Quito. 13 ene 2001. La población de la parroquia Santiago de Quito,
cantón Colta, disminuye cada vez más. Fue en esta comunidad indígena, a
20 minutos de Riobamba, donde Antonio Chito comenzó supuestamente con el
tráfico de menores, que aún continúa en Chimborazo.
Un total de 1 049 menores de edad desaparecieron el año anterior en
Ecuador, según las cifras de las Fundaciones Amauta (Riobamba),
Reencuentro (Quito) y el Centro de Atención al Niño Perdido (Cedanp) de
Guayaquil. Entre ello hay diez casos de tráfico de menores, cifra que se
quintuplicaría, de acuerdo a una investigación de BLANCO y NEGRO.
En las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo, e incluso en
la capital, Riobamba, los padres venden o prestan a sus hijos para que
laboren en Venezuela y Colombia en jornadas que alcanzan hasta 18 horas
diarias.
Los archivos de la Tenencia Política de la parroquia Santiago de Quito,
cantón Colta, confirman que los presuntos acuerdos mutuos entre las
partes, se realizaban desde antes de 1994. En los documentos, sin
embargo, no constan las cantidades que recibían los representantes de los
menores.
Actualmente, la tarifa es dolarizada: $100 en la mayoría de los casos,
aunque en otros puede llegar hasta $500. Lo admite el mismo teniente
político, Pedro Yauripoma, quien justifica que hay personas hasta con
diez hijos, pero sin los recursos económicos suficientes.
Los que se fueron, en un porcentaje mayor al 50%, no retornan ni se
comunican con sus familiares. ¿Cuál es la situación de ellos en el
exterior?
Varias personas oriundas de Chimborazo, que tienen negocios en Colombia y
Venezuela, fueron apresadas por trasladar infantes ilegalmente. Pero los
jueces emitieron boletas de excarcelación, pues el tráfico de menores aún
no está tipificado en las leyes ecuatorianas. (APM)
Chimborazo, mercado de niños
En seis años la población de la parroquia Santiago de Quito se redujo a
la mitad. Los padres venden o prestan a sus hijos, quienes
actualmente laboran en Venezuela y Colombia hasta 18 horas diarias. Se
investigan casos de prostitución y tráfico de droga.
El sonido de la lluvia que cae sobre los tejados se confunde con el
ladrido de los perros, que alertan la presencia de visitantes. A lo lejos
se escucha apenas el motor de un vehículo y hasta el lento caminar de una
mujer indígena que arrastra leña.
Las clases también se suspendieron hoy, la mañana de un frío miércoles de
enero, en la escuela fiscal central. Casi nadie transita por las
empedradas calles de la parroquia Santiago de Quito, cantón Colta
(Chimborazo), donde la soledad impera.
Hace seis años el ambiente era distinto, cuando había 23 mil habitantes
en el sector y no la mitad, como ahora. Por las ventanas de las vetustas
viviendas, especialmente de construcción mixta, se asoman los niños que
se quedaron uniformados. También lo hacen decenas de ancianos y algunos
adultos.
Solo unos pocos jóvenes, si no asisten al colegio, están junto a sus
familiares en los sembrados de cebada, avena, trigo, arveja o papa. La
mayoría de ellos se encuentran en Venezuela o Colombia, luego de que sus
padres los prestaron o vendieron, por un período determinado, a quienes
hicieran fortuna en esos países, supuestamente, con el negocio del
comercio informal.
El tendero mientras atiende a los inesperados clientes, murmura que
espera con ansias la llegada de la Semana Santa, pues las viviendas
vacías nuevamente serán habitadas y las ventas aumentarán. Y prefiere,
sin embargo, no comentar sobre los menores desaparecidos o sobre el señor
que recorre los sábados, entre lágrimas, los rincones de la parroquia
para buscar a su hija de 12 años que, presumiblemente, labora como
empleada en Caracas.
En los días festivos el trajín es distinto. Esperado, pero doloroso.
Quienes nacieron allí, antes de retornar a Colombia o Venezuela, visitan
a sus amigos y familiares para saludar, narrar la ventajas laborales que
hay lejos de Santiago de Quito y, sobre todo, para reclutar a los jóvenes
que, aunque estudien o no, buscan desesperados algún empleo.
Los padres autorizan la partida de sus hijos (desde los 13 años) e
incluso, a veces, la suplican a los bendecidos comerciantes, que ofrecen,
a cambio, dinero: desde $100 hasta $500. Pero menos del 50% de los que se
van retornan, según los estudios realizados por la Fundación Amauta que
opera en Riobamba, la capital provincial, a tan solo 20 minutos de
Santiago de Quito. "Hay personas que tienen hasta diez hijos y no tienen
cómo mantenerlos", se justifica el teniente político, Pedro Yauripoma
Anís, quien en 1994 autorizaba las actas de mutuo acuerdo para,
supuestamente, legalizar la salida del menor (vía terrestre) del país.
"Todavía me lo piden, mas ya no lo hago. Por allá a todos les va bien".
Las paradojas de las comunidades indígenas evangélicas
Tixán, Cúcuta, Lupaxi, Guamote, Galte Grande, Galte Chico, San Pedro de
Rayoloma... Son varias las comunidades indígenas (sus habitantes en un
80% profesan la religión evangélica) de Chimborazo donde se origina el
tráfico de menores, que se realiza sin mayor control y va en aumento. Es
imposible, no obstante, establecer el número de casos, pues solo se
denuncian cuando "no se paga lo acordado o no se sabe nada desde que se
fue", afirma Bolívar Moreta, coordinador del Programa Niños Perdidos de
Amauta.
Así lo hizo, por ejemplo, María Angélica Pinduisaca, quien prestó a su
hija mayor, Mónica Marcela León Pinduisaca, de 17 años de edad, el 20 de
mayo de 1999 y recién reportó la desaparición el 17 de agosto de 2000. "A
las mujeres, de acuerdo con las investigaciones realizadas, las someten a
la prostitución, especialmente en Venezuela. En Colombia, las utilizan
para el tráfico de droga y armas. Incluso han muerto por allá, en
circunstancias aún no establecidas. Trabajan hasta 18 horas diarias",
dice Bolívar Moreta, un tecnólogo en Pedagogía.
Son hechos que ya no sorprenden a quienes laboran el único Tribunal de
Menores de Riobamba ni a los habitantes de la provincia, donde se
registra el mayor número de tráfico de infantes, aunque la cifra de
desapariciones es inferior en comparación con Guayas y Pichincha. Aquello
obligó a que el Innfa y la Unicef auspicien la campaña Niños y Niñas
Seguros, que empezó en octubre de 1999 y cuyo fin es concienciar a las
familias indígenas sobre la gravedad problema. Y varios organismos,
además, crearon, hace 18 meses, el Comité de Gestión Local, que tenía
como finalidad conformar el Consejo de la Niñez y Adolescencia (como el
de Cuenca), que funcionará desde la próxima semana, trabajará en
coordinación con más de 40 entidades del país y será presidido por el
alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero. La prioridad: detener el tráfico,
que extingue la vida de Chimborazo. (APM)
El tráfico de menores es un delito aún no tipificado
En 1990, Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en
suscribir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. El compromiso: adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole.
Hoy, 11 años después, por ejemplo, aún no hay una ley que reprima el
tráfico de menores, aunque el 11 de junio de 1998 se firmó una Convención
Interamericana al respecto, creada por la OEA, y que se presentó, con el
respaldo de 45 instituciones y 2 421 firmas, a la Comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso.
Un delito que, además, está tipificado en la propuesta de Código de la
Niñez y Adolescencia, para remplazar al actual, que fue remitido al
Legislativo el 1º de junio del año anterior. Lo elaboraron, en 16 meses,
29 Comités de Gestión Local, en representación de más de 25 mil personas,
incluidos infantes. "Esto es fruto de un consenso. Se establece, entre
otros temas, que la administración de justicia de los niños debe ser
especializada y pertenecer a la Función Judicial (actualmente depende de
la Ejecutiva)", afirma Raúl Patiño Aroca, ministro de Bienestar Social.
El Proyecto de Ley reposa en la Comisión de la Mujer, el Niño, y la
Familia. Deben analizarse las observaciones realizadas por diferentes
sectores para que, entonces, tenga un segundo y definitivo debate en el
Pleno del Parlamento, cuya vacancia finaliza este 15 de enero.
El actual Código de Menores rige desde 1992 y su contenido, no obstante,
es cuestionado. El primero, con varias reformas en sus 54 años de
vigencia, fue expedido en 1938 y tenía como fundamento filosófico y
jurídico la denominada Doctrina de la Situación Irregular. La Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y la nueva Constitución del
Ecuador (1998), por el contrario, se sustentan en la Doctrina de la
Protección Integral.
Cambiar el cuestionado marco jurídico de los menores depende del
Congreso: aprobar la Convención sobre el Tráfico de Menores y la
propuesta de Código. (APM)
El actual Código de Menores
- Vigente desde el 7 de agosto de 1992, el actual Código de Menores no
tiene, por ejemplo, contenidos para los principios de máxima prioridad:
interés superior del niño, niño (a) sujeto de derechos y
corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad. Solo precisa algunos
mecanismos de defensa.
- Menores que han sido abandonados pueden ser preasignados a familias o
instituciones de adopción. No garantiza que la adopción nacional sea
prioritaria y que la internacional sea la última alternativa.
- No define órganos administrativos para garantizar el derecho al buen
trato: salud, educación, afecto, derecho a la familia. Problemas de
maltrato, abuso y abandono de la niñez y adolescencia tienen triple
competencia: Tribunales de Menores, Jueces Civiles y Comisarías de la
Mujer y Familia. El Servicio Judicial de Menores está adscrito a la
Función Ejecutiva (Ministerio de Bienestar Social). Está sin establecerse
el trabajo infanto-juvenil.
- No hay claros enunciados de los supuestos que facilitan la medida de
privación de libertad (cuatro años máximo). Quienes infringen la ley no
cuentan con mecanismos eficaces de defensa. (APM)
La propuesta del nuevo Código
- Art. 65 Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de
niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro
o fuera del país y por medios ilegales, con el propósito de utilizarlos
en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía,
narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u
otras actividades ilícitas.
- Se consideran medios ilegales el plagio, el rapto, la sustitución de
persona, el consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción
de pagos indebidos o beneficios dirigido a lograr la autorización de los
progenitores, personas o de la institución a cargo del menor.
- Art. 67.- El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas,
sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger
a los menores contra toda forma de maltrato, abuso sexual, tráfico,
explotación sexual y pérdida, e impulsará políticas y programas.
- Art. 72.- Las autoridades administrativas y judiciales deberán ordenar
las medidas de protección cuando conozcan algunas de las prácticas
ilícitas mencionadas. (APM)
OEA: Convención sobre tráfico
- Presentada al Congreso Nacional por las Fundaciones Amauta, Cedanp y
Reencuentro, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores fue elaborada por la OEA y persigue:
- La protección de los derechos fundamentales y el interés superior del
menor. Prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores e
instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte (los
que se adhirieron a estos planteamientos). Implementar disposiciones
legales y administrativas.
- Asegurar la pronta restitución del menor víctima de tráfico a su
residencia habitual.
- Esta Convención se aplica a todo menor que se halla o resida
habitualmente en un Estado Parte, al tiempo de la comisión del acto de
tráfico. Los procedimientos de aplicación de la Convención deben ser
confidenciales para velar el principio de interés superior del menor.
- Las autoridades respectivas de los Estados Parte intercambiarán
información y colaborarán judicial y administrativamente en el control de
la salida y entrada de menores a su territorio. (APM)
Un negocio de muchos
Antonio Chito trabaja en el comercio informal de Venezuela hace 22 años,
hasta 1997 en ese país, se registraban 50 mil inmigrantes ilegales
ecuatorianos. Cuando fue detenido, en la frontera norte, llevaba seis
infantes.
En la bodega Nº 2 de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de
Riobamba permanecen atiborrados, entre la humedad y el polvo, decenas de
procesos penales que datan de 1984.
Cinco cuerpos (folios) del juicio 50-97, archivados en el extremo
derecho, hacen la historia de Antonio Chito Mocha, quien el 21 de febrero
de 1997 fue apresado por la Policía en el Puente Internacional de
Rumichaca cuando intentaba viajar con seis infantes hacia Caracas,
Venezuela.
Fue el principal sindicado y permaneció siete meses en la cárcel de
Riobamba, hasta que el titular del Juzgado Segundo de lo Penal de
Chimborazo, Miguel Guambo Llerena, ordenó el sobreseimiento provisional y
la excarcelación de él y de los otros cinco encausados: Rodolfo Chito
Tene, María Dolores Balla Quinche, María Tene, David Lema y Yolanda
Chito.
"Procesalmente no se ha probado de autos que se haya cometido delito de
plagio, rapto o corrupción de menores. Nuestra legislación penal no
contempla el caso de Tráfico de Menores. Ante la cruda realidad procesal,
es menester que las instancias encargadas velen para que la legislación
responda a hechos contemporáneos". Un fragmento de la providencia de 12
páginas del juez, emitida el 22 de septiembre de 1997, simplifica la
resolución, que fue ratificada por el Ministerio Fiscal y las dos Salas
de la Corte Superior de Riobamba.
En la etapa sumarial (de investigaciones), dice Miguel Guambo, no se
encontraron los elementos suficientes como para continuar con el proceso,
que empezó en el Juzgado 12 de lo Penal de Pichincha, cuyo entonces
encargado, Franklin Yánez, se inhibió de continuar con el trámite porque
los hechos que se investigaban se habían cometido en Riobamba, Lixto y
Tixán.
Antonio Chito, de 39 años de edad, estaba sindicado ya en otros Juzgados
Penales de la provincia, como en el Quinto, que funciona en el cantón
Colta. Allí está el caso 18-97, que revisó BLANCO y NEGRO, en el cual él
encabeza una lista de 15 personas más dedicadas a la venta y prestación
de menores. Pero también obtuvo sobreseimiento provisional, pues el
delito no está tipificado en las leyes de Ecuador.
Chito trabaja en el comercio informal de Venezuela hace 22 años (tenía
tres almacenes), país donde, hasta 1997, se registraban 50 mil
inmigrantes ilegales ecuatorianos. "Un montón de gente se dedica a este
negocio y nadie dice nada. El fue un chivo expiatorio", afirma Marco
Piedra Orozco, quien era el abogado defensor de Antonio Chito.
Y en los procesos que permanecen archivados, hasta que se extingan o
prescriban (de cinco a diez años), aún no se aclara, por ejemplo, el
paradero de varios infantes que viajaron a Venezuela y nunca más
regresaron.
Chito insistió en que él solamente había llevado un total de 19. En 1997,
además, Luis Terán Játiva, ex cónsul de Ecuador en Venezuela, entregó a
las autoridades de la Policía Técnica Judicial varias denuncias de casos
concretos de niños que permanecían en Caracas controlados por los
supuestos traficantes. El seguimiento de estos, no obstante, es nulo,
pese a que se incrementa el tráfico de menores en Ecuador, sobre todo en
Chimborazo, en medio de la desesperación de los indígenas por emigrar.
La sede, semi abandonada
La casa de Antonio Chito Mocha (al fondo), en la parroquia Santiago de
Quito, cantón Colta, casi siempre permanece deshabitada, luego de que él
fue apresado en 1997 y posteriormente liberado por llevar ilegalmente
menores de edad a Venezuela.
Moradores del sector, sin embargo, reiteran que el ex presunto traficante
de niños llega en los días festivos a su antigua vivienda y aún acuden a
él decenas de padres para ofrecerle a sus hijos.
No hay mucha información sobre cuál es la actividad que realiza en
Venezuela Antonio Chito Mocha. La mayoría de los habitantes de la
parroquia prefieren no comentar al respecto, pues afirman que la última
persona que habló fue apaleada. Actualmente, la Fundación Amauta prepara
un material en quichua sobre los Derechos de los Niños y el Tráfico de
Menores, para que las comunidades indígenas se informen del problema y,
sobre todo, frenarlo de manera definitiva. (APM)
ENTREVISTA
Yo mandé a dos de mis ocho hijos
-Según lo testimonios, en la parroquia Santiago de Quito, continúan los
casos de tráfico de menores.
-Todo achacan a la parroquia, porque en una ocasión hubo ese problema. Y
no todo es verdad. Ahora se buscan muchachos de otras zonas del
Chimborazo.
-Aquí ya no hay jóvenes...
-A los que se llevaron siguen trabajando. Muchos ya no son empleados,
sino patrones. Ganan bien, y regresan a hacer sus tremendas casas en las
ciudades.
-¿Aquí venden a los niños?
Desde que ocurrió lo del caso de Antonio Chito, ya no ha habido más
problemas. Los patrones los atienden bien. Sí, aún se van, pero yo he
frenado un poco eso.
-¿Y eso no es esclavitud?
-Creo que no... Allá, en Venezuela o en Colombia, eso sí, van a trabajar
y no a estar sin hacer nada. Nosotros hemos pedido a los contratantes,
que son de la zona, que atiendan bien, paguen bien y no maltraten a los
empleados que se llevan.
-¿El señor Antonio Chito aún frecuenta Santiago de Quito?
-Sí, pero ya no pasa nada. El problema fue hace más de tres años. Él se
corrigió y, si se lleva a alguien, es porque, seguramente, se lo piden
los desesperados padres.
-¿Usted, en 1995, firmaba supuestas autorizaciones para que los menores
viajaran al exterior a trabajar?
-(Silencio y frunce el ceño) Ya no lo hago. Aún vienen donde mí los
padres... Ahora yo los mando al Tribunal de Menores para que arreglen el
papeleo.
-¿Cuál es el precio de los niños para ustedes?
-13 millones de sucres hasta el año pasado.
-¿Se vende a las personas como objetos?
-Quienes regresan lo hacen con bastante plata. El año pasado retornó un
muchacho de Caracas con un montón de ropa, además del dinero, y empezó su
propio negocio por acá. Casi a todos les va bien. Me piden a mí que les
haga un contrato o permiso... pero ya no....
-Eso equivale a tráfico de menores
-No sé. Lo que le digo fue lo que pasó... y aún pasa aquí...Yo, por
ejemplo, mandé a dos de mis ocho hijos.
-¿Cuánto le dieron?
No sé...la plata fue para ellos. (APM)
Recién nacidos, robados
En noviembre y diciembre de 2000 se registraron dos secuestros en la
ciudad. La Dinapen descarta que opere una red de secuestradores, aunque
los hechos muestren lo contrari.
Solo dos identikits y varias investigaciones que aún no logran determinar
el paradero de tres menores de edad, secuestradas en Guayaquil en los
últimos dos meses, es el balance de la Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen).
Las circunstancias y elementos que rodean los secuestros son similares:
las víctimas son menores de dos años de edad; los progenitores, de
escasos recursos económicos; y el modo de operar, persuadir a las
víctimas con engaños.
Y aunque los oficiales de Dinapen descartan la posibilidad de que se
trate de un banda dedicada al secuestro de menores para venderlos a
extranjeros, los organismos e instituciones no gubernamentales encargadas
de la defensa y atención del niño, manejan la posibilidad que el destino
de los desaparecidos sea el exterior.
El primer secuestro, ocurrido el 6 de noviembre pasado, se produjo cuando
Juana Castro Briones salía de la maternidad Enrique Sotomayor junto a su
hija recién nacida. Carlos Briones Silva, su esposo, recuerda que esa
mañana se disponían a tomar un taxi para ir hasta su vivienda ubicada en
Mapasingue, una zona urbano-marginal de la ciudad. "Cuando iba a parar el
taxi, una mujer se acercó para decirnos que se ofrecía a llevarnos en su
carro. Como no teníamos mucho dinero, nos subimos", relata.
Al llegar, la mujer ofreció comprar medicinas para la niña. Así,
convenció a Carlos para que también lleve a su hija a realizar las
compras.
Durante varios minutos, la mujer, blanca, de cabello castaño y de
aproximadamente 40 años de edad, como se la describe en las declaraciones
realizadas por los perjudicados y receptadas por Miriam Maldonado
Paredes, jefe de Dinapen del Guayas, recorrió la avenida Nueve de Octubre
para conocer los valores de las medicinas. En una de las farmacias, la
mujer solicitó a Carlos Briones que baje a preguntar los costos. El
accedió y dejó a su pequeña hija en el auto. Cuando regresó, no encontró
a la mujer ni a su hija.
Dolores perdió a su hija por un tiquete en Navidad
Jéssica Carolina Chuya Pinguil, de un año y medio de edad, es otra de las
niñas secuestradas. Desde el 11 de diciembre, su madre, Dolores Pinguil
Guahco, emprendió una búsqueda infructuosa. Cada día acude o llama por
teléfono a las oficinas de Dinapen para obtener alguna información de su
hija pero a más de un identikit de la presunta secuestradora, las
investigaciones no dan otros resultados.
Dolores recuerda que escuchó a unos vecinos que el abogado Jaime Toral
Zalamea entregaría tiquetes para una canasta navideña en los bajos del
edificio, El Forum.
El día de la entrega, la humilde mujer acudió a las 07:00 junto a sus
tres hijos. Después de tres horas de esperar no alcanzó su propósito. Fue
cuando una mujer ofreció conseguirle un tiquete.
La condición era que Dolores debía entregar a su hija para que los
organizadores se conmovieran de su situación. Confiada en esas palabras,
accedió al pedido.
Han transcurrido cerca de dos meses desde que se registró el secuestro de
NN. Briones Castro y Jéssica Carolina Chuga Pinguil y todavía los 13
agentes de la Jefatura Provincial de la Dinapen no tienen pistas del
paradero de las infantes ni de sus plagiadores. (JVR)
Cuatro pasos...
- Cuatro pasos básicos son los que registra el Manual de Procedimientos
de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y
Adolescentes (Dinapen), para ser ejecutados en casos de secuestro.
- Obtener la mayor cantidad de información sobre personas u
organizaciones que conozcan y que han estado en contacto directo con el
plagio o rapto es la primera consideración que, según el manual, se debe
realizar.
- Posteriormente, se registran los nombres completos, direcciones y datos
reales de los testigos y de quienes puedan tener alguna información.
- La elaboración de un informe que contenga la datos procedentes de las
investigaciones es es el siguiente paso a cumplir, dice el Manual en el
literal c, del apartado de secuestros.
- Terminado el informe, este debe ser emitido y puesto a conocimiento de
la Unidad Antisecuestros (Unase).
- En caso de no existir esta unidad en una provincia, el Manual de
Dinapen recomienda aplicar los pasos b, c, d y e, de Explotación Sexual,
que implica reunir evidencias como videos, fotografías; registro de los
nombres completos y reales de los testigos; aplicar planes de
inteligencia para descubrir a la red, organización y personas implicadas
en el ilícito. (JVR)
El recorrido por las calles, el Tribunal... y la Dinapen
En el 2000, según la Dinapen, se registró en Guayaquil un secuestro
infantil por mes. Esta cifra no refleja la realidad, si se considera que
la mayor parte de estos no son denunciados a los Tribunales de Menores,
fundaciones o directamente a Dinapen, que es una estructura orgánica de
la Policía, creada el 2 de diciembre de 1997.
Es que los perjudicados, cuyos recursos económicos y nivel de educación
son limitados, al desconocer las gestiones que se deben realizar para
denunciar los secuestros a la autoridad competente, prefieren iniciar una
búsqueda personal, que en un 90% de los casos no brinda resultados
efectivos, de acuerdo con los informes de las instituciones encargadas de
proteger los derechos de los infantes.
Las pocas denuncias receptadas en las oficinas de Dinapen llegan de los
cinco Tribunales de Menores de Guayas. Estas, a su vez, proceden del
Centro de Atención al Niño Perdido (Cedanp) y otras entidades no
gubernamentales.
Aproximadamente, el 80% de los casos de secuestros denunciados a los
Tribunales se procesan primero en las Fundaciones, pues es el lugar al
que acuden los padres en busca de ayuda.
Cuando el informe es enviado por intermedio de una ONG o presentado por
el perjudicado, el presidente del Tribunal solicita al jefe provincial de
Dinapen para que inicie el proceso de investigaciones. Luego, el caso de
secuestro gira en torno a un procedimiento policial que es manejado en
forma conjunta con los Tribunales. La forma de operar de Dinapen está
sujeta a un reglamento interno, plasmado en un Manual de Procedimientos.
Las investigaciones se inician con la recopilación de información y
documentos para que otra unidad policial elabore un identikit del
plagiador. El procedimiento varía de acuerdo al ilícito.
Además, aún no se tiene una estadística general de desapariciones de
menores. El próximo mes recién se divulgarán los resultados de una
encuesta de Medición de la Niñez y los Hogares, realizada por el INEC con
el apoyo del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SISE)
y demás organizaciones. Solo entonces se conocerán las cifras exactas.
(APM-JVR)(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
cantón Colta, disminuye cada vez más. Fue en esta comunidad indígena, a
20 minutos de Riobamba, donde Antonio Chito comenzó supuestamente con el
tráfico de menores, que aún continúa en Chimborazo.
Un total de 1 049 menores de edad desaparecieron el año anterior en
Ecuador, según las cifras de las Fundaciones Amauta (Riobamba),
Reencuentro (Quito) y el Centro de Atención al Niño Perdido (Cedanp) de
Guayaquil. Entre ello hay diez casos de tráfico de menores, cifra que se
quintuplicaría, de acuerdo a una investigación de BLANCO y NEGRO.
En las comunidades indígenas de la provincia de Chimborazo, e incluso en
la capital, Riobamba, los padres venden o prestan a sus hijos para que
laboren en Venezuela y Colombia en jornadas que alcanzan hasta 18 horas
diarias.
Los archivos de la Tenencia Política de la parroquia Santiago de Quito,
cantón Colta, confirman que los presuntos acuerdos mutuos entre las
partes, se realizaban desde antes de 1994. En los documentos, sin
embargo, no constan las cantidades que recibían los representantes de los
menores.
Actualmente, la tarifa es dolarizada: $100 en la mayoría de los casos,
aunque en otros puede llegar hasta $500. Lo admite el mismo teniente
político, Pedro Yauripoma, quien justifica que hay personas hasta con
diez hijos, pero sin los recursos económicos suficientes.
Los que se fueron, en un porcentaje mayor al 50%, no retornan ni se
comunican con sus familiares. ¿Cuál es la situación de ellos en el
exterior?
Varias personas oriundas de Chimborazo, que tienen negocios en Colombia y
Venezuela, fueron apresadas por trasladar infantes ilegalmente. Pero los
jueces emitieron boletas de excarcelación, pues el tráfico de menores aún
no está tipificado en las leyes ecuatorianas. (APM)
Chimborazo, mercado de niños
En seis años la población de la parroquia Santiago de Quito se redujo a
la mitad. Los padres venden o prestan a sus hijos, quienes
actualmente laboran en Venezuela y Colombia hasta 18 horas diarias. Se
investigan casos de prostitución y tráfico de droga.
El sonido de la lluvia que cae sobre los tejados se confunde con el
ladrido de los perros, que alertan la presencia de visitantes. A lo lejos
se escucha apenas el motor de un vehículo y hasta el lento caminar de una
mujer indígena que arrastra leña.
Las clases también se suspendieron hoy, la mañana de un frío miércoles de
enero, en la escuela fiscal central. Casi nadie transita por las
empedradas calles de la parroquia Santiago de Quito, cantón Colta
(Chimborazo), donde la soledad impera.
Hace seis años el ambiente era distinto, cuando había 23 mil habitantes
en el sector y no la mitad, como ahora. Por las ventanas de las vetustas
viviendas, especialmente de construcción mixta, se asoman los niños que
se quedaron uniformados. También lo hacen decenas de ancianos y algunos
adultos.
Solo unos pocos jóvenes, si no asisten al colegio, están junto a sus
familiares en los sembrados de cebada, avena, trigo, arveja o papa. La
mayoría de ellos se encuentran en Venezuela o Colombia, luego de que sus
padres los prestaron o vendieron, por un período determinado, a quienes
hicieran fortuna en esos países, supuestamente, con el negocio del
comercio informal.
El tendero mientras atiende a los inesperados clientes, murmura que
espera con ansias la llegada de la Semana Santa, pues las viviendas
vacías nuevamente serán habitadas y las ventas aumentarán. Y prefiere,
sin embargo, no comentar sobre los menores desaparecidos o sobre el señor
que recorre los sábados, entre lágrimas, los rincones de la parroquia
para buscar a su hija de 12 años que, presumiblemente, labora como
empleada en Caracas.
En los días festivos el trajín es distinto. Esperado, pero doloroso.
Quienes nacieron allí, antes de retornar a Colombia o Venezuela, visitan
a sus amigos y familiares para saludar, narrar la ventajas laborales que
hay lejos de Santiago de Quito y, sobre todo, para reclutar a los jóvenes
que, aunque estudien o no, buscan desesperados algún empleo.
Los padres autorizan la partida de sus hijos (desde los 13 años) e
incluso, a veces, la suplican a los bendecidos comerciantes, que ofrecen,
a cambio, dinero: desde $100 hasta $500. Pero menos del 50% de los que se
van retornan, según los estudios realizados por la Fundación Amauta que
opera en Riobamba, la capital provincial, a tan solo 20 minutos de
Santiago de Quito. "Hay personas que tienen hasta diez hijos y no tienen
cómo mantenerlos", se justifica el teniente político, Pedro Yauripoma
Anís, quien en 1994 autorizaba las actas de mutuo acuerdo para,
supuestamente, legalizar la salida del menor (vía terrestre) del país.
"Todavía me lo piden, mas ya no lo hago. Por allá a todos les va bien".
Las paradojas de las comunidades indígenas evangélicas
Tixán, Cúcuta, Lupaxi, Guamote, Galte Grande, Galte Chico, San Pedro de
Rayoloma... Son varias las comunidades indígenas (sus habitantes en un
80% profesan la religión evangélica) de Chimborazo donde se origina el
tráfico de menores, que se realiza sin mayor control y va en aumento. Es
imposible, no obstante, establecer el número de casos, pues solo se
denuncian cuando "no se paga lo acordado o no se sabe nada desde que se
fue", afirma Bolívar Moreta, coordinador del Programa Niños Perdidos de
Amauta.
Así lo hizo, por ejemplo, María Angélica Pinduisaca, quien prestó a su
hija mayor, Mónica Marcela León Pinduisaca, de 17 años de edad, el 20 de
mayo de 1999 y recién reportó la desaparición el 17 de agosto de 2000. "A
las mujeres, de acuerdo con las investigaciones realizadas, las someten a
la prostitución, especialmente en Venezuela. En Colombia, las utilizan
para el tráfico de droga y armas. Incluso han muerto por allá, en
circunstancias aún no establecidas. Trabajan hasta 18 horas diarias",
dice Bolívar Moreta, un tecnólogo en Pedagogía.
Son hechos que ya no sorprenden a quienes laboran el único Tribunal de
Menores de Riobamba ni a los habitantes de la provincia, donde se
registra el mayor número de tráfico de infantes, aunque la cifra de
desapariciones es inferior en comparación con Guayas y Pichincha. Aquello
obligó a que el Innfa y la Unicef auspicien la campaña Niños y Niñas
Seguros, que empezó en octubre de 1999 y cuyo fin es concienciar a las
familias indígenas sobre la gravedad problema. Y varios organismos,
además, crearon, hace 18 meses, el Comité de Gestión Local, que tenía
como finalidad conformar el Consejo de la Niñez y Adolescencia (como el
de Cuenca), que funcionará desde la próxima semana, trabajará en
coordinación con más de 40 entidades del país y será presidido por el
alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero. La prioridad: detener el tráfico,
que extingue la vida de Chimborazo. (APM)
El tráfico de menores es un delito aún no tipificado
En 1990, Ecuador se convirtió en el primer país latinoamericano en
suscribir la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989. El compromiso: adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra índole.
Hoy, 11 años después, por ejemplo, aún no hay una ley que reprima el
tráfico de menores, aunque el 11 de junio de 1998 se firmó una Convención
Interamericana al respecto, creada por la OEA, y que se presentó, con el
respaldo de 45 instituciones y 2 421 firmas, a la Comisión de Asuntos
Internacionales del Congreso.
Un delito que, además, está tipificado en la propuesta de Código de la
Niñez y Adolescencia, para remplazar al actual, que fue remitido al
Legislativo el 1º de junio del año anterior. Lo elaboraron, en 16 meses,
29 Comités de Gestión Local, en representación de más de 25 mil personas,
incluidos infantes. "Esto es fruto de un consenso. Se establece, entre
otros temas, que la administración de justicia de los niños debe ser
especializada y pertenecer a la Función Judicial (actualmente depende de
la Ejecutiva)", afirma Raúl Patiño Aroca, ministro de Bienestar Social.
El Proyecto de Ley reposa en la Comisión de la Mujer, el Niño, y la
Familia. Deben analizarse las observaciones realizadas por diferentes
sectores para que, entonces, tenga un segundo y definitivo debate en el
Pleno del Parlamento, cuya vacancia finaliza este 15 de enero.
El actual Código de Menores rige desde 1992 y su contenido, no obstante,
es cuestionado. El primero, con varias reformas en sus 54 años de
vigencia, fue expedido en 1938 y tenía como fundamento filosófico y
jurídico la denominada Doctrina de la Situación Irregular. La Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y la nueva Constitución del
Ecuador (1998), por el contrario, se sustentan en la Doctrina de la
Protección Integral.
Cambiar el cuestionado marco jurídico de los menores depende del
Congreso: aprobar la Convención sobre el Tráfico de Menores y la
propuesta de Código. (APM)
El actual Código de Menores
- Vigente desde el 7 de agosto de 1992, el actual Código de Menores no
tiene, por ejemplo, contenidos para los principios de máxima prioridad:
interés superior del niño, niño (a) sujeto de derechos y
corresponsabilidad de Estado, familia y sociedad. Solo precisa algunos
mecanismos de defensa.
- Menores que han sido abandonados pueden ser preasignados a familias o
instituciones de adopción. No garantiza que la adopción nacional sea
prioritaria y que la internacional sea la última alternativa.
- No define órganos administrativos para garantizar el derecho al buen
trato: salud, educación, afecto, derecho a la familia. Problemas de
maltrato, abuso y abandono de la niñez y adolescencia tienen triple
competencia: Tribunales de Menores, Jueces Civiles y Comisarías de la
Mujer y Familia. El Servicio Judicial de Menores está adscrito a la
Función Ejecutiva (Ministerio de Bienestar Social). Está sin establecerse
el trabajo infanto-juvenil.
- No hay claros enunciados de los supuestos que facilitan la medida de
privación de libertad (cuatro años máximo). Quienes infringen la ley no
cuentan con mecanismos eficaces de defensa. (APM)
La propuesta del nuevo Código
- Art. 65 Concepto de tráfico de niños.- Se entiende por tráfico de
niños, niñas o adolescentes, su sustracción, traslado o retención, dentro
o fuera del país y por medios ilegales, con el propósito de utilizarlos
en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía,
narcotráfico, tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u
otras actividades ilícitas.
- Se consideran medios ilegales el plagio, el rapto, la sustitución de
persona, el consentimiento fraudulento o forzado, la entrega o recepción
de pagos indebidos o beneficios dirigido a lograr la autorización de los
progenitores, personas o de la institución a cargo del menor.
- Art. 67.- El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas,
sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger
a los menores contra toda forma de maltrato, abuso sexual, tráfico,
explotación sexual y pérdida, e impulsará políticas y programas.
- Art. 72.- Las autoridades administrativas y judiciales deberán ordenar
las medidas de protección cuando conozcan algunas de las prácticas
ilícitas mencionadas. (APM)
OEA: Convención sobre tráfico
- Presentada al Congreso Nacional por las Fundaciones Amauta, Cedanp y
Reencuentro, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de
Menores fue elaborada por la OEA y persigue:
- La protección de los derechos fundamentales y el interés superior del
menor. Prevenir y sancionar el tráfico internacional de menores e
instaurar un sistema de cooperación jurídica entre los Estados Parte (los
que se adhirieron a estos planteamientos). Implementar disposiciones
legales y administrativas.
- Asegurar la pronta restitución del menor víctima de tráfico a su
residencia habitual.
- Esta Convención se aplica a todo menor que se halla o resida
habitualmente en un Estado Parte, al tiempo de la comisión del acto de
tráfico. Los procedimientos de aplicación de la Convención deben ser
confidenciales para velar el principio de interés superior del menor.
- Las autoridades respectivas de los Estados Parte intercambiarán
información y colaborarán judicial y administrativamente en el control de
la salida y entrada de menores a su territorio. (APM)
Un negocio de muchos
Antonio Chito trabaja en el comercio informal de Venezuela hace 22 años,
hasta 1997 en ese país, se registraban 50 mil inmigrantes ilegales
ecuatorianos. Cuando fue detenido, en la frontera norte, llevaba seis
infantes.
En la bodega Nº 2 de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de
Riobamba permanecen atiborrados, entre la humedad y el polvo, decenas de
procesos penales que datan de 1984.
Cinco cuerpos (folios) del juicio 50-97, archivados en el extremo
derecho, hacen la historia de Antonio Chito Mocha, quien el 21 de febrero
de 1997 fue apresado por la Policía en el Puente Internacional de
Rumichaca cuando intentaba viajar con seis infantes hacia Caracas,
Venezuela.
Fue el principal sindicado y permaneció siete meses en la cárcel de
Riobamba, hasta que el titular del Juzgado Segundo de lo Penal de
Chimborazo, Miguel Guambo Llerena, ordenó el sobreseimiento provisional y
la excarcelación de él y de los otros cinco encausados: Rodolfo Chito
Tene, María Dolores Balla Quinche, María Tene, David Lema y Yolanda
Chito.
"Procesalmente no se ha probado de autos que se haya cometido delito de
plagio, rapto o corrupción de menores. Nuestra legislación penal no
contempla el caso de Tráfico de Menores. Ante la cruda realidad procesal,
es menester que las instancias encargadas velen para que la legislación
responda a hechos contemporáneos". Un fragmento de la providencia de 12
páginas del juez, emitida el 22 de septiembre de 1997, simplifica la
resolución, que fue ratificada por el Ministerio Fiscal y las dos Salas
de la Corte Superior de Riobamba.
En la etapa sumarial (de investigaciones), dice Miguel Guambo, no se
encontraron los elementos suficientes como para continuar con el proceso,
que empezó en el Juzgado 12 de lo Penal de Pichincha, cuyo entonces
encargado, Franklin Yánez, se inhibió de continuar con el trámite porque
los hechos que se investigaban se habían cometido en Riobamba, Lixto y
Tixán.
Antonio Chito, de 39 años de edad, estaba sindicado ya en otros Juzgados
Penales de la provincia, como en el Quinto, que funciona en el cantón
Colta. Allí está el caso 18-97, que revisó BLANCO y NEGRO, en el cual él
encabeza una lista de 15 personas más dedicadas a la venta y prestación
de menores. Pero también obtuvo sobreseimiento provisional, pues el
delito no está tipificado en las leyes de Ecuador.
Chito trabaja en el comercio informal de Venezuela hace 22 años (tenía
tres almacenes), país donde, hasta 1997, se registraban 50 mil
inmigrantes ilegales ecuatorianos. "Un montón de gente se dedica a este
negocio y nadie dice nada. El fue un chivo expiatorio", afirma Marco
Piedra Orozco, quien era el abogado defensor de Antonio Chito.
Y en los procesos que permanecen archivados, hasta que se extingan o
prescriban (de cinco a diez años), aún no se aclara, por ejemplo, el
paradero de varios infantes que viajaron a Venezuela y nunca más
regresaron.
Chito insistió en que él solamente había llevado un total de 19. En 1997,
además, Luis Terán Játiva, ex cónsul de Ecuador en Venezuela, entregó a
las autoridades de la Policía Técnica Judicial varias denuncias de casos
concretos de niños que permanecían en Caracas controlados por los
supuestos traficantes. El seguimiento de estos, no obstante, es nulo,
pese a que se incrementa el tráfico de menores en Ecuador, sobre todo en
Chimborazo, en medio de la desesperación de los indígenas por emigrar.
La sede, semi abandonada
La casa de Antonio Chito Mocha (al fondo), en la parroquia Santiago de
Quito, cantón Colta, casi siempre permanece deshabitada, luego de que él
fue apresado en 1997 y posteriormente liberado por llevar ilegalmente
menores de edad a Venezuela.
Moradores del sector, sin embargo, reiteran que el ex presunto traficante
de niños llega en los días festivos a su antigua vivienda y aún acuden a
él decenas de padres para ofrecerle a sus hijos.
No hay mucha información sobre cuál es la actividad que realiza en
Venezuela Antonio Chito Mocha. La mayoría de los habitantes de la
parroquia prefieren no comentar al respecto, pues afirman que la última
persona que habló fue apaleada. Actualmente, la Fundación Amauta prepara
un material en quichua sobre los Derechos de los Niños y el Tráfico de
Menores, para que las comunidades indígenas se informen del problema y,
sobre todo, frenarlo de manera definitiva. (APM)
ENTREVISTA
Yo mandé a dos de mis ocho hijos
-Según lo testimonios, en la parroquia Santiago de Quito, continúan los
casos de tráfico de menores.
-Todo achacan a la parroquia, porque en una ocasión hubo ese problema. Y
no todo es verdad. Ahora se buscan muchachos de otras zonas del
Chimborazo.
-Aquí ya no hay jóvenes...
-A los que se llevaron siguen trabajando. Muchos ya no son empleados,
sino patrones. Ganan bien, y regresan a hacer sus tremendas casas en las
ciudades.
-¿Aquí venden a los niños?
Desde que ocurrió lo del caso de Antonio Chito, ya no ha habido más
problemas. Los patrones los atienden bien. Sí, aún se van, pero yo he
frenado un poco eso.
-¿Y eso no es esclavitud?
-Creo que no... Allá, en Venezuela o en Colombia, eso sí, van a trabajar
y no a estar sin hacer nada. Nosotros hemos pedido a los contratantes,
que son de la zona, que atiendan bien, paguen bien y no maltraten a los
empleados que se llevan.
-¿El señor Antonio Chito aún frecuenta Santiago de Quito?
-Sí, pero ya no pasa nada. El problema fue hace más de tres años. Él se
corrigió y, si se lleva a alguien, es porque, seguramente, se lo piden
los desesperados padres.
-¿Usted, en 1995, firmaba supuestas autorizaciones para que los menores
viajaran al exterior a trabajar?
-(Silencio y frunce el ceño) Ya no lo hago. Aún vienen donde mí los
padres... Ahora yo los mando al Tribunal de Menores para que arreglen el
papeleo.
-¿Cuál es el precio de los niños para ustedes?
-13 millones de sucres hasta el año pasado.
-¿Se vende a las personas como objetos?
-Quienes regresan lo hacen con bastante plata. El año pasado retornó un
muchacho de Caracas con un montón de ropa, además del dinero, y empezó su
propio negocio por acá. Casi a todos les va bien. Me piden a mí que les
haga un contrato o permiso... pero ya no....
-Eso equivale a tráfico de menores
-No sé. Lo que le digo fue lo que pasó... y aún pasa aquí...Yo, por
ejemplo, mandé a dos de mis ocho hijos.
-¿Cuánto le dieron?
No sé...la plata fue para ellos. (APM)
Recién nacidos, robados
En noviembre y diciembre de 2000 se registraron dos secuestros en la
ciudad. La Dinapen descarta que opere una red de secuestradores, aunque
los hechos muestren lo contrari.
Solo dos identikits y varias investigaciones que aún no logran determinar
el paradero de tres menores de edad, secuestradas en Guayaquil en los
últimos dos meses, es el balance de la Dirección Nacional de Policía
Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen).
Las circunstancias y elementos que rodean los secuestros son similares:
las víctimas son menores de dos años de edad; los progenitores, de
escasos recursos económicos; y el modo de operar, persuadir a las
víctimas con engaños.
Y aunque los oficiales de Dinapen descartan la posibilidad de que se
trate de un banda dedicada al secuestro de menores para venderlos a
extranjeros, los organismos e instituciones no gubernamentales encargadas
de la defensa y atención del niño, manejan la posibilidad que el destino
de los desaparecidos sea el exterior.
El primer secuestro, ocurrido el 6 de noviembre pasado, se produjo cuando
Juana Castro Briones salía de la maternidad Enrique Sotomayor junto a su
hija recién nacida. Carlos Briones Silva, su esposo, recuerda que esa
mañana se disponían a tomar un taxi para ir hasta su vivienda ubicada en
Mapasingue, una zona urbano-marginal de la ciudad. "Cuando iba a parar el
taxi, una mujer se acercó para decirnos que se ofrecía a llevarnos en su
carro. Como no teníamos mucho dinero, nos subimos", relata.
Al llegar, la mujer ofreció comprar medicinas para la niña. Así,
convenció a Carlos para que también lleve a su hija a realizar las
compras.
Durante varios minutos, la mujer, blanca, de cabello castaño y de
aproximadamente 40 años de edad, como se la describe en las declaraciones
realizadas por los perjudicados y receptadas por Miriam Maldonado
Paredes, jefe de Dinapen del Guayas, recorrió la avenida Nueve de Octubre
para conocer los valores de las medicinas. En una de las farmacias, la
mujer solicitó a Carlos Briones que baje a preguntar los costos. El
accedió y dejó a su pequeña hija en el auto. Cuando regresó, no encontró
a la mujer ni a su hija.
Dolores perdió a su hija por un tiquete en Navidad
Jéssica Carolina Chuya Pinguil, de un año y medio de edad, es otra de las
niñas secuestradas. Desde el 11 de diciembre, su madre, Dolores Pinguil
Guahco, emprendió una búsqueda infructuosa. Cada día acude o llama por
teléfono a las oficinas de Dinapen para obtener alguna información de su
hija pero a más de un identikit de la presunta secuestradora, las
investigaciones no dan otros resultados.
Dolores recuerda que escuchó a unos vecinos que el abogado Jaime Toral
Zalamea entregaría tiquetes para una canasta navideña en los bajos del
edificio, El Forum.
El día de la entrega, la humilde mujer acudió a las 07:00 junto a sus
tres hijos. Después de tres horas de esperar no alcanzó su propósito. Fue
cuando una mujer ofreció conseguirle un tiquete.
La condición era que Dolores debía entregar a su hija para que los
organizadores se conmovieran de su situación. Confiada en esas palabras,
accedió al pedido.
Han transcurrido cerca de dos meses desde que se registró el secuestro de
NN. Briones Castro y Jéssica Carolina Chuga Pinguil y todavía los 13
agentes de la Jefatura Provincial de la Dinapen no tienen pistas del
paradero de las infantes ni de sus plagiadores. (JVR)
Cuatro pasos...
- Cuatro pasos básicos son los que registra el Manual de Procedimientos
de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y
Adolescentes (Dinapen), para ser ejecutados en casos de secuestro.
- Obtener la mayor cantidad de información sobre personas u
organizaciones que conozcan y que han estado en contacto directo con el
plagio o rapto es la primera consideración que, según el manual, se debe
realizar.
- Posteriormente, se registran los nombres completos, direcciones y datos
reales de los testigos y de quienes puedan tener alguna información.
- La elaboración de un informe que contenga la datos procedentes de las
investigaciones es es el siguiente paso a cumplir, dice el Manual en el
literal c, del apartado de secuestros.
- Terminado el informe, este debe ser emitido y puesto a conocimiento de
la Unidad Antisecuestros (Unase).
- En caso de no existir esta unidad en una provincia, el Manual de
Dinapen recomienda aplicar los pasos b, c, d y e, de Explotación Sexual,
que implica reunir evidencias como videos, fotografías; registro de los
nombres completos y reales de los testigos; aplicar planes de
inteligencia para descubrir a la red, organización y personas implicadas
en el ilícito. (JVR)
El recorrido por las calles, el Tribunal... y la Dinapen
En el 2000, según la Dinapen, se registró en Guayaquil un secuestro
infantil por mes. Esta cifra no refleja la realidad, si se considera que
la mayor parte de estos no son denunciados a los Tribunales de Menores,
fundaciones o directamente a Dinapen, que es una estructura orgánica de
la Policía, creada el 2 de diciembre de 1997.
Es que los perjudicados, cuyos recursos económicos y nivel de educación
son limitados, al desconocer las gestiones que se deben realizar para
denunciar los secuestros a la autoridad competente, prefieren iniciar una
búsqueda personal, que en un 90% de los casos no brinda resultados
efectivos, de acuerdo con los informes de las instituciones encargadas de
proteger los derechos de los infantes.
Las pocas denuncias receptadas en las oficinas de Dinapen llegan de los
cinco Tribunales de Menores de Guayas. Estas, a su vez, proceden del
Centro de Atención al Niño Perdido (Cedanp) y otras entidades no
gubernamentales.
Aproximadamente, el 80% de los casos de secuestros denunciados a los
Tribunales se procesan primero en las Fundaciones, pues es el lugar al
que acuden los padres en busca de ayuda.
Cuando el informe es enviado por intermedio de una ONG o presentado por
el perjudicado, el presidente del Tribunal solicita al jefe provincial de
Dinapen para que inicie el proceso de investigaciones. Luego, el caso de
secuestro gira en torno a un procedimiento policial que es manejado en
forma conjunta con los Tribunales. La forma de operar de Dinapen está
sujeta a un reglamento interno, plasmado en un Manual de Procedimientos.
Las investigaciones se inician con la recopilación de información y
documentos para que otra unidad policial elabore un identikit del
plagiador. El procedimiento varía de acuerdo al ilícito.
Además, aún no se tiene una estadística general de desapariciones de
menores. El próximo mes recién se divulgarán los resultados de una
encuesta de Medición de la Niñez y los Hogares, realizada por el INEC con
el apoyo del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SISE)
y demás organizaciones. Solo entonces se conocerán las cifras exactas.
(APM-JVR)(Diario Hoy) (Blanco y Negro)
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