Palacio aprende cómo sobrevivir en el poder


Publicado el 29/Julio/2005 | 00:00

Tan difícil como salir de Ciespal, el 20 de abril tras posesionarse, ha resultado al Mandatario viabilizar sus promesas.

Refundar la patria estuvo entre sus promesas. Ha paliado ya dos crisis internas.

El Gobierno del cardiólogo Alfredo Palacio González cumple hoy sus primeros 100 días, en medio de lo que parece ser su segunda pugna interna motivada justamente en el tratamiento de su principal promesa: lograr una reforma política.

Palacio llegó a Carondelet con el destituido Lucio Gutiérrez, de quien se distanció por considerar que no le daba espacio.

Ahora, en cambio, ha logrado un acuerdo de palabra con el Congreso Nacional para que le devuelvan un proyecto de consulta popular de siete preguntas que envió sin esperar que este sea el resultado del trabajo que encomendó al vicepresidente que él mismo escogió: Alejandro Serrano Aguilar.

El régimen de Palacio se ha caracterizado por su buena relación con dirigentes socialcristianos como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. También por el surgir a las primeras planas de nuevos actores políticos y el relanzamiento de otros que estuvieron ya en gobiernos o congresos desde 1984.

Se ha acercado a Venezuela en busca de respaldo económico y replanteado la relación fronteriza con Colombia. Y en sus intervenciones públicas repite con insistencia lo que ofreció a los “forajidos” el 20 de abril: Refundar la patria y cambiar la estructura “caduca” del Estado. Aunque no quedan aún plenamente claros los cómos.

A 100 días de haber iniciado su administración, el presidente Alfredo Palacio aún tiene pendientes los ofrecimientos que hizo a los ‘forajidos’ el 20 de abril, cuando asumió, tras siete días de protestas que concluyeron con la destitución -por parte del Congreso- del entonces mandatario Lucio Gutiérrez.

“Hoy refundaremos la patria”, dijo la noche del 20 de abril. “Si es necesario, llamaremos a una Asamblea Constituyente”, agregó y luego se comprometió a cambiar la estructura “caduca” del Estado ecuatoriano mediante una reforma electoral. Todo esto en el edificio de Ciespal, donde sesionaba el Parlamento, del que solo pudo salir muchas horas después, en medio de confusos incidentes y la falta -hasta ahora no clarificada- de una protección militar.

Cinco días después anunció la creación de mesas de diálogo en lo que luego denominó como el Sistema de Concertación Nacional para recoger propuestas de reforma política. El proceso fue encargado al vicepresidente Alejandro Serrano y al Conam.

El 25 de mayo anunció su plan de trabajo, ratificó su respaldo al diálogo y presentó su primera propuesta de reforma electoral: distritalización para elegir a representantes populares; bicameralización del Congreso; modificación de la Ley de Partidos y Movimientos Políticos.

Confirmó su intención de redistribuir los porcentajes del Feirep (fondo petrolero), para darle mayor cobertura a la atención social y menos al pago de la deuda externa; lo que logró, aunque no en los porcentajes que propuso inicialmente, el 14 de julio, con la aprobación del Congreso.

Además, por segunda y última vez manifestó la posibilidad de incluir en el referéndum una pregunta para saber si el pueblo quiere una Asamblea Constituyente.

El 17 de junio realizó cambios en el Gabinete ministerial, en pos de superar su primera crisis. Posesionó al ministro de Energía, Iván Rodríguez; y al secretario de Comunicación, Andrés Seminario, quienes reemplazaron a Fausto Cordovez y Carlos Cortez, respectivamente, cuestionados por ser designados funcionarios de gobierno a pesar de ser deudores de la banca.

Luego de este cuestionamiento el régimen prometió mostrar una lista de los funcionarios deudores de la AGD, que aún no ha presentado.

Parte de la propuesta electoral (lo de los distritos y la bicameralidad) la recogió en las dos primeras preguntas, de un total de siete, de la consulta popular que envió sorpresivamente al Congreso, el 22 de julio pasado, que proponía una reforma política cuando recién culminaba la recolección de propuestas.

Las otras cinco preguntas se referían a la designación de la Corte Suprema de Justicia; a la conformación del Tribunal Supremo Electoral; del Tribunal Constitucional; la revocatoria del mandato para diputados y Presidente; y las autonomías. Nada decía sobre la Asamblea Constituyente.

Convocó al Legislativo para que la califique de urgente en una sesión extraordinaria, que no prosperó pues el Parlamento pidió participar en la redacción de las preguntas.

Y aunque el Ejecutivo fue cuestionado de contradecir su propio proyecto de concertación, tras esa decisión se escondió la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo por hacer los cambios constitucionales, según el analista político Luis Eladio Proaño.

“La intención fue adelántarsele al Congreso, que ya venía hablando de romper el candado constitucional para tramitar una reforma política y luego decir que ya no es necesaria una consulta, con lo que el régimen hubiera perdido protagonismo y después ya no tendría qué hacer”, dice Proaño.

Considera también que el régimen aún no encuentra el rumbo. “El Presidente no se ha convertido en un líder que le muestre al país hacia dónde quiere ir, y tampoco ninguno de sus ministros”.

Según Proaño el canciller, Antonio Parra Gil, no ha presentado una propuesta clara de la política internacional del país; y el ministro de Economía, Rafael Correa, aunque cuenta con el respaldo de los ‘forajidos’ por su discurso “antiyanqui”, carece de prudencia. “Tiene que cultivar la prudencia, qué es lo que dice, cuándo y cómo lo dice, porque sus palabras tienen una resonancia inmediata dentro y fuera del país y pueden provocar confianza o desconfianza en los inversionistas extranjeros”, asegura el analista.

Pablo Iturralde, miembro de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS), afirma que la deuda del régimen con los ‘forajidos’ recae en los ofrecimientos de la reforma política que no se ha cumplido aún. “Las condiciones del país siguen siendo las mismas, lo que hay es un reacomodo de los partidos tradicionales del Congreso, el PSC, la ID, Pachakutik y el mismo Prian”.

Es innegable que durante estos meses, añade Iturralde, las presiones políticas, económicas e internacionales han hecho que Palacio, cada vez más, adquiera las características de los gobiernos tradicionales que ha tenido el país.

Añade que al ignorar el proceso de diálogo para formular las preguntas de la consulta, el régimen traicionó el mandato ‘forajido’ que también pidió cambios en la política económica respecto a la negociación del TLC con EE.UU.

País está en el limbo jurídico por no tener Corte Suprema, caso inédito, según analistas

Un país en anarquía jurídica donde existe impunidad. Esa es la realidad que vive Ecuador, según juristas y analistas, cien días después de la caída del régimen de Lucio Gutiérrez y su sucesión por parte de Alfredo Palacio. El motivo principal, la falta de una Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Hay que recordarlo. Esa es la consecuencia de la violación a la Constitución que hizo el gobierno de Gutiérrez, de común acuerdo con el Congreso, al distribuirse el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, dice el rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta, Medardo Mora.

Con él coinciden Anunzziata Valdez, directora en Guayas de Participación Ciudadana, y el jurista Antonio Rodríguez. “Uno de los más grandes males es haber dejado al país sin Corte; haber nombrado una de facto y luego destituirla”, menciona Valdez.

Rodríguez cita: “Gutiérrez dejó arrasando la institucionalidad. Desde diciembre pasado el país ha vivido sin Corte, TC y TSE (este último reconformado). Sin la administración de justicia en el más alto nivel, no se resuelven los conflictos, se vive en impunidad”.

Los acontecimientos se sucedieron en forma apresurada, desde el 8 de diciembre del 2004, cuando en un periodo extra de sesiones convocado por el entonces presidente Gutiérrez, el Congreso designó a 31 magistrados de la CSJ, por resolución. El 13 de enero del 2005, Ramón Rodríguez renunció a la presidencia de la Corte y antes que el pleno conociera la dimisión, el titular subrogante, Guillermo Castro, se posesionó en este cargo. Desde entonces se la bautizó como la Pichi Corte.

El 31 de marzo, Castro emitió cinco providencias que anularon y archivaron los juicios contra Abdalá Bucaram (2), Gustavo Noboa (2) y Alberto Dahik. Los tres regresaron al país en abril. El 1, Dahik vino de Costa Rica; el 2, Bucaram, de Panamá; y el 3 llegó Noboa, de República Dominicana.

En respuesta a las protestas en Quito, el 15 de abril Gutiérrez declaró cesante a la Pichi Corte, por Decreto Ejecutivo, y el Congreso lo ratificó el 17. Pese a ello, Gutiérrez cayó el 20 de abril y Palacio asumió el poder. Pero Ecuador se quedó sin Corte. Ningún juez puede procesar a quienes tienen fuero, como el presidente y ex presidente de la República; diputados, ministros y otros.

Actualmente, una Comisión Calificadora formada por delegados de colegios profesionales tiene el encargo de nombrar el nuevo tribunal.

La llegada de Palacio y la falta de Corte provocaron el estado que citan Mora, Valdez y Rodríguez: “De anarquía jurídica e impunidad”. Así, las denuncias por supuestas violaciones a la ley y derechos humanos, por abuso de poder y otras acusaciones contra Gutiérrez y funcionarios de su gobierno no se pueden procesar por falta de juez natural.

En cambio, la fiscal Cecilia Armas determinó que seguían vigentes los juicios contra Dahik, Bucaram y Noboa. Los dos primeros volvieron a sus asilos, pero Noboa está con arresto domiciliario desde el 8 de mayo.

El ex mandatario se quejó de persecución política: “Si Febres-Cordero (León, el ex presidente) no tiene jueces en este momento para presionarlos (...), a quién tiene para seguir persiguiéndome: al Ministro de Gobierno, a la Fiscal y un poco al Contralor...”, dijo Noboa tras su detención.

El pasado viernes, por delitos de sedición y conspiración contra la seguridad interna del Estado, el presidente de la Corte Superior de Quito, Alberto Moscoso, ordenó la prisión del ex presidente Gutiérrez, de su hermano Gilmar Gutiérrez, ex diputado; del ex secretario de la Administración, Fausto Cobo; de Francisco Hurtado Borbúa (primo de los Gutiérrez) y Milton Ordóñez (ex gerente del Fondo de Solidaridad).

Moscoso se basó en declaraciones de Gutiérrez en las cadenas de noticias BBC, de Londres y CNN, de Estados Unidos. Sus abogados apelaron la orden de prisión y al momento está por definirse.

Anunzziata Valdez dice que la orden de prisión es ilegal, pero aclara que aquello se da por anarquía jurídica.

Rodríguez menciona que ese caso es secundario. “Las órdenes pueden ser impugnadas, pero la falta de la Corte permite que ocurran estos hechos”, indica.

style="display:block" data-ad-client="ca-pub-3347479071452639" data-ad-slot="4860276686" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true">

Ciudad Quito



Actualizado por

- en EXPLORED - Noticias de Ecuador.