Quito. 18 may 2000. El presidente Noboa decidió la disponibilidad
de los altos mandos militares.
La decisión demostró la independencia del presidente. Para muchos
analistas era impostergable debido al avance de las
investigaciones que comprometen al alto mando en los sucesos del
21 de enero. El Congreso no pudo alcanzar un acuerdo para
amnistiar a los responsables de la asonada.
El presidente Gustavo Noboa decidió renovar el alto mando militar,
que se mantenía en funciones luego de la asonada del pasado 21 de
enero.
El gobierno informó que habían solicitado voluntariamente su
pedido de disponibilidad los generales Telmo Sandoval y Oscar
Irigoyen, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.
y comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)
respectivamente, así como el vicealmirante Enrique Monteverde,
titular de la Marina.
Para algunos analistas, este remezón en la jerarquía castrense fue
consecuencia del inicio de las investigaciones en la Corte de
Justicia Militar, CJM, en el marco del proceso que se sigue contra
el general (r) Carlos Mendoza, ex jefe del Comando Conjunto e
integrante del efímero triunvirato militar-indígena-civil que se
alzó con el poder durante apenas tres horas en aquel fatídico día.
La alegación de Mendoza respecto a que tuvo que "sacrificarse"
dentro de una estrategia para ganar tiempo y evitar un
derramamiento de sangre, fue cuestionada por los generales en
retiro Carlos Calle y José Lascano, ex jefes de Estado Mayor y del
Ejército, respectivamente, que rindieron testimonio ante la CJM.
La acusación de haber pretendido concertar una dictadura alcanzó a
Sandoval, que actuó junto a Mendoza durante toda la jornada que
derivó en el derrocamiento del ex presidente Jamil Mahuad.
Y aunque la insubordinación sólo comprometió al Ejército, los
principales de la FAE y la Marina se vieron involucrados en el
quebrantamiento del orden constitucional, ya que participaron del
pedido de renuncia que hizo el alto mando militar a Mahuad, luego
de producida la toma de la sede del Congreso por parte de los
coroneles insurrectos.
Al explicar los cambios, el ministro de Defensa, almirante (r)
Hugo Unda, dijo que el retiro de sus colegas de armas fue "un acto
de dignidad y honor, tratándose de un sacrificio personal, porque
nada los obligaba legalmente a presentar su disponibilidad, pero
comprendiendo la situación de las Fuerzas Armadas y del país, que
no es normal, tomaron esa decisión".
El único ratificado fue el general Nortón Narváez, comandante del
Ejército, que fue ascendido al cargo luego de los acontecimientos
del 21 de enero.
La renovación de la cúpula militar produjo una reacción
unánimemente favorable en los medios de prensa. "Fue vista como la
única manera de evitar que las FF.AA siguieran un proceso de
desgaste en medio de una investigación que involucró a los altos
mandos", comentó un editorial de diario "El Comercio" de Quito.
La decisión adoptada fue percibida como un acierto del presidente
Noboa, en términos de una reafirmación del poder civil sobre los
conflictos al interior de las FF.AA.
En coincidencia con este episodio, y ante la manifiesta presión
del Ejecutivo, el Congreso procedió a debatir la concesión de una
amnistía a los responsables de la intentona golpista.
La propuesta del gobierno fue beneficiar a los implicados, sin
perjuicio de sanciones disciplinarias que se adoptarían en el
ámbito militar y que, en la práctica, llegarían a la sumo a la
baja de los coroneles rebeldes.
Pese a que el delicado tema fue discutido en el pleno del
Parlamento, resultó imposible alcanzar un acuerdo que permita
aprobar la señalada amnistía con el voto favorable de los dos
tercios de los legisladores.
En suma, se produjo una división entre los sectores de izquierda y
centro-izquierda que propugnan una amnistía general sin
restricciones, y la centroderecha, con el Partido Social
Cristiano, PSC, a la cabeza, que se niega a perdonar a los
cabecillas, sean civiles o militares.
El Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, condiciona cualquier forma
de apoyo a que se incluya dentro de la amnistía al ex presidente
Abdalá Bucaram, derrocado en 1997 y asilado en Panamá, quien
afronta varios juicios penales por casos de corrupción.
Por la dificultad para lograr un acuerdo, el debate podría quedar
postergado para luego de las elecciones de alcaldes del 21 de
mayo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
así como la Coordinadora de Movimientos Sociales, amenazaron con
adoptar medidas de fuerza, si la Legislatura no atiende el pedido
de una amnistía irrestricta.
Intervienen el Banco Central
En un hecho sin precedentes, el superintendente de Bancos, Juan
Falconí, dispuso la intervención del Banco Central del Ecuador,
BCE, paradigma de las entidades autónomas del país.
Lo hizo para suspender la decisión de su directorio de elevar en
un 45% el salario de los 1.600 empleados de la institución, 600 de
los cuales saldrán de la entidad en junio próximo, debido a que la
dolarización de la economía redujo el rol del instituto emisor.
Falconí dijo no oponerse a un aumento razonable para quienes se
queden, aunque precisó que no se deben incrementar los egresos
fiscales para personas que ya tienen ingresos de buen nivel en
relación con otros servidores públicos.
Además, destacó que dicha suba de salarios tendría un efecto
multiplicador en la cesantía de los funcionarios que dejarían el
BCE.
Como interventor de la entidad fue designado Ricardo Bravo, quien
deberá autorizar toda operación relacionada con el pago de
personal.
En respuesta, el BCE emitió un comunicado en el cual señala que la
medida carece del adecuado sustento constitucional, legal y
técnico.
De cualquier forma, el incidente derivó en la renuncia de Modesto
Correa, presidente del directorio del BCE.
Para los analistas, lo ocurrido es reflejo de una pugna entre el
gobierno del presidente Noboa y la tecnocracia del BCE, por el
control del proceso de dolarización que es objeto de múltiples
cuestionamientos. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
de los altos mandos militares.
La decisión demostró la independencia del presidente. Para muchos
analistas era impostergable debido al avance de las
investigaciones que comprometen al alto mando en los sucesos del
21 de enero. El Congreso no pudo alcanzar un acuerdo para
amnistiar a los responsables de la asonada.
El presidente Gustavo Noboa decidió renovar el alto mando militar,
que se mantenía en funciones luego de la asonada del pasado 21 de
enero.
El gobierno informó que habían solicitado voluntariamente su
pedido de disponibilidad los generales Telmo Sandoval y Oscar
Irigoyen, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.
y comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)
respectivamente, así como el vicealmirante Enrique Monteverde,
titular de la Marina.
Para algunos analistas, este remezón en la jerarquía castrense fue
consecuencia del inicio de las investigaciones en la Corte de
Justicia Militar, CJM, en el marco del proceso que se sigue contra
el general (r) Carlos Mendoza, ex jefe del Comando Conjunto e
integrante del efímero triunvirato militar-indígena-civil que se
alzó con el poder durante apenas tres horas en aquel fatídico día.
La alegación de Mendoza respecto a que tuvo que "sacrificarse"
dentro de una estrategia para ganar tiempo y evitar un
derramamiento de sangre, fue cuestionada por los generales en
retiro Carlos Calle y José Lascano, ex jefes de Estado Mayor y del
Ejército, respectivamente, que rindieron testimonio ante la CJM.
La acusación de haber pretendido concertar una dictadura alcanzó a
Sandoval, que actuó junto a Mendoza durante toda la jornada que
derivó en el derrocamiento del ex presidente Jamil Mahuad.
Y aunque la insubordinación sólo comprometió al Ejército, los
principales de la FAE y la Marina se vieron involucrados en el
quebrantamiento del orden constitucional, ya que participaron del
pedido de renuncia que hizo el alto mando militar a Mahuad, luego
de producida la toma de la sede del Congreso por parte de los
coroneles insurrectos.
Al explicar los cambios, el ministro de Defensa, almirante (r)
Hugo Unda, dijo que el retiro de sus colegas de armas fue "un acto
de dignidad y honor, tratándose de un sacrificio personal, porque
nada los obligaba legalmente a presentar su disponibilidad, pero
comprendiendo la situación de las Fuerzas Armadas y del país, que
no es normal, tomaron esa decisión".
El único ratificado fue el general Nortón Narváez, comandante del
Ejército, que fue ascendido al cargo luego de los acontecimientos
del 21 de enero.
La renovación de la cúpula militar produjo una reacción
unánimemente favorable en los medios de prensa. "Fue vista como la
única manera de evitar que las FF.AA siguieran un proceso de
desgaste en medio de una investigación que involucró a los altos
mandos", comentó un editorial de diario "El Comercio" de Quito.
La decisión adoptada fue percibida como un acierto del presidente
Noboa, en términos de una reafirmación del poder civil sobre los
conflictos al interior de las FF.AA.
En coincidencia con este episodio, y ante la manifiesta presión
del Ejecutivo, el Congreso procedió a debatir la concesión de una
amnistía a los responsables de la intentona golpista.
La propuesta del gobierno fue beneficiar a los implicados, sin
perjuicio de sanciones disciplinarias que se adoptarían en el
ámbito militar y que, en la práctica, llegarían a la sumo a la
baja de los coroneles rebeldes.
Pese a que el delicado tema fue discutido en el pleno del
Parlamento, resultó imposible alcanzar un acuerdo que permita
aprobar la señalada amnistía con el voto favorable de los dos
tercios de los legisladores.
En suma, se produjo una división entre los sectores de izquierda y
centro-izquierda que propugnan una amnistía general sin
restricciones, y la centroderecha, con el Partido Social
Cristiano, PSC, a la cabeza, que se niega a perdonar a los
cabecillas, sean civiles o militares.
El Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, condiciona cualquier forma
de apoyo a que se incluya dentro de la amnistía al ex presidente
Abdalá Bucaram, derrocado en 1997 y asilado en Panamá, quien
afronta varios juicios penales por casos de corrupción.
Por la dificultad para lograr un acuerdo, el debate podría quedar
postergado para luego de las elecciones de alcaldes del 21 de
mayo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador,
así como la Coordinadora de Movimientos Sociales, amenazaron con
adoptar medidas de fuerza, si la Legislatura no atiende el pedido
de una amnistía irrestricta.
Intervienen el Banco Central
En un hecho sin precedentes, el superintendente de Bancos, Juan
Falconí, dispuso la intervención del Banco Central del Ecuador,
BCE, paradigma de las entidades autónomas del país.
Lo hizo para suspender la decisión de su directorio de elevar en
un 45% el salario de los 1.600 empleados de la institución, 600 de
los cuales saldrán de la entidad en junio próximo, debido a que la
dolarización de la economía redujo el rol del instituto emisor.
Falconí dijo no oponerse a un aumento razonable para quienes se
queden, aunque precisó que no se deben incrementar los egresos
fiscales para personas que ya tienen ingresos de buen nivel en
relación con otros servidores públicos.
Además, destacó que dicha suba de salarios tendría un efecto
multiplicador en la cesantía de los funcionarios que dejarían el
BCE.
Como interventor de la entidad fue designado Ricardo Bravo, quien
deberá autorizar toda operación relacionada con el pago de
personal.
En respuesta, el BCE emitió un comunicado en el cual señala que la
medida carece del adecuado sustento constitucional, legal y
técnico.
De cualquier forma, el incidente derivó en la renuncia de Modesto
Correa, presidente del directorio del BCE.
Para los analistas, lo ocurrido es reflejo de una pugna entre el
gobierno del presidente Noboa y la tecnocracia del BCE, por el
control del proceso de dolarización que es objeto de múltiples
cuestionamientos. (Texto tomado de Tiempos del Mundo)
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