Permiso Para Viajar

PERMISO PARA VIAJAR Por Juan Pablo Moncagatta

Quito. 12-07-91. (Editorial) El Tribunal de Garantías
Constitucionales se pone cicatero cuando el presidente de la
República le pide permiso para viajar fuera del país.

Según la Real Academia cicatero es aquel que "escatima lo que
debe dar" o el que "da importancia a pequeñas cosas o se
ofende por ellas". La definición calza como el guante a la
mano en varios miembros del TGC.

Sí, lo sabemos. La Constitución obliga al jefe del Estado a
pedir permiso para viajar, y la solicitud debe dirigirse al
Congreso o, en su receso, al TGC. Es una disposición
anticuada, que proviene de la época en que un viaje al
exterior era cosa extraordinaria, cuando la distancia hacía
difícil estar informado de lo que ocurría en el Ecuador.

El avance increíble de las comunicaciones ha derrotado por
completo a esa dificultad. Los enlaces por satélite, la
telefonía, la calidad alcanzada por la radio, permiten hoy día
estar avisado al instante de lo que ocurre a miles de
kilómetros.

Es tanto lo que ha ocurrido en la técnica de las
comunicaciones, que puede darse la paradoja que un ecuatoriano
pueda enterarse mejor de lo que sucede en su país si está de
paso por Londres que si vive en Jipijapa o en Zaruma.

Las reuniones internacionales son en la actualidad algo muy
frecuente entre jefes de Estado. La dinámica contemporánea y
la planetización de la política y la economía las vuelven
indispensables. Los gobernantes de los países desarrollados
dedican por lo menos la mitad de su tiempo a los asuntos
internacionales, no por un superficial cosmopolitismo, sino
porque están conscientes que los factores externos inciden
poderosamente en el destino de sus pueblos.

Cuando el presidente de la República se ausenta el gobierno
sigue funcionando: queda un vicepresidente, los ministros y
toda la nomenclatura del aparato estatal. En teoría, nada se
detiene, aunque desde ahora los vicepresidentes se cuidarán
mucho de ejercer la plenitud de sus atribuciones cuando queden
encargados del poder.

Si los miembros del TGC entendieran así las cosas, tendrían
que convenir en que eso del permiso para viajar es una mera
formalidad impuesta por el texto constitucional. Aunque su
letra les permita entrar en análisis y disquisiciones sobre la
utilidad o no del viaje, deberían reconocer que ellos carecen
de la información completa para hacer ese examen, y por eso
deben dejar el asunto al mejor criterio del gobernante, que se
supone dispuesto a viajar sólo cuando es necesario o
provechoso.

Pero ocurre que el TGC tiene muy poco poder real. Sus
resoluciones de importancia son apelables ante el Congreso,
que las puede convertir en papel quemado. Y entonces se
aferra al pequeñito poder que le queda: ponerle trabas al
presidente es una demostración de autoridad que engolosina el
ego de sus miembros.

En una ocasión anterior, cuando el presidente Borja debía
viajar a Francia, el TGC ya hizo valer su papel y lo puso a
sufrir hasta el último minuto antes de darle el permiso.
Claro que en esa oportunidad había un factor psicológico
adicional: Borja iba a recibir una alta distinción de la
Sorbona, y eso producía urticaria en los envidiosos de
siempre, que todavía no le perdonan el hecho.

Ahora se ha revelado el ánimo pequeño de los que quieren
demostrar su importancia. ­Cómo vamos a tramitar el permiso
tan rápidamente! ­Qué espere el presidente! Me recuerdan a
los burócratas que reciben a sus visitantes sólo después de
tenerlos por lo menos media hora haciendo antesala. O a
aquellos energúmenos que cuando un policía les pide una
credencial exclaman indignados: ¿Usted no sabe con quién está
hablando!

El gracejo popular ha acuñado un dicho: "autoridad que no
abusa, se desprestigia". Hoy es con Borja, mañana lo será con
cualquier otro. (4-A).