En algunos cuartos están arrumados crucifijos y santos. La oficina de la directora del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural está adornada con tres cuadros de la Escuela Quiteña. Y las actuales directivos fueron nombrados, ilegalmente, por una asamblea de empleados y trabajadores. En resumen, esta entidad atraviesa por uno de sus peores momentos y sufre la escasez de recursos y la poca atención de las autoridades gubernamentales.
Una mano de gato es nada
Los empleados eligieron a la directora en una asamblea general hace un mes
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) atraviesa graves problemas: con un bajo presupuesto anual ($1 115 000) tiene denuncias de "pluriempleo" de sus funcionarios con sueldos bajos; obras de arte que no están registradas y que sirven de adorno para las oficinas; demasiados becarios (seis durante 2004 en comisión de servicios y con sueldo) que no dejan reemplazo en sus cargos; y un edificio que no reúne las condiciones para realizar las tareas de restauración ni cuenta con la tecnología adecuada.
Y a ello se suma una ilegalidad: la actual directora, Sara Atiaga, fue nombrada por una asamblea de empleados y trabajadores, cuando la vía legal es que el Directorio del INPC (ver cuadro de la pág. 3), según el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural, la designe por el período de cuatro años.
Es que el 28 de abril, tras ocho días de caído el Gobierno de Lucio Gutiérrez, un grupo de empleados impidió el ingreso de la ex directora Carmen Rosa Ponce, aduciendo que, por el decreto 012, cesaba en el cargo con todos los demás empleados de libre remoción.
Entonces, realizaron una asamblea, bajo la Presidencia del fotógrafo Raúl Peñafiel, a la que asistieron 63 empleados de los 84 de Quito, sin considerar a los de Guayaquil, Cuenca y Loja, que suman 18. Atiaga fue elegida con el voto de 34 compañeros, "para salvaguardar los bienes y el trabajo de esta entidad" y con ello venció a los otros tres candidatos.
Un grupo de empleados apoya a Ponce porque "ella puso en orden al INPC: intentó acabar con el compadrazgo, reguló los permisos y las becas, organizó la administración con personal calificado, mejoró la imagen de la institución y hasta tercerizó el servicio de limpieza porque todo era un asco", señalan; pero tienen temor de recibir represalias de las "nuevas autoridades".
Ponce, quien se hizo cargo del INPC el 7 de julio de 2004 y lo dejó el 22 de abril último, es tajante: "Me encontré con una institución muy desprestigiada. Los técnicos eran profesionales que ni siquiera habían escrito sobre sus experiencias, no desarrollaban proyectos efectivos y no tenían sensibilidad para trabajar sobre una materia que exige alta responsabilidad".
"Al intentar organizar el trabajo y darle cierta disciplina -cuenta- sentí el malestar y rechazo, pues consideraban que se trataba de pura burocracia". Por ejemplo, indica que se contrataba el personal sin concurso de merecimientos ni convocatoria por la prensa: "Eso explica que existan algunas personas que solo ponían su primer apellido para ocultar el parentesco con algún otro funcionario". Además, destaca que los departamentos de coordinación no tenían reuniones regulares para la programación y evaluación de sus tareas.
Y algo más: "Los autos de Guayaquil, Cuenca y Loja venían a matricularse en Quito con el gasto de viáticos, gasolina y demás".
En una carta dirigida al ex ministro de Educación y Cultura, Roberto Passailague, el 25 de febrero de 2005, donde Ponce responde a las críticas de algunos empleados, ella explica que ante la salida injustificada del personal (algunos a trabajar en otro lado), a cualquier hora y sin autorización, no se lo hacía a modo personal, sino porque "el INPC tiene varias denuncias de irregularidades de autenticación de cuadros y obras de arte falsas que deterioran la imagen de la institución".
Y detectó: "Convenios suscritos sin ejecutar, pagos de la totalidad del precio a proveedores sin que se hayan ejecutado los trabajos o se hayan dado ejecuciones a medias, órdenes de trabajo mal elaboradas, saldos de proyectos sin cobrar, determinados déficit en sus resultados presupuestarios, manejo de fondos de autogestión sin ningún tipo de procedimientos, compra de computadoras a precios superiores a los vigentes en el mercado, equipos informáticos embodegados, donaciones de gobiernos amigos dañadas y silencios administrativos por negligencia de los funcionarios". (OP)
Los funcionarios del INPC están divididos frente a quién debe dirigir la institución
Sara Atiaga, directora encargada; Carlos Guerrero, miembro del equipo de Dirección Técnica; Rocío Murillo, arqueóloga; y Janeth Silva, encargada del departamento de Recursos Humanos, se reúnen con este Diario en la oficina principal de La Circasiana, en la avenida Colón y Diez de Agosto, el miércoles pasado.
Los rodean tres cuadros y un crucifijo de la Escuela Quiteña, supuestamente del convento de San Agustín. Ese día, ninguno de los funcionarios presentes conoció exactamente el origen de esas obras de arte. Sospechan que estarán inventariados en alguna parte.
Niegan varias denuncias de Carmen Rosa Ponce y de algunos de sus compañeros, que piden ser identificados para constraponer los criterios. "Que nos presenten las pruebas", demanda Sara Atiaga.
Eso sí, aceptan una realidad: el nombramiento de la directora encargada no fue legal, pero sí válido ante la acefalía provocada por el decreto 012 de Alfredo Palacio, del 22 de abril de 2005. Y acotan en coro: "La Institución está en el aire. No hay asesoría jurídica".
También reconocen que "solo el carro de Guayaquil se viene a matricular en Quito". La razón: solo en la capital existe una verdadera revisión vehicular y eso garantiza un mejor mantenimiento y ahorro económico.
También destacan un problema grave: no se pueden firmar convenios ni documentos porque no existe un abogado "que nos asesore en ese aspecto". "¿Cómo va a venir a trabajar un buen abogado si le pagan poco?", señala Guerrero, pero luego, con un empleado del Departamento Financiero, en la oficina, se supo que el sueldo del abogado del INPC es de $666.
Se quejan, a veces en exceso, de que los sueldos son bajos. "Por eso algunos técnicos se van a otras entidades, como el Fonsal (Fondo de Salvamento, del Municipio de Quito), donde les pagan hasta el triple", explica Silva. Guerrero es más efusivo y destaca que no se cobra "un solo centavo por horas extras, aunque tengamos que trabajar hasta altas horas de la noche".
El sueldo de la directora es de $1 830 y el más bajo el de un auxiliar de servicios, $300.
Asimismo reconocen que existen becas, pero que no afectan gravemente el trabajo. Ahora, dice Silva, hay tres personas becadas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Vuelven a sus labores en julio próximo.
Por último, señalan: "El INPC subsiste por los convenios nacionales y extranjeros". (OP)
¿La casa de los Jijón es un cofre de tesoros?
El edificio del Instituto cumple, en 2005, 99 años de vida. Sus ocupantes titubean al describir lo que contiene.
Los actuales inquilinos del palacete La Circasiana no la conocen a cabalidad. La casa, construida a pedido de Manuel Jijón para ser la casa de campo de la familia, es un crisol de patrimonio en sí misma.
La mansión, ubicada en la avenida Diez de Agosto y Colón, en Quito, es la sede principal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y fue planificada por el arquitecto de la familia Jijón, Francisco Schmidt, en el año de 1904. Cuenta con obras de arte nacionales y extranjeras. La muestra que más impacta es el Salón de los Escudos (obra de anónimos artesanos cuencanos), revestido de madera y decorado con emblemas de la familia Jijón y de otras órdenes.
El artista quiteño Lorenzo Tejada dirigió la construcción del artesonado de la sala principal. Frescos atribuidos a Manosalvas adornan las paredes del segundo piso. Los tapices en las oficinas de la Dirección fueron traídos desde Francia y algunos artesonados desde los Estados Unidos (específicamente de Filadelfia). En la parte trasera de la casa, se ven cuatro estatuas italianas de mármol de Carrara, que representan a las cuatro estaciones. Todas enfrentan un graderío semicircular griego clásico.
A pesar de estar rodeados de estos bienes culturales, no todos los empleados del INPC pueden describir lo ven todos los días. Un ejemplo: cuando se les preguntó a las autoridades acerca del origen y la autoría de las tres pinturas que cuelgan en la Dirección Nacional, no pudieron explicarlos.
Además, en la sección de inventario, donde se observan varias piezas arqueológicas y objetos religiosos (santos y crucifijos a montones) apilados sin mayor cuidado en armarios rústicos, los trabajadores tampoco conocían los detalles de las obras que resguardaban.
Los empleados del INPC ocuparon La Circasiana por un comodato, para 40 años, que se hizo con el Municipio de Quito en 1991. Sus dependencias se reparten entre habitaciones de lo que fue el hogar de los Jijón en su residencia familiar, que iba de la avenida Nueve de Octubre a la Calle Versalles.
Por último, con tantas obras de tanto valor económico, histórico y cultural, la seguridad es mínima (apenas tres personas) y no garantiza un control efectivo. Cualquier visitante puede pasear por los departamentos sin vigilancia. (GGS)
"El INPC, una entidad sin presencia nacional"
La institución destina alrededor del 90% de su presupuesto a gastos corrientes. Varios entendidos plantean la creación del Ministerio de la Cultura
La ausencia de políticas culturales, alrededor del 90% del presupuesto destinado a gastos corrientes, el centralismo, el desconocimiento de la Ley de Patrimonio y un personal "burocratizado" ¿hacen del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) una instancia ineficiente?
En eso coinciden varios expertos. Uno de ellos, Alfonso Ortiz, ex director de la institución, sostiene que el INPC "está relegado, sin apoyo político ni económico" y no tiene presencia nacional, por lo que, en cierta medida, pierde legitimidad.
El INPC tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; la mayoría de empleados y técnicos trabajan en la capital (84 personas), por lo que en el presupuesto de la institución existe un rubro de $25 mil para viáticos.
Pero el prior Gonzalo Valdivieso, director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Orden Dominicana en el Ecuador, es más radical. Él cree que el Estado debería destinar los recursos que van al instituto directamente a las comunidades que se encargan de mantener y conservar el patrimonio artístico y arquitectónico del país: "Es que cuando el Estado crea instancias, estas se convierten en burócratas y malgastan los recursos".
Del presupuesto de 2005 ($1 115 000), $830 mil se destinan a sueldos y $160 mil en gastos de funcionamiento (mantenimiento e inversión de equipos, muebles y el pago de servicios).
Otro crítico de la institución es Hernán Crespo Toral: "El Instituto debería ser el albacea del patrimonio, este personal debe ser el más idóneo para cuidar esta herencia". Es que para él, los políticos deben dar un cambio radical para generar un proyecto de nación, "porque con la carencia de este, no vamos a nada".
Crespo Toral da una sugerencia: crear el Ministerio de la Cultura, el que deberá encargarse de las industrias culturales.
Da un ejemplo: el turismo debe ser explotado sin vulnerar a los valores y artes populares; se debe mostrar un país pluricultural. La intención es que se difundan los valores y conocimientos de cada etnia y acercarlas con lo urbano.
Este criterio es compartido por Ortiz, quien además sugiere que "debe darse a la cultura un espacio para ser debatida en las altas esferas del poder". Lastimosamente, ve con desilusión que en el Congreso Nacinal no haya un diputado que pueda interesarse por hacer un proyecto de ley para generar un cambio en las políticas culturales; tampoco observa que el Gobierno del presidente Alfredo Palacio se preocupe por ello.
"Solo basta con analizar los discursos, en ningún momento se nombra siquiera la palabra cultura", analiza Ortiz. Frente a ello, sostiene que no se ve visos de cambio. (RGC)
PUNTO DE VISTA
¿La "última rueda del coche"? La cultura
Cierto que los cambios de Gobierno no resuelven los temas de fondo. Cierto también que las fórmulas de la burocracia son acomodarse a cada nuevo régimen. Sin embargo, en el campo de la cultura nunca se propone una transformación o por lo menos una preocupación para sostenerla o impulsarla.
Una prueba de ello es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Lo primero que hicieron los empleados, el 22 de abril último, fue ocupar las instalaciones, velar por sus intereses e impedir el ingreso de las autoridades. Todo, supuestamente, pensando en el bien de la institución. Además, nombraron a una directora mediante una asamblea. El hecho, que, visto a la distancia, parecería un acto democrático y hasta populista, pero violaron la ley. ¿Qué ocurrió luego? Nada, la impunidad absoluta.
Ahora, se ha revelado una serie de irregularidades, que desconocen las actuales autoridades encargadas del INPC. Sin embargo, la subsecretaria de Cultura y la ministra de Educación no han respondido a las solicitudes de este Diario para obtener una explicación y una propuesta de solución.
Entonces, vuelve la afirmación de siempre, que ya parece un lugar común, desgastado y vacío: la cultura es la "última rueda del coche" en el convivir nacional y en la preocupación de las autoridades. Mucho más tratándose del patrimonio cultural, quizás una de las pocas razones históricas por las que el Ecuador tiene sentido como nación, identidad y universalidad. (OP)(Blanco y Negro)
Una mano de gato es nada
Los empleados eligieron a la directora en una asamblea general hace un mes
El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) atraviesa graves problemas: con un bajo presupuesto anual ($1 115 000) tiene denuncias de "pluriempleo" de sus funcionarios con sueldos bajos; obras de arte que no están registradas y que sirven de adorno para las oficinas; demasiados becarios (seis durante 2004 en comisión de servicios y con sueldo) que no dejan reemplazo en sus cargos; y un edificio que no reúne las condiciones para realizar las tareas de restauración ni cuenta con la tecnología adecuada.
Y a ello se suma una ilegalidad: la actual directora, Sara Atiaga, fue nombrada por una asamblea de empleados y trabajadores, cuando la vía legal es que el Directorio del INPC (ver cuadro de la pág. 3), según el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Patrimonio Cultural, la designe por el período de cuatro años.
Es que el 28 de abril, tras ocho días de caído el Gobierno de Lucio Gutiérrez, un grupo de empleados impidió el ingreso de la ex directora Carmen Rosa Ponce, aduciendo que, por el decreto 012, cesaba en el cargo con todos los demás empleados de libre remoción.
Entonces, realizaron una asamblea, bajo la Presidencia del fotógrafo Raúl Peñafiel, a la que asistieron 63 empleados de los 84 de Quito, sin considerar a los de Guayaquil, Cuenca y Loja, que suman 18. Atiaga fue elegida con el voto de 34 compañeros, "para salvaguardar los bienes y el trabajo de esta entidad" y con ello venció a los otros tres candidatos.
Un grupo de empleados apoya a Ponce porque "ella puso en orden al INPC: intentó acabar con el compadrazgo, reguló los permisos y las becas, organizó la administración con personal calificado, mejoró la imagen de la institución y hasta tercerizó el servicio de limpieza porque todo era un asco", señalan; pero tienen temor de recibir represalias de las "nuevas autoridades".
Ponce, quien se hizo cargo del INPC el 7 de julio de 2004 y lo dejó el 22 de abril último, es tajante: "Me encontré con una institución muy desprestigiada. Los técnicos eran profesionales que ni siquiera habían escrito sobre sus experiencias, no desarrollaban proyectos efectivos y no tenían sensibilidad para trabajar sobre una materia que exige alta responsabilidad".
"Al intentar organizar el trabajo y darle cierta disciplina -cuenta- sentí el malestar y rechazo, pues consideraban que se trataba de pura burocracia". Por ejemplo, indica que se contrataba el personal sin concurso de merecimientos ni convocatoria por la prensa: "Eso explica que existan algunas personas que solo ponían su primer apellido para ocultar el parentesco con algún otro funcionario". Además, destaca que los departamentos de coordinación no tenían reuniones regulares para la programación y evaluación de sus tareas.
Y algo más: "Los autos de Guayaquil, Cuenca y Loja venían a matricularse en Quito con el gasto de viáticos, gasolina y demás".
En una carta dirigida al ex ministro de Educación y Cultura, Roberto Passailague, el 25 de febrero de 2005, donde Ponce responde a las críticas de algunos empleados, ella explica que ante la salida injustificada del personal (algunos a trabajar en otro lado), a cualquier hora y sin autorización, no se lo hacía a modo personal, sino porque "el INPC tiene varias denuncias de irregularidades de autenticación de cuadros y obras de arte falsas que deterioran la imagen de la institución".
Y detectó: "Convenios suscritos sin ejecutar, pagos de la totalidad del precio a proveedores sin que se hayan ejecutado los trabajos o se hayan dado ejecuciones a medias, órdenes de trabajo mal elaboradas, saldos de proyectos sin cobrar, determinados déficit en sus resultados presupuestarios, manejo de fondos de autogestión sin ningún tipo de procedimientos, compra de computadoras a precios superiores a los vigentes en el mercado, equipos informáticos embodegados, donaciones de gobiernos amigos dañadas y silencios administrativos por negligencia de los funcionarios". (OP)
Los funcionarios del INPC están divididos frente a quién debe dirigir la institución
Sara Atiaga, directora encargada; Carlos Guerrero, miembro del equipo de Dirección Técnica; Rocío Murillo, arqueóloga; y Janeth Silva, encargada del departamento de Recursos Humanos, se reúnen con este Diario en la oficina principal de La Circasiana, en la avenida Colón y Diez de Agosto, el miércoles pasado.
Los rodean tres cuadros y un crucifijo de la Escuela Quiteña, supuestamente del convento de San Agustín. Ese día, ninguno de los funcionarios presentes conoció exactamente el origen de esas obras de arte. Sospechan que estarán inventariados en alguna parte.
Niegan varias denuncias de Carmen Rosa Ponce y de algunos de sus compañeros, que piden ser identificados para constraponer los criterios. "Que nos presenten las pruebas", demanda Sara Atiaga.
Eso sí, aceptan una realidad: el nombramiento de la directora encargada no fue legal, pero sí válido ante la acefalía provocada por el decreto 012 de Alfredo Palacio, del 22 de abril de 2005. Y acotan en coro: "La Institución está en el aire. No hay asesoría jurídica".
También reconocen que "solo el carro de Guayaquil se viene a matricular en Quito". La razón: solo en la capital existe una verdadera revisión vehicular y eso garantiza un mejor mantenimiento y ahorro económico.
También destacan un problema grave: no se pueden firmar convenios ni documentos porque no existe un abogado "que nos asesore en ese aspecto". "¿Cómo va a venir a trabajar un buen abogado si le pagan poco?", señala Guerrero, pero luego, con un empleado del Departamento Financiero, en la oficina, se supo que el sueldo del abogado del INPC es de $666.
Se quejan, a veces en exceso, de que los sueldos son bajos. "Por eso algunos técnicos se van a otras entidades, como el Fonsal (Fondo de Salvamento, del Municipio de Quito), donde les pagan hasta el triple", explica Silva. Guerrero es más efusivo y destaca que no se cobra "un solo centavo por horas extras, aunque tengamos que trabajar hasta altas horas de la noche".
El sueldo de la directora es de $1 830 y el más bajo el de un auxiliar de servicios, $300.
Asimismo reconocen que existen becas, pero que no afectan gravemente el trabajo. Ahora, dice Silva, hay tres personas becadas en el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Vuelven a sus labores en julio próximo.
Por último, señalan: "El INPC subsiste por los convenios nacionales y extranjeros". (OP)
¿La casa de los Jijón es un cofre de tesoros?
El edificio del Instituto cumple, en 2005, 99 años de vida. Sus ocupantes titubean al describir lo que contiene.
Los actuales inquilinos del palacete La Circasiana no la conocen a cabalidad. La casa, construida a pedido de Manuel Jijón para ser la casa de campo de la familia, es un crisol de patrimonio en sí misma.
La mansión, ubicada en la avenida Diez de Agosto y Colón, en Quito, es la sede principal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y fue planificada por el arquitecto de la familia Jijón, Francisco Schmidt, en el año de 1904. Cuenta con obras de arte nacionales y extranjeras. La muestra que más impacta es el Salón de los Escudos (obra de anónimos artesanos cuencanos), revestido de madera y decorado con emblemas de la familia Jijón y de otras órdenes.
El artista quiteño Lorenzo Tejada dirigió la construcción del artesonado de la sala principal. Frescos atribuidos a Manosalvas adornan las paredes del segundo piso. Los tapices en las oficinas de la Dirección fueron traídos desde Francia y algunos artesonados desde los Estados Unidos (específicamente de Filadelfia). En la parte trasera de la casa, se ven cuatro estatuas italianas de mármol de Carrara, que representan a las cuatro estaciones. Todas enfrentan un graderío semicircular griego clásico.
A pesar de estar rodeados de estos bienes culturales, no todos los empleados del INPC pueden describir lo ven todos los días. Un ejemplo: cuando se les preguntó a las autoridades acerca del origen y la autoría de las tres pinturas que cuelgan en la Dirección Nacional, no pudieron explicarlos.
Además, en la sección de inventario, donde se observan varias piezas arqueológicas y objetos religiosos (santos y crucifijos a montones) apilados sin mayor cuidado en armarios rústicos, los trabajadores tampoco conocían los detalles de las obras que resguardaban.
Los empleados del INPC ocuparon La Circasiana por un comodato, para 40 años, que se hizo con el Municipio de Quito en 1991. Sus dependencias se reparten entre habitaciones de lo que fue el hogar de los Jijón en su residencia familiar, que iba de la avenida Nueve de Octubre a la Calle Versalles.
Por último, con tantas obras de tanto valor económico, histórico y cultural, la seguridad es mínima (apenas tres personas) y no garantiza un control efectivo. Cualquier visitante puede pasear por los departamentos sin vigilancia. (GGS)
"El INPC, una entidad sin presencia nacional"
La institución destina alrededor del 90% de su presupuesto a gastos corrientes. Varios entendidos plantean la creación del Ministerio de la Cultura
La ausencia de políticas culturales, alrededor del 90% del presupuesto destinado a gastos corrientes, el centralismo, el desconocimiento de la Ley de Patrimonio y un personal "burocratizado" ¿hacen del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) una instancia ineficiente?
En eso coinciden varios expertos. Uno de ellos, Alfonso Ortiz, ex director de la institución, sostiene que el INPC "está relegado, sin apoyo político ni económico" y no tiene presencia nacional, por lo que, en cierta medida, pierde legitimidad.
El INPC tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja; la mayoría de empleados y técnicos trabajan en la capital (84 personas), por lo que en el presupuesto de la institución existe un rubro de $25 mil para viáticos.
Pero el prior Gonzalo Valdivieso, director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Orden Dominicana en el Ecuador, es más radical. Él cree que el Estado debería destinar los recursos que van al instituto directamente a las comunidades que se encargan de mantener y conservar el patrimonio artístico y arquitectónico del país: "Es que cuando el Estado crea instancias, estas se convierten en burócratas y malgastan los recursos".
Del presupuesto de 2005 ($1 115 000), $830 mil se destinan a sueldos y $160 mil en gastos de funcionamiento (mantenimiento e inversión de equipos, muebles y el pago de servicios).
Otro crítico de la institución es Hernán Crespo Toral: "El Instituto debería ser el albacea del patrimonio, este personal debe ser el más idóneo para cuidar esta herencia". Es que para él, los políticos deben dar un cambio radical para generar un proyecto de nación, "porque con la carencia de este, no vamos a nada".
Crespo Toral da una sugerencia: crear el Ministerio de la Cultura, el que deberá encargarse de las industrias culturales.
Da un ejemplo: el turismo debe ser explotado sin vulnerar a los valores y artes populares; se debe mostrar un país pluricultural. La intención es que se difundan los valores y conocimientos de cada etnia y acercarlas con lo urbano.
Este criterio es compartido por Ortiz, quien además sugiere que "debe darse a la cultura un espacio para ser debatida en las altas esferas del poder". Lastimosamente, ve con desilusión que en el Congreso Nacinal no haya un diputado que pueda interesarse por hacer un proyecto de ley para generar un cambio en las políticas culturales; tampoco observa que el Gobierno del presidente Alfredo Palacio se preocupe por ello.
"Solo basta con analizar los discursos, en ningún momento se nombra siquiera la palabra cultura", analiza Ortiz. Frente a ello, sostiene que no se ve visos de cambio. (RGC)
PUNTO DE VISTA
¿La "última rueda del coche"? La cultura
Cierto que los cambios de Gobierno no resuelven los temas de fondo. Cierto también que las fórmulas de la burocracia son acomodarse a cada nuevo régimen. Sin embargo, en el campo de la cultura nunca se propone una transformación o por lo menos una preocupación para sostenerla o impulsarla.
Una prueba de ello es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Lo primero que hicieron los empleados, el 22 de abril último, fue ocupar las instalaciones, velar por sus intereses e impedir el ingreso de las autoridades. Todo, supuestamente, pensando en el bien de la institución. Además, nombraron a una directora mediante una asamblea. El hecho, que, visto a la distancia, parecería un acto democrático y hasta populista, pero violaron la ley. ¿Qué ocurrió luego? Nada, la impunidad absoluta.
Ahora, se ha revelado una serie de irregularidades, que desconocen las actuales autoridades encargadas del INPC. Sin embargo, la subsecretaria de Cultura y la ministra de Educación no han respondido a las solicitudes de este Diario para obtener una explicación y una propuesta de solución.
Entonces, vuelve la afirmación de siempre, que ya parece un lugar común, desgastado y vacío: la cultura es la "última rueda del coche" en el convivir nacional y en la preocupación de las autoridades. Mucho más tratándose del patrimonio cultural, quizás una de las pocas razones históricas por las que el Ecuador tiene sentido como nación, identidad y universalidad. (OP)(Blanco y Negro)
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