Quito, 30 abr 99. Es el Plan Ecuador 2000. Lo presentó el
presidente Mahuad para superar el difícil momento que
atraviesa el país. Lo prioritario es resolver el déficit
fiscal y proceder a un saneamiento bancario. Permitiría lograr
un acuerdo con el FMI, que se torna imperativo. También está
previsto remitir al Congreso una ley marco para las
privatizaciones. Constan en la agenda otros temas como la
descentralización y desconcentración del Estado, así como la
reducción de la burocracia.
En un marco de gran expectativa, el presidente Jamil Mahuad
presentó, en acto especial, el denominado Plan Ecuador 2000,
un documento de 60 páginas que recoge una serie de propuestas
e iniciativas que se supone permitirán sacar al país de la
grave crisis en que se encuentra.
De alguna forma, fue un relanzamiento de su plan de gobierno,
ya que incluyó todos los aspectos concernientes a una política
de Estado.
En lo medular, reiteró la necesidad de que el Congreso
apruebe, en segundo y definitivo debate, la Ley de
Reordenamiento de las Finanzas Públicas, que, al crear varios
impuestos y al tiempo reducir los beneficios de la
contratación colectiva del sector público, permitirá financiar
el déficit fiscal.
Asimismo, ratificó la necesidad de sanear el sistema bancario
nacional como requisito indispensable para impulsar la
reactivación económica del país. Para ello, confirmó la
contratación de "las mejores auditorías externas del mundo",
que deberán elaborar en un plazo de dos meses los informes
sobre la situación real de la banca.
Sostuvo que estos pasos permitirán alcanzar un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, FMI, en mayo, situación que
garantizará el desembolso de 1.200 millones de dólares en
ayuda financiera, que podría incrementarse en 800 millones
adicionales a través de la asistencia de otros organismos
multilaterales de desarrollo.
Reconoció que tal acuerdo tendrá que preceder cualquier
intento de efectuar una reingeniería de la deuda externa.
De otra parte, anunció que en mayo remitirá al Parlamento una
ley marco para las privatizaciones, cuyo objeto sería
concederle amplias facultades al Ejecutivo a fin de agilizar
este proceso, que incluirá a los sectores de hidrocarburos,
electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos,
aduanas, agua potable y saneamiento. Según admitió el
mandatario, se torna prioritario, además, incrementar del 39
al 51% la participación de los socios estratégicos, a fin de
estimular el interés de los inversionistas y el precio mismo
de subasta de las empresas o servicios estatales.
Mahuad también destacó en un plano preeminente la
descentralización y desconcentración del Estado. Sin embargo,
aseguró que "estos temas no se pueden discutir a gritos", en
alusión implícita a la reiterada protesta de la Cámaras de la
Producción de Guayaquil.
Aun así, puso énfasis en otra de sus principales demandas: la
reducción del aparato burocrático. Sostuvo que hasta el año
2003 se reducirán en un 38% las partidas del gobierno central
y las entidades autónomas (municipios y consejos provinciales
) para efectos de gasto corriente. Este representaría un
ahorro de 240 millones de dólares anuales en el pago de
sueldos y salarios.
En el marco de este plan anticrisis, el presidente invitó a
los distintos sectores organizados de la sociedad a fin de que
participen en un debate razonado "ajeno a fundamentalismos que
puedan bloquear el diálogo". Aseguró que su propuesta era
integral y que si bien se aplicará por etapas, eso no
significaba que era un conjunto de medidas parche, conforme
algunos han anticipado.
Reconociendo una vez más que la principal debilidad de su
régimen es no contar con una sólida mayoría parlamentaria,
manifestó que procurará hacer alianzas puntuales con la
centroderecha o el centroizquierda, de acuerdo a la naturaleza
de los proyectos de ley que remita el Ejecutivo al Congreso.
Ante el anuncio, las reacciones fueron opuestas.
En el ámbito gremial, Fausto Dután, presidente del Frente
Unico de Trabajadores, FUT, expresó: "Desgraciadamente el
presidente continúa planteando generalidades y repitiendo
propuestas que no logran concretarse en políticas
alternativas". Por su lado, Xavier Espinoza, presidente da la
Cámara de Comercio de Quito, dijo: "Mi reacción es positiva,
el plan es coherente y realizable, aunque dependerá, en buena
medida, del soporte político del Congreso".
Estas distintas percepciones se reflejaron también en la
esfera parlamentaria. Alvaro Pérez, diputado opositor
socialcristiano, sostuvo que "aún le falta al presidente hacer
precisiones, el proyecto es muy general y carece de
puntualizaciones". En cambio, el legislador oficialista Ramiro
Rivera manifestó que "es obvio que el éxito de todo este
propósito de carácter nacional depende no sólo de Mahuad, sino
de la posibilidad de que la clase dirigente ecuatoriana logre
articular acuerdos y consensos en la vía legislativa capaces
de promulgar las nuevas leyes que permitan la reforma
estructural y le concedan al presidente los instrumentos
necesarios".
ENTREVISTA A TEODOR PEÑA, MINISTRO DE VIVIENDA
"El dinero se lo damos a la gente"
ESPECIAL DE TIEMPOS DEL MUNDO
NUEVA YORK. Asumió la cartera hace menos de un año y se
propone cambiar por completo el rol del Estado como
constructor y prestamista, convirtiéndolo en "el gran
facilitador" de soluciones habitacionales. Teodoro Peña,
ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ecuatoriano,
aseguró en una entrevista exclusiva con Tiempos del Mundo que
logrará su objetivo mediante un plan estratégico donde se
incluyen los conceptos de "hábitat" y "ordenamiento
territorial".
El país tiene un déficit de un millón de viviendas, una
situación que se torna desesperante sumada a los desastres
naturales como la corriente de El Niño --que destruyó
prácticamente toda la costa ecuatoriana-- y la severa crisis
económica, financiera y política.
Peña, arquitecto de origen cuencano, sostiene que "el
paradigma de la política social actual es que el subsidio debe
darse directo a la demanda", por lo que "ahora el dinero no se
lo damos al constructor, ni al banco, sino a la gente".
--¿Cómo piensa revertir la actual crisis de vivienda?
--Hay 60 mil familias al año que necesitan vivienda en
Ecuador, esa es la nueva demanda. El sector privado hacía 20
mil y el sector público (por medio del Banco de la Vivienda)
un máximo de 10 mil, así que este sistema era inservible, la
vivienda era mala, cara, y la gente no estaba contenta.
Lo que se necesita es calificar esta demanda, convertirla en
una "demanda financiada". Creamos un sistema para que la gente
sea sujeto de crédito de vivienda y le aseguramos a la banca
que siempre habrá un redondeo mediante este redescuento de su
cartera.
--¿La corrupción era un factor importante en la ineficiencia
estatal para superar el déficit?
--Había "palanqueo" para obtener un crédito del BEV y del
constructor para conseguir un contrato del ministerio. Por eso
no construyo, no presto, y corto de tajo esta corrupción.
--¿Cómo se implementa el crédito directo?
--Por medio del Sistema de Incentivo para la Vivienda (SIV),
que está financiado con dineros otorgados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (que desembolsó 64 millones de
dólares el año pasado). En el ministerio hemos creado el
llamado "Bono para nuestra casa", que es un aporte del 35 al
50% del precio total de la vivienda que damos al beneficiario
para que pueda ser sujeto de crédito de la banca privada, pero
él tiene que ahorrar el 20%. El banco le presta dinero a
quienes se hayan inscrito en el programa, para que construyan
su casa con cualquiera de los constructores oferentes en el
país, que es la otra gran ventaja.
--¿En Ecuador existe otro modelo parecido?
--Sí, el llamado Bono de la Solidaridad. Antes había subsidios
al gas, por ejemplo, que beneficiaba en mayor cantidad a la
clase más rica y se fugaba por las fronteras. Esto se cambió
para dárselo directamente al beneficiario. El Bono de la
Solidaridad o pobreza se está entregando a un millón de
familias, sin colas, por medio de la banca privada.
--El ministerio se apoya en la banca privada, pero el sistema
bancario ecuatoriano atraviesa por una severa crisis...
--Contamos con un préstamo del BID, lo cual asegura una parte
del problema, que es la credibilidad. La otra parte es que al
banco privado le recompramos o redescontamos la cartera en un
75%. El resto lo pone el ahorro de la gente. En noviembre
pasado ingresaron 5 mil nuevos inscritos y han entrado 22
millones de sucres a los bancos. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
presidente Mahuad para superar el difícil momento que
atraviesa el país. Lo prioritario es resolver el déficit
fiscal y proceder a un saneamiento bancario. Permitiría lograr
un acuerdo con el FMI, que se torna imperativo. También está
previsto remitir al Congreso una ley marco para las
privatizaciones. Constan en la agenda otros temas como la
descentralización y desconcentración del Estado, así como la
reducción de la burocracia.
En un marco de gran expectativa, el presidente Jamil Mahuad
presentó, en acto especial, el denominado Plan Ecuador 2000,
un documento de 60 páginas que recoge una serie de propuestas
e iniciativas que se supone permitirán sacar al país de la
grave crisis en que se encuentra.
De alguna forma, fue un relanzamiento de su plan de gobierno,
ya que incluyó todos los aspectos concernientes a una política
de Estado.
En lo medular, reiteró la necesidad de que el Congreso
apruebe, en segundo y definitivo debate, la Ley de
Reordenamiento de las Finanzas Públicas, que, al crear varios
impuestos y al tiempo reducir los beneficios de la
contratación colectiva del sector público, permitirá financiar
el déficit fiscal.
Asimismo, ratificó la necesidad de sanear el sistema bancario
nacional como requisito indispensable para impulsar la
reactivación económica del país. Para ello, confirmó la
contratación de "las mejores auditorías externas del mundo",
que deberán elaborar en un plazo de dos meses los informes
sobre la situación real de la banca.
Sostuvo que estos pasos permitirán alcanzar un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, FMI, en mayo, situación que
garantizará el desembolso de 1.200 millones de dólares en
ayuda financiera, que podría incrementarse en 800 millones
adicionales a través de la asistencia de otros organismos
multilaterales de desarrollo.
Reconoció que tal acuerdo tendrá que preceder cualquier
intento de efectuar una reingeniería de la deuda externa.
De otra parte, anunció que en mayo remitirá al Parlamento una
ley marco para las privatizaciones, cuyo objeto sería
concederle amplias facultades al Ejecutivo a fin de agilizar
este proceso, que incluirá a los sectores de hidrocarburos,
electricidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos,
aduanas, agua potable y saneamiento. Según admitió el
mandatario, se torna prioritario, además, incrementar del 39
al 51% la participación de los socios estratégicos, a fin de
estimular el interés de los inversionistas y el precio mismo
de subasta de las empresas o servicios estatales.
Mahuad también destacó en un plano preeminente la
descentralización y desconcentración del Estado. Sin embargo,
aseguró que "estos temas no se pueden discutir a gritos", en
alusión implícita a la reiterada protesta de la Cámaras de la
Producción de Guayaquil.
Aun así, puso énfasis en otra de sus principales demandas: la
reducción del aparato burocrático. Sostuvo que hasta el año
2003 se reducirán en un 38% las partidas del gobierno central
y las entidades autónomas (municipios y consejos provinciales
) para efectos de gasto corriente. Este representaría un
ahorro de 240 millones de dólares anuales en el pago de
sueldos y salarios.
En el marco de este plan anticrisis, el presidente invitó a
los distintos sectores organizados de la sociedad a fin de que
participen en un debate razonado "ajeno a fundamentalismos que
puedan bloquear el diálogo". Aseguró que su propuesta era
integral y que si bien se aplicará por etapas, eso no
significaba que era un conjunto de medidas parche, conforme
algunos han anticipado.
Reconociendo una vez más que la principal debilidad de su
régimen es no contar con una sólida mayoría parlamentaria,
manifestó que procurará hacer alianzas puntuales con la
centroderecha o el centroizquierda, de acuerdo a la naturaleza
de los proyectos de ley que remita el Ejecutivo al Congreso.
Ante el anuncio, las reacciones fueron opuestas.
En el ámbito gremial, Fausto Dután, presidente del Frente
Unico de Trabajadores, FUT, expresó: "Desgraciadamente el
presidente continúa planteando generalidades y repitiendo
propuestas que no logran concretarse en políticas
alternativas". Por su lado, Xavier Espinoza, presidente da la
Cámara de Comercio de Quito, dijo: "Mi reacción es positiva,
el plan es coherente y realizable, aunque dependerá, en buena
medida, del soporte político del Congreso".
Estas distintas percepciones se reflejaron también en la
esfera parlamentaria. Alvaro Pérez, diputado opositor
socialcristiano, sostuvo que "aún le falta al presidente hacer
precisiones, el proyecto es muy general y carece de
puntualizaciones". En cambio, el legislador oficialista Ramiro
Rivera manifestó que "es obvio que el éxito de todo este
propósito de carácter nacional depende no sólo de Mahuad, sino
de la posibilidad de que la clase dirigente ecuatoriana logre
articular acuerdos y consensos en la vía legislativa capaces
de promulgar las nuevas leyes que permitan la reforma
estructural y le concedan al presidente los instrumentos
necesarios".
ENTREVISTA A TEODOR PEÑA, MINISTRO DE VIVIENDA
"El dinero se lo damos a la gente"
ESPECIAL DE TIEMPOS DEL MUNDO
NUEVA YORK. Asumió la cartera hace menos de un año y se
propone cambiar por completo el rol del Estado como
constructor y prestamista, convirtiéndolo en "el gran
facilitador" de soluciones habitacionales. Teodoro Peña,
ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) ecuatoriano,
aseguró en una entrevista exclusiva con Tiempos del Mundo que
logrará su objetivo mediante un plan estratégico donde se
incluyen los conceptos de "hábitat" y "ordenamiento
territorial".
El país tiene un déficit de un millón de viviendas, una
situación que se torna desesperante sumada a los desastres
naturales como la corriente de El Niño --que destruyó
prácticamente toda la costa ecuatoriana-- y la severa crisis
económica, financiera y política.
Peña, arquitecto de origen cuencano, sostiene que "el
paradigma de la política social actual es que el subsidio debe
darse directo a la demanda", por lo que "ahora el dinero no se
lo damos al constructor, ni al banco, sino a la gente".
--¿Cómo piensa revertir la actual crisis de vivienda?
--Hay 60 mil familias al año que necesitan vivienda en
Ecuador, esa es la nueva demanda. El sector privado hacía 20
mil y el sector público (por medio del Banco de la Vivienda)
un máximo de 10 mil, así que este sistema era inservible, la
vivienda era mala, cara, y la gente no estaba contenta.
Lo que se necesita es calificar esta demanda, convertirla en
una "demanda financiada". Creamos un sistema para que la gente
sea sujeto de crédito de vivienda y le aseguramos a la banca
que siempre habrá un redondeo mediante este redescuento de su
cartera.
--¿La corrupción era un factor importante en la ineficiencia
estatal para superar el déficit?
--Había "palanqueo" para obtener un crédito del BEV y del
constructor para conseguir un contrato del ministerio. Por eso
no construyo, no presto, y corto de tajo esta corrupción.
--¿Cómo se implementa el crédito directo?
--Por medio del Sistema de Incentivo para la Vivienda (SIV),
que está financiado con dineros otorgados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (que desembolsó 64 millones de
dólares el año pasado). En el ministerio hemos creado el
llamado "Bono para nuestra casa", que es un aporte del 35 al
50% del precio total de la vivienda que damos al beneficiario
para que pueda ser sujeto de crédito de la banca privada, pero
él tiene que ahorrar el 20%. El banco le presta dinero a
quienes se hayan inscrito en el programa, para que construyan
su casa con cualquiera de los constructores oferentes en el
país, que es la otra gran ventaja.
--¿En Ecuador existe otro modelo parecido?
--Sí, el llamado Bono de la Solidaridad. Antes había subsidios
al gas, por ejemplo, que beneficiaba en mayor cantidad a la
clase más rica y se fugaba por las fronteras. Esto se cambió
para dárselo directamente al beneficiario. El Bono de la
Solidaridad o pobreza se está entregando a un millón de
familias, sin colas, por medio de la banca privada.
--El ministerio se apoya en la banca privada, pero el sistema
bancario ecuatoriano atraviesa por una severa crisis...
--Contamos con un préstamo del BID, lo cual asegura una parte
del problema, que es la credibilidad. La otra parte es que al
banco privado le recompramos o redescontamos la cartera en un
75%. El resto lo pone el ahorro de la gente. En noviembre
pasado ingresaron 5 mil nuevos inscritos y han entrado 22
millones de sucres a los bancos. (Texto tomado de Tiempos del
Mundo)
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