenas significa un medio
milésimo (el 0,05%) de la población ecuatoriana.

En general, según una investigación dirigida por el Economista
Enrique Sierra, un grupo que no constituye más que el 3% de la
Población Económicamente Activa (PEA) capta el 43,7% del
Producto Interno Bruto; en contraste, el 52,5% de la PEA
habría percibido un ingreso que representó tan solo el 10,5%
del total de la renta nacional. El grupo que ostenta más altos
ingresos -aquel 3% mencionado al inicio del párrafo- los
tiene, según Sierra, cincuenta veces mayores que los que
consigue el 27% de la población, que estaría bajo la línea de
la indigencia.

Con tales porcentajes se habría regresado a un esquema de
distribución que se observaba en los años 65, y que se había
modificado apreciablemente en los años 70.

En Guayaquil, Cuenca y Quito, la concentración es más severa.
En el Puerto, el decil más alto se apropia del 47,3% del
ingreso total; en Cuenca, toma el 39,8%, en Quito, el 39,1%.
En las demás ciudades y poblaciones de la Sierra, llega al
36,0%, y en el resto del sector urbano de la Costa el decil de
mayores recursos capta cerca del 33,3% del ingreso total.

La corrupción: detonante adicional

La situación antes descrita se vuelve más preocupante cuando
la estimación cuantitativa que hace Francisco Rhon Dávila
informa que virtualmente un 6% del ingreso nacional se diluye
o evade en manifestaciones de corrupción. Los corruptos
lograrían un ingreso más alto que el que puede alcanzar el 20%
de la población ecuatoriana de más bajos recursos, en su
totalidad.

El drama de la clase media

Los sectores medios han experimentado un profundo menoscabo.
En 1993, el 70% de la población urbana comprendida entre el
decil más rico y los dos de más bajos recursos obtenía el
54,7% del ingreso total, mientras a mediados de los años
setenta alcanzaba el 63%. La participación actual de los
grupos medios en el ingreso nacional resultaría inferior
inclusive a la que tenían en los años sesenta (56,3%), de
conformidad con las cifras que cita José Moncada Sánchez,
ex-rector de la Universidad Central del Ecuador.

En Guayaquil, la clase media es más afectada. Los siete
deciles intermedios (el 70% de la PEA) acceden al 47,7% del
ingreso; en Cuenca, alcanzan al 55,5%, en Quito, llegan al
56,3%; en Machala, al 59,2%. En el resto del sector urbano de
la Sierra, obtienen el 59,6%; y en las demás ciudades y
poblaciones de la Costa, el 60,1%, en promedio.

Los niveles de pobreza y los de concentración de recursos han
empeorado en los últimos años y tienden a agravarse.

Aumentan la inseguridad, la violencia y la delincuencia

El deterioro de la situación social general ha determinado un
peligroso aumento de la inseguridad, la violencia y la
delincuencia. Para 1975 se perpetraban en el país
aproximadamente 9 delitos contra la propiedad por día, en
promedio. En 1994, ese índice llegó a 67. ¡Siete veces y media
más! Dentro de dicho incremento, entre 1988 y 1994 las cifras
virtualmente se habían duplicado (35 a 67).

Los índices de desocupación y subocupación han sido más altos
en los 90 que en los años perdidos de la década del 80. Según
cifras oficiales, la desocupación absoluta llegó a 9,4% en
1993, mientras la tasa de subempleo rozaba el 48,3%. En
conformidad con tales informaciones, esos niveles habrían
disminuido para el 94 y el 95, pero los trabajadores sostienen
que el desempleo y el subempleo afectaban, para fines del 94,
al 80,7% de la PEA.

La participación de los salarios en el Producto Interno Bruto
giraba en torno al 33% en 1980. Para el 93, había descendido a
niveles del orden del 12%. aunque el Gobierno manifiesta que
la situación ha mejorado, los trabajadores expresan que, para
julio de 1995, la antedicha participación habría bajado al
11%.

Excesivo gasto de unos pocos

El 60% de los egresos del grupo de mayores recursos se
destinan, según el INEC, al consumo suntuario. El 83% de los
ecuatorianos, según unos autores, el 90% según otros, vive una
economía de mera subsistencia.

El índice de ahorro de los sectores populares y medios ha
disminuido en un 85%, y correlativamente la tasa de formación
de capital para ellos.

No obstante, los altos índices de consumo, en ciertas áreas de
los sectores más altos se destina a maquinaria y equipos que
no se usan en toda su capacidad y su sofisticación no es
justificable en el medio.

Los sectores empresariales modernos manejan porcentajes del
orden del 88% de los capitales disponibles en el país; pero
ocupan tan solo al 47,7% de los trabajadores. El sector
informal y los tradicionales, con apenas el 12% de los
recursos de capital, emplean al 52% de la población en edad de
trabajar.

Inequidad en subsidios

Según lo han destacado publicaciones del Banco Mundial, una
parte importante de los recursos públicos se destina a
subsidios al consumo de la electricidad, del gas licuado. Esos
subsidios totalizan casi un 3% del PIB. Pero apenas el 17% del
primero, el 23% del segundo, favorecen al 20% más pobre de la
población, el cual, de otro lado, solo accede al 5.7% de los
valores con los que se subsidia a la educación superior.

Paradójicamente, el 20% de la población que dispone de mayores
recursos, se beneficia en un 22,7% de los servicios públicos
de salud, mientras los dos deciles de población más pobre
obtienen un 17,1% de esos servicios, es decir una cuarta parte
menos que la gente de altos recursos.

En suma, los más ricos se benefician desproporcionalmente de
los subsidios estatales.

Un amplio sector informal

Alrededor de la mitad de la Población Económicamente Activa
urbana labora en el sector informal. La mayor parte de quienes
en él trabajan afrontan situaciones de subocupación o
desocupación encubierta. Además, suelen estar al margen de los
beneficios previstos por la Ley en materia de seguridad
social, bonificaciones adicionales, indemnización por cese.

El sector informal urbano absorbe el 52% de las personas que
no tienen ningún tipo de escolaridad, el 51% de los que solo
llegan a formación primaria, un 42% de los que poseen estudios
secundarios, e inclusive el 19% de los que han realizado
estudios superiores.

El crecimiento del sector informal ha duplicado el de los
trabajadores asalariados.

Los mayores crecimientos de ocupación se registran en los
sectores de servicios y de pequeño comercio, en los que
predominan los trabajadores informales, en un sistema que
encubre la subocupación.

La desolación del campo

Los índices de mortalidad infantil duplican y, en ciertas
zonas rurales, triplican los del sector urbano; la desatención
de los niños al nacer suele ser hasta siete veces más
acentuada en el campo; la insuficiencia en la provisión de
energía se duplica, en términos generales en el agro; las
falencias en abastecimiento de agua potable o en eliminación
de excretas resultan, en muchas zonas rurales, veinte veces o,
en determinados lugares, cuarenta veces más acentuadas que en
Quito y Guayaquil; los índices de analfabetismo en algunas
zonas rurales son, asimismo, veinte o treinta veces más altos
que en las dos ciudades principales.

En la sierra, la gente que afronta situaciones de pobreza o
miseria y vive en el sector rural llega a un número bastante
más alto que el doble de los que moran en los sectores
urbanos. En el Oriente la proporción es casi de 20 a 1; en la
Costa no hay una diferencia tan acentuada.

Todo ello induce una creciente migración de grupos campesinos
hacia las ciudades -especialmente las dos más grandes-.

Disminución de gasto público en el sector social

Entre los años 75 y el 94 el gasto público social cayó del 12%
al 6% del PIB. Los recursos públicos asignados a educación y
cultura descendieron casi en un 50%, y los correspondientes a
salud, seguridad y asistencia social declinaron en alrededor
de un 40%. Para el 95, según el Presupuesto General del Estado
de ese año, bajaron aún más. La situación no mejorará para el
96.

El total de los recursos contemplados para gasto social
resultaba inferior en casi un 20% al previsto para el servicio
de la Deuda Pública. Específicamente los destinados a salud
fueron un 17,65% de los destinados a dicho servicio; y los
presupuestados para bienestar social llegaron apenas al
12,04%. Es de temer que en la ejecución presupuestaria tales
porcentajes desciendan.

Indice de Desarrollo Humano, comparado con otros países.

Para 1993, el Ecuador ocupaba, según estimaciones y
calificación de Naciones Unidas, el lugar 74, entre los países
miembros de la Organización mundial, según el Indice de
Desarrollo Humano (IDH), que trata de medir la calidad de vida
de la población de un país.

El IDH combina indicadores de esperanza de supervivencia,
salud y bienestar, logros educacionales e ingresos, buscando
una equilibrada proporción de esos elementos de la calidad de
vida.

Ecuador alcanzaba entre 214 y 211 puntos menos que Canadá,
Suiza y Japón, que presentan los más altos en el mundo (Japón
sube al primer sitio, cuando se considera el factor
distribución de recursos).

En nuestro continente, se hallaba por debajo de Estados Unidos
en 207 puntos, de Uruguay y Argentina (los más altos entre los
países latinoamericanos), en 141 y 137 puntos; tenía 95 puntos
menos que Colombia.

La desnutrición infantil es en Ecuador cuatro y media veces
más alta que en Colombia; más de cuatro veces mayor que en
Perú; tres peor que en Bolivia.

La cobertura de ella en nuestro país es siete veces menor que
en Perú; diez veces más baja que en Bolivia; y está veintiún
veces por debajo de la que se da en Colombia. (Revista
Economía) (Pags. 4-5)
EXPLORED
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