Quito. 18 dic 98. El sistema de entrega de asignaciones
extrapresupuestarias que se descubrió en el gobierno de
Bucaram, se repitió durante el interinazgo de Alarcón. Ahora
amenaza con perennizarse
En mayo de este año, un grupo de ingenieros provenientes de
Loja y Quito se acercó hasta el lejano municipio del cantón El
Pangui, en Zamora Chinchipe, en busca del alcalde Luis Segura.
"Se identificaron con toda sinceridad como profesionales que
necesitan trabajar y me dijeron: señor alcalde, nosotros
queremos ayudarle a buscar financiamiento para obras en su
ciudad, pero con la condición de que tales obras nos sean
adjudicadas a nosotros", recuerda Segura. En efecto, días
después a El Pangui le llegó una partida extrapresupuestaria
de 1.600 millones de sucres -la más alta en su historia- y
todo se invirtió en redes de electrificación y alumbrado.
"Como hombre de bien, tuve que respetar el compromiso y
adjudicarles los contratos, pero si nosotros hubiéramos tenido
la oportunidad de escoger la obra, esta hubiera sido el agua
potable".
El Pangui es uno de los 30 cantones de El Oro, Loja y Zamora
Chinchipe, en donde se invirtieron más de 50 mil millones de
sucres solo en electrificación, desde octubre de 1997 hasta
julio de 1998, últimos meses del gobierno de Fabián Alarcón.
En todos los casos, la redacción de los contratos y los
contratistas son los mismos. Además, un 95% de esos contratos,
terminan relacionados con la empresa lojana Pavica, de
propiedad de la familia Palacios Vivanco, pero que no consta
registrada en la Superintendencia de Compañías. Para el
vicealcalde de Zaruma, Edmundo Peñaherrera, "estamos ante la
madre de las redes Peñaranda".
Los desembolsos de las partidas extrapresupuestarias para
redes de electrificación se incluyen dentro de las
"Erogaciones Globales", que por el monto de un billón y medio
de sucres repartió el entonces ministro de Finanzas, Marco
Flores a lo largo y ancho del país durante los 18 meses que
duró el gobierno interino. Con la cantidad que se invirtió
solo en electrificación -50 mil millones de sucres- se habrían
construido 10.000 casas del modelo Hogar de Cristo, para igual
número de familias afectadas en sus viviendas por el fenómeno
de El Niño.
La decisión de invertir en este tipo de obras de
electrificación, finalmente no se conoce de dónde provino,
pese a que en el aspecto formal, aparece como la voluntad
particular de los alcaldes, para cuyo efecto dirigieron casi
simultáneamente sendas solicitudes al Ministerio de Finanzas.
El alcalde de Catamayo, Héctor Figueroa, explica que la
solicitud es una cuestión de "pura formalidad" y que en el
fondo "todo nace del Ministerio de Finanzas y posiblemente con
la intervención de Wilson Merino, ex secretario de la
Administración Pública, se consiguieron estos recursos, porque
él es lojano". Las gestiones directas de los alcaldes nunca
funcionaron. "Yo fui a Quito hasta con el cura y la reina en
busca de fondos, permanecí seis días y el Ministro nunca me
atendió. En cambio, el dueño de Pavica es pariente del
presidente del Banco del Estado, Manuel Vivanco y de su
hermano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral,
Patricio Vivanco. Con estas influencias mueven las cosas, a
nosotros nunca nos prestan atención", se lamentó Figueroa.
Los contratos de electrificación suscritos en octubre de 1997
en las tres provincias del sur del país, alcanzaban un monto
máximo de 200 millones de sucres cada uno. De esta manera, el
sistema de contratación que se permitía era el de concurso
privado de precios, en el que participaban tres o cuatro
ingenieros con sus ofertas. Las coincidencias comienzan cuando
los nombres de los ingenieros siempre son los mismos en
cantones tan distantes como Arenillas y Huaquillas, en El Oro,
o en Centinela del Cóndor, en Zamora Chinchipe. Los ingenieros
que participan son: Norman Jiménez León, Edison Martínez
Tapia, Fredy Karolys Maldonado, Francisco García, Patricio
Astudillo Regalado, Rudi Valdiviezo Lapo y Ramiro Palacios
Álvarez, este último representante de Pavica, cuyos postes se
observan en casi la totalidad de las obras.
Las cláusulas estipuladas en los contratos son inusuales, en
comparación con otro tipo de trabajos en los mismos
municipios. Comenzando por los anticipos, éstos fluctúan entre
un 80 y 90% del valor total y el plazo de entrega alcanza
hasta los 210 días, con opción a prórroga. En cuanto a las
garantías que exige la ley, éstas se cumplen con la entrega de
letras de cambio, avalizadas mutuamente entre los propios
ingenieros que compiten por ganar los concursos, "aumentando
así el riesgo de pérdida para el Municipio en caso de
incumplimiento", dice un comunicado firmado por seis
concejales de Zaruma.
En junio de este año se produjo la segunda entrega de partidas
extrapresupuestarias destinadas a los mismos cantones que las
recibieron en 1997, con sus excepciones. A Huaquillas, por
ejemplo, el monto final nunca llegó. El concejal Druman
Castillo explica que el problema se originó porque los
contratistas exigían la cancelación del saldo, situación que
no era dable debido a que los trabajos no estaban concluídos.
Así, mientras a la mayoría de cantones orenses llegaron en
junio nuevas asignaciones, Huaquillas fue excluída.
En esta segunda parte, los contratos sufren una pequeña pero
importante modificación. Mediante una interpretación del
procurador general del Estado, Milton Álava Ormaza, emitida el
29 de mayo de 1998, se resuelve que "los municipios están
facultados para contratar directamente sin sujetarse a otras
leyes o reglamentos, obras de agua potable, alcantarillado,
vialidad, riego, escuelas y similares hasta por el equivalente
de 6.000 salarios mínimos vitales. Procede, por lo tanto, que
los municipios puedan contratar utilizando este mecanismo,
obras relativas a la provisión de energía eléctrica". Gracias
a este pronunciamiento, los nuevos contratos ya no tenían como
tope 200 millones de sucres, sino que esa cifra aumentó a 600
y en adelante, así se firmaron.
Es de tal magnitud la inversión en electricidad en estas tres
provincias, que en algunos casos aparece la sensación de
despilfarro en plena época de crisis. Como botón de muestra,
se encuentra el complejo deportivo municipal de Yanzatza, en
Zamora Chinchipe, abandonado hace seis años, pero que cuenta
para su pequeña cancha de indor-fútbol con un excelente
alumbrado que le brindan cuatro postes de luz. A un costado,
una piscina corrió igual suerte, pese a que se encuentra sin
agua desde hace cinco años. En el trayecto de Zamora a
Yanzatza, una gran parte del polvoriento camino lastrado
también goza de iluminación, al igual que en Centinela del
Cóndor y Cumbaraza.
El mayor gasto, no obstante, se localiza en los sectores
rurales "más apartados y abandonados", como los describe el
alcalde de Zamora, Víctor Reyes. Tan apartados son, que la
población es mínima en relación a los postes de alumbrado que
allí se instalaron. La situación se repite en cantones como
Portovelo, Arenillas, Celica y Catacocha.
Para emprender obras de elec- electrificación, en las tres
provincias mencionadas existen empresas eléctricas regionales
capaces de cumplir los mismos trabajos que los municipios
contrataron con ingenieros particulares. Para los cabildos,
esta fue la primera experiencia en obras de esta clase, por lo
que el conocimiento en la materia de los concejales y
alcaldes, es prácticamente nulo.
Esta inexperiencia puede acarrear dificultades. El alcalde de
Catamayo asegura que los contratistas Ramiro Palacios y
Francisco García le presentaron contratos con sobreprecio en
los costos, por un monto de 450 millones de sucres. La
afirmación es corroborada por Daniel Mahauad Ortega, primo del
presidente Jamil Mahuad, quien hasta agosto ocupó la gerencia
de la Empresa Eléctrica Regional del Sur y hoy está al frente
de Predesur. "En el caso del municipio de Catamayo, detectamos
un sobreprecio de alrededor de un 300%. Al resto de municipios
también los asesoramos indicándoles los precios que mantiene
la empresa eléctrica para ese tipo de obras. Con todo, si los
alcaldes firmaron contratos con sobreprecios, lo hicieron a
sabiendas de que los estaban engañando", revela Mahauad, quien
no se explica porqué llegó dinero "directamente a los
municipios o a varios contratistas", cuando son las empresas
eléctricas las indicadas para ejecutar los programas de
electrificación.
La denuncia de sobreprecios se repite en El Oro, por parte de
Enrique Ludeña, presidente del Colegio de Ingenieros
Eléctricos de esta provincia, quien mediante un peritaje
detectó en las obras de Pavica "un 250% de sobreprecio en
materiales de construcción y hasta un 400% en mano de obra, en
relación a los precios que mantienen las empresas eléctricas",
reveló.
Luis Peñaranda,hoy prófugo de la justicia por ser la cabeza
visible de una red de tramitadores de partidas
extrapresupuestarias durante el gobierno de Abdalá Bucaram,
patentó con su apellido un sistema que no es nuevo y que
amenaza con perennizarse. En el sur del país, las enseñanzas
de Peñaranda parecen estar dando sus frutos. ¿Qué pasará
cuando a esas zonas fronterizas con el Perú, llegue el dinero
ofrecido para la ejecución de los acuerdos de integración? El
bosquejo de una respuesta la tiene el alcalde de Catamayo: "En
este gobierno han anunciado para diciembre la entrega de
partidas extrapresupuestarias, que se manejarán a través del
Banco del Estado. Por estos días ya han venido contratistas a
ofrecernos las partidas y están pidiendo hasta el 10% de las
mismas". El dilema será para él, "como siempre", ¿cogemos o no
cogemos? "Esa es la triste realidad".
Las ventajas del contratista
La constructora Palacios-Vivanco C.A., más conocida como
Pavica, es la empresa a la que le atribuyen los contactos que
le permitieron conseguir partidas extrapresupuestarias en el
gobierno de Fabián Alarcón. La sede de Pavica está en Loja, y
sus amplias oficinas registran un intenso movimiento. Pese a
su agitada actividad, Pavica no consta en los archivos de la
Superintendencia de Compañías.
Ramiro Palacios Álvarez es el representante de Pavica, "una
empresa familiar", como él la define. Palacios es además,
copropietario del diario La Hora de Loja, en donde también son
accionistas Francisco Vivanco Riofrío y Eduardo Vivanco Celi.
"Ni en La Hora ha salido mi fotografía", revela cuando
solicita no ser fotografiado para Vistazo.
Palacios niega la influencia de Pavica en el gobierno
anterior. "Soy uno más de muchos contratistas", asegura al
tiempo de explicar que si se ven los postes de Pavica en la
gran mayoría de los trabajos, "es porque tenemos una fábrica
que vende postes".
En cambio, acepta las ventajosas condiciones con las que
suscribe sus contratos con los municipios. Justifica los
anticipos del 90% de las obras, porque "renuncio al reajuste
de precios", pese a que este derecho es irrenunciable. También
reconoce que entrega letras de cambio avalizadas entre los
propios contratistas como la garantía que exige la ley,
"porque soy yo quien debería exigir garantía de pago a los
municipios y después de todo, no es ilegal".
Al momento de explicar la coincidencia de la inversión en las
tres provincias, Palacios entrega la responsabilidad a los
alcaldes "que decidieron hacer las obras eléctricas". No
obstante, no encuentra respuesta cuando las versiones de
algunos alcaldes aseguran que las obras fueron impuestas.
"¿Qué puedo decir? En un pueblo tan pequeño como éste hay
envidia".
En cuanto a las denuncias de sobreprecios en las obras, aclara
que "la diferencia de precios en relación con las empresas
estatales, es porque estas no pagan impuestos, no tienen
utilidades, a lo que se añade su ineficiencia". No obstante,
Pavica también se ha retrasado hasta tres meses en el inicio
de las obras. "El fenómeno de El Niño fue desastroso",
justifica aunque los retrasos se iniciaron en agosto, tres
meses después del fenómeno. "Esto es porque tramitar los
permisos de construcción lleva su tiempo".
Al final, Ramiro Palacios rechaza cierta comparación del
trabajo de su empresa con la red Peñaranda. "Es hasta ofensivo
pensar en eso". (Texto tomado de La Revista Vistazo #751)
extrapresupuestarias que se descubrió en el gobierno de
Bucaram, se repitió durante el interinazgo de Alarcón. Ahora
amenaza con perennizarse
En mayo de este año, un grupo de ingenieros provenientes de
Loja y Quito se acercó hasta el lejano municipio del cantón El
Pangui, en Zamora Chinchipe, en busca del alcalde Luis Segura.
"Se identificaron con toda sinceridad como profesionales que
necesitan trabajar y me dijeron: señor alcalde, nosotros
queremos ayudarle a buscar financiamiento para obras en su
ciudad, pero con la condición de que tales obras nos sean
adjudicadas a nosotros", recuerda Segura. En efecto, días
después a El Pangui le llegó una partida extrapresupuestaria
de 1.600 millones de sucres -la más alta en su historia- y
todo se invirtió en redes de electrificación y alumbrado.
"Como hombre de bien, tuve que respetar el compromiso y
adjudicarles los contratos, pero si nosotros hubiéramos tenido
la oportunidad de escoger la obra, esta hubiera sido el agua
potable".
El Pangui es uno de los 30 cantones de El Oro, Loja y Zamora
Chinchipe, en donde se invirtieron más de 50 mil millones de
sucres solo en electrificación, desde octubre de 1997 hasta
julio de 1998, últimos meses del gobierno de Fabián Alarcón.
En todos los casos, la redacción de los contratos y los
contratistas son los mismos. Además, un 95% de esos contratos,
terminan relacionados con la empresa lojana Pavica, de
propiedad de la familia Palacios Vivanco, pero que no consta
registrada en la Superintendencia de Compañías. Para el
vicealcalde de Zaruma, Edmundo Peñaherrera, "estamos ante la
madre de las redes Peñaranda".
Los desembolsos de las partidas extrapresupuestarias para
redes de electrificación se incluyen dentro de las
"Erogaciones Globales", que por el monto de un billón y medio
de sucres repartió el entonces ministro de Finanzas, Marco
Flores a lo largo y ancho del país durante los 18 meses que
duró el gobierno interino. Con la cantidad que se invirtió
solo en electrificación -50 mil millones de sucres- se habrían
construido 10.000 casas del modelo Hogar de Cristo, para igual
número de familias afectadas en sus viviendas por el fenómeno
de El Niño.
La decisión de invertir en este tipo de obras de
electrificación, finalmente no se conoce de dónde provino,
pese a que en el aspecto formal, aparece como la voluntad
particular de los alcaldes, para cuyo efecto dirigieron casi
simultáneamente sendas solicitudes al Ministerio de Finanzas.
El alcalde de Catamayo, Héctor Figueroa, explica que la
solicitud es una cuestión de "pura formalidad" y que en el
fondo "todo nace del Ministerio de Finanzas y posiblemente con
la intervención de Wilson Merino, ex secretario de la
Administración Pública, se consiguieron estos recursos, porque
él es lojano". Las gestiones directas de los alcaldes nunca
funcionaron. "Yo fui a Quito hasta con el cura y la reina en
busca de fondos, permanecí seis días y el Ministro nunca me
atendió. En cambio, el dueño de Pavica es pariente del
presidente del Banco del Estado, Manuel Vivanco y de su
hermano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral,
Patricio Vivanco. Con estas influencias mueven las cosas, a
nosotros nunca nos prestan atención", se lamentó Figueroa.
Los contratos de electrificación suscritos en octubre de 1997
en las tres provincias del sur del país, alcanzaban un monto
máximo de 200 millones de sucres cada uno. De esta manera, el
sistema de contratación que se permitía era el de concurso
privado de precios, en el que participaban tres o cuatro
ingenieros con sus ofertas. Las coincidencias comienzan cuando
los nombres de los ingenieros siempre son los mismos en
cantones tan distantes como Arenillas y Huaquillas, en El Oro,
o en Centinela del Cóndor, en Zamora Chinchipe. Los ingenieros
que participan son: Norman Jiménez León, Edison Martínez
Tapia, Fredy Karolys Maldonado, Francisco García, Patricio
Astudillo Regalado, Rudi Valdiviezo Lapo y Ramiro Palacios
Álvarez, este último representante de Pavica, cuyos postes se
observan en casi la totalidad de las obras.
Las cláusulas estipuladas en los contratos son inusuales, en
comparación con otro tipo de trabajos en los mismos
municipios. Comenzando por los anticipos, éstos fluctúan entre
un 80 y 90% del valor total y el plazo de entrega alcanza
hasta los 210 días, con opción a prórroga. En cuanto a las
garantías que exige la ley, éstas se cumplen con la entrega de
letras de cambio, avalizadas mutuamente entre los propios
ingenieros que compiten por ganar los concursos, "aumentando
así el riesgo de pérdida para el Municipio en caso de
incumplimiento", dice un comunicado firmado por seis
concejales de Zaruma.
En junio de este año se produjo la segunda entrega de partidas
extrapresupuestarias destinadas a los mismos cantones que las
recibieron en 1997, con sus excepciones. A Huaquillas, por
ejemplo, el monto final nunca llegó. El concejal Druman
Castillo explica que el problema se originó porque los
contratistas exigían la cancelación del saldo, situación que
no era dable debido a que los trabajos no estaban concluídos.
Así, mientras a la mayoría de cantones orenses llegaron en
junio nuevas asignaciones, Huaquillas fue excluída.
En esta segunda parte, los contratos sufren una pequeña pero
importante modificación. Mediante una interpretación del
procurador general del Estado, Milton Álava Ormaza, emitida el
29 de mayo de 1998, se resuelve que "los municipios están
facultados para contratar directamente sin sujetarse a otras
leyes o reglamentos, obras de agua potable, alcantarillado,
vialidad, riego, escuelas y similares hasta por el equivalente
de 6.000 salarios mínimos vitales. Procede, por lo tanto, que
los municipios puedan contratar utilizando este mecanismo,
obras relativas a la provisión de energía eléctrica". Gracias
a este pronunciamiento, los nuevos contratos ya no tenían como
tope 200 millones de sucres, sino que esa cifra aumentó a 600
y en adelante, así se firmaron.
Es de tal magnitud la inversión en electricidad en estas tres
provincias, que en algunos casos aparece la sensación de
despilfarro en plena época de crisis. Como botón de muestra,
se encuentra el complejo deportivo municipal de Yanzatza, en
Zamora Chinchipe, abandonado hace seis años, pero que cuenta
para su pequeña cancha de indor-fútbol con un excelente
alumbrado que le brindan cuatro postes de luz. A un costado,
una piscina corrió igual suerte, pese a que se encuentra sin
agua desde hace cinco años. En el trayecto de Zamora a
Yanzatza, una gran parte del polvoriento camino lastrado
también goza de iluminación, al igual que en Centinela del
Cóndor y Cumbaraza.
El mayor gasto, no obstante, se localiza en los sectores
rurales "más apartados y abandonados", como los describe el
alcalde de Zamora, Víctor Reyes. Tan apartados son, que la
población es mínima en relación a los postes de alumbrado que
allí se instalaron. La situación se repite en cantones como
Portovelo, Arenillas, Celica y Catacocha.
Para emprender obras de elec- electrificación, en las tres
provincias mencionadas existen empresas eléctricas regionales
capaces de cumplir los mismos trabajos que los municipios
contrataron con ingenieros particulares. Para los cabildos,
esta fue la primera experiencia en obras de esta clase, por lo
que el conocimiento en la materia de los concejales y
alcaldes, es prácticamente nulo.
Esta inexperiencia puede acarrear dificultades. El alcalde de
Catamayo asegura que los contratistas Ramiro Palacios y
Francisco García le presentaron contratos con sobreprecio en
los costos, por un monto de 450 millones de sucres. La
afirmación es corroborada por Daniel Mahauad Ortega, primo del
presidente Jamil Mahuad, quien hasta agosto ocupó la gerencia
de la Empresa Eléctrica Regional del Sur y hoy está al frente
de Predesur. "En el caso del municipio de Catamayo, detectamos
un sobreprecio de alrededor de un 300%. Al resto de municipios
también los asesoramos indicándoles los precios que mantiene
la empresa eléctrica para ese tipo de obras. Con todo, si los
alcaldes firmaron contratos con sobreprecios, lo hicieron a
sabiendas de que los estaban engañando", revela Mahauad, quien
no se explica porqué llegó dinero "directamente a los
municipios o a varios contratistas", cuando son las empresas
eléctricas las indicadas para ejecutar los programas de
electrificación.
La denuncia de sobreprecios se repite en El Oro, por parte de
Enrique Ludeña, presidente del Colegio de Ingenieros
Eléctricos de esta provincia, quien mediante un peritaje
detectó en las obras de Pavica "un 250% de sobreprecio en
materiales de construcción y hasta un 400% en mano de obra, en
relación a los precios que mantienen las empresas eléctricas",
reveló.
Luis Peñaranda,hoy prófugo de la justicia por ser la cabeza
visible de una red de tramitadores de partidas
extrapresupuestarias durante el gobierno de Abdalá Bucaram,
patentó con su apellido un sistema que no es nuevo y que
amenaza con perennizarse. En el sur del país, las enseñanzas
de Peñaranda parecen estar dando sus frutos. ¿Qué pasará
cuando a esas zonas fronterizas con el Perú, llegue el dinero
ofrecido para la ejecución de los acuerdos de integración? El
bosquejo de una respuesta la tiene el alcalde de Catamayo: "En
este gobierno han anunciado para diciembre la entrega de
partidas extrapresupuestarias, que se manejarán a través del
Banco del Estado. Por estos días ya han venido contratistas a
ofrecernos las partidas y están pidiendo hasta el 10% de las
mismas". El dilema será para él, "como siempre", ¿cogemos o no
cogemos? "Esa es la triste realidad".
Las ventajas del contratista
La constructora Palacios-Vivanco C.A., más conocida como
Pavica, es la empresa a la que le atribuyen los contactos que
le permitieron conseguir partidas extrapresupuestarias en el
gobierno de Fabián Alarcón. La sede de Pavica está en Loja, y
sus amplias oficinas registran un intenso movimiento. Pese a
su agitada actividad, Pavica no consta en los archivos de la
Superintendencia de Compañías.
Ramiro Palacios Álvarez es el representante de Pavica, "una
empresa familiar", como él la define. Palacios es además,
copropietario del diario La Hora de Loja, en donde también son
accionistas Francisco Vivanco Riofrío y Eduardo Vivanco Celi.
"Ni en La Hora ha salido mi fotografía", revela cuando
solicita no ser fotografiado para Vistazo.
Palacios niega la influencia de Pavica en el gobierno
anterior. "Soy uno más de muchos contratistas", asegura al
tiempo de explicar que si se ven los postes de Pavica en la
gran mayoría de los trabajos, "es porque tenemos una fábrica
que vende postes".
En cambio, acepta las ventajosas condiciones con las que
suscribe sus contratos con los municipios. Justifica los
anticipos del 90% de las obras, porque "renuncio al reajuste
de precios", pese a que este derecho es irrenunciable. También
reconoce que entrega letras de cambio avalizadas entre los
propios contratistas como la garantía que exige la ley,
"porque soy yo quien debería exigir garantía de pago a los
municipios y después de todo, no es ilegal".
Al momento de explicar la coincidencia de la inversión en las
tres provincias, Palacios entrega la responsabilidad a los
alcaldes "que decidieron hacer las obras eléctricas". No
obstante, no encuentra respuesta cuando las versiones de
algunos alcaldes aseguran que las obras fueron impuestas.
"¿Qué puedo decir? En un pueblo tan pequeño como éste hay
envidia".
En cuanto a las denuncias de sobreprecios en las obras, aclara
que "la diferencia de precios en relación con las empresas
estatales, es porque estas no pagan impuestos, no tienen
utilidades, a lo que se añade su ineficiencia". No obstante,
Pavica también se ha retrasado hasta tres meses en el inicio
de las obras. "El fenómeno de El Niño fue desastroso",
justifica aunque los retrasos se iniciaron en agosto, tres
meses después del fenómeno. "Esto es porque tramitar los
permisos de construcción lleva su tiempo".
Al final, Ramiro Palacios rechaza cierta comparación del
trabajo de su empresa con la red Peñaranda. "Es hasta ofensivo
pensar en eso". (Texto tomado de La Revista Vistazo #751)
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