Quito. 13 abr 99. La ley de nuevos tributos está en el Congreso.
¿Irá a Washington luego que se vote esa ley? ¿Le satisface la
negociación política?
Desde el acuerdo que se firmó con los congresistas para pasar el
paquete fiscal han pasado casi tres semanas, donde los excelentes
técnicos del Ministerio de Finanzas, la gente del Servicio Interno
de Rentas (SRI) y del Banco Central hemos trabajado con el Congreso
para poner en marcha la ley y las medidas acordadas el 19 de marzo,
que nos darían unos 529 millones de dólares. Desde entonces, ha
habido diferencias, cambios en porcentaje, de posiciones... El
hecho es que el rendimiento de las medidas que están por aprobarse,
si no hay cambios, llegaría a 480 millones de dólares.
¿No hubiera sido mejor concentrarse en pasar pocos tributos a tener
tanta dispersión?
Hubiera sido deseable que todo se resumiera en una o dos medidas,
porque el objetivo es tener ingresos permanentes. Al Ecuador no le
conviene tener impuestos por un año. Uno de los problemas de la
política fiscal y el manejo presupuestario es que siempre ha
existido gran debilidad de la estructura de ingresos, porque se ha
basado en el petróleo que tiene un precio volátil. Por lo tanto, lo
que se ha buscado, desde inicios de esta década, es una reforma
tributaria que nos permita ingresos permanentes y sólidos.
Las cámaras de Guayaquil tienen argumentos: no quieren pagar más
impuestos porque, dicen, se recauda mal y se grava al sector
formal. Sostienen que el IVA podría duplicarse, respecto a lo que
se recoge hoy. ¿Se puede recaudar más y mejor?
Desde la década del 80 se habla de mejorar la recaudación. Esta vez
se creó el SRI con autonomía administrativo-financiera y con poco
personal. Tiene normas y mecanismos de recolección de fondos. Hay
que tomar en cuenta que este será un año de no crecimiento
económico y una caída de importaciones y de los ingresos por
aranceles, IVA e ICE.
¿Qué les dice a las cámaras que no quieren pagar más impuestos y
que entrarían en una suerte de rebeldía tributaria?
Lo que se discute en el Congreso no fue propuesta original del
Gobierno. Lo adecuado era subir el IVA, corrigiendo las
exoneraciones. Ese impuesto se reparte en toda la población. Si
bien el IVA es del 10 por ciento, por el monto sustancial de
exoneraciones, da un IVA efectivo del 7 por ciento. Ahora, el
impuesto al patrimonio afectará a las empresas. Pero hay que ver el
problema en toda su magnitud: la contribución ecuatoriana no pasa
del 8 ó 9 por ciento del PIB, cuando lo normal en todo país en
desarrollo es 13 ó 14 por ciento. Ecuador no es un país que tiene
una sobrecarga tributaria, tiene un nivel bajo, por eso se ha
buscado como fuente de financiamiento los tributos. Claro, hay que
escoger los mejores, se ha intentado pero no hubo respuesta.
La crisis bancaria la está financiando el Estado: parte del dinero
de la AGD sale de los contribuyentes. ¿Seguirá el Gobierno
asumiendo todos los costos de la crisis financiera?
La crisis financiera se deteriora desde finales del 95, a
consecuencia de varios factores: crisis política profunda,
conflicto bélico, crisis energética y la crisis mexicana. A inicios
del 96 había 26 instituciones financieras con créditos de liquidez
del Banco Central.
A pocos días de instalado este Gobierno estábamos tratando el
primer problema: la crisis del Banco de Préstamos. Fue una muestra
de que la situación del sistema era delicada. Luego entraron 7
bancos en la AGD, y uno está cerrado fuera de esa Agencia. Cuando
se propuso crear la AGD se veía una crisis seria.
Era necesario tomar precauciones y fijar mecanismos para manejar la
crisis, pero la situación se agudizó por factores incontrolables:
El Niño afectó a la banca. El cierre de líneas de crédito, desde
septiembre del 98, tras las crisis asiática y brasileña, generó
alta presión en el sistema financiero.
¿Qué tanto incidieron los factores internos?
En enero, hay que decirlo, el establecimiento del impuesto del uno
por ciento creó una fuerte desintermediación, que ahondó la crisis
de liquidez del sistema, especialmente en los dos primeros meses
del año. Esto aceleró y precipitó la crisis. Si se suma la
flotación del sucre a fines de febrero -que provocó la disminución
del patrimonio de las empresas y de la banca por el fuerte ajuste
cambiario-, se tienen los factores que ahondaron la crisis actual.
¿Qué cuota de responsabilidad le asigna a la mala gestión de los
banqueros en esta crisis?
Difícil decirlo, pero no creo que se deba generalizar. Hay casos en
los que, claramente, se advierte mala administración. Y es una
causa más por la cual los bancos han tenido tantos quebrantos.
Las auditoras externas iniciarán pronto su trabajo. ¿Cómo se
pretende sanear el sistema bancario y capitalizarlo? ¿Prevé una
capitalización con participación del Estado?
Un paso fundamental es la contratación de auditorías
internacionales para determinar de mejor manera la situación del
sistema. Hemos trabajado en los términos de referencia acordados
por los organismos internacionales para iniciar las auditorías.
Estamos en proceso de contratación y en días tendremos contratos
firmados con cuatro o cinco firmas.
¿Cuándo se sabrá el resultado de las auditorías?
A finales de julio tendremos una evaluación clara del sistema. Y
esta semana vienen especialistas financieros del FMI para seguir
con el trabajo. Ellos desarrollarán la estrategia para la
capitalización y fortalecimiento del sistema. Esa estrategia
involucrará técnicas y soluciones para ir a la capitalización, que
no necesariamente sería estatal, sino mixta; es decir, compartida
entre Estado y sector privado.
¿Qué parámetros se fijarán para ir hacia la capitalización mixta
que usted propone?
La relación de aportes del capital estatal y del privado puede ser
uno a uno, o uno a dos; no está definido aún. Pero esta estrategia
de capitalización mixta también involucrará otras técnicas. Por
ejemplo, fusiones y absorciones bancarias, a través de una serie de
mecanismos e incentivos -no necesariamente tributarios- que nos
permitan ir hacia un sistema financiero más pequeño, pero mucho más
fuerte.
En el saneamiento radical del sistema, ¿qué papel jugará la AGD?
¿Seguirá de garante de depósitos, sin comprometer al accionista de
la banca?
El momento que los bancos entran a reestructuración o saneamiento,
lo primero que se castiga es el capital del accionista. Ese fue el
caso de Filanbanco, cuyos dueños salieron, al igual que los otros
casos. Lo primero es fijar el tamaño del hueco patrimonial y luego
se le carga eso al capital de los accionistas.
¿Pero está de acuerdo en que la AGD garantice de manera ilimitada
todos los depósitos?
La propuesta original del Gobierno preveía que la garantía dure
solo tres años, pero el Congreso lo dejó por tiempo indefinido.
Varios artículos que le fueron propuestos se modificaron. Sería
conveniente regresar a la propuesta original para tener controles
mayores y el poder de castigar no solamente el capital de los
accionistas sino volverlos responsables con sus bienes.
Al tema bancario lo atraviesa el factor regional. Aunque los bancos
son nacionales, siempre habrá quien diga que un banco nació en
Guayaquil o en Quito. ¿Cómo definirán qué bancos queden con vida?
¿Cómo se manejará lo técnico -incluidas las recomendaciones de las
auditorías- y lo político-regional?
El manejo del sistema financiero debe ser técnico, alejado de la
política. Las técnicas de solución que se propongan no deben
incorporar elementos políticos. Sin embargo, consciente de que hay
un problema regional, habrá que hacer consideraciones el momento de
tomar decisiones, pero de ninguna manera debería primar el elemento
político frente al técnico. Al país le interesa un sistema
financiero absolutamente solvente.
¿Hubo tintes regionales en las decisiones que tomaron las
autoridades bancarias en la crisis?
Nunca. A pesar de los ataques a las decisiones de Junta Bancaria
(JB) y del Banco Central, de que han sido regionalistas, esas
decisiones fueron técnicas, estuvieron alejadas de tintes
regionalistas, o a favor de tal o cual banco. Ha faltado madurez y
objetividad en el análisis; se ha jugado con la gente.
¿No tienen ustedes parte de responsabilidad por jugar al secreto y
por ponerle a todo documento el sello de reservado? Si este Diario,
por ejemplo, no revelaba los créditos vinculados del Progreso,
posiblemente hasta hoy la crisis de ese banco se estaría manejando
como tema meramente regionalista.
Hay normas establecidas por la Junta Bancaria y por la
Superintendencia de Bancos que establecen el sigilo bancario y
limitación a cierta información. Pero la mayor parte está abierta
al público, inclusive en Internet. No hay secretismo, no hay el
afán de esconder cifras.
Cierto tipo de información que no puede ser divulgada porque puede
dar lugar a especulaciones. Vamos avanzando y la tendencia es ir a
la mayor información posible que será positiva para los dueños de
los bancos y para los ciudadanos.
En el caso del Progreso se creó una fórmula sui géneris de
salvataje: el banco está cerrado, pero no depende de la AGD. Está
en reestructuración, pero el dueño no ha cambiado. ¿Ese banco
logrará capitalizarse hasta el 4 de mayo?
Esa salida fue fruto de una negociación política, a consecuencia de
lo sucedido en Guayaquil. Es difícil anticiparlo, pero es probable
que para esa fecha no tenga aún el capital necesario para que pueda
abrir. En ese caso, a la Junta Bancaria le tocará determinar si
amplía el plazo o, conforme a lo anunciado por el Presidente, pasa
a saneamiento.
¿Es partidaria de más plazos al Progreso para que se capitalice, si
no lo logra hacer hasta el 4 de mayo?
No podría decirlo categóricamente, mientras no conozca los
pormenores de la situación, mientras no sepa cuál es el avance del
programa de capitalización y bajo qué condiciones. Si el Progreso
ha avanzado mucho en la capitalización, y si hay un ingreso de
recursos frescos -algo fundamental para reabrir ese banco-, solo
ahí no vería objeción para más plazos.
¿En qué punto están las negociaciones con el FMI?
Avanzan positivamente; llegaremos a un acuerdo que se fundamenta en
dos puntos: en un paquete fiscal que nos permita bajar el déficit
al 3,5 del PIB. Y es una estrategia para enfrentar la crisis
financiera, fortalecer el sistema y sanearlo completamente.
En este punto hemos estado trabajando activamente, en equipo, a
raíz de la propuesta del Presidente. Hubo una respuesta muy
positiva del Banco Mundial (BM) del BID y del FMI para hacer un
programa concertado entre las tres instituciones. Este momento lo
lidera el Fondo. La idea es que una vez que firmemos con el FMI se
activen créditos sectoriales financieros de emergencia del BM, BID
y CAF.
Hay el ofrecimiento de 400 millones de dólares de las tres
instituciones, y se suman USD 400 millones del acuerdo stand by por
18 meses que firmaríamos con el FMI. Son los 2 componentes clave de
la estrategia para enfrentar la crisis financiera.
¿Cuándo se podría firmar el acuerdo con el FMI?
En cuatro semanas firmaríamos una carta de intención.
Además de los recursos que podría comprometer el FMI para la crisis
financiera, ¿cuánto más podría prestarle al país?
No quiero aventurar cifras. Dadas las circunstancias del país, dada
la necesidad de recursos para la reactivación económica, deberíamos
lograr al menos 600 millones de dólares adicionales.
Miembros de organismos internacionales se quejan de que el Gobierno
no ha dado pistas claras sobre qué quiere en materia económica. Por
ejemplo, nadie conoce el plan de Jamil Mahuad.
No creo que esos organismos internacionales se hayan quejado. No
queremos definir un programa económico mientras no tengamos el
paquete fiscal. Por ahora tenemos claro cómo enfrentar la crisis
financiera.
CON LA MINISTRA CHARLARON
JOSE HERNANDEZ, EDITOR GENERAL, Y
HERNAN RAMOS, EDITOR ECONOMICO.
(Texto tomado de El Comercio)
¿Irá a Washington luego que se vote esa ley? ¿Le satisface la
negociación política?
Desde el acuerdo que se firmó con los congresistas para pasar el
paquete fiscal han pasado casi tres semanas, donde los excelentes
técnicos del Ministerio de Finanzas, la gente del Servicio Interno
de Rentas (SRI) y del Banco Central hemos trabajado con el Congreso
para poner en marcha la ley y las medidas acordadas el 19 de marzo,
que nos darían unos 529 millones de dólares. Desde entonces, ha
habido diferencias, cambios en porcentaje, de posiciones... El
hecho es que el rendimiento de las medidas que están por aprobarse,
si no hay cambios, llegaría a 480 millones de dólares.
¿No hubiera sido mejor concentrarse en pasar pocos tributos a tener
tanta dispersión?
Hubiera sido deseable que todo se resumiera en una o dos medidas,
porque el objetivo es tener ingresos permanentes. Al Ecuador no le
conviene tener impuestos por un año. Uno de los problemas de la
política fiscal y el manejo presupuestario es que siempre ha
existido gran debilidad de la estructura de ingresos, porque se ha
basado en el petróleo que tiene un precio volátil. Por lo tanto, lo
que se ha buscado, desde inicios de esta década, es una reforma
tributaria que nos permita ingresos permanentes y sólidos.
Las cámaras de Guayaquil tienen argumentos: no quieren pagar más
impuestos porque, dicen, se recauda mal y se grava al sector
formal. Sostienen que el IVA podría duplicarse, respecto a lo que
se recoge hoy. ¿Se puede recaudar más y mejor?
Desde la década del 80 se habla de mejorar la recaudación. Esta vez
se creó el SRI con autonomía administrativo-financiera y con poco
personal. Tiene normas y mecanismos de recolección de fondos. Hay
que tomar en cuenta que este será un año de no crecimiento
económico y una caída de importaciones y de los ingresos por
aranceles, IVA e ICE.
¿Qué les dice a las cámaras que no quieren pagar más impuestos y
que entrarían en una suerte de rebeldía tributaria?
Lo que se discute en el Congreso no fue propuesta original del
Gobierno. Lo adecuado era subir el IVA, corrigiendo las
exoneraciones. Ese impuesto se reparte en toda la población. Si
bien el IVA es del 10 por ciento, por el monto sustancial de
exoneraciones, da un IVA efectivo del 7 por ciento. Ahora, el
impuesto al patrimonio afectará a las empresas. Pero hay que ver el
problema en toda su magnitud: la contribución ecuatoriana no pasa
del 8 ó 9 por ciento del PIB, cuando lo normal en todo país en
desarrollo es 13 ó 14 por ciento. Ecuador no es un país que tiene
una sobrecarga tributaria, tiene un nivel bajo, por eso se ha
buscado como fuente de financiamiento los tributos. Claro, hay que
escoger los mejores, se ha intentado pero no hubo respuesta.
La crisis bancaria la está financiando el Estado: parte del dinero
de la AGD sale de los contribuyentes. ¿Seguirá el Gobierno
asumiendo todos los costos de la crisis financiera?
La crisis financiera se deteriora desde finales del 95, a
consecuencia de varios factores: crisis política profunda,
conflicto bélico, crisis energética y la crisis mexicana. A inicios
del 96 había 26 instituciones financieras con créditos de liquidez
del Banco Central.
A pocos días de instalado este Gobierno estábamos tratando el
primer problema: la crisis del Banco de Préstamos. Fue una muestra
de que la situación del sistema era delicada. Luego entraron 7
bancos en la AGD, y uno está cerrado fuera de esa Agencia. Cuando
se propuso crear la AGD se veía una crisis seria.
Era necesario tomar precauciones y fijar mecanismos para manejar la
crisis, pero la situación se agudizó por factores incontrolables:
El Niño afectó a la banca. El cierre de líneas de crédito, desde
septiembre del 98, tras las crisis asiática y brasileña, generó
alta presión en el sistema financiero.
¿Qué tanto incidieron los factores internos?
En enero, hay que decirlo, el establecimiento del impuesto del uno
por ciento creó una fuerte desintermediación, que ahondó la crisis
de liquidez del sistema, especialmente en los dos primeros meses
del año. Esto aceleró y precipitó la crisis. Si se suma la
flotación del sucre a fines de febrero -que provocó la disminución
del patrimonio de las empresas y de la banca por el fuerte ajuste
cambiario-, se tienen los factores que ahondaron la crisis actual.
¿Qué cuota de responsabilidad le asigna a la mala gestión de los
banqueros en esta crisis?
Difícil decirlo, pero no creo que se deba generalizar. Hay casos en
los que, claramente, se advierte mala administración. Y es una
causa más por la cual los bancos han tenido tantos quebrantos.
Las auditoras externas iniciarán pronto su trabajo. ¿Cómo se
pretende sanear el sistema bancario y capitalizarlo? ¿Prevé una
capitalización con participación del Estado?
Un paso fundamental es la contratación de auditorías
internacionales para determinar de mejor manera la situación del
sistema. Hemos trabajado en los términos de referencia acordados
por los organismos internacionales para iniciar las auditorías.
Estamos en proceso de contratación y en días tendremos contratos
firmados con cuatro o cinco firmas.
¿Cuándo se sabrá el resultado de las auditorías?
A finales de julio tendremos una evaluación clara del sistema. Y
esta semana vienen especialistas financieros del FMI para seguir
con el trabajo. Ellos desarrollarán la estrategia para la
capitalización y fortalecimiento del sistema. Esa estrategia
involucrará técnicas y soluciones para ir a la capitalización, que
no necesariamente sería estatal, sino mixta; es decir, compartida
entre Estado y sector privado.
¿Qué parámetros se fijarán para ir hacia la capitalización mixta
que usted propone?
La relación de aportes del capital estatal y del privado puede ser
uno a uno, o uno a dos; no está definido aún. Pero esta estrategia
de capitalización mixta también involucrará otras técnicas. Por
ejemplo, fusiones y absorciones bancarias, a través de una serie de
mecanismos e incentivos -no necesariamente tributarios- que nos
permitan ir hacia un sistema financiero más pequeño, pero mucho más
fuerte.
En el saneamiento radical del sistema, ¿qué papel jugará la AGD?
¿Seguirá de garante de depósitos, sin comprometer al accionista de
la banca?
El momento que los bancos entran a reestructuración o saneamiento,
lo primero que se castiga es el capital del accionista. Ese fue el
caso de Filanbanco, cuyos dueños salieron, al igual que los otros
casos. Lo primero es fijar el tamaño del hueco patrimonial y luego
se le carga eso al capital de los accionistas.
¿Pero está de acuerdo en que la AGD garantice de manera ilimitada
todos los depósitos?
La propuesta original del Gobierno preveía que la garantía dure
solo tres años, pero el Congreso lo dejó por tiempo indefinido.
Varios artículos que le fueron propuestos se modificaron. Sería
conveniente regresar a la propuesta original para tener controles
mayores y el poder de castigar no solamente el capital de los
accionistas sino volverlos responsables con sus bienes.
Al tema bancario lo atraviesa el factor regional. Aunque los bancos
son nacionales, siempre habrá quien diga que un banco nació en
Guayaquil o en Quito. ¿Cómo definirán qué bancos queden con vida?
¿Cómo se manejará lo técnico -incluidas las recomendaciones de las
auditorías- y lo político-regional?
El manejo del sistema financiero debe ser técnico, alejado de la
política. Las técnicas de solución que se propongan no deben
incorporar elementos políticos. Sin embargo, consciente de que hay
un problema regional, habrá que hacer consideraciones el momento de
tomar decisiones, pero de ninguna manera debería primar el elemento
político frente al técnico. Al país le interesa un sistema
financiero absolutamente solvente.
¿Hubo tintes regionales en las decisiones que tomaron las
autoridades bancarias en la crisis?
Nunca. A pesar de los ataques a las decisiones de Junta Bancaria
(JB) y del Banco Central, de que han sido regionalistas, esas
decisiones fueron técnicas, estuvieron alejadas de tintes
regionalistas, o a favor de tal o cual banco. Ha faltado madurez y
objetividad en el análisis; se ha jugado con la gente.
¿No tienen ustedes parte de responsabilidad por jugar al secreto y
por ponerle a todo documento el sello de reservado? Si este Diario,
por ejemplo, no revelaba los créditos vinculados del Progreso,
posiblemente hasta hoy la crisis de ese banco se estaría manejando
como tema meramente regionalista.
Hay normas establecidas por la Junta Bancaria y por la
Superintendencia de Bancos que establecen el sigilo bancario y
limitación a cierta información. Pero la mayor parte está abierta
al público, inclusive en Internet. No hay secretismo, no hay el
afán de esconder cifras.
Cierto tipo de información que no puede ser divulgada porque puede
dar lugar a especulaciones. Vamos avanzando y la tendencia es ir a
la mayor información posible que será positiva para los dueños de
los bancos y para los ciudadanos.
En el caso del Progreso se creó una fórmula sui géneris de
salvataje: el banco está cerrado, pero no depende de la AGD. Está
en reestructuración, pero el dueño no ha cambiado. ¿Ese banco
logrará capitalizarse hasta el 4 de mayo?
Esa salida fue fruto de una negociación política, a consecuencia de
lo sucedido en Guayaquil. Es difícil anticiparlo, pero es probable
que para esa fecha no tenga aún el capital necesario para que pueda
abrir. En ese caso, a la Junta Bancaria le tocará determinar si
amplía el plazo o, conforme a lo anunciado por el Presidente, pasa
a saneamiento.
¿Es partidaria de más plazos al Progreso para que se capitalice, si
no lo logra hacer hasta el 4 de mayo?
No podría decirlo categóricamente, mientras no conozca los
pormenores de la situación, mientras no sepa cuál es el avance del
programa de capitalización y bajo qué condiciones. Si el Progreso
ha avanzado mucho en la capitalización, y si hay un ingreso de
recursos frescos -algo fundamental para reabrir ese banco-, solo
ahí no vería objeción para más plazos.
¿En qué punto están las negociaciones con el FMI?
Avanzan positivamente; llegaremos a un acuerdo que se fundamenta en
dos puntos: en un paquete fiscal que nos permita bajar el déficit
al 3,5 del PIB. Y es una estrategia para enfrentar la crisis
financiera, fortalecer el sistema y sanearlo completamente.
En este punto hemos estado trabajando activamente, en equipo, a
raíz de la propuesta del Presidente. Hubo una respuesta muy
positiva del Banco Mundial (BM) del BID y del FMI para hacer un
programa concertado entre las tres instituciones. Este momento lo
lidera el Fondo. La idea es que una vez que firmemos con el FMI se
activen créditos sectoriales financieros de emergencia del BM, BID
y CAF.
Hay el ofrecimiento de 400 millones de dólares de las tres
instituciones, y se suman USD 400 millones del acuerdo stand by por
18 meses que firmaríamos con el FMI. Son los 2 componentes clave de
la estrategia para enfrentar la crisis financiera.
¿Cuándo se podría firmar el acuerdo con el FMI?
En cuatro semanas firmaríamos una carta de intención.
Además de los recursos que podría comprometer el FMI para la crisis
financiera, ¿cuánto más podría prestarle al país?
No quiero aventurar cifras. Dadas las circunstancias del país, dada
la necesidad de recursos para la reactivación económica, deberíamos
lograr al menos 600 millones de dólares adicionales.
Miembros de organismos internacionales se quejan de que el Gobierno
no ha dado pistas claras sobre qué quiere en materia económica. Por
ejemplo, nadie conoce el plan de Jamil Mahuad.
No creo que esos organismos internacionales se hayan quejado. No
queremos definir un programa económico mientras no tengamos el
paquete fiscal. Por ahora tenemos claro cómo enfrentar la crisis
financiera.
CON LA MINISTRA CHARLARON
JOSE HERNANDEZ, EDITOR GENERAL, Y
HERNAN RAMOS, EDITOR ECONOMICO.
(Texto tomado de El Comercio)
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