Hasta el final, los dirigentes de las Asambleas de Quito y Pichincha esperaron en vano la respuesta del Congreso. Fue entonces que hubo una decisión tácita de apoyo a la paralización, pues a la reunión convocada ayer, en el Consejo Provincial, no llegó nadie.

Por separado, el alcalde Paco Moncayo, y el prefecto Ramiro González siguieron los acontecimientos. La mayor preocupación del burgomaestre fue la amenaza de su similar del Tena, Washington Varela (PSP) quien advirtió que suspendería el suministro de agua para la capital desde las vertientes que provienen de esa provincia.

Desencajado y en tono molesto, el alcalde denunció que esta amenaza responde a las intenciones de Carondelet de sabotear las jornadas de protesta,. Estas incluirían una supuesta toma del relleno sanitario, del botadero de Zámbiza y de las estaciones de transferencia.

Por gestión del Gobierno central se ha contratado a personas para impedir el ingreso de los recolectores, denunció Moncayo, lo que fue negado desde el palacio de Carondelet.

“Espero que no hayan terroristas que pretendan dañar los servicios”, dijo el alcalde, al tiempo que amenazó con acciones legales ante organismos nacionales e internacionales acusando al Régimen de terrorismo de Estado.

En todo caso, todo quedó listo ayer para la paralización, que corría desde las cero horas de esta madrugada con el cierre de las principales vías.

El suministro de agua potable, energía, telecomunicaciones, el oleoducto, etc; serán resguardados por las Fuerzas Armadas, (FF.AA), según se confirmó a este Diario desde el Ministerio de Defensa.

Para ello, ayer, desde las 15:00, las autoridades militares se reunieron con el titular de Defensa, Nelson Herrera.

No se descarta la presencia de los uniformados en las vías de ingreso a la provincia, tras el anuncio de un bloqueo y en los 14 puntos de la ciudad, tampoco el uso de maquinaria pesada del Consejo y Municipio para garantizar el bloqueo. Según Harrison Vizcaino, subsecretario de Transporte, por pedido de todos los sectores del transporte que decidieron no plegar al paro, la Policía y los militares tienen instrucciones de habilitar las vías.

Asimismo, ayer hubo la presencia de indígenas en la capital, movidos por la dirigencia de la Conaie. Junto a los trabajadores de la salud y médicos y educadores rurales amenazan con una participación activa en las protestas, aunque separada de la Asamblea. Sus acciones están encaminadas a exigir reivindicaciones y retomar sus espacios como lo aclaró, Luis Macas, presidente de la Conaie. Su primera aparición la realizaron ayer en el parque El Arbolito. Unos 350 indígenas llegaron y discretos se sentaron indistintamente.

Los indígenas de Cangahua, Olmedo, Ayora, Juan Montalvo y Pedro Moncayo, arribaron a la capital, en 8 buses, sorprendiendo a la fuerza pública.

Cuenca, su segunda protesta

Mientras algunos ciudadanos recordaron ayer los 448 años de la fundación española de Cuenca, diferentes representantes de organizaciones sociales y otros sectores, se reunieron para delinear acciones y coordinar la diferentes actividades del paro preventivo convocado para hoy por la Asamblea Provincial en demanda de la restitución de la democracia, respeto a la Constitución y cese de la Corte Suprema de Justicia. La asociación de municipalidades, seguro social campesino, jubilados, juntas parroquiales, transportistas y artesanos en sus sedes planificaron las acciones a cumplirse desde las 00:00 dentro de la medida de hecho.

En la capital azuaya no habrá transporte público. Según Alejandro Narváez, secretario del sindicato Provincial de Choferes , hoy no laborarán los taxistas ni los choferes de los buses.

Por su parte, las juntas parroquiales coordinaron el cierre de las vías de ingreso a esta ciudad. El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, señaló que la decisión del Concejo de apoyar al paro, se dio luego de concluir el plazo otorgado al Gobierno Central para que cumpla con los requerimientos y necesidad de la ciudad.

Ante el anuncio de las diferentes protestas el Comando de Policía Número 6 del Azuay informó que mil cien uniformados resguardarán el orden tanto en la urbe como en las carreteras de acceso a Cuenca. Según Plácido Enríquez, titular de la Policía azuaya, la consigna sería impedir los bloqueos de las vías para lo cual se ha contratado unas diez grúas para retirar los vehículos que se crucen en las calzadas.

Enríquez advirtió que dichos automotores serán detenidos, mientras el operativo se complementará con el resguardo de los edificios públicos y el control de eventuales desmanes.

Las paralizaciones también se desarrollarán en otros cantones. Helioth Trelles, burgomaestre de Paute dijo que en este cantón se efectuarán movilizaciones paralelas a las de Cuenca, pero “con el mismo objetivo”.

En El Pan, Chordeleg y Gualaceo también se registrarán marchas contra el Gobierno Nacional.

En pie de lucha

Las demandas de obras en agenda

Cantones como Otavalo e Ibarra no plegarán a la paralización, aunque en el transcurso de hoy, las autoridades convocaron a marchas pacíficas por las principales calles de la ciudad.

Esperan que exista una participación masiva de la ciudadanía y de los diferentes sectores sociales y estudiantes universitarios y secundarios.

Las autoridades de Ibarra, liderados por su alcalde Pablo Jurado, (ID), demandan del Gobierno del presidente Gutiérrez, que se elabore una agenda básica de cinco puntos.

Entretanto, el cantón Cotacachi, tiene previsto sumarse al paro, por lo que se anunció el cierre de las vías de acceso a esa ciudad.

En el caso de las provincias centrales como Cotopaxi y Chimborazo, prevén acciones en contra del Régimen en demanda de obras. Ayer, en las dos provincias se cumplieron asambleas en coordinación de sus líderes indígenas.

Preocupa llegada de los indígenas

En quichua y luego en español, el presidente de la Conaie, Luis Macas, se refirió a los indígenas concentrados en el parque El Arbolito. Emocionados y atentos, lo escucharon durante casi veinte minutos, a pesar del incandescente sol.

Según Macas, es una lucha por el respeto a sus derechos como nacionalidades y pueblos, tras los intentos del Gobierno de dividirlos. Acusó al presidente Lucio Gutiérrez de quitarles su autonomía en el Codenpe, la Dirección Intercultural de Educación Biligüe y la Dirección de Salud. Humberto Cholango, de la Ecuarunari, denunció que personal de Bienestar Social fue a la comunidad Salasaca para evitar que se paralicen a cambio de arroz y la entrega de cuyes y chanchos. Existe una advertencia que llegarán más indígenas. Ayer, marcharon hasta el Ministerio de Educación.

Chimborazo se adhiere a Quito

El gobierno de la provincia, representado por el prefecto Mariano Curicama, resolvió plegar al paro provincial que se realizará a partir de hoy.

Los alcaldes de Riobamba, Penipe y Pallatanga; los diputados Guillermo Haro y Augusto Guerrero; los representantes de la Coordinadora Política de Mujeres; Red de Familiares de Migrantes, Consorcio de Juntas Parroquiales, Movimiento Indígena, estudiantes universitarios y politécnicos, trabajadores judiciales, sindicato de la Cemento Chimborazo, plantean ordenar a los cuatro legisladores de la provincia votar unitariamente a favor de la cesación de todas la cortes y tribunales de facto, y que el Gobierno Nacional asigne los recursos económicos necesarios para obras. Riobamba se apresta a conmemorar el 21 de abril su aniversario de emancipación, por lo que en los actos oficiales, no se recibirá a los personeros del Gobierno, si no se plantean soluciones definitivas a los problemas de la provincia.

Régimen tras el apoyo de Consejos

Para el régimen la vacancia judicial serviría para mejorar la gobernabilidad. con el fin de conseguir aprobar proyectos de ley como la reforma eléctrica y de hidrocarburos. Así opinaron tanto el subsecretario jurídico de la presidencia, Carlos Larrrea como el subsecretario de Gobierno Édison Carrera.

La vacancia es definida por los funcionarios como el limbo jurídico que significará la transición entre la actual Corte Suprema y la que se negocia en el Congreso. Para Larrea, este periodo facilitaría un ambiente viable para que el Gobierno negocie su agenda económica.

Igualmente abonaría a favor de la consulta popular, como sostiene Édison Carrera.

“La consulta se volvió indispensable para incorporar cualquier reforma dentro de la Constitución y evitar posteriores tergiversaciones”.

De su parte, el ministro de Gobierno, Óscar Ayerve consideró que “el régimen no está ganando tiempo ni oxígeno, pues lo que pase con la Corte en el Congreso no aportará en nada al proyecto del Gobierno”.

Sin embargo, la búsqueda de aliados no cesa, un ejemplo de lo anterior son varios prefectos.

El lunes, 5 prefectos y 9 delegados provinciales reiteraron su apoyo al régimen. El prefecto de Los Ríos, Jorge Marún (PRE) es el contacto para estas relaciones.

Marún reconoce que él gestó la reunión de 14 Consejos Provinciales que el lunes anterior apoyaron al Presidente de la República a las puertas del paro de la provincia de Pichincha.

“El jefe de Estado respondió a una solicitud que le hice en términos personales, pues consideraba que era momento de hablar sobre temas importantes para nuestras provincias”. Marún visitó el palacio de Gobierno en dos ocasiones este mes y la semana anterior estuvo en Quito para la reunión del Organismo Latinoamericano de Oganismos Intermedios (Olagi), del que es vicepresidente.

Para Marún la reunión fue productiva para los Consejos Provinciales, pues el mandatario escuchó las quejas de los Prefectos sobre la Secretaría Técnica de Remuneraciones (Senres), que hace poco fijó los límites salariales para estos funcionarios. Además afirmó se conversó sobre descentralización y autonomías. También se le hizo llegar un apoyo ante la amenaza de paro provincial.

En cambio, Montgomery Sánchez, prefecto de El Oro, sostuvo que asistió a la cita gracias a una invitación del ministerio de Gobierno y que la tomó como una oportunidad para manifestar su apoyo al régimen jurídico.

Ambos prefectos abandonaron la semana anterior una reunión del Consorcio de Consejos Provinciales (Concope) por considerarla “política”. En la misma el viceprefecto de Galápagos, Edmundo Sánchez se quejó por haber gastado 500 dólares de las arcas provinciales para una reunión “improductiva”.

El lunes anterior, la prefecta de esa provincia, Fanny Uribe estuvo presente en Palacio para respaldar al mandatario Lucio Gutiérrez.

Contención

La policía no reprimirá a los manifestantes, que hoy, iniciarán un paro provincial, aseguró el ministro Óscar Ayerve. El funcionario dijo que “la función es mantener el orden público, si la protesta atenta contra la seguridad o contra la infraestructura del Gobierno, pues deberán actuar”.

Más propaganda es lo que ofrece para hoy el secretario de Comunicación del Régimen, Iván Oña.

Lucio Gutiérrez afirmó en Manabí que no permitirá que la “ID y el PSC vuelvan a repartirse la Corte”. No permitiré nunca más que la política le vuelva a meter el brazo a la Justicia Ecuatoriana”.

Borbúa advierte con azotar a los opositores

Como medida para contrarrestar las movilizaciones en su contra, el Gobierno volvió a desplegar a ciudadanos de diferentes sectores del país.

En la tarde de ayer partieron de Guayaquil aproximadamente 80 buses con destino a Quito.

El organizador del viaje fue Renán Borbúa, primo del presidente Lucio Gutiérrez.

Borbúa utilizó tonos amenazantes a los opositores del régimen que hoy efectuarán marchas en diferentes ciudades del Ecuador.

“A punta de látigo y con ortiga de la Amazonia, les vamos a caer a estos sinvergüenzas”.

El Ministerio de Bienestar Social también hará un despliegue para apoyar al primer mandatario. Según el subsecretario de esta cartera de Estado, Bolívar González, hoy movilizará alrededor de 10 mil personas, entre ellos integrantes del sector indígena.

Aunque las autoridades gobiernistas no profundizaron en los detalles aseguraron que los miembros de Sociedad Patriótica se ubicaron desde la madrugada en sitios estratégicos para evitar los cierres de las vías de acceso a la capital.

González manifestó que si la oposición intenta llegar al palacio gubernamental y tomarse la Plaza Grande, serán reprimidos. “No vamos a permitir que se caotice el país, tampoco que tumben a Gutiérrez”. Entre las personas que el viceministro de Bienestar Social acusa de generar disturbios políticos consta el alcalde de Quito y el prefecto de Pichincha, Paco Moncayo y Ramiro González, respectivamente.

Mientras tanto el Gobierno anunció anoche que respetará las protestas de hoy.

“El régimen manifiesta su total respeto a las manifestaciones o marchas, siempre y cuando no se atente contra los derechos humanos, la propiedad privada, la preservación de la paz y la seguridad ciudadana”, expresó un comunicado divulgado por la Secretaría de Comunicación del Ejecutivo.

Asimismo, negó que el presidente Lucio Gutiérrez haya decretado la emergencia nacional ante la paralización convocada por las asambleas de Quito y de la provincia andina Pichincha.

“Ante la ola de rumores y versiones infundadas, la Secretaría general de Comunicación desmiente enfáticamente que el Presidente de la República haya decretado la emergencia nacional ante la suspensión de actividades”, señaló la cartera.

Además de las movilizaciones de Pichincha, también se efectuarán marchas en las provincias del Azuay, Chimborazo, Cañar e Imbabura.
EXPLORED
en Ciudad Quito

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