Siete compañías proporcionan "seguridad" en el distrito amazónico; en este año se registran 47 atentados
"Escalón más bajo" del sistema de seguridad resguarda las instalaciones de Petroecuador.
La filial Petroproducción contrata los servicios de siete compañías de guardianía privada; cada mes le toca el turno a una de ellas.
Las empresas cobran entre $1 000 y $1 200 por cada guardia. Estas les pagan alrededor de $520. En la foto, un pozo petrolero del Distrito Amazónico
La venta de crudo representa el 40% del Presupuesto General del Estado. Petroecuador ha proyectado los ingresos por la venta de petróleo en $3 500 millones para este año. El Presupuesto General del Estado es de $8 564 millones.
Estas cifras confirman que el petróleo se mantiene como la principal fuente de ingresos del país.
Los activos de Petroecuador están valorados en $3 700 millones. Esto incluye instalaciones, campamentos, edificaciones, pozos petroleros, tubería, oleoductos...
En el Distrito Amazónico de Petroecuador, del cuidado de todo esto se encargan siete empresas de guardianía privada, que se turnan cada mes, de acuerdo a los contratos firmados por Petroproducción.
El presidente de la estatal, Galo Chiriboga, manifiesta que la seguridad está a cargo de pequeñas compañías, las cuales no están preparadas para cuidar las instalaciones petroleras, que constituyen el mayor activo que tiene el Estado.
En los dos últimos dos años, Petroproducción ha contratado los servicios de las compañías Deneb, Seguen, Exelseguridad, Guarpi Ecuador, Armiled, Megaseguridad y Provigilance.
Estas proveen 11 grupos de guardias integrados por nueve hombres cada uno.
Ellos realizan patrullajes diurnos y nocturnos, en jornadas de 12 horas, explica un miembro del equipo de Seguridad Física de la filial, que pidió mantener el nombre en reserva.
El funcionario refiere que Petroproducción paga un promedio de $1 000 a $1 200 por cada guardia. Este mes, la seguridad fue contratada con la compañía Deneb, que paga a cada guardia, alrededor de $520, indica.
BLANCO Y NEGRO buscó al gerente de esta empresa, Carlos Jácome, quien dijo que no daría declaraciones hasta pasado mañana.
El ex director de Inteligencia del Comando Conjunto de las FFAA, general Juan Méndez, quien se ha especializado en materia de seguridad en Alemania, Estados Unidos y Argentina, señala que la guardianía es el peldaño más bajo de un sistema de seguridad.
Indica que un guardia se limita a pedir la cédula de los ciudadanos que pretenden ingresar a un lugar y hace patrullajes incipientes.
Según el experto, las empresas de guardianía no tienen planes de seguridad física, pues su personal trabaja sobre la base de consignas. Méndez también puntualiza que el cuidar las instalaciones petroleras no es una tarea fácil. Este trabajo requiere una preparación técnica de alto nivel. (LVA/AA)
"Zona muy sensible no tuvo el cuidado merecido"
Alrededor de 350 indígenas de la comunidad Siona utilizan los recursos del bosque para su subsistencia
Documentos certificados de Petroecuador dan cuenta que en este año se han producido 117 derrames de petróleo, de los cuales 46 han sido provocados por atentados a las instalaciones de la empresa.
El último derrame, por un sabotaje a un oleoducto secundario, se produjo el viernes 18 de agosto, en el campo Cuyabeno y afectó una reserva natural. El Ministerio de Ambiente informó que en ese ecosistema habitan grupos indígenas sionas.
Alrededor de 350 personas utilizan los recursos del bosque para su subsistencia, indica en un informe.
Este derrame nunca debió producirse, según la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Dinapa) del Ministerio de Energía, si es que Petroecuador hubiera tenido un buen sistema de control. Esa zona de alta sensibilidad no contó con el cuidado merecido, según consta en un documento oficial de la entidad.
Cuando esto ocurrió, estaba a cargo de proporcionar seguridad la compañía guayaquileña Megaseguridad, cuyo gerente, Carlos Dávila, no ofreció declaraciones para este reportaje porque sus asistentes dijeron que se hallaba enfermo y no podía hablar sobre el tema.
BLANCO Y NEGRO solo quería preguntarle si había una patrulla en la zona, toda vez que los contratos les obligan a cumplir turnos de 12 horas, durante el día y por la noche. (AA)
Más de $2 millones al año para labor poco eficaz
"No es la primera vez que sucede este tipo de atentados", señala un supervisor en un informe
En Petroproducción no hay una Gerencia de Seguridad, por lo que no se puede hablar de un plan para evitar los derrames provocados por sabotaje y los robos en sus instalaciones.
No obstante, gastaría $180 mil mensuales en pagos a las empresas de guardianía. La cifra sale de calcular lo que paga la empresa por cada guardia de seguridad (ver nota principal); esto suma $2 160 000 anuales.
Al referirse al derrame en el Cuyabeno, el supervisor de ese campo, Renné Rivadeneyra, manifestó no es la primera vez que sucede este tipo de atentados, los cuales nos ocasionan problemas con la comunidad afectada y pérdidas en la producción diaria del campo.
Pese a ello, la patrulla de seguridad física (Megaseguridad) se habría enterado después de ocurrido el atentado.
Así se desprende de un memorando elaborado por Vicente Acurio, supervisor de Protección Ambiental de Cuyabeno, donde menciona que se dio aviso a la patrulla..., entre las acciones tomadas luego de ocurrido el derrame.
Lo peor del caso es que ni funcionó la patrulla ni Petroproducción tiene un sistema de alerta de derrames. Esto último lo señala un informe técnico de inspección del Ministerio de Energía. De esta forma es imposible detectar la existencia de una fuga de petróleo en el instante mismo del suceso, según consta en el documento. (AA).
Millones se van en pagar indemnizaciones a los dueños de los terrenos afectados
ALGUNAS PERSONAS HAN cobrado hasta nueve veces porque los derrames se producen en los mismos lugares; los pobladores exigen ser contratados para las labores de limpieza
Con un cortafrío, similar al de la fotografía, habrían cortado la tubería en el campo Cuyabeno. El corte lo puede realizar una persona en menos de cinco minutos
En los últimos tres años, Petroecuador ha pagado $2 073 106 por indemnizaciones a los propietarios de terrenos afectados por derrames. Estos se producen por atentados, corrosión de tuberías, fallas humanas, fallas de los equipos, deslaves.
Varios listados de contaminación elaborados por técnicos de la estatal dan cuenta de que algunos derrames se han repetido en los mismos lugares, por eso sus propietarios han cobrado indemnizaciones en más de una ocasión.
Por ejemplo, Luis Emilio Lapo ha cobrado once veces, en 2004, 2005 y 2006. Él posee tierras en la zona del campo Auca Sur, en Orellana.
Asimismo, Rosa Mantilla Angulo cobró indemnizaciones en cuatro ocasiones, en 2003, 2004, 2005 y 2006.
Incluso Piedad Borja, sobre quien recae la sospecha de haber provocado el último atentado en el Cuyabeno y que guarda prisión en Lago Agrio, cobró una indemnización en julio de 2003.
El presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga, reconoce que el costo de las indemnizaciones es oneroso. Por eso pretende hacer un levantamiento satelital de los terrenos por donde atraviesa la tubería a fin de comprarlos. Esto será más barato que continuar pagando a los propietarios, dice.
A su vez, el jefe de Protección Ambiental del Distrito Amazónico, Carlos Freire, manifiesta que el pago de indemnizaciones no compensa el daño ecológico. Eso es lo que quiere que entiendan los pobladores, quienes, además, exigen ser contratados para las labores de limpieza y de remediación ambiental.
La cantidad de comuneros que se emplean en estas tareas depende de la gravedad del caso.
En la limpieza d el derrame del Cuyabeno participaron desde niños de 12 años, pues ganaban $17 diarios por persona. Normalmente, en esa zona perciben $10 por el alquiler de lanchas para el turismo. (LVA/AA).
"Con la plata que reciba me compraré carro nuevo"
En los últimos tres años, la estatal ha recibido 1 565 reclamos. Todos los ha pagado con fondos propios
"Con la plata que me paguen por la indemnización me compraré un carro nuevo. Esta frase, atribuida a Piedad Borja, por un morador de la zona del Cuyabeno y que consta en un memorando enviado al jefe de seguridad física del Distrito Amazónico, retrata la intención de fondo de los derrames provocados por atentados. En lo que va de este ya se han registrado 47 solo por esa causa.
El año anterior hubo 70 atentados; en 2004 se contabilizaron 39 y en 2003 hubo 34.
Estas cifras constan en las estadísticas de derrames de Petroproducción.
Los pagos que realiza Petroecuador por indemnizaciones no están cubiertos por los seguros, porque no superan los deducibles. Los montos oscilan entre $100 y $34 mil. Estos costos los asume la estatal. En los últimos tres años ha pagado por 1 565 reclamos. (LVA/AA)
Las pólizas cubren desde $2,5 millones
Los gastos de limpieza y descontaminación están amparados por el seguro de responsabilidad civil
El jefe de Seguros de Petroecuador, Gonzalo Cerón, manifiesta que la empresa tiene 18 pólizas contratadas con la empresa Colonial. Estas se vencerán el 10 de enero de 2007.
Las pólizas cubren los activos de la estatal y la responsabilidad civil. Cada una asegura un valor de $50 millones, por lo que el total alcanza los $900 millones.
Las pólizas son contratadas por Petroecuador, pero cada filial se encarga de administrarlas y del mantenimiento de los activos asegurados. También deben inspeccionar y documentar los siniestros, a fin de obtener las reposiciones correspondientes.
Los gastos de contingencia, descontaminación de derrames, limpieza, remediación e indemnizaciones a terceros están amparados por la póliza de responsabilidad civil. Esta tiene un deducible de $2,5 millones para daños materiales y $100 mil para daños ocasionados a personas.
La cuenta de Petroecuador está reasegurada en el 99,9% en el exterior (en Londres con cerca de 60 reaseguradoras), cuando la dispersión del riesgo es más amplia la garantía mejora, afirma. No reportamos los siniestros a la aseguradora mientras no confirmemos que sobrepasen el deducible.
¿El motivo? Dar aviso de todos los siniestros perjudicaría a Petroecuador, porque las aseguradoras pensarían que es una empresa insegura y, cuando debamos contratar un nuevo seguro, ellos podrían aducir un aumento de costos en la prima, concluye. (LVA)
Empresa cuestionada por la cccc está en el consorcio para la remediación del Cuyabeno
HASTA HACE DOS DÍAS, Petroecuador estaba obligada a contratar con cuatro empresas que contaban con certificaciones internacionales ISO y OSHAS; el TC echó abajo el amparo
Ecuavital, una de las cuatro empresas que integran el consorcio Remediación Cuyabeno, fue cuestionada por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), hace dos años.
Las presuntas irregularidades detectadas por el organismo también fueron atribuidas a Petroecuador.
En 2004 se produjo un derrame en el pozo Parcayacu 2, ubicado en la provincia de Orellana. La estatal adjudicó el contrato de remediación a Ecuavital, por $15,3 millones.
Para empezar, según la CCCC, ese monto exigía un informe previo del Procurador del Estado, lo que no fue solicitado por la estatal.
La remediadora empezó las labores de limpieza el 19 de mayo de 2004, un día después de producido el suceso.
Esto se hizo por la vía de una orden de trabajo, la cual, según el reglamento de la estatal petrolera debió haber sido firmada antes del inicio de la labor. Además, estas órdenes solo duran 90 días.
En contra de sus propios reglamentos, según Anticorrupción, la estatal Petroecuador emitió la orden de trabajo 150 días después: el 12 de octubre de 2004. Curiosamente, dos días antes de eso las partes firmaron un acta de entrega-recepción parcial.
Lo señalado demuestra que primero se permitió la ejecución del trabajo, se suscribieron las actas y posteriormente se procedió a aprobar la orden de trabajo, indica el informe de la Comisión Anticorrupción. Esto se iría contra el orden lógico de los actos administrativos.
La CCCC también cuestionó el hecho de que la empresa se había comprometido a evitar la expansión del derrame más allá de 7 kilómetros en el cauce del río Lágrimas de Conejo.
No obstante, en el curso del trabajo de remediación, el crudo se propagó otros cuatro kilómetros, según informó el coordinador de Protección Integral, Giovanni Álvarez al superintendente del Distrito Amazónico. En total, la Comisión hizo 74 observaciones al contrato.
Actualmente, Ecuavital forma parte del consorcio que remediará el derrame ocurrido el pasado 18 de agosto en el Cuyabeno, junto a Cogemimpa, Garner y Justice.
Hasta el 20 de septiembre de este año, Petroecuador solo podía contratar con esas firmas esta clase de trabajos, gracias a un amparo constitucional que impedía realizar esa labor a las empresas que no tienen las certificaciones sobre normas internacionales OSHAS e ISO.
Esa resolución, tomada por el Tribunal Contencioso de Guayaquil, fue revocada hace dos días por la primera sala del Tribunal Constitucional (TC).
En mayor o menor monto, actualmente las cuatro remediadoras, por separado, son contratistas de Petroecuador: Justice con dos órdenes por un total de $879 502, en los pozos Guanta y Parahuaco; Cogemimpa, tiene tres órdenes, por $4 416 060, en El Eno y Auca 29.
La compañía Garner tiene dos órdenes de trabajo, que suman $1 666 002, en Auca 3 y Secoya; mientras Ecuavital, tiene una orden por $12 657 980, en el campo Ocano. (LVA/AA)
Las denuncias se quedan en eso solo una vez hallaron a los presuntos responsables
En los últimos tres años, Petroecuador ha planteado 73 denuncias por contaminación ambiental, atentado, sabotaje y robo, en la Fiscalía de Sucumbíos.
Solo una superó la etapa de indagación previa y pasó a instrucción: la del último derrame en el Cuyabeno.
El procurador de la empresa, Jaime Pinos, justifica a sus abogados, pese a que ganan sueldos promedio de $1 600.
Dice que no hay negligencia en el seguimiento de las denuncias, pues su deber es presentarlas; "la investigación corresponde hacer a la Fiscalía y a la Policía", indica.
Pinos añade que sus abogados, como denunciantes, proporcionan toda la información posible para que las investigaciones puedan realizarse. (LVA)
PUNTO DE VISTA
Es necesario un giro de timón
La empresa estatal Petroecuador es una de las más importantes del país, con activos que llegan a los $3 700 millones.
La importancia de la estatal es tanta, que el Ministerio de Economía ha proyectado en el Presupuesto de este año ingresos de $3 500 millones por la venta de petróleo; es decir, financia el 40% del Presupuesto del Estado de este año.
Estos antecedentes son necesarios para recordar que cualquier problema que afecte a la empresa debe ser tratado como un asunto nacional.
Por lo tanto no es posible que las autoridades sigan sordas y mudas a una realidad escalofriante: el oleoducto de la empresa está desprotegido, por negligencia de las autoridades que no han querido invertir en sistemas de protección para evitar los atentados que han desangrado a la estatal.
Petroproducción ha encargado de la vigilancia de los oleoductos a siete empresas de guardianía privada, que se turnan cada mes.
Once grupos de nueve guardias cada uno deben realizar patrullajes, en jornadas de 12 horas.
Pero pese a ello han ocurrido solo este año117 derrames de petróleo, y de ellos 46 han sido provocados por atentados.
En los últimos tres años, Petroecuador ha pagado a los propietarios de los terrenos que han sido afectados, solo por indemnizaciones, más de $2millones. Y no solo eso.
Los gatos para hacer la remediación han sido todavía más exorbitantes.
Los únicos que pierden por esta negligencia para enfrentar un problema recurrente han sido los ecuatorianos. No solo porque dinero que podría ser utilizado en obras de infraestructura, salud y educación está sirviendo solo para alimentar pequeñas mafias, sino porque además se está quedando sin sus valiosos recursos naturales.
El último derrame no solo va a significar un gran gasto para la estatal, sino que ha puesto en peligro una de las zonas más biodiversas del mundo: la reserva del Cuyabeno. Ya es hora de que alguien haga algo. (Blanco y Negro)
"Escalón más bajo" del sistema de seguridad resguarda las instalaciones de Petroecuador.
La filial Petroproducción contrata los servicios de siete compañías de guardianía privada; cada mes le toca el turno a una de ellas.
Las empresas cobran entre $1 000 y $1 200 por cada guardia. Estas les pagan alrededor de $520. En la foto, un pozo petrolero del Distrito Amazónico
La venta de crudo representa el 40% del Presupuesto General del Estado. Petroecuador ha proyectado los ingresos por la venta de petróleo en $3 500 millones para este año. El Presupuesto General del Estado es de $8 564 millones.
Estas cifras confirman que el petróleo se mantiene como la principal fuente de ingresos del país.
Los activos de Petroecuador están valorados en $3 700 millones. Esto incluye instalaciones, campamentos, edificaciones, pozos petroleros, tubería, oleoductos...
En el Distrito Amazónico de Petroecuador, del cuidado de todo esto se encargan siete empresas de guardianía privada, que se turnan cada mes, de acuerdo a los contratos firmados por Petroproducción.
El presidente de la estatal, Galo Chiriboga, manifiesta que la seguridad está a cargo de pequeñas compañías, las cuales no están preparadas para cuidar las instalaciones petroleras, que constituyen el mayor activo que tiene el Estado.
En los dos últimos dos años, Petroproducción ha contratado los servicios de las compañías Deneb, Seguen, Exelseguridad, Guarpi Ecuador, Armiled, Megaseguridad y Provigilance.
Estas proveen 11 grupos de guardias integrados por nueve hombres cada uno.
Ellos realizan patrullajes diurnos y nocturnos, en jornadas de 12 horas, explica un miembro del equipo de Seguridad Física de la filial, que pidió mantener el nombre en reserva.
El funcionario refiere que Petroproducción paga un promedio de $1 000 a $1 200 por cada guardia. Este mes, la seguridad fue contratada con la compañía Deneb, que paga a cada guardia, alrededor de $520, indica.
BLANCO Y NEGRO buscó al gerente de esta empresa, Carlos Jácome, quien dijo que no daría declaraciones hasta pasado mañana.
El ex director de Inteligencia del Comando Conjunto de las FFAA, general Juan Méndez, quien se ha especializado en materia de seguridad en Alemania, Estados Unidos y Argentina, señala que la guardianía es el peldaño más bajo de un sistema de seguridad.
Indica que un guardia se limita a pedir la cédula de los ciudadanos que pretenden ingresar a un lugar y hace patrullajes incipientes.
Según el experto, las empresas de guardianía no tienen planes de seguridad física, pues su personal trabaja sobre la base de consignas. Méndez también puntualiza que el cuidar las instalaciones petroleras no es una tarea fácil. Este trabajo requiere una preparación técnica de alto nivel. (LVA/AA)
"Zona muy sensible no tuvo el cuidado merecido"
Alrededor de 350 indígenas de la comunidad Siona utilizan los recursos del bosque para su subsistencia
Documentos certificados de Petroecuador dan cuenta que en este año se han producido 117 derrames de petróleo, de los cuales 46 han sido provocados por atentados a las instalaciones de la empresa.
El último derrame, por un sabotaje a un oleoducto secundario, se produjo el viernes 18 de agosto, en el campo Cuyabeno y afectó una reserva natural. El Ministerio de Ambiente informó que en ese ecosistema habitan grupos indígenas sionas.
Alrededor de 350 personas utilizan los recursos del bosque para su subsistencia, indica en un informe.
Este derrame nunca debió producirse, según la Dirección Nacional de Protección Ambiental (Dinapa) del Ministerio de Energía, si es que Petroecuador hubiera tenido un buen sistema de control. Esa zona de alta sensibilidad no contó con el cuidado merecido, según consta en un documento oficial de la entidad.
Cuando esto ocurrió, estaba a cargo de proporcionar seguridad la compañía guayaquileña Megaseguridad, cuyo gerente, Carlos Dávila, no ofreció declaraciones para este reportaje porque sus asistentes dijeron que se hallaba enfermo y no podía hablar sobre el tema.
BLANCO Y NEGRO solo quería preguntarle si había una patrulla en la zona, toda vez que los contratos les obligan a cumplir turnos de 12 horas, durante el día y por la noche. (AA)
Más de $2 millones al año para labor poco eficaz
"No es la primera vez que sucede este tipo de atentados", señala un supervisor en un informe
En Petroproducción no hay una Gerencia de Seguridad, por lo que no se puede hablar de un plan para evitar los derrames provocados por sabotaje y los robos en sus instalaciones.
No obstante, gastaría $180 mil mensuales en pagos a las empresas de guardianía. La cifra sale de calcular lo que paga la empresa por cada guardia de seguridad (ver nota principal); esto suma $2 160 000 anuales.
Al referirse al derrame en el Cuyabeno, el supervisor de ese campo, Renné Rivadeneyra, manifestó no es la primera vez que sucede este tipo de atentados, los cuales nos ocasionan problemas con la comunidad afectada y pérdidas en la producción diaria del campo.
Pese a ello, la patrulla de seguridad física (Megaseguridad) se habría enterado después de ocurrido el atentado.
Así se desprende de un memorando elaborado por Vicente Acurio, supervisor de Protección Ambiental de Cuyabeno, donde menciona que se dio aviso a la patrulla..., entre las acciones tomadas luego de ocurrido el derrame.
Lo peor del caso es que ni funcionó la patrulla ni Petroproducción tiene un sistema de alerta de derrames. Esto último lo señala un informe técnico de inspección del Ministerio de Energía. De esta forma es imposible detectar la existencia de una fuga de petróleo en el instante mismo del suceso, según consta en el documento. (AA).
Millones se van en pagar indemnizaciones a los dueños de los terrenos afectados
ALGUNAS PERSONAS HAN cobrado hasta nueve veces porque los derrames se producen en los mismos lugares; los pobladores exigen ser contratados para las labores de limpieza
Con un cortafrío, similar al de la fotografía, habrían cortado la tubería en el campo Cuyabeno. El corte lo puede realizar una persona en menos de cinco minutos
En los últimos tres años, Petroecuador ha pagado $2 073 106 por indemnizaciones a los propietarios de terrenos afectados por derrames. Estos se producen por atentados, corrosión de tuberías, fallas humanas, fallas de los equipos, deslaves.
Varios listados de contaminación elaborados por técnicos de la estatal dan cuenta de que algunos derrames se han repetido en los mismos lugares, por eso sus propietarios han cobrado indemnizaciones en más de una ocasión.
Por ejemplo, Luis Emilio Lapo ha cobrado once veces, en 2004, 2005 y 2006. Él posee tierras en la zona del campo Auca Sur, en Orellana.
Asimismo, Rosa Mantilla Angulo cobró indemnizaciones en cuatro ocasiones, en 2003, 2004, 2005 y 2006.
Incluso Piedad Borja, sobre quien recae la sospecha de haber provocado el último atentado en el Cuyabeno y que guarda prisión en Lago Agrio, cobró una indemnización en julio de 2003.
El presidente de Petroecuador, Galo Chiriboga, reconoce que el costo de las indemnizaciones es oneroso. Por eso pretende hacer un levantamiento satelital de los terrenos por donde atraviesa la tubería a fin de comprarlos. Esto será más barato que continuar pagando a los propietarios, dice.
A su vez, el jefe de Protección Ambiental del Distrito Amazónico, Carlos Freire, manifiesta que el pago de indemnizaciones no compensa el daño ecológico. Eso es lo que quiere que entiendan los pobladores, quienes, además, exigen ser contratados para las labores de limpieza y de remediación ambiental.
La cantidad de comuneros que se emplean en estas tareas depende de la gravedad del caso.
En la limpieza d el derrame del Cuyabeno participaron desde niños de 12 años, pues ganaban $17 diarios por persona. Normalmente, en esa zona perciben $10 por el alquiler de lanchas para el turismo. (LVA/AA).
"Con la plata que reciba me compraré carro nuevo"
En los últimos tres años, la estatal ha recibido 1 565 reclamos. Todos los ha pagado con fondos propios
"Con la plata que me paguen por la indemnización me compraré un carro nuevo. Esta frase, atribuida a Piedad Borja, por un morador de la zona del Cuyabeno y que consta en un memorando enviado al jefe de seguridad física del Distrito Amazónico, retrata la intención de fondo de los derrames provocados por atentados. En lo que va de este ya se han registrado 47 solo por esa causa.
El año anterior hubo 70 atentados; en 2004 se contabilizaron 39 y en 2003 hubo 34.
Estas cifras constan en las estadísticas de derrames de Petroproducción.
Los pagos que realiza Petroecuador por indemnizaciones no están cubiertos por los seguros, porque no superan los deducibles. Los montos oscilan entre $100 y $34 mil. Estos costos los asume la estatal. En los últimos tres años ha pagado por 1 565 reclamos. (LVA/AA)
Las pólizas cubren desde $2,5 millones
Los gastos de limpieza y descontaminación están amparados por el seguro de responsabilidad civil
El jefe de Seguros de Petroecuador, Gonzalo Cerón, manifiesta que la empresa tiene 18 pólizas contratadas con la empresa Colonial. Estas se vencerán el 10 de enero de 2007.
Las pólizas cubren los activos de la estatal y la responsabilidad civil. Cada una asegura un valor de $50 millones, por lo que el total alcanza los $900 millones.
Las pólizas son contratadas por Petroecuador, pero cada filial se encarga de administrarlas y del mantenimiento de los activos asegurados. También deben inspeccionar y documentar los siniestros, a fin de obtener las reposiciones correspondientes.
Los gastos de contingencia, descontaminación de derrames, limpieza, remediación e indemnizaciones a terceros están amparados por la póliza de responsabilidad civil. Esta tiene un deducible de $2,5 millones para daños materiales y $100 mil para daños ocasionados a personas.
La cuenta de Petroecuador está reasegurada en el 99,9% en el exterior (en Londres con cerca de 60 reaseguradoras), cuando la dispersión del riesgo es más amplia la garantía mejora, afirma. No reportamos los siniestros a la aseguradora mientras no confirmemos que sobrepasen el deducible.
¿El motivo? Dar aviso de todos los siniestros perjudicaría a Petroecuador, porque las aseguradoras pensarían que es una empresa insegura y, cuando debamos contratar un nuevo seguro, ellos podrían aducir un aumento de costos en la prima, concluye. (LVA)
Empresa cuestionada por la cccc está en el consorcio para la remediación del Cuyabeno
HASTA HACE DOS DÍAS, Petroecuador estaba obligada a contratar con cuatro empresas que contaban con certificaciones internacionales ISO y OSHAS; el TC echó abajo el amparo
Ecuavital, una de las cuatro empresas que integran el consorcio Remediación Cuyabeno, fue cuestionada por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), hace dos años.
Las presuntas irregularidades detectadas por el organismo también fueron atribuidas a Petroecuador.
En 2004 se produjo un derrame en el pozo Parcayacu 2, ubicado en la provincia de Orellana. La estatal adjudicó el contrato de remediación a Ecuavital, por $15,3 millones.
Para empezar, según la CCCC, ese monto exigía un informe previo del Procurador del Estado, lo que no fue solicitado por la estatal.
La remediadora empezó las labores de limpieza el 19 de mayo de 2004, un día después de producido el suceso.
Esto se hizo por la vía de una orden de trabajo, la cual, según el reglamento de la estatal petrolera debió haber sido firmada antes del inicio de la labor. Además, estas órdenes solo duran 90 días.
En contra de sus propios reglamentos, según Anticorrupción, la estatal Petroecuador emitió la orden de trabajo 150 días después: el 12 de octubre de 2004. Curiosamente, dos días antes de eso las partes firmaron un acta de entrega-recepción parcial.
Lo señalado demuestra que primero se permitió la ejecución del trabajo, se suscribieron las actas y posteriormente se procedió a aprobar la orden de trabajo, indica el informe de la Comisión Anticorrupción. Esto se iría contra el orden lógico de los actos administrativos.
La CCCC también cuestionó el hecho de que la empresa se había comprometido a evitar la expansión del derrame más allá de 7 kilómetros en el cauce del río Lágrimas de Conejo.
No obstante, en el curso del trabajo de remediación, el crudo se propagó otros cuatro kilómetros, según informó el coordinador de Protección Integral, Giovanni Álvarez al superintendente del Distrito Amazónico. En total, la Comisión hizo 74 observaciones al contrato.
Actualmente, Ecuavital forma parte del consorcio que remediará el derrame ocurrido el pasado 18 de agosto en el Cuyabeno, junto a Cogemimpa, Garner y Justice.
Hasta el 20 de septiembre de este año, Petroecuador solo podía contratar con esas firmas esta clase de trabajos, gracias a un amparo constitucional que impedía realizar esa labor a las empresas que no tienen las certificaciones sobre normas internacionales OSHAS e ISO.
Esa resolución, tomada por el Tribunal Contencioso de Guayaquil, fue revocada hace dos días por la primera sala del Tribunal Constitucional (TC).
En mayor o menor monto, actualmente las cuatro remediadoras, por separado, son contratistas de Petroecuador: Justice con dos órdenes por un total de $879 502, en los pozos Guanta y Parahuaco; Cogemimpa, tiene tres órdenes, por $4 416 060, en El Eno y Auca 29.
La compañía Garner tiene dos órdenes de trabajo, que suman $1 666 002, en Auca 3 y Secoya; mientras Ecuavital, tiene una orden por $12 657 980, en el campo Ocano. (LVA/AA)
Las denuncias se quedan en eso solo una vez hallaron a los presuntos responsables
En los últimos tres años, Petroecuador ha planteado 73 denuncias por contaminación ambiental, atentado, sabotaje y robo, en la Fiscalía de Sucumbíos.
Solo una superó la etapa de indagación previa y pasó a instrucción: la del último derrame en el Cuyabeno.
El procurador de la empresa, Jaime Pinos, justifica a sus abogados, pese a que ganan sueldos promedio de $1 600.
Dice que no hay negligencia en el seguimiento de las denuncias, pues su deber es presentarlas; "la investigación corresponde hacer a la Fiscalía y a la Policía", indica.
Pinos añade que sus abogados, como denunciantes, proporcionan toda la información posible para que las investigaciones puedan realizarse. (LVA)
PUNTO DE VISTA
Es necesario un giro de timón
La empresa estatal Petroecuador es una de las más importantes del país, con activos que llegan a los $3 700 millones.
La importancia de la estatal es tanta, que el Ministerio de Economía ha proyectado en el Presupuesto de este año ingresos de $3 500 millones por la venta de petróleo; es decir, financia el 40% del Presupuesto del Estado de este año.
Estos antecedentes son necesarios para recordar que cualquier problema que afecte a la empresa debe ser tratado como un asunto nacional.
Por lo tanto no es posible que las autoridades sigan sordas y mudas a una realidad escalofriante: el oleoducto de la empresa está desprotegido, por negligencia de las autoridades que no han querido invertir en sistemas de protección para evitar los atentados que han desangrado a la estatal.
Petroproducción ha encargado de la vigilancia de los oleoductos a siete empresas de guardianía privada, que se turnan cada mes.
Once grupos de nueve guardias cada uno deben realizar patrullajes, en jornadas de 12 horas.
Pero pese a ello han ocurrido solo este año117 derrames de petróleo, y de ellos 46 han sido provocados por atentados.
En los últimos tres años, Petroecuador ha pagado a los propietarios de los terrenos que han sido afectados, solo por indemnizaciones, más de $2millones. Y no solo eso.
Los gatos para hacer la remediación han sido todavía más exorbitantes.
Los únicos que pierden por esta negligencia para enfrentar un problema recurrente han sido los ecuatorianos. No solo porque dinero que podría ser utilizado en obras de infraestructura, salud y educación está sirviendo solo para alimentar pequeñas mafias, sino porque además se está quedando sin sus valiosos recursos naturales.
El último derrame no solo va a significar un gran gasto para la estatal, sino que ha puesto en peligro una de las zonas más biodiversas del mundo: la reserva del Cuyabeno. Ya es hora de que alguien haga algo. (Blanco y Negro)
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