Quito. 7 dic 2000. Finalmente se hizo pública la lista de los 100 que
supuestamente evadieron el congelamiento de marzo de 1999. Y lo que el
descubrimiento dejó en claro, no fueron los nombres del escándalo moral,
sino las inconsistencias de la lista.
Para comenzar, no la reveló un partido político ni una institución de
control estatal, sino un coronel, protagonista del 21 de enero, que
guarda aún aspiraciones de convertirse en figura política. Esto es, la
lista entró al espacio público por un resquicio, con todas las dudas
inherentes.
Después, la lista es demasiado simple. No permite obtener ninguna
certeza. El período que cubre es muy amplio. Parte de comienzos de
febrero, para analizar un hecho que ocurrió el 11 de marzo y que fue
resuelto entre gallos y medianoche. Es evidente que los sectores de la
cúpula política, económica y financiera contarían con información
privilegiada sobre la situación del sistema bancario, pero la lista no
nos revela hasta qué punto las cuentas e inversiones de esa cúpula fueron
realmente vaciadas gracias a dichas informaciones. Esos datos no se han
revelado.
Mientras tanto, los movimientos en las cuentas, luego del congelamiento,
tampoco significan algo, pues el congelamiento no pesaba sobre nuevos
depósitos y retiros.
La lista deja, por lo tanto, en algún caso real de uso indebido de
información, la coartada perfecta.
El efecto de la revelación de la lista es otro. Es lo contrario de lo que
podrían buscar sus denunciantes. Desactivó la sospecha general de que
quienes actuaron en la cúpula, muy bien pudieron poner sus fortunas a
buen recaudo. La fallida lista nos deja nuevamente en manos del rumor.
¿Es un simple rumor la existencia del delito del que se habla? ¿Podrá
convencernos una nueva lista? ¿Es posible revelar lo que ocurrió con
ciertas cuentas de bancos en esos días, por más allá de un simple e
inofensivo listado de retiros? ¿Acaso vamos a pensar que la lista no
existe, y que otra vez no llegaremos a saber nada?
Lo que nos queda es, nuevamente, la incertidumbre de cómo ocurrieron los
hechos ese mes de marzo. El gesto del coronel Gutiérrez no ha hecho más
que sembrar dudas sobre la existencia de una lista convincente, que
demuestre que se vaciaron las cuentas de dirigentes políticos y
económicos.
Mientras tanto ¿qué han hecho, el Gobierno y el Congreso por
transparentar la historia de la crisis bancaria, por más allá de algún
fallido intento de extradición de un banquero? ¿Qué han hecho por
fortalecer la credibilidad en las instituciones, explicando lo ocurrido
en 1999, para no dejar la verdad en manos de aventureros políticos, o en
documentos que no hacen más que abonar equívocos? ¿Qué gestiones se han
iniciado para investigar todas las denuncias entregadas al Congreso por
Juan Falconí, con ocasión de su juicio político? nada. O casi nada.
Ahora vamos a ver el desfile de todos los implicados en esta lista
fallida, para escuchar sus explicaciones y no avanzar absolutamente en el
esclarecimiento de los hechos. Ya ha comenzado, con gran celeridad, el
propio presidente Gustavo Noboa, para justificar el retiro de 80 millones
de sucres al margen del congelamiento.
Hay una creciente exigencia de la sociedad ecuatoriana porque exista
transparencia en todos los actos públicos. Cualquier reforma fiscal de la
que se hable tiene como uno de sus ejes la transparencia del gasto, el
empeño particular de que la información sobre el uso de los tributos esté
a la mano de todos los contribuyentes. Es impensable un proceso de
descentralización o de autonomía, que no contenga la necesidad de volver
transparente la gestión de los gobiernos locales.
Un primer paso en ese sentido fue la decisión del Congreso de ubicar en
el presupuesto del Estado los gastos militares, para que sean públicos.
Los propios militares hablan de poner punto final al secreto de los
gastos militares. El mismísimo sigilo bancario está tan desacreditado, se
sospecha que oculta tanta corrupción, que solo el anuncio de que se lo
levantaba por un momento, durante el juicio político a Falconí, despertó
una ola de inquietudes y expectativas.
Pero mirar al futuro sin secretos, sin cuentas reservadas, sin
informaciones privilegiadas en manos de unos pocos para provecho
personal, no nos libera de la obligación de dejar en claro lo que ocurrió
en el pasado, a riesgo de repetirlo en medio de la impunidad.
[email protected] (Diario Hoy)
supuestamente evadieron el congelamiento de marzo de 1999. Y lo que el
descubrimiento dejó en claro, no fueron los nombres del escándalo moral,
sino las inconsistencias de la lista.
Para comenzar, no la reveló un partido político ni una institución de
control estatal, sino un coronel, protagonista del 21 de enero, que
guarda aún aspiraciones de convertirse en figura política. Esto es, la
lista entró al espacio público por un resquicio, con todas las dudas
inherentes.
Después, la lista es demasiado simple. No permite obtener ninguna
certeza. El período que cubre es muy amplio. Parte de comienzos de
febrero, para analizar un hecho que ocurrió el 11 de marzo y que fue
resuelto entre gallos y medianoche. Es evidente que los sectores de la
cúpula política, económica y financiera contarían con información
privilegiada sobre la situación del sistema bancario, pero la lista no
nos revela hasta qué punto las cuentas e inversiones de esa cúpula fueron
realmente vaciadas gracias a dichas informaciones. Esos datos no se han
revelado.
Mientras tanto, los movimientos en las cuentas, luego del congelamiento,
tampoco significan algo, pues el congelamiento no pesaba sobre nuevos
depósitos y retiros.
La lista deja, por lo tanto, en algún caso real de uso indebido de
información, la coartada perfecta.
El efecto de la revelación de la lista es otro. Es lo contrario de lo que
podrían buscar sus denunciantes. Desactivó la sospecha general de que
quienes actuaron en la cúpula, muy bien pudieron poner sus fortunas a
buen recaudo. La fallida lista nos deja nuevamente en manos del rumor.
¿Es un simple rumor la existencia del delito del que se habla? ¿Podrá
convencernos una nueva lista? ¿Es posible revelar lo que ocurrió con
ciertas cuentas de bancos en esos días, por más allá de un simple e
inofensivo listado de retiros? ¿Acaso vamos a pensar que la lista no
existe, y que otra vez no llegaremos a saber nada?
Lo que nos queda es, nuevamente, la incertidumbre de cómo ocurrieron los
hechos ese mes de marzo. El gesto del coronel Gutiérrez no ha hecho más
que sembrar dudas sobre la existencia de una lista convincente, que
demuestre que se vaciaron las cuentas de dirigentes políticos y
económicos.
Mientras tanto ¿qué han hecho, el Gobierno y el Congreso por
transparentar la historia de la crisis bancaria, por más allá de algún
fallido intento de extradición de un banquero? ¿Qué han hecho por
fortalecer la credibilidad en las instituciones, explicando lo ocurrido
en 1999, para no dejar la verdad en manos de aventureros políticos, o en
documentos que no hacen más que abonar equívocos? ¿Qué gestiones se han
iniciado para investigar todas las denuncias entregadas al Congreso por
Juan Falconí, con ocasión de su juicio político? nada. O casi nada.
Ahora vamos a ver el desfile de todos los implicados en esta lista
fallida, para escuchar sus explicaciones y no avanzar absolutamente en el
esclarecimiento de los hechos. Ya ha comenzado, con gran celeridad, el
propio presidente Gustavo Noboa, para justificar el retiro de 80 millones
de sucres al margen del congelamiento.
Hay una creciente exigencia de la sociedad ecuatoriana porque exista
transparencia en todos los actos públicos. Cualquier reforma fiscal de la
que se hable tiene como uno de sus ejes la transparencia del gasto, el
empeño particular de que la información sobre el uso de los tributos esté
a la mano de todos los contribuyentes. Es impensable un proceso de
descentralización o de autonomía, que no contenga la necesidad de volver
transparente la gestión de los gobiernos locales.
Un primer paso en ese sentido fue la decisión del Congreso de ubicar en
el presupuesto del Estado los gastos militares, para que sean públicos.
Los propios militares hablan de poner punto final al secreto de los
gastos militares. El mismísimo sigilo bancario está tan desacreditado, se
sospecha que oculta tanta corrupción, que solo el anuncio de que se lo
levantaba por un momento, durante el juicio político a Falconí, despertó
una ola de inquietudes y expectativas.
Pero mirar al futuro sin secretos, sin cuentas reservadas, sin
informaciones privilegiadas en manos de unos pocos para provecho
personal, no nos libera de la obligación de dejar en claro lo que ocurrió
en el pasado, a riesgo de repetirlo en medio de la impunidad.
[email protected] (Diario Hoy)
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