El 18 de febrero anterior llegaron dos comunicaciones a las oficinas del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), ubicadas en el centro norte de Quito, en las cuales las autoridades locales y los moradores de la parroquia de Yaruquí, ubicada al noreste de la capital, expresaban su punto de vista y planteaban sus exigencias sobre un mismo tema: el trazado de la tubería aprobado por el Distrito Metropolitano.
En la primera comunicación, el párroco Aldo Canzi; el director del hospital, Fernando Orbe; el director de la Fundación Oftalmológica del Valle y nueve autoridades de igual número de centros educativos exigían el cambio de la ruta por la que cruzaría la tubería. En la segunda, los representantes de los barrios de la misma parroquia se oponían al cambio de la ruta y exigían que se cumpliese con lo aprobado por el Distrito Metropolitano de Quito.
Esas son las controversias que ha debido enfrentar el proyecto de inversión privada más grande del país, aprobado y firmado en un acto solemne, en el Palacio de Carondelet, que no ha sido cuestionado, pero que sí ha recibido la oposición de varios Municipios que exigen recursos para obras.
Los alcaldes han reclamado agua, luz eléctrica, escuelas; pedidos que revelarían la desatención del Estado a poblados que intentan surgir a costa de la inversión que se exige a la empresa privada: el consorcio encargado de la construcción del OCP, más allá de los compromisos que constan en el acuerdo firmado con el Gobierno.
"Como ecuatorianos, consideramos la construcción del oleoducto como una obra positiva. Como ciudadanos yaruqueños nos oponemos al tendido en la ruta Tejar-Tambillo-Chugulín-San Vicente, porque afecta la zona urbana y de consolidación", dice la primera comunicación. "Sorpresivamente, la semana del 8 de febrero de 2002 conocimos que la Junta Parroquial de Yaruquí había solicitado al consorcio OCP hacer una variante sobre la ruta ya aprobada (...) a lo que nos oponemos rotundamente, ya que este nuevo trazado es elegido para favorecer intereses personales", dice el segundo documento.
Yaruquí es una de las seis Juntas Parroquiales con las que el OCP debe llegar a acuerdos para completar el proyecto, como parte de los convenios para la mitigación del impacto social establecidos en la obra de 500 kilómetros de extensión.
"La razón del pago de la compensación social radica en un compromiso que asume el OCP en la aprobación del estudio del impacto ambiental", dice Ivonne Fabara, del OCP.
En la licencia ambiental existe la obligación del OCP de compensar a las poblaciones afectadas por la construcción del oleoducto: 10 Municipios y 6 Juntas Parroquiales. Hasta el momento se ha logrado concretar convenios con nueve municipios y con una Junta Parroquial: Nono. (JT)
Un acuerdo, en medio de aplausos
Después de 15 días de negociaciones entre las autoridades locales de la parroquia de Nono y los representantes de OCP, se logró firmar un acuerdo para llevar adelante proyectos de mitigación del impacto ambiental y social.
El problema surgió porque el presupuesto asignado para obras en esa parroquia era de $300 000, pero las autoridades de Nono exigieron $2 millones para la construcción de una carretera que la una con Quito. Una obra reclamada durante años y que parecía hacerse realidad con la construcción del OCP.
Después de intensas conversaciones, los moradores de Nono accedieron a firmar un convenio por el cual se aceptaron $300 000 para iniciar la construcción de la vía.
En la foto, Emiliano Ramos, representante de la parroquia, concreta el acuerdo con Jerry Fee, delegado de Techint, la empresa que traza la tubería.
Se piden $100 000 por cada hectárea de tierra
Los terrenos que el consorcio necesita para construir el oleoducto son de dos tipos: los que se requieren para instalar los terminales y equipos de bombeo y aquellos donde se debe enterrar la tubería.
En la franja de 500 kilómetros de longitud y de 30 metros de ancho que tiene la obra, según lo acordado con el Gobierno, el OCP adquirió el derecho de utilizar esa tierra mediante una figura legal denominada servidumbre de tránsito. Eso establece que el primer dueño del terreno continúa siendo propietario, pero se entabla una limitación del dominio, que le permite al OCP utilizar ese terreno durante la vida del proyecto.
El OCP ha registrado, a lo largo del trazado, 1 500 propietarios . Según el contrato de concesión firmado con el Gobierno, el OCP tiene dos opciones para adquirir el derecho de vía: con el decreto de expropiación acordado con el Ejecutivo o con acuerdos voluntarios con los propietarios, a partir de los avalúos.
Hasta el momento, el OCP ha llegado a acuerdos voluntarios con el 92% de los dueños, pagando un 60% más del avalúo, según informaron en el OCP, para evitar la segunda opción. Pero esa es una alternativa que no han podido eludir, al menos en dos casos.
En el primero debieron expropiar un terreno a Nelson Alcívar, quien habría exigido $200 000 por dos hectáreas de terreno. Es un proceso que está en etapa de mediación. En el segundo, debieron interponer un juicio de estafa a una familia con la que habrían llegado a un acuerdo por un terreno, y que luego había sido vendido a un tercero.
La desproporción entre lo que reclaman no solo los Municipios, sino los mismos propietarios de los terrenos ha sido evidente, pese a que, según los funcionarios del OCP, se ha pagado por encima del avalúo comercial. (JT)
La auditoría positiva
Una auditoría de la obra ordenada por el Gobierno concluye que uno de los aspectos positivos del proyecto ha sido la ausencia casi mayoritaria de quejas por parte de los propietarios de tierras.
"Cierto que hay un impacto ambiental y social, pero en todo el programa de mitigación hemos gastado $13 millones, y pagado a casi todos los propietarios", sostiene Ivonne Fabara, del OCP, quien recalca que debido a la gran inversión que deben realizar, el consorcio es el más preocupado por dejar todo en regla para no tener problemas en el futuro.
En abril del año pasado, el consorcio depositó en el Ministerio de Energía tres de las cuatro garantías requeridas para la construcción del oleoducto: $233 millones, respaldados por el Citibank, y quedó pendiente la garantía de Operación por $50 millones, que deberá hacerse efectiva antes del otorgamiento del permiso inicial de funcionamiento del OCP, el próximo año. (JT)
El requisito, el cofinanciamiento de la obra
De acuerdo con el convenio firmado con el Gobierno y con el otorgamiento de la licencia ambiental, el OCP estaba en la obligación de cumplir con el financiamiento de proyectos de mitigación con 10 Municipios y con 6 Juntas Parroquiales de Quito: Pifo, Yaruquí, Calderón, Guayllabamba, Pomasqui y Nono. El compromiso del OCP habría sido hacer una inversión de $7 millones, pero tendrían previsto $16 millones.
El único Municipio con el que todavía no llegan a un acuerdo es con el de Cascales, en Sucumbíos, aunque los problemas persisten en varios cabildos.
Esmeraldas, la provincia en la que mayor riesgo existiría porque se debe instalar una terminal marítima y una estación submarina, en donde se requirió la adquisición de 400 hectáreas de terreno, es en donde menos problemas ha enfrentado el consorcio OCP, y en donde se estaría desarrollando una gran cantidad de proyectos de desarrollo. Una inversión que alcanzaría los $6 millones.
El monto de la inversión en un determinado Municipio se determinaría tomando en cuenta algunas variables: población, riesgo, tamaño de la obra, etcétera.
El OCP primero firma un convenio en el que se compromete a financiar proyectos de desarrollo hasta un monto determinado. Después, el alcalde o la Municipalidad elabora un plan de desarrollo para definir qué proyectos se van a ejecutar con el dinero asignado, bajo el principio del cofinanciamiento. Uno de los requisitos para que se aprueben los programas sociales, según informaron en el OCP, es que exista participación ciudadana. (JT).
Una oposición que arroja $2 millones de pérdidas
La terminal de bombeo Amazonas es uno de los primeros tramos que se debe concretar para cumplir con los plazos
El principal problema que enfrentó y enfrenta el proyecto OCP está concentrado en Sucumbíos, en donde el alcalde, Máximo Abad, se opuso a la ubicación del terminal de bombeo, sitio que se determinó idóneo después de 11 estudios técnicos, según Ivonne Fabara, del OCP.
La oposición ocasionó la paralización de la obra por 54 días, lo que significó una pérdida para el OCP, de $2 millones.
"Uno de los grandes problemas que como empresa enfrentamos es que, si bien es cierto que existe un compromiso firmado con el Estado y una autorización para construir, cada gobierno local piensa, equivocadamente (porque no hay un fundamento jurídico), que tienen alguna injerencia sobre la ejecución de esta obra, ya sea en la parte constructiva, ambiental o social", aseguran voceros del OCP. "Es difícil hacer entender a las personas y a las autoridades que este es un proyecto nacional, que existe una declaración de utilidad pública, que está por sobre los intereses individuales y locales", insisten.
Pese a que, por ejemplo, las autoridades locales de Mindo aseguraron a BLANCO y NEGRO que nada habían pedido al OCP, se mantiene el reclamo de desviar el trazado. Para eso se encuentra en Guarumos un grupo de ecologistas.
En Lago Agrio, el asunto no es tan simple. Debido a la oposición del alcalde, los personeros del OCP decidieron negociar la firma de los convenios con cinco de los siete concejales, con los que se comprometieron a ejecutar obras por $1 millón.
La intervención del Ministerio de Energía obligó a los ejecutivos del OCP a mantener un desayuno de trabajo con el alcalde Máximo Abad, quien se mostró preocupado por la realización de proyectos en los que la Alcaldía no estaba participando.
"Le explicamos que teníamos la obligación de respetar los convenios, pero que existían recursos para Lago Agrio, por lo que le pedimos que nos presentara un plan de desarrollo para ver en qué proyectos era posible trabajar en conjunto", dice una funcionaria del OCP.
La respuesta del alcalde Abad a esa reunión fue una carta que envió al presidente ejecutivo del OCP Ecuador, Hernán Lara, en la que exigía $12 millones para la ejecución de obras.
"A pesar de mi firme posición, con el respaldo comunitario, de impedir que se construya la terminal Amazonas muy cerca de la ciudad, el OCP logró que cinco concejales decidieran lo contrario, y esa decisión de la mayoría del Concejo de Lago Agrio es irreversible; recurro al legítimo derecho de exigir compensaciones de orden social", dice el cuarto párrafo de la carta.
¿Qué pidió el alcalde de Lago Agrio al OCP? Casi todas las obras posibles. (JT)
Las exigencias de un alcalde
El alcalde de Lago Agrio exigió al OCP, para evitar su oposición, la construcción del mercado municipal, en 12 meses, por un costo de $1 905 514; la construcción del cerramiento y segunda planta del edificio del Patronato Municipal, en 90 días; la contratación inmediata de la obra de asfaltado de las principales vías, por un costo de $4 millones con un aporte monetario del Cabildo de algo más de $900 000, obra que debía estar concluida en diciembre de 2002. Además, exigía la instalación de alcantarillado en 34 barrios de la ciudad, y de alcantarillado y agua potable en la parroquias de Jambelí y Santa Cecilia. Falta el aporte para el relleno sanitario; otra contribución para un proyecto agroproductivo; la construcción de una planta para el tratamiento de aguas servidas; la instalación de un parque ecológico en un plazo de 24 meses, y la recuperación de la laguna de los barrios Julio Marín y Vencedores.
Las exigencias de Máximo Abad tendrían un trasfondo político que busca recuperar el espacio que perdió cuando cinco concejales lo dejaron fuera de la negociación de obras.
"El alcalde tiene una pelea con los concejales, lo que se disputa es quién se aprovecha de la compensación social que debe entregar el OCP", dice Ivonne Fabara, del OCP. Igual ocurriría en otros sitios, como Cascales, en donde se comenzó por reclamar un proyecto de agua primero y se terminó exigiendo $2 millones, pese a que el presupuesto para el programa de mitigación en ese poblado, en donde no existe ninguna obra física visible del OCP, apenas alcanza los $350 000. (JT)
El encierro en la casa comunal de Quijos
Otro sitio conflictivo en la ruta de 500 kilómetros de problemas del OCP es el del Municipio de Quijos, un escollo que se habría presentado esta semana, con la exigencia de $500 mil para una cabecera cantonal, por el cuarteamiento de algunas viviendas.
La Junta Parroquial Francisco Borja, representada por Carlos Montenegro, exigió esa suma, pese a que el presupuesto asignado por el OCP para todo el cantón, con el fin de cumplir con su compromiso contractual, es de $750 000.
Los pobladores de Borja reclamaron al OCP por los daños que se habrían presentado en la vía, lo que incluso habría ocasionado el cuarteamiento de algunas casas.
El problema se agravó en una reunión que mantuvieron los delegados de Techint, la empresa que realiza la obra, en la casa comunal de Borja, en la que los pobladores exigieron la firma de un documento que los comprometía a entregar $500 mil. Además, pidieron el cambio de la ruta y puestos de trabajo para sus habitantes.
En el Distrito Metropolitano, los acuerdos con las Juntas Parroquiales, con excepción de Yaruquí estarían próximos a firmarse.
Los acuerdos en esta zona también tienen que ver con suministro de agua potable, educación, y otros. Por ejemplo, Patricio Guerrero, secretario general del Municipio de Puerto Quito, aseguró que existía el compromiso de financiar un macroproyecto de agua potable en la cabecera cantonal, por $425 000; 11 más relacionados con mejoramiento de escuelas unidocentes; uno más para beneficiar a niños de 5 a 13 años.
En Esmeraldas, los problemas son mínimos. Con esos escollos avanza una obra que duplica la capacidad de transporte de crudo y que ofrece reactivar la economía del Ecuador. (JT)
ANALISIS
Acerca de la ilusión inmediatista del progreso
Con emocionados discursos y promesas de reactivación de la economía del país, se comenzó a desarrollar una de las obras de inversión privada más grandes en el Ecuador: el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
La expectativa que generó y que continúa generando es enorme, porque se trata de una obra postergada por 10 años, una década en la que el país habría perdido $1 400 millones. La razón es sencilla: el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operando a su máxima capacidad apenas puede bombear 390 000 barriles diarios, desde la Amazonía hasta Balao. Con la construcción del OCP, esa capacidad de transporte simplemente se duplica.
Las causas del retraso en la construcción del OCP fueron varias, entre las que se destacan: la falta de voluntad política y una legislación obsoleta que hacía imposible su concreción.
Fue la Ley de Transformación Económica la que abrió las puertas a la ejecución de la obra. A la luz de esa nueva realidad jurídica, el presidente de la República ya tenía la facultad para reglamentar la construcción del OCP. Y así lo hizo.
El consorcio al que se adjudicó la obra comenzó a abrir las zanjas en medio de los cuestionamientos de los grupos ecologistas (algo previsible porque la obra atraviesa puntos sensibles de la geografía del país) y las nada felices declaraciones del presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, frases que motivaron amplios análisis sobre el discurso presidencial, en casi todos los medios de comunicación del país.
Y es en este contexto de las zanjas que se abren para concretar la obra, en donde se empieza a mostrar la ilusión de progreso inmediatista que ha generado el proyecto, sobre todo en los poblados en los que se debe instalar la tubería: una ilusión que pretende ver en la empresa privada una especie de rey Midas que debe convertir en oro todo lo que toca a su paso; una ilusión que trata de ver, en la empresa privada, al Estado que nunca se hizo presente para atender las necesidades de sus habitantes.
En Lago Agrio se reclama una ciudad nueva, en Cascales se requieren $2 millones, y así sucesivamente. Y no es que los pedidos no sean justos para poblaciones que ni siquiera tienen caminos de acceso en buenas condiciones; lo que está en cuestionamiento es si están reclamando a la entidad adecuada, porque las preguntas que surgen después de revisar todos los reclamos de los Municipios y de las Juntas Parroquiales es: ¿Para qué han servido las autoridades seccionales y estatales? ¿Cómo los poblados por los que cruza el OCP lograron sobrevivir y sobreviven sin agua potable, sin luz eléctrica, sin carreteras, sin todo lo que están reclamando en la actualidad con amenazas de paralizar el trabajo?
¿Es la empresa privada la que debe hacer esas obras? Ciertamente no. Y una vez que estén concluidos los proyectos no se recordará en qué condiciones se hicieron esos trabajos, sino a quiénes encabezaron los grupos de reclamadores, que de seguro estarán en alguna papeleta electoral, en las próximas elecciones. (JT).
(BLANCO Y NEGRO 02 DE MARZO DE 2002)
En la primera comunicación, el párroco Aldo Canzi; el director del hospital, Fernando Orbe; el director de la Fundación Oftalmológica del Valle y nueve autoridades de igual número de centros educativos exigían el cambio de la ruta por la que cruzaría la tubería. En la segunda, los representantes de los barrios de la misma parroquia se oponían al cambio de la ruta y exigían que se cumpliese con lo aprobado por el Distrito Metropolitano de Quito.
Esas son las controversias que ha debido enfrentar el proyecto de inversión privada más grande del país, aprobado y firmado en un acto solemne, en el Palacio de Carondelet, que no ha sido cuestionado, pero que sí ha recibido la oposición de varios Municipios que exigen recursos para obras.
Los alcaldes han reclamado agua, luz eléctrica, escuelas; pedidos que revelarían la desatención del Estado a poblados que intentan surgir a costa de la inversión que se exige a la empresa privada: el consorcio encargado de la construcción del OCP, más allá de los compromisos que constan en el acuerdo firmado con el Gobierno.
"Como ecuatorianos, consideramos la construcción del oleoducto como una obra positiva. Como ciudadanos yaruqueños nos oponemos al tendido en la ruta Tejar-Tambillo-Chugulín-San Vicente, porque afecta la zona urbana y de consolidación", dice la primera comunicación. "Sorpresivamente, la semana del 8 de febrero de 2002 conocimos que la Junta Parroquial de Yaruquí había solicitado al consorcio OCP hacer una variante sobre la ruta ya aprobada (...) a lo que nos oponemos rotundamente, ya que este nuevo trazado es elegido para favorecer intereses personales", dice el segundo documento.
Yaruquí es una de las seis Juntas Parroquiales con las que el OCP debe llegar a acuerdos para completar el proyecto, como parte de los convenios para la mitigación del impacto social establecidos en la obra de 500 kilómetros de extensión.
"La razón del pago de la compensación social radica en un compromiso que asume el OCP en la aprobación del estudio del impacto ambiental", dice Ivonne Fabara, del OCP.
En la licencia ambiental existe la obligación del OCP de compensar a las poblaciones afectadas por la construcción del oleoducto: 10 Municipios y 6 Juntas Parroquiales. Hasta el momento se ha logrado concretar convenios con nueve municipios y con una Junta Parroquial: Nono. (JT)
Un acuerdo, en medio de aplausos
Después de 15 días de negociaciones entre las autoridades locales de la parroquia de Nono y los representantes de OCP, se logró firmar un acuerdo para llevar adelante proyectos de mitigación del impacto ambiental y social.
El problema surgió porque el presupuesto asignado para obras en esa parroquia era de $300 000, pero las autoridades de Nono exigieron $2 millones para la construcción de una carretera que la una con Quito. Una obra reclamada durante años y que parecía hacerse realidad con la construcción del OCP.
Después de intensas conversaciones, los moradores de Nono accedieron a firmar un convenio por el cual se aceptaron $300 000 para iniciar la construcción de la vía.
En la foto, Emiliano Ramos, representante de la parroquia, concreta el acuerdo con Jerry Fee, delegado de Techint, la empresa que traza la tubería.
Se piden $100 000 por cada hectárea de tierra
Los terrenos que el consorcio necesita para construir el oleoducto son de dos tipos: los que se requieren para instalar los terminales y equipos de bombeo y aquellos donde se debe enterrar la tubería.
En la franja de 500 kilómetros de longitud y de 30 metros de ancho que tiene la obra, según lo acordado con el Gobierno, el OCP adquirió el derecho de utilizar esa tierra mediante una figura legal denominada servidumbre de tránsito. Eso establece que el primer dueño del terreno continúa siendo propietario, pero se entabla una limitación del dominio, que le permite al OCP utilizar ese terreno durante la vida del proyecto.
El OCP ha registrado, a lo largo del trazado, 1 500 propietarios . Según el contrato de concesión firmado con el Gobierno, el OCP tiene dos opciones para adquirir el derecho de vía: con el decreto de expropiación acordado con el Ejecutivo o con acuerdos voluntarios con los propietarios, a partir de los avalúos.
Hasta el momento, el OCP ha llegado a acuerdos voluntarios con el 92% de los dueños, pagando un 60% más del avalúo, según informaron en el OCP, para evitar la segunda opción. Pero esa es una alternativa que no han podido eludir, al menos en dos casos.
En el primero debieron expropiar un terreno a Nelson Alcívar, quien habría exigido $200 000 por dos hectáreas de terreno. Es un proceso que está en etapa de mediación. En el segundo, debieron interponer un juicio de estafa a una familia con la que habrían llegado a un acuerdo por un terreno, y que luego había sido vendido a un tercero.
La desproporción entre lo que reclaman no solo los Municipios, sino los mismos propietarios de los terrenos ha sido evidente, pese a que, según los funcionarios del OCP, se ha pagado por encima del avalúo comercial. (JT)
La auditoría positiva
Una auditoría de la obra ordenada por el Gobierno concluye que uno de los aspectos positivos del proyecto ha sido la ausencia casi mayoritaria de quejas por parte de los propietarios de tierras.
"Cierto que hay un impacto ambiental y social, pero en todo el programa de mitigación hemos gastado $13 millones, y pagado a casi todos los propietarios", sostiene Ivonne Fabara, del OCP, quien recalca que debido a la gran inversión que deben realizar, el consorcio es el más preocupado por dejar todo en regla para no tener problemas en el futuro.
En abril del año pasado, el consorcio depositó en el Ministerio de Energía tres de las cuatro garantías requeridas para la construcción del oleoducto: $233 millones, respaldados por el Citibank, y quedó pendiente la garantía de Operación por $50 millones, que deberá hacerse efectiva antes del otorgamiento del permiso inicial de funcionamiento del OCP, el próximo año. (JT)
El requisito, el cofinanciamiento de la obra
De acuerdo con el convenio firmado con el Gobierno y con el otorgamiento de la licencia ambiental, el OCP estaba en la obligación de cumplir con el financiamiento de proyectos de mitigación con 10 Municipios y con 6 Juntas Parroquiales de Quito: Pifo, Yaruquí, Calderón, Guayllabamba, Pomasqui y Nono. El compromiso del OCP habría sido hacer una inversión de $7 millones, pero tendrían previsto $16 millones.
El único Municipio con el que todavía no llegan a un acuerdo es con el de Cascales, en Sucumbíos, aunque los problemas persisten en varios cabildos.
Esmeraldas, la provincia en la que mayor riesgo existiría porque se debe instalar una terminal marítima y una estación submarina, en donde se requirió la adquisición de 400 hectáreas de terreno, es en donde menos problemas ha enfrentado el consorcio OCP, y en donde se estaría desarrollando una gran cantidad de proyectos de desarrollo. Una inversión que alcanzaría los $6 millones.
El monto de la inversión en un determinado Municipio se determinaría tomando en cuenta algunas variables: población, riesgo, tamaño de la obra, etcétera.
El OCP primero firma un convenio en el que se compromete a financiar proyectos de desarrollo hasta un monto determinado. Después, el alcalde o la Municipalidad elabora un plan de desarrollo para definir qué proyectos se van a ejecutar con el dinero asignado, bajo el principio del cofinanciamiento. Uno de los requisitos para que se aprueben los programas sociales, según informaron en el OCP, es que exista participación ciudadana. (JT).
Una oposición que arroja $2 millones de pérdidas
La terminal de bombeo Amazonas es uno de los primeros tramos que se debe concretar para cumplir con los plazos
El principal problema que enfrentó y enfrenta el proyecto OCP está concentrado en Sucumbíos, en donde el alcalde, Máximo Abad, se opuso a la ubicación del terminal de bombeo, sitio que se determinó idóneo después de 11 estudios técnicos, según Ivonne Fabara, del OCP.
La oposición ocasionó la paralización de la obra por 54 días, lo que significó una pérdida para el OCP, de $2 millones.
"Uno de los grandes problemas que como empresa enfrentamos es que, si bien es cierto que existe un compromiso firmado con el Estado y una autorización para construir, cada gobierno local piensa, equivocadamente (porque no hay un fundamento jurídico), que tienen alguna injerencia sobre la ejecución de esta obra, ya sea en la parte constructiva, ambiental o social", aseguran voceros del OCP. "Es difícil hacer entender a las personas y a las autoridades que este es un proyecto nacional, que existe una declaración de utilidad pública, que está por sobre los intereses individuales y locales", insisten.
Pese a que, por ejemplo, las autoridades locales de Mindo aseguraron a BLANCO y NEGRO que nada habían pedido al OCP, se mantiene el reclamo de desviar el trazado. Para eso se encuentra en Guarumos un grupo de ecologistas.
En Lago Agrio, el asunto no es tan simple. Debido a la oposición del alcalde, los personeros del OCP decidieron negociar la firma de los convenios con cinco de los siete concejales, con los que se comprometieron a ejecutar obras por $1 millón.
La intervención del Ministerio de Energía obligó a los ejecutivos del OCP a mantener un desayuno de trabajo con el alcalde Máximo Abad, quien se mostró preocupado por la realización de proyectos en los que la Alcaldía no estaba participando.
"Le explicamos que teníamos la obligación de respetar los convenios, pero que existían recursos para Lago Agrio, por lo que le pedimos que nos presentara un plan de desarrollo para ver en qué proyectos era posible trabajar en conjunto", dice una funcionaria del OCP.
La respuesta del alcalde Abad a esa reunión fue una carta que envió al presidente ejecutivo del OCP Ecuador, Hernán Lara, en la que exigía $12 millones para la ejecución de obras.
"A pesar de mi firme posición, con el respaldo comunitario, de impedir que se construya la terminal Amazonas muy cerca de la ciudad, el OCP logró que cinco concejales decidieran lo contrario, y esa decisión de la mayoría del Concejo de Lago Agrio es irreversible; recurro al legítimo derecho de exigir compensaciones de orden social", dice el cuarto párrafo de la carta.
¿Qué pidió el alcalde de Lago Agrio al OCP? Casi todas las obras posibles. (JT)
Las exigencias de un alcalde
El alcalde de Lago Agrio exigió al OCP, para evitar su oposición, la construcción del mercado municipal, en 12 meses, por un costo de $1 905 514; la construcción del cerramiento y segunda planta del edificio del Patronato Municipal, en 90 días; la contratación inmediata de la obra de asfaltado de las principales vías, por un costo de $4 millones con un aporte monetario del Cabildo de algo más de $900 000, obra que debía estar concluida en diciembre de 2002. Además, exigía la instalación de alcantarillado en 34 barrios de la ciudad, y de alcantarillado y agua potable en la parroquias de Jambelí y Santa Cecilia. Falta el aporte para el relleno sanitario; otra contribución para un proyecto agroproductivo; la construcción de una planta para el tratamiento de aguas servidas; la instalación de un parque ecológico en un plazo de 24 meses, y la recuperación de la laguna de los barrios Julio Marín y Vencedores.
Las exigencias de Máximo Abad tendrían un trasfondo político que busca recuperar el espacio que perdió cuando cinco concejales lo dejaron fuera de la negociación de obras.
"El alcalde tiene una pelea con los concejales, lo que se disputa es quién se aprovecha de la compensación social que debe entregar el OCP", dice Ivonne Fabara, del OCP. Igual ocurriría en otros sitios, como Cascales, en donde se comenzó por reclamar un proyecto de agua primero y se terminó exigiendo $2 millones, pese a que el presupuesto para el programa de mitigación en ese poblado, en donde no existe ninguna obra física visible del OCP, apenas alcanza los $350 000. (JT)
El encierro en la casa comunal de Quijos
Otro sitio conflictivo en la ruta de 500 kilómetros de problemas del OCP es el del Municipio de Quijos, un escollo que se habría presentado esta semana, con la exigencia de $500 mil para una cabecera cantonal, por el cuarteamiento de algunas viviendas.
La Junta Parroquial Francisco Borja, representada por Carlos Montenegro, exigió esa suma, pese a que el presupuesto asignado por el OCP para todo el cantón, con el fin de cumplir con su compromiso contractual, es de $750 000.
Los pobladores de Borja reclamaron al OCP por los daños que se habrían presentado en la vía, lo que incluso habría ocasionado el cuarteamiento de algunas casas.
El problema se agravó en una reunión que mantuvieron los delegados de Techint, la empresa que realiza la obra, en la casa comunal de Borja, en la que los pobladores exigieron la firma de un documento que los comprometía a entregar $500 mil. Además, pidieron el cambio de la ruta y puestos de trabajo para sus habitantes.
En el Distrito Metropolitano, los acuerdos con las Juntas Parroquiales, con excepción de Yaruquí estarían próximos a firmarse.
Los acuerdos en esta zona también tienen que ver con suministro de agua potable, educación, y otros. Por ejemplo, Patricio Guerrero, secretario general del Municipio de Puerto Quito, aseguró que existía el compromiso de financiar un macroproyecto de agua potable en la cabecera cantonal, por $425 000; 11 más relacionados con mejoramiento de escuelas unidocentes; uno más para beneficiar a niños de 5 a 13 años.
En Esmeraldas, los problemas son mínimos. Con esos escollos avanza una obra que duplica la capacidad de transporte de crudo y que ofrece reactivar la economía del Ecuador. (JT)
ANALISIS
Acerca de la ilusión inmediatista del progreso
Con emocionados discursos y promesas de reactivación de la economía del país, se comenzó a desarrollar una de las obras de inversión privada más grandes en el Ecuador: el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
La expectativa que generó y que continúa generando es enorme, porque se trata de una obra postergada por 10 años, una década en la que el país habría perdido $1 400 millones. La razón es sencilla: el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), operando a su máxima capacidad apenas puede bombear 390 000 barriles diarios, desde la Amazonía hasta Balao. Con la construcción del OCP, esa capacidad de transporte simplemente se duplica.
Las causas del retraso en la construcción del OCP fueron varias, entre las que se destacan: la falta de voluntad política y una legislación obsoleta que hacía imposible su concreción.
Fue la Ley de Transformación Económica la que abrió las puertas a la ejecución de la obra. A la luz de esa nueva realidad jurídica, el presidente de la República ya tenía la facultad para reglamentar la construcción del OCP. Y así lo hizo.
El consorcio al que se adjudicó la obra comenzó a abrir las zanjas en medio de los cuestionamientos de los grupos ecologistas (algo previsible porque la obra atraviesa puntos sensibles de la geografía del país) y las nada felices declaraciones del presidente de la República, Gustavo Noboa Bejarano, frases que motivaron amplios análisis sobre el discurso presidencial, en casi todos los medios de comunicación del país.
Y es en este contexto de las zanjas que se abren para concretar la obra, en donde se empieza a mostrar la ilusión de progreso inmediatista que ha generado el proyecto, sobre todo en los poblados en los que se debe instalar la tubería: una ilusión que pretende ver en la empresa privada una especie de rey Midas que debe convertir en oro todo lo que toca a su paso; una ilusión que trata de ver, en la empresa privada, al Estado que nunca se hizo presente para atender las necesidades de sus habitantes.
En Lago Agrio se reclama una ciudad nueva, en Cascales se requieren $2 millones, y así sucesivamente. Y no es que los pedidos no sean justos para poblaciones que ni siquiera tienen caminos de acceso en buenas condiciones; lo que está en cuestionamiento es si están reclamando a la entidad adecuada, porque las preguntas que surgen después de revisar todos los reclamos de los Municipios y de las Juntas Parroquiales es: ¿Para qué han servido las autoridades seccionales y estatales? ¿Cómo los poblados por los que cruza el OCP lograron sobrevivir y sobreviven sin agua potable, sin luz eléctrica, sin carreteras, sin todo lo que están reclamando en la actualidad con amenazas de paralizar el trabajo?
¿Es la empresa privada la que debe hacer esas obras? Ciertamente no. Y una vez que estén concluidos los proyectos no se recordará en qué condiciones se hicieron esos trabajos, sino a quiénes encabezaron los grupos de reclamadores, que de seguro estarán en alguna papeleta electoral, en las próximas elecciones. (JT).
(BLANCO Y NEGRO 02 DE MARZO DE 2002)
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