Quito. 03 dic 99. Es el requerimiento de algunos sectores ante
el agravamiento de la crisis. Otros sostienen que si no renuncia
debe tomar medidas urgentes. Exigen rectificaciones en la actitud
y en el estilo de gobierno. El mandatario responsabiliza al
Congreso por su falta de cooperación. Y exige que se apruebe el
presupuesto para el año próximo.
El agravamiento de la crisis económica, reflejada en una
estampida del dólar que en
cuestión de tres meses prácticamente duplicó su
valor en sucres, ha dado lugar para que algunos
sectores pidieran la renuncia del presidente Jamil Mahuad.
"Jamil Mahuad no tiene escapatoria. O renuncia o accede al pedido
colectivo de que produzca urgentes rectificaciones en la
conducción de su gobierno", escribió en un diario local el
reputado analista Alfredo Negrete.
En semejante línea, el diario El Comercio de Quito advirtió que
"la situación se ha agravado y los que piden cambios lo están
haciendo con una amenaza de por medio: su destitución. En ese
sentido, se le está pidiendo al presidente que juegue. Y que
gane. No hay tiempo para dilaciones o para nuevos errores".
Sin embargo, una encuesta realizada por diario El Universo a doce
personalidades reconocidas a nivel nacional arrojó como resultado
que ninguno estaba de acuerdo con forzar la sucesión
presidencial. "El cambio de personas no arregla las cosas.
Seríamos un país irresponsable y la democracia quedaría en la
basura", declaró Mario Ruiz, presidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.
Aun así, la mayoría de los consultados exigió urgentes cambios
tanto en la actitud como en el estilo de gobierno, considerado
falto de liderazgo y demasiado pasivo frente a una situación
social que se descompone aceleradamente.
"En este momento no conviene la salida del presidente. Pero si
dos meses después de aprobarse el presupuesto no llega a un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no tiene que
renunciar, sólo coger sus maletas e irse", opinó Carlos Estrada,
presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.
Presionado por estos pronunciamientos, el mandatario
responsabilizó al Congreso del deterioro de los indicadores
macroeconómicos, debido a la demora en aprobar el presupuesto
fiscal para el próximo año. Mahuad urgió a la Legislatura para
que apruebe el presupuesto, un requisito indispensable para
alcanzar una asistencia financiera del FMI de unos 1.400 millones
de dólares.
Ante la inculpación, la diputada socialdemócrata Cecilia Calderón
sostuvo que el mandatario "no sabe qué hacer, tiene que echarle
la culpa de la crisis a quien esté más a mano, y para él es el
Congreso".
Por su lado, el propio titular del Parlamento, Juan José Pons,
coideario democristiano de Mahuad, rechazó las declaraciones del
Presidente y aseguró que de acuerdo con la Constitución la
responsabilidad en la conducción de la política económica es de
competencia exclusiva del Ejecutivo y del Banco Central.
Pons señaló como una de las causas principales de la crisis la
política de salvataje bancario diseñada por el Ejecutivo, que ha
significado para el fisco una pérdida de alrededor de 1.500
millones de dólares. En respuesta a estos señalamientos, el
vocero del gobierno, Carlos Larreátegui, opinó que era absurdo
considerar la renuncia del presidente. Las Fuerzas Armadas, por
su parte, intentan transmitir prudencia, pero no se mantienen
ajenas al disenso.
"Hoy se vive en el país un ambiente nacional entremezclado de
factores negativos, interdependientes y rutinarios en la vida
diaria, como la inconformidad, la falta de credibilidad, la
desidia, la inseguridad, la inestabilidad, el regionalismo, las
pugnas, la pobreza, la injusticia social, el deterioro ambiental,
el desorden la ineficiencia, los escándalos, la apatía, la
ignorancia, y, lo más grave, el conformismo y la indolencia",
expresó el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de
las FF.AA.
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Presunto negociado
El sonado affaire de las armas compradas a la Argentina durante
el conflicto bélico con Perú, en 1995, volvió a cobrar actualidad
con las denuncias del ex banquero Fernando Aspiazu Seminario,
preso por recaudar impuestos que no fueron devueltos al fisco.
Desde su lugar de reclusión, Aspiazu Seminario denunció que el
actual ministro de Defensa, general (RE) José Gallardo Román,
quien para entonces desempeñaba iguales funciones, sería el
principal responsable del presunto negociado.
Según la documentación presentada, se habrían pagado 7.130.000
dólares por un lote de 8.000 fusiles de asalto FAL y 10 millones
de proyectiles, más el correspondiente transporte, pese a que se
determinó desde el primer momento que ese material constituía
chatarra.
A la postre apenas se recibieron 4.998 fusiles, que según se
comprobó luego habían sido dados de baja por el Ejército
argentino.
En su denuncia, Aspiazu cita al periodista rioplatense Daniel
Santoro, quien luego de investigar el tema escribió: "Nunca se
abrió juicio en Ecuador. (...) Según algunas fuentes esto se
debería también a que los militares ecuatorianos se quedaron con
coimas y ahora no quieren que se investigue qué pasó con la plata
que pagó el Estado ecuatoriano, más afectado que el argentino por
la corrupción".
Gallardo ratificó que el material llegó en malas condiciones,
pero aseguró que se cobraron todas las garantías y no se produjo
perjuicio alguno. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
el agravamiento de la crisis. Otros sostienen que si no renuncia
debe tomar medidas urgentes. Exigen rectificaciones en la actitud
y en el estilo de gobierno. El mandatario responsabiliza al
Congreso por su falta de cooperación. Y exige que se apruebe el
presupuesto para el año próximo.
El agravamiento de la crisis económica, reflejada en una
estampida del dólar que en
cuestión de tres meses prácticamente duplicó su
valor en sucres, ha dado lugar para que algunos
sectores pidieran la renuncia del presidente Jamil Mahuad.
"Jamil Mahuad no tiene escapatoria. O renuncia o accede al pedido
colectivo de que produzca urgentes rectificaciones en la
conducción de su gobierno", escribió en un diario local el
reputado analista Alfredo Negrete.
En semejante línea, el diario El Comercio de Quito advirtió que
"la situación se ha agravado y los que piden cambios lo están
haciendo con una amenaza de por medio: su destitución. En ese
sentido, se le está pidiendo al presidente que juegue. Y que
gane. No hay tiempo para dilaciones o para nuevos errores".
Sin embargo, una encuesta realizada por diario El Universo a doce
personalidades reconocidas a nivel nacional arrojó como resultado
que ninguno estaba de acuerdo con forzar la sucesión
presidencial. "El cambio de personas no arregla las cosas.
Seríamos un país irresponsable y la democracia quedaría en la
basura", declaró Mario Ruiz, presidente de la Conferencia
Episcopal Ecuatoriana.
Aun así, la mayoría de los consultados exigió urgentes cambios
tanto en la actitud como en el estilo de gobierno, considerado
falto de liderazgo y demasiado pasivo frente a una situación
social que se descompone aceleradamente.
"En este momento no conviene la salida del presidente. Pero si
dos meses después de aprobarse el presupuesto no llega a un
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no tiene que
renunciar, sólo coger sus maletas e irse", opinó Carlos Estrada,
presidente de la Junta Cívica de Guayaquil.
Presionado por estos pronunciamientos, el mandatario
responsabilizó al Congreso del deterioro de los indicadores
macroeconómicos, debido a la demora en aprobar el presupuesto
fiscal para el próximo año. Mahuad urgió a la Legislatura para
que apruebe el presupuesto, un requisito indispensable para
alcanzar una asistencia financiera del FMI de unos 1.400 millones
de dólares.
Ante la inculpación, la diputada socialdemócrata Cecilia Calderón
sostuvo que el mandatario "no sabe qué hacer, tiene que echarle
la culpa de la crisis a quien esté más a mano, y para él es el
Congreso".
Por su lado, el propio titular del Parlamento, Juan José Pons,
coideario democristiano de Mahuad, rechazó las declaraciones del
Presidente y aseguró que de acuerdo con la Constitución la
responsabilidad en la conducción de la política económica es de
competencia exclusiva del Ejecutivo y del Banco Central.
Pons señaló como una de las causas principales de la crisis la
política de salvataje bancario diseñada por el Ejecutivo, que ha
significado para el fisco una pérdida de alrededor de 1.500
millones de dólares. En respuesta a estos señalamientos, el
vocero del gobierno, Carlos Larreátegui, opinó que era absurdo
considerar la renuncia del presidente. Las Fuerzas Armadas, por
su parte, intentan transmitir prudencia, pero no se mantienen
ajenas al disenso.
"Hoy se vive en el país un ambiente nacional entremezclado de
factores negativos, interdependientes y rutinarios en la vida
diaria, como la inconformidad, la falta de credibilidad, la
desidia, la inseguridad, la inestabilidad, el regionalismo, las
pugnas, la pobreza, la injusticia social, el deterioro ambiental,
el desorden la ineficiencia, los escándalos, la apatía, la
ignorancia, y, lo más grave, el conformismo y la indolencia",
expresó el general Carlos Mendoza, jefe del Comando Conjunto de
las FF.AA.
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Presunto negociado
El sonado affaire de las armas compradas a la Argentina durante
el conflicto bélico con Perú, en 1995, volvió a cobrar actualidad
con las denuncias del ex banquero Fernando Aspiazu Seminario,
preso por recaudar impuestos que no fueron devueltos al fisco.
Desde su lugar de reclusión, Aspiazu Seminario denunció que el
actual ministro de Defensa, general (RE) José Gallardo Román,
quien para entonces desempeñaba iguales funciones, sería el
principal responsable del presunto negociado.
Según la documentación presentada, se habrían pagado 7.130.000
dólares por un lote de 8.000 fusiles de asalto FAL y 10 millones
de proyectiles, más el correspondiente transporte, pese a que se
determinó desde el primer momento que ese material constituía
chatarra.
A la postre apenas se recibieron 4.998 fusiles, que según se
comprobó luego habían sido dados de baja por el Ejército
argentino.
En su denuncia, Aspiazu cita al periodista rioplatense Daniel
Santoro, quien luego de investigar el tema escribió: "Nunca se
abrió juicio en Ecuador. (...) Según algunas fuentes esto se
debería también a que los militares ecuatorianos se quedaron con
coimas y ahora no quieren que se investigue qué pasó con la plata
que pagó el Estado ecuatoriano, más afectado que el argentino por
la corrupción".
Gallardo ratificó que el material llegó en malas condiciones,
pero aseguró que se cobraron todas las garantías y no se produjo
perjuicio alguno. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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