Quito. 28 ene 98. La investigación de las irregularidades en
las donaciones arroja nuevas implicaciones legales. Mientras,
el Juez Quinto lo Penal de Guayas negó el pedido del Fiscal
General de revocar la orden de prisión contra Eduardo Sierra,
las investigaciones podrían involucrar a Luis Carrera de la
Torre, director de la Unidad de Coordinación del Fenómeno de
El Niño.

Según el criterio del ex contralor Luis Hidalgo López dentro
de la administración pública, los funcionarios estatales
solamente tienen las atribuciones precisadas en la
Constitución y las leyes.

Si se comprueba que Carrera se atribuyó funciones prohibidas
por la ley podría recibir una sanción por dos vías: su
destitución a través de un juzgamiento administrativo, por
parte de la Contraloría; y, su enjuiciamiento penal para
comprobar si cometió un ilícito la haber pedido una
autorización a las Aduanas para que se exonere de aranceles a
la Fundación Recuperemos Guayaquil. De acuerdo con la Ley de
Seguridad Nacional la única facultada para hacer esos pedidos
es la Defensa Civil.

En el caso de Sierra, la idea que tuvo el fiscal Roberto Gómez
para lograr que el uruguayo Eduardo Sierra se presente a
declarar no dio resultado. Ayer el juez Manuel Bustamante no
acogió el pedido porque era improcedente, pues no está
señalado en el Código de Procedimiento Penal.

Gómez pensaba llevar al sindicado, prófugo de la justicia,
otorgándole garantías para que haga su declaración sobre el
caso de supuestas importaciones ilegales de ropa. La
preocupación del Fiscal para lograr que Sierra se presente a
declarar tiene otra razón. El sindicado lo inculpó como uno de
los funcionarios que recibió donaciones cuando ocupaba el
cargo de gobernador del Guayas.

El argumento del juez para negar la petición está en que hasta
ahora el sindicado no ha desvanecido los indicios de
responsabilidad en su contra.

"Resultaría paradójico aceptar una petición improcedente y sin
fundamento legal de parte de la Fiscalía. Podría ocurrir que
fueren burladas las normas legales vigentes, lo cual debe de
estar lejos de una pretensión fiscal y más aún de la conducta
de un juez", dice Bustamante en su providencia.

Para Bustamante, el planteamiento es una situación ajena
totalmente al proceso penal. Más bien, según el magistrado,
son de índole política y que la solicitud presentada por el
agente fiscal no ha sido recogida en ninguna norma procesal
penal y "porque la justicia tiene un solo objetivo: buscar la
verdad bajo el marco jurídico constitucional, sin que el juez
pueda realizar actos que la Ley no lo faculte".

Por otra parte, el Juez en su providencia ordena que los
directivos de la Fundación Recuperemos a Guayaquil, Vicente
Cárdenas, Hermes Mier, Néstor Mora Vera y Roberto Salamea,
rindan su testimonio el 4 de febrero. Mientras que Jackeline
Giler de Zavala, Ana Calderón de Chiluisa y Rosa Antonia
Zambrano deben hacerlo el 5.

El ministro fiscal de Guayas, Jonh Birkett, dijo que es
lamentable que el Juez no haya dado oportunidad al sindicado
para que concurra al juzgado a aclarar los hechos que se
presumen fueron cometidos ilícitamente. "Pero en vista que no
se puede hacer eso, la Fiscalía va a seguir con las
investigaciones".

Por ello, ayer se reunió con los miembros de la Comisión
Anticorrupción, quienes le entregaron pruebas documentales y
el nombre de un agente afianzado de Aduana que fue quien
realizó todos los despachos y desaduanizó gran cantidad de
contenedores a favor de Rescatemos a Guayaquil. Estas pruebas
serán presentadas en el proceso.

Birkett aclaró que el fiscal Gómez está fuera de todo este
problema. "Aquí se investiga un proceso donde consta que
determinadas fundaciones, utilizando procedimientos dolosos,
importaron mercadería que no fue entregada a los beneficiarios
de esas donaciones, sino a boutiques o a otros lugares. Este
es el delito".

El juicio que se sigue paralelamente en el juzgado primero de
lo penal por iguales casos no se pudieron cumplir las
diligencias.

Gustavo Romero, director de la fundación Bosques de Daucay, y
Jackeline Giler de Zavala, cuñada del ex subsecretario de
Aduanas, Jorge Zavala Egas, acusador y acusada, no declararon.
El juez Angel Rubio, los había citado en su despacho el 26 y
27 de enero y ninguno asistió.

Romero acusa a Giler de haberle falsificado la firma para
solicitar ayuda en el exterior. En su denuncia dijo que a
mediados de agosto de 1997 recibió una llamada telefónica de
Giler y lo citó a una reunión particular que se realizó en la
villa Nº 12, manzana 12 de la ciudadela La Atarazana.

Giler le habría indicado que una compañía extranjera
identificada como Cedars Enterprises of Miami Inc.,
domiciliada en Los Angeles, Estados Unidos, había donado un
contenedor de ropa usada a favor de la Fundación Bosques de
Daucay y que para desaduanizar el contenedor necesitaba su
firma.

Por otro lado, el presidente del Congreso Nacional, Heinz
Moeller, pidió a la Comisión de Fiscalización que se
investigue prioritariamente las denuncias de Mauricio Salem.
Moeller dijo que si se comprueban las acusaciones se
descalificaría a los diputados.

El diputado Napoleón Saltos (Pachakutik) formalizó ayer su
pedido a la Presidencia del Congreso Nacional para que el
Pleno levante la reserva de los gastos reservados de la
Presidencia de la República.

Saltos también pidió que se abra un expediente a los diputados
cuestionados", a la vez que cuestionó a la Comisión de
Fiscalización que aún no inicia ningún proceso.

Illingworth reta a Alarcón

El diputado Juan José Illingworth respondió con otras
acusaciones al presidente Fabián Alarcón, quien le exhortó a
demostrar "en 24 horas" las denuncias del legislador contra la
madrastra del Primer Mandatario, Consuelo Albizú.

"No necesito de 24 horas sino de 24 segundos", dijo ayer al
llegar al Congreso. El legislador ubicó -entre una serie de
documentos- una carta de Albizú que habría dirigido al
Ministerio de Salud solicitando alimentos. "Esa es la prueba
que demuestra que ella sí gestionó donaciones, como presidenta
de la Fundación Albizú: pero ella no puede demostrar con
papeles -en cambio- que no recibió la donación.

Quien debe explicar las irregularidades en las donaciones,
dijo, es Alarcón que firmó 7 decretos que dieron la pauta para
que produzcan los problemas.

Uno de ellos es el No. 728 del 15 de octubre de 1997, es
ampliatorio al No. 130 de 17 de marzo de 1997, que estableció
la tarifa arancelaria adicional a los derechos de Arancel de
Importaciones. Para Illingworth, es una "barbaridad" que en el
decreto se mencione que las donaciones -a más que están
exentas de tributo- no necesiten de verificación.

En otros decretos -afirmó- se centralizó la emergencia, y
entregó poderes "ilimitados" a la Unidad Coordinadora.

Burbano no autorizó nada

Dos horas y media duró la comparecencia del director de
Defensa Civil, Gustavo Burbano, ante la Comisión de
Fiscalización del Congreso. En ella puntualizó que el único
trámite de desaduanización que hizo fue por pedido de la
ministra de Bienestar Social, Edith de Frías. Pero de esa, no
hizo ninguna otra autorización para importar mercadería.

Aclaró que la Unidad Coordinadora debe ser de apoyo a la
Defensa Civil, pero según un comunicado que le hizo llegar
Luis Carrera, sería la Unidad Coordinadora la que se encargue
de las donaciones internacionales a través de "un coordinador
que pertenece a la Fundación Rescatemos Guayaquil".

Burbano informó que asistió a tres reuniones de la Unidad y
que en una de ellas se opuso a la aprobación de un reglamento
que favorecía a Luis Carrera y "donde estarían en juego 231
millones de dólares".

Burbano también hizo una explicación de los recursos que
recibió del Estado. De los 122 mil millones de sucres ha
entregado cerca de 121 mil para obras de prevención a los
gobiernos seccionales y a los ministerios. En el
fortalecimiento de la institución, la Defensa Civil ha
invertido cerca de 12.813 millones.

La comparecencia del Director de Defensa Civil terminó a las
18h35 con el llamado al ministro de Finanzas, Marco Flores, y
a Orlando Vega, para que informen sobre la importación y
desaduanización de las donaciones, mañana a las 10h30. También
se solicitó al Ministro de Relaciones Exteriores un informe
sobre las donaciones que ha recibido el país. Para hoy se
espera el informe de las fundaciones que existen en el país
por parte de la ministra Edith de Frías, quien comparecerá
ante la Comisión. (Texto tomado de El Comercio)
EXPLORED
en Ciudad Quito

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