Quito. 21 abr 97. El debate por la ratificación del acuerdo
sobre protección intelectual volverá a la agenda legislativa.
Opositores y aliados bajaron la guardia.
La puesta en vigencia del convenio para Protección y
Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual, firmado
hace más de tres años por los gobiernos de Ecuador y Estados
Unidos, vuelve a quedar en manos del Congreso Nacional.
El Legislativo incluyó, en el sexto punto del congreso
extraordinario la ratificación de este acuerdo firmado en
octubre de 1993 y que al interior del país causó polémica,
principalmente por la oposición de la industria farmacéutica
local y grupos ecologistas.
La ratificación del convenio, según la agenda del Congreso,
podría tratarse la próxima semana.
El asunto perdió actualidad hace más de 4 meses, por lo que
ninguno de los sectores involucrados sabía de la inclusión en
la agenda y más bien, en las conversaciones con este diario se
mostraron dudosos de que el Congreso tome una resolución.
Bernardo Tobar, de la Asociación Ecuatoriana de Productores de
Software (Aesoft) y uno de los defensores del convenio, es de
la idea de que el tema se decida de una buena vez.
La opinión la comparte Gil Barragán, fundador de la Asociación
de Productores Farmacéuticos (Alafar) que agrupa a
laboratorios locales y es contraria a la vigencia del acuerdo.
En el Congreso, un informe de mayoría y otro de minoría seguro
serán desempolvados a la hora de tratar el tema.
Los informes se presentaron el año pasado cuando la
presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales estaba
en manos del ex diputado Gustavo Larrea. El sostiene que es
conveniente que este convenio se renegocie tomando en cuenta
las recomendaciones del informe de mayoría, pues, el de
minoría, apuesta por que se lo apruebe tal y como fue
concebido.
Gil Barragán comparte el criterio del informe de mayoría: que
se revise el contenido del acuerdo, pues, "ese convenio supone
que Ecuador y Estados Unidos son potencias científicas y cuyas
patentes deben ser respetadas, pero eso, por el lado
ecuatoriano, ni de lejos es cierto".
Son básicamente tres los problemas que el informe de mayoría y
los sectores de oposición plantean para pedir la reformulación
del proyecto e incluso, los más radicales, la no ratificación.
Uno es que el convenio, que otorga el mismo trato para ambas
partes, dispone una retroactividad para la validez de los
inventos. Esto es, que puedan ser patentados nuevamente
productos que ya han sido patentados, en este caso en EE.UU.
El tema ambiental es el más polémico, pues, según grupos
ecológicos, ese acuerdo permitirá que se patenten
conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad
ecuatoriana.
El otro es el lío de la propiedad sobre obras artísticas.
Allí, la Comisión ha visto que no hay suficiente
reconocimiento a los autores de las obras.
Así, el debate vuelve al tapete y con más fuerza, pues, por un
lado, y según analistas, el convenio contradice normas del
Grupo Andino y de la Organización Mundial de Comercio, que ya
regula el universo de las patentes y la creación intelectual;
y por otro,hay coincidencia en la necesidad de reforzar las
relaciones comerciales con EE.UU.
Los grupos ecologistas y los laboratorios farmacéuticos
locales son los principales sectores de oposición a la
ratificación del convenio bilateral con Estados Unidos,
mientras que lo respaldan, por ejemplo, los fabricantes de
software, grupos de cineastas y una buena parte de
laboratorios farmacéuticos, principalmente los que mantienen
contratos de licencias o son parte de compañías extranjeras
instaladas en el país.
Hay pautas para empezar a debatir
En febrero de este año, en un seminario de la Comisión de
Medio Ambiente del Congreso, la ponencia del embajador Hernán
Holguín hizo algunas recomendaciones sobre propiedad
intelectual.
Cuentan: modernizar las leyes sobre propiedad intelectual
patentes y marcas otros, para hacerla compatible con los
convenios internacionales y la globalización del conocimiento.
Manejarse dentro de las normas andinas para tener más fuerza
en las negociaciones sobre inversiones en ciencia y tecnología
y evitar repercusiones negativas en otros temas de esta
integración, así como participar en la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI) y en la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
La creación de un Instituto de Propiedad Intelectual que
coordine a los sectores que se encuentren involucrados en el
tema, para procurar avances en legislación y capacitación.
Lograr que los estudios sobre biodiversidad se hagan en el
Ecuador se queden en el mencionado instituto.
Es conveniente una acción intensa entre Ecuador, Brasil,
Colombia y Perú para estudiar los argumentos de una teoría del
"conocimiento vernáculo" de los indígenas amazónicos y de la
zona andina.
Estudiar el impacto de la aplicación del convenio bilateral
con Estados Unidos y hacer el seguimiento de la política de
ese país frente a terceros en materia de propiedad
intelectual, derechos de autor y patentes y marcas. (TEXTO
TOMADO DE EL COMERCIO)
sobre protección intelectual volverá a la agenda legislativa.
Opositores y aliados bajaron la guardia.
La puesta en vigencia del convenio para Protección y
Cumplimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual, firmado
hace más de tres años por los gobiernos de Ecuador y Estados
Unidos, vuelve a quedar en manos del Congreso Nacional.
El Legislativo incluyó, en el sexto punto del congreso
extraordinario la ratificación de este acuerdo firmado en
octubre de 1993 y que al interior del país causó polémica,
principalmente por la oposición de la industria farmacéutica
local y grupos ecologistas.
La ratificación del convenio, según la agenda del Congreso,
podría tratarse la próxima semana.
El asunto perdió actualidad hace más de 4 meses, por lo que
ninguno de los sectores involucrados sabía de la inclusión en
la agenda y más bien, en las conversaciones con este diario se
mostraron dudosos de que el Congreso tome una resolución.
Bernardo Tobar, de la Asociación Ecuatoriana de Productores de
Software (Aesoft) y uno de los defensores del convenio, es de
la idea de que el tema se decida de una buena vez.
La opinión la comparte Gil Barragán, fundador de la Asociación
de Productores Farmacéuticos (Alafar) que agrupa a
laboratorios locales y es contraria a la vigencia del acuerdo.
En el Congreso, un informe de mayoría y otro de minoría seguro
serán desempolvados a la hora de tratar el tema.
Los informes se presentaron el año pasado cuando la
presidencia de la Comisión de Asuntos Internacionales estaba
en manos del ex diputado Gustavo Larrea. El sostiene que es
conveniente que este convenio se renegocie tomando en cuenta
las recomendaciones del informe de mayoría, pues, el de
minoría, apuesta por que se lo apruebe tal y como fue
concebido.
Gil Barragán comparte el criterio del informe de mayoría: que
se revise el contenido del acuerdo, pues, "ese convenio supone
que Ecuador y Estados Unidos son potencias científicas y cuyas
patentes deben ser respetadas, pero eso, por el lado
ecuatoriano, ni de lejos es cierto".
Son básicamente tres los problemas que el informe de mayoría y
los sectores de oposición plantean para pedir la reformulación
del proyecto e incluso, los más radicales, la no ratificación.
Uno es que el convenio, que otorga el mismo trato para ambas
partes, dispone una retroactividad para la validez de los
inventos. Esto es, que puedan ser patentados nuevamente
productos que ya han sido patentados, en este caso en EE.UU.
El tema ambiental es el más polémico, pues, según grupos
ecológicos, ese acuerdo permitirá que se patenten
conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad
ecuatoriana.
El otro es el lío de la propiedad sobre obras artísticas.
Allí, la Comisión ha visto que no hay suficiente
reconocimiento a los autores de las obras.
Así, el debate vuelve al tapete y con más fuerza, pues, por un
lado, y según analistas, el convenio contradice normas del
Grupo Andino y de la Organización Mundial de Comercio, que ya
regula el universo de las patentes y la creación intelectual;
y por otro,hay coincidencia en la necesidad de reforzar las
relaciones comerciales con EE.UU.
Los grupos ecologistas y los laboratorios farmacéuticos
locales son los principales sectores de oposición a la
ratificación del convenio bilateral con Estados Unidos,
mientras que lo respaldan, por ejemplo, los fabricantes de
software, grupos de cineastas y una buena parte de
laboratorios farmacéuticos, principalmente los que mantienen
contratos de licencias o son parte de compañías extranjeras
instaladas en el país.
Hay pautas para empezar a debatir
En febrero de este año, en un seminario de la Comisión de
Medio Ambiente del Congreso, la ponencia del embajador Hernán
Holguín hizo algunas recomendaciones sobre propiedad
intelectual.
Cuentan: modernizar las leyes sobre propiedad intelectual
patentes y marcas otros, para hacerla compatible con los
convenios internacionales y la globalización del conocimiento.
Manejarse dentro de las normas andinas para tener más fuerza
en las negociaciones sobre inversiones en ciencia y tecnología
y evitar repercusiones negativas en otros temas de esta
integración, así como participar en la Organización Mundial de
Propiedad Intelectual (OMPI) y en la Organización Mundial de
Comercio (OMC).
La creación de un Instituto de Propiedad Intelectual que
coordine a los sectores que se encuentren involucrados en el
tema, para procurar avances en legislación y capacitación.
Lograr que los estudios sobre biodiversidad se hagan en el
Ecuador se queden en el mencionado instituto.
Es conveniente una acción intensa entre Ecuador, Brasil,
Colombia y Perú para estudiar los argumentos de una teoría del
"conocimiento vernáculo" de los indígenas amazónicos y de la
zona andina.
Estudiar el impacto de la aplicación del convenio bilateral
con Estados Unidos y hacer el seguimiento de la política de
ese país frente a terceros en materia de propiedad
intelectual, derechos de autor y patentes y marcas. (TEXTO
TOMADO DE EL COMERCIO)
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